El 18/jul/2021, el diario Infobae publicó un artículo suscripto por Ernesto Tenenbaum, bajo el título: Todo aquello que Cristina Kirchner no puede o no quiere ver en medio de su indignación. Durante la audiencia de la causa por el Memorándum con Irán, la Vicepresidenta se limitó a plantear que es víctima de una persecución y apuntó contra los jueces que la procesaron.
La motivación del presente comentario no es acerca los pensamientos de la señora Vicepresidente, sino la forma en que la juridicidad es bastardeada o negada desde quienes se promueven como progresistas y defensores de derechos humanos. Esto surge de los siguientes párrafos de dicha nota, que trascribimos textualmente:
A fines de la década del 90, la impunidad de los represores de la dictadura militar parecía irreversible, dados los indultos y las leyes que se habían aprobado para terminar con los juicios. En ese contexto tan adverso, a un camarista federal se le ocurrió una idea original. Si no se podía juzgar a nadie, tal vez se pudiera en cambio iniciar procesos donde se indagara acerca de la verdad de lo ocurrido: no habría condenas, pero sí testigos, y narraciones estremecedoras y se podría citar a los sospechosos. El alma de esa idea fue Leopoldo Schiffrin, un juez que ya falleció, y que fue un jurista de gran reconocimiento internacional.
[…] Schiffrin debió exiliarse durante la dictadura militar. Había sido la mano derecha de Esteban Righi en el Ministerio del Interior, cuando Héctor Cámpora era Presidente. No tenía nada que ver con la “prensa hegemónica”, ni con el lawfare, ni con los fondos buitres.
La realidad y no el relato amañado de la historia demostró y sigue demostrando, que la garantía de no ocasionar condenas resultó falsa, es más, con el advenimiento del kirchnerismo, y su necesidad de buscar formas de legitimación, amparándose en la defensa de derechos humanos, acordó con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo ha reconocido públicamente el actual Presidente, establecer una política de Estado, en lo referente a derechos humanos. Esto se vio ejecutado a través de fallos del alto tribunal que, arrasando con principios constitucionales convencionales y legales, así como la incuestionable doctrina penal de irretroactividad de la ley penal, en procesos llevados a cabo sobre delitos, que no eran tales a la fecha en que se podrían haber cometido los actos que dieron origen a los procesos. Es más, esto avanzó en la declaración de la imprescriptibilidad de las acciones.
También surge de los dichos del artículo que el innovador magistrado, y además conteste con la realidad, que el mismo, tenía por haber sido víctima un interés personal en el tratamiento de esas causas, con lo cual nadie puede dudar que se trató de una nueva violación a la Constitución y a normas convencionales, que establecen la imparcialidad de los jueces en los procesos que tramitan. La manifestación de no ser el magistrado kirchnerista, dada la fecha en que se inició el primer proceso (2000) resulta absurdo ya que para esa época el kirchnerismo no era gobierno nacional.
La obsesión del pseudo progresismo vernáculo, de aludir siempre a la prensa hegemónica, a los fondos buitres y obviamente a Macri, en nada modifica la palmaría parcialidad del citado juez. Y mucho menos, que se haya utilizado una forma de prejuzgamiento para iniciar los procesos denominados de lesa humanidad. Lo que, si debe ser considerado como lawfare, es el haber iniciado juicios sobre bases antijurídicas, con apoyo irrestricto de medios hegemónicos aliados al kirchnerismo y organizaciones apropiadoras de los derechos humanos. A lo que, debe sumarse lo establecido por la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la Resolución SDH Nº 003/07: Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado, Estrategias de intervención. Donde se reconoce la reconstrucción de la memoria de víctimas y testigos, es decir entrenamiento, indubitablemente ilegal, pero que las organizaciones y el Estado considera válido. Hay que considerar, además, la Recomendación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Público, bajo el extenso título de: Recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia, que indica como referirse a los hechos vinculados al proceso militar y a los denominados juicios por lesa humanidad, pretendiendo fundarse en memoria (reconstruida) verdad (amañada) y presunta justicia (solo para algunos), en realidad venganza.
Reiteramos, para el autodenominado progresismo, lo único que parece importar es sostener la máxima peronista de “al amigo todo, al enemigo ni justicia”, o en otras palabras impunidad para uno, venganza con los otros. Nada de derecho y menos de humano.
La historia ha demostrado que los grandes totalitarismos, nazismo, comunismo, han fracasado. Esperamos que el totalitarismo antijurídico que asola entre otros a Venezuela, Cuba, Nicaragua y a nosotros también sucumba. En nuestro caso hay que trabajar mucho para ello.
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El 18/jul/2021, el diario Infobae publicó un artículo suscripto por Ernesto Tenenbaum, bajo el título: Todo aquello que Cristina Kirchner no puede o no quiere ver en medio de su indignación. Durante la audiencia de la causa por el Memorándum con Irán, la Vicepresidenta se limitó a plantear que es víctima de una persecución y apuntó contra los jueces que la procesaron.
https://www.infobae.com/opinion/2021/07/18/todo-aquello-que-cristina-kirchner-no-puede-o-no-quiere-ver-en-medio-de-su-indignacion/
La motivación del presente comentario no es acerca los pensamientos de la señora Vicepresidente, sino la forma en que la juridicidad es bastardeada o negada desde quienes se promueven como progresistas y defensores de derechos humanos. Esto surge de los siguientes párrafos de dicha nota, que trascribimos textualmente:
A fines de la década del 90, la impunidad de los represores de la dictadura militar parecía irreversible, dados los indultos y las leyes que se habían aprobado para terminar con los juicios. En ese contexto tan adverso, a un camarista federal se le ocurrió una idea original. Si no se podía juzgar a nadie, tal vez se pudiera en cambio iniciar procesos donde se indagara acerca de la verdad de lo ocurrido: no habría condenas, pero sí testigos, y narraciones estremecedoras y se podría citar a los sospechosos. El alma de esa idea fue Leopoldo Schiffrin, un juez que ya falleció, y que fue un jurista de gran reconocimiento internacional.
[ezcol_1third][…] Schiffrin debió exiliarse durante la dictadura militar. Había sido la mano derecha de Esteban Righi en el Ministerio del Interior, cuando Héctor Cámpora era Presidente. No tenía nada que ver con la “prensa hegemónica”, ni con el lawfare, ni con los fondos buitres.
La realidad y no el relato amañado de la historia demostró y sigue demostrando, que la garantía de no ocasionar condenas resultó falsa, es más, con el advenimiento del kirchnerismo, y su necesidad de buscar formas de legitimación, amparándose en la defensa de derechos humanos, acordó con el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tal como lo ha reconocido públicamente el actual Presidente, establecer una política de Estado, en lo referente a derechos humanos. Esto se vio ejecutado a través de fallos del alto tribunal que, arrasando con principios constitucionales convencionales y legales, así como la incuestionable doctrina penal de irretroactividad de la ley penal, en procesos llevados a cabo sobre delitos, que no eran tales a la fecha en que se podrían haber cometido los actos que dieron origen a los procesos. Es más, esto avanzó en la declaración de la imprescriptibilidad de las acciones.
La obsesión del pseudo progresismo vernáculo, de aludir siempre a la prensa hegemónica, a los fondos buitres y obviamente a Macri, en nada modifica la palmaría parcialidad del citado juez. Y mucho menos, que se haya utilizado una forma de prejuzgamiento para iniciar los procesos denominados de lesa humanidad. Lo que, si debe ser considerado como lawfare, es el haber iniciado juicios sobre bases antijurídicas, con apoyo irrestricto de medios hegemónicos aliados al kirchnerismo y organizaciones apropiadoras de los derechos humanos. A lo que, debe sumarse lo establecido por la Secretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, en la Resolución SDH Nº 003/07: Acompañamiento a testigos y querellantes en el marco de los juicios contra el terrorismo de Estado, Estrategias de intervención. Donde se reconoce la reconstrucción de la memoria de víctimas y testigos, es decir entrenamiento, indubitablemente ilegal, pero que las organizaciones y el Estado considera válido. Hay que considerar, además, la Recomendación de la Secretaría de Derechos Humanos y la Defensoría del Público, bajo el extenso título de: Recomendaciones para el tratamiento mediático responsable sobre la dictadura cívico-militar y el proceso de memoria, verdad y justicia, que indica como referirse a los hechos vinculados al proceso militar y a los denominados juicios por lesa humanidad, pretendiendo fundarse en memoria (reconstruida) verdad
(amañada) y presunta justicia (solo para algunos), en realidad venganza.
Reiteramos, para el autodenominado progresismo, lo único que parece importar es sostener la máxima peronista de “al amigo todo, al enemigo ni justicia”, o en otras palabras impunidad para uno, venganza con los otros. Nada de derecho y menos de humano.
La historia ha demostrado que los grandes totalitarismos, nazismo, comunismo, han fracasado. Esperamos que el totalitarismo antijurídico que asola entre otros a Venezuela, Cuba, Nicaragua y a nosotros también sucumba. En nuestro caso hay que trabajar mucho para ello.
Buenos Aires, 20 de julio de 2021.
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Julio 20, 2021