Durante el lunes y martes de esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido celebra la vista previa para decidir si admite a trámite la denuncia por acoso de Corinna Larsen contra el exmonarca Juan Carlos I y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Los hechos que denuncia la examante del rey emérito habrían tenido lugar desde 2012 hasta al menos 2019, es decir, abarcarían parte del reinado de Juan Carlos de Borbón, que abdicó en 2014.
Los abogados de quien fuera jefe de Estado de España durante casi cuatro décadas niegan las acusaciones, pero han centrado su actuación en alegar que la corte británica no es competente para juzgar estos hechos y solicitan al juez Matthew Nicklin que no admita a trámite el caso apelando a la supuesta inmunidad del exsoberano. Entre los argumentos esgrimidos por la defensa, el que ha llamado más la atención es el que se remonta al año 1713. Sostienen que en este caso los principios largamente asumidos de inmunidad soberana quedan reflejados en la firma del Tratado de Paz y Amistad de Utrecht de 1713 entre los antepasados de las monarquías británica y española (por el que Gibraltar pasó a manos británicas), que establecería que el tribunal no tiene competencias para aceptar esta demanda.
Juan Carlos ICorinna Larsen
Además se alega que Juan Carlos I, de 83 años, mantiene la inmunidad porque sigue formando parte de la Casa del Rey, a pesar de que no tiene agenda oficial desde 2019, de que su hijo Felipe VI le retiró su asignación económica en marzo de 2020 y de que desde el 3 de agosto de ese año reside en los Emiratos Árabes Unidos. Así, la defensa defiende una supuesta inmunidad ante cualquier tipo de procedimiento civil o penal. Esgrimen, además, la Ley de Inmunidad Estatal del Reino Unido en vigor desde 1978 que impide juzgar en ese territorio a terceros Estados, y asimilan el estatus del exmonarca con el Estado español.
Esta normativa, según su interpretación, conferiría al rey emérito de España inmunidad completa sobre cualquier acto, siempre bajo la premisa de que continúa formando parte de la institución de la Casa del Rey. “Tal presunta conducta, incluso si fuera abusiva o dañina, habría estado en la capacidad oficial de Su Majestad”, dice el argumento de la defensa. El recurso de la defensa también defiende que el caso no tiene vinculación con el Reino Unido. Así, sostiene que Juan Carlos I tiene nacionalidad española y reside en el país árabe, mientras que Corinna Larsen tiene nacionalidad danesa y tiene fijada su residencia en Mónaco desde 2008.Además, afirma que algunos de los episodios de acoso y espionaje denunciados habrían tenido lugar en terceros países, como Austria, EE.UU., Tahití o Suiza, entre otros, por lo que “no hay nexos territoriales evidentes”.
Sin embargo, los letrados de la demandante, que trasladó su residencia oficial a Londres a principios de este año, señalan que la mayoría de esos incidentes se desarrollaron en Gran Bretaña. Por su parte, el defensor de Larsen, James Lewis, ha rechazado todas las alegaciones sobre inmunidad. La examante del rey español presentó la demanda hace ahora un año, en diciembre de 2020. En ella sostiene que tanto el monarca como el CNI en su nombre, por medio de su entonces director Félix Sanz Roldán y otros funcionarios, la presionaron y vigilaron e, incluso, llegaron a amenazarla de muerte en un hotel londinense. Según su testimonio, la situación empeoró ostensiblemente cuando se negó a reanudar la relación y a devolver a Juan Carlos I 65 millones de euros que previamente le había donado en 2012.
Precisamente el origen de esta cantidad de dinero, que se atribuye a una donación del difunto rey de Arabia Saudita, como comisión por la adjudicación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad de Medina a La Meca, es el germen de una de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía suiza contra el exsoberano español. La situación que denuncia Larsen habría continuado al menos hasta 2019, cinco años después de que el monarca abdicara y perdiera la inviolabilidad que le otorga la Constitución española.
Por el momento el caso se está desarrollando por la vía civil, aunque la demandante no descarta llevarlo a la vía penal con posterioridad. Ahora reclama una indemnización y el establecimiento de una orden de alejamiento de un mínimo de 150 metros. Tras la celebración de esta vista previa, el magistrado se pronunciará durante los próximos días para determinar si es competente para admitir a trámite la demanda. Si es así, en las próximas fases del proceso ya se entraría en el fondo de la cuestión denunciada.
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Durante el lunes y martes de esta semana el Tribunal Superior de Justicia de Reino Unido celebra la vista previa para decidir si admite a trámite la denuncia por acoso de Corinna Larsen contra el exmonarca Juan Carlos I y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España. Los hechos que denuncia la examante del rey emérito habrían tenido lugar desde 2012 hasta al menos 2019, es decir, abarcarían parte del reinado de Juan Carlos de Borbón, que abdicó en 2014.
Los abogados de quien fuera jefe de Estado de España durante casi cuatro décadas niegan las acusaciones, pero han centrado su actuación en alegar que la corte británica no es competente para juzgar estos hechos y solicitan al juez Matthew Nicklin que no admita a trámite el caso apelando a la supuesta inmunidad del exsoberano. Entre los argumentos esgrimidos por la defensa, el que ha llamado más la atención es el que se remonta al año 1713. Sostienen que en este caso los principios largamente asumidos de inmunidad soberana quedan reflejados en la firma del Tratado de Paz y Amistad de Utrecht de 1713 entre los antepasados de las monarquías británica y española (por el que Gibraltar pasó a manos británicas), que establecería que el tribunal no tiene competencias para aceptar esta demanda.
Además se alega que Juan Carlos I, de 83 años, mantiene la inmunidad porque sigue formando parte de la Casa del Rey, a pesar de que no tiene agenda oficial desde 2019, de que su hijo Felipe VI le retiró su asignación económica en marzo de 2020 y de que desde el 3 de agosto de ese año reside en los Emiratos Árabes Unidos. Así, la defensa defiende una supuesta inmunidad ante cualquier tipo de procedimiento civil o penal. Esgrimen, además, la Ley de Inmunidad Estatal del Reino Unido en vigor desde 1978 que impide juzgar en ese territorio a terceros Estados, y asimilan el estatus del exmonarca con el Estado español.
Esta normativa, según su interpretación, conferiría al rey emérito de España inmunidad completa sobre cualquier acto, siempre bajo la premisa de que continúa formando parte de la institución de la Casa del Rey. “Tal presunta conducta, incluso si fuera abusiva o dañina, habría estado en la capacidad oficial de Su Majestad”, dice el argumento de la defensa. El recurso de la defensa también defiende que el caso no tiene vinculación con el Reino Unido. Así, sostiene que Juan Carlos I tiene nacionalidad española y reside en el país árabe, mientras que Corinna Larsen tiene nacionalidad danesa y tiene fijada su residencia en Mónaco desde 2008.Además, afirma que algunos de los episodios de acoso y espionaje denunciados habrían tenido lugar en terceros países, como Austria, EE.UU., Tahití o Suiza, entre otros, por lo que “no hay nexos territoriales evidentes”.
Sin embargo, los letrados de la demandante, que trasladó su residencia oficial a Londres a principios de este año, señalan que la mayoría de esos incidentes se desarrollaron en Gran Bretaña. Por su parte, el defensor de Larsen, James Lewis, ha rechazado todas las alegaciones sobre inmunidad. La examante del rey español presentó la demanda hace ahora un año, en diciembre de 2020. En ella sostiene que tanto el monarca como el CNI en su nombre, por medio de su entonces director Félix Sanz Roldán y otros funcionarios, la presionaron y vigilaron e, incluso, llegaron a amenazarla de muerte en un hotel londinense. Según su testimonio, la situación empeoró ostensiblemente cuando se negó a reanudar la relación y a devolver a Juan Carlos I 65 millones de euros que previamente le había donado en 2012.
Precisamente el origen de esta cantidad de dinero, que se atribuye a una donación del difunto rey de Arabia Saudita, como comisión por la adjudicación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad de Medina a La Meca, es el germen de una de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía suiza contra el exsoberano español. La situación que denuncia Larsen habría continuado al menos hasta 2019, cinco años después de que el monarca abdicara y perdiera la inviolabilidad que le otorga la Constitución española.
Por el momento el caso se está desarrollando por la vía civil, aunque la demandante no descarta llevarlo a la vía penal con posterioridad. Ahora reclama una indemnización y el establecimiento de una orden de alejamiento de un mínimo de 150 metros. Tras la celebración de esta vista previa, el magistrado se pronunciará durante los próximos días para determinar si es competente para admitir a trámite la demanda. Si es así, en las próximas fases del proceso ya se entraría en el fondo de la cuestión denunciada.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 9, 2021