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Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires (Argentina), anunció este lunes que la fiscalía provincial iniciará acciones ante la Corte Suprema del país, en interés de conseguir medidas cautelares que le permitan a la región conservar los fondos federales que le fueron recortados por el Ejecutivo encabezado por Javier Milei.

“Agotamos las instancias administrativas, de diálogo, enviamos los reclamos. Hoy instruimos al fiscal de estado de la provincia de Buenos Aires para que inicie acciones judiciales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que cautelarmente restituya los fondos que nos sacaron”

El también dirigente peronista llamó a recordar que los recortes en salud, educación y transporte “afectan a todas las provincias argentinas”, con independencia de las respuestas que ha ofrecido la Casa Rosada, que, en su opinión, más bien parecen apuntar hacia el debilitamiento de la unidad nacional.

“Las medidas que ha tomado [el Gobierno federal] en cada uno de los casos afectan a todas las provincias argentinas. Estamos en presencia de una situación más grave: pareciera estar buscando una suerte de disgregación, de disolución, donde cada uno de nosotros tome medidas unilaterales para dar respuestas a situaciones absolutamente injustas y absolutamente ilegales; es decir que está en juego también la unidad nacional y está en juego también la Constitución argentina”, dijo al respecto.

La reacción de Kicillof se produce poco después de que se hiciera pública la anulación –vía Diario Oficial– del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires, creado durante la pandemia por el gobierno de Alberto Fernández y del cual se sufragaban gastos provinciales y de la amenaza de suspender la producción de gas y petróleo que profirieron a finales de la semana pasada gobernadores patagónicos.

Así, el político anunció que para frenar la lógica de disolución que advierte en la administración mileísta, este 27 de febrero se reunirán “gobernadores de todos los espacios políticos”, en interés de ofrecer “una respuesta conjunta”, “mancomunada” y “contundente” al Ejecutivo federal.

“Ni este decreto –la eliminación del Fondo provincial de Buenos Aires– ni el Decreto de Necesidad y Urgencia, absolutamente ilegal, pueden seguir en vigencia”, sentenció.