La semana pasada, el Senado de la Nación, validó la prórroga del nombramiento de la ya hace tiempo ex jueza de la Casación Penal, pues desde hace casi veinte días atrás la Suprema Corte determinó, que la misma había dejado de serlo el día que cumplió 75 años ( 9 de agosto de 2023).
Nadie sabe a ciencia cierta cómo seguirá el caso, ya que nunca se había presentado en el país una situación análoga. Más allá de ello, parece que la idea que se pergeñó desde el Instituto Patria es impugnar las resoluciones que determinaron la apertura de las causas llamadas “Hotesur” y “Memorándum con Irán” con la excusa que fue dictada por jueces no naturales de la Sala y de esta forma seguir blandiendo públicamente la bandera del “lawfare¨ y ganar tiempo, para que no se fije fecha de audiencia en esas causas.
Lógicamente, tanto la principal oposición como la mayoría de los medios de comunicación se escandalizan de lo sucedido, obviamente por la barbaridad jurídica que cometió el Congreso de la Nación.
Ahora, nada dicen los mismos, de la análoga barbaridad jurídica cometida el 21/8/2003, cuando este mismo Congreso de la Nación, arrogándose facultades reservadas al Poder Judicial, declaró “insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521, denominadas como de “Punto Final” y “Obediencia Debida” respetivamente. Leyes que ya habían sido derogadas ese mismo cuerpo legislativo el día 15/4/1998 mediante la Ley 24.952. Más allá que declararon nulas leyes que ya no estaban en vigencia, sino que además violentaron las disposiciones de la Constitución Nacional que establece que el Poder Legislativo solamente crea, modifica o deroga leyes; no las declara nula, lo que se reitera es resorte exclusivo del Poder Judicial.
Todos lo que ahora enrojen su voz despotricando contra la barbaridad jurídica cometida a favor de la ex Jueza, nada dijeron -ni dicen- de la barbaridad jurídica que se cometió en esa oportunidad contra militares, policías y fuerzas de seguridad, al contrario, la festejaron ruidosamente.
Más aún, aplaudieron a más no poder, que esa barbaridad jurídica diera origen a la reapertura de procesos judiciales o la iniciación de nuevos, por los hechos ocurridos en los años 70, cuando legalmente los mismos habían sido cerrados, incluso con fallos de la Suprema Corte que había declarado la constitucionalidad de esas leyes como el fallo “Camps” (Fallos, 310:1162) y otros posteriores (Fallos, 311:80; 312:111; entre varios) y por los indultos del entonces Presidente de la Nación, Dr. Carlos Menem, Decreto 1002/89 del 7/10/1989 y Decreto 2741/90 del 29/12/1990.
También celebraron que esa barbaridad jurídica diera origen a fallos judiciales, de una magistratura ya cooptada por jueces ideológicamente afines de los K, que anularon los indultos, en el año 2006 por la Casación Penal y en 2010 por la Suprema Corte.
Tampoco nada dijeron de la otra barbaridad cometida por ese mismo Congreso de la Nación, que el día 10/5/2017 modificó el art. 7 de la Ley 24.390 (conocido como el 2×1), que a su vez había sido derogado por la Ley 25.430 del 1/06/2001 pero que se encontraba vigente al momento de la apertura de los juicios denominados de lesa humanidad y por ello debía ser aplicable, tal como lo hizo la Suprema Corte en el fallo “Muiña”. Esta Ley 27.362 no solo declaró inaplicable el denominado “régimen del 2×1” a los imputados o condenados en causas denominadas de lesa humanidad, sino que estableció que lo que dice la ley no se puede interpretar y se aplica a todas las causas en trámite, vulnerando no la facultad de los jueces de interpretar la Ley sino la irretroactividad de una Ley en materia penal, conforme lo dispone el art. 18 de la Constitución Nacional.
Esta vez, la embestida contra la Constitución Nacional fue liderada por los senadores y diputados de la hoy principal oposición que por entonces eran gobierno, quienes elogiaron y alabaron que la Suprema Corte diera “marcha atrás” con el fallo “Muiña” y por esta barbaridad jurídica se dictara uno nuevo, diciendo exactamente lo contrario que habían dicho “diez minutos antes”, abrazándose a los K y a los organismos de derechos humanos.
Así es la hipocresía con que la clase política y muchos medios de comunicación se conducen ante los mamarrachos jurídicos que hace nuestro Poder Legislativo. Según el color, algunos son festejados, otros son denostados. Ni los libertarios abren la boca al respecto. Hipocresía de todos, sin distinción de color, que confunde a una sociedad solo interesada en llegar a fin de mes, los que tienen el milagro de tener un empleo, en conseguir un trabajo digno la gran mayoría y el conjunto de ellos en que no los maten en la esquina para robarle dos pesos.
Todas las barbaridades jurídicas deben ser repudiadas, no importa a quien beneficie, ello se llama coherencia, lo que últimamente falta en nuestra clase política y en la mayoría de los analistas y opinólogos de los medios de comunicación.
Blasfeman con la actitud adoptada por el oficialismo con la ex jueza, pero nada dicen de los miembros de la Casación que fueron casi “arrojados” por la ventana apenas cumplieron los 75 años en los últimos tiempos, solamente por no ser del agrado de los K y los grupos progre. O los que “compelieron” a irse apenas asumieron el gobierno en el año 2003, simplemente por no ceder a sus antojos y “caprichitos” judiciales. El libro “Asalto a la Justicia”, escrito por un ex miembro de la Suprema Corte de esa época, es por demás elocuente al respecto. Narra en primera persona, como se manipuló al Poder Judicial, tan solo para convalidar la pesificación y reabrir los juicios contra militares, policías y fuerzas de seguridad por los hechos de hace ya 50 años atrás.
Ya cansa la remanida y gastada frase de “ah… pero es de lesa”, que repiten los políticos, sin excepción, para justificar así las salvajadas que se cometen en esas causas. En esto no hay casta que valga. Como dice la genial frase de Groucho Marx: “¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí?”
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La semana pasada, el Senado de la Nación, validó la prórroga del nombramiento de la ya hace tiempo ex jueza de la Casación Penal, pues desde hace casi veinte días atrás la Suprema Corte determinó, que la misma había dejado de serlo el día que cumplió 75 años ( 9 de agosto de 2023).
Lógicamente, tanto la principal oposición como la mayoría de los medios de comunicación se escandalizan de lo sucedido, obviamente por la barbaridad jurídica que cometió el Congreso de la Nación.
Ahora, nada dicen los mismos, de la análoga barbaridad jurídica cometida el 21/8/2003, cuando este mismo Congreso de la Nación, arrogándose facultades reservadas al Poder Judicial, declaró “insanablemente nulas las Leyes 23.492 y 23.521, denominadas como de “Punto Final” y “Obediencia Debida” respetivamente. Leyes que ya habían sido derogadas ese mismo cuerpo legislativo el día 15/4/1998 mediante la Ley 24.952. Más allá que declararon nulas leyes que ya no estaban en vigencia, sino que además violentaron las disposiciones de la Constitución Nacional que establece que el Poder Legislativo solamente crea, modifica o deroga leyes; no las declara nula, lo que se reitera es resorte exclusivo del Poder Judicial.
Todos lo que ahora enrojen su voz despotricando contra la barbaridad jurídica cometida a favor de la ex Jueza, nada dijeron -ni dicen- de la barbaridad jurídica que se cometió en esa oportunidad contra militares, policías y fuerzas de seguridad, al contrario, la festejaron ruidosamente.
Más aún, aplaudieron a más no poder, que esa barbaridad jurídica diera origen a la reapertura de procesos judiciales o la iniciación de nuevos, por los hechos ocurridos en los años 70, cuando legalmente los mismos habían sido cerrados, incluso con fallos de la Suprema Corte que había declarado la constitucionalidad de esas leyes como el fallo “Camps” (Fallos, 310:1162) y otros posteriores (Fallos, 311:80; 312:111; entre varios) y por los indultos del entonces Presidente de la Nación, Dr. Carlos Menem, Decreto 1002/89 del 7/10/1989 y Decreto 2741/90 del 29/12/1990.
Tampoco nada dijeron de la otra barbaridad cometida por ese mismo Congreso de la Nación, que el día 10/5/2017 modificó el art. 7 de la Ley 24.390 (conocido como el 2×1), que a su vez había sido derogado por la Ley 25.430 del 1/06/2001 pero que se encontraba vigente al momento de la apertura de los juicios denominados de lesa humanidad y por ello debía ser aplicable, tal como lo hizo la Suprema Corte en el fallo “Muiña”. Esta Ley 27.362 no solo declaró inaplicable el denominado “régimen del 2×1” a los imputados o condenados en causas denominadas de lesa humanidad, sino que estableció que lo que dice la ley no se puede interpretar y se aplica a todas las causas en trámite, vulnerando no la facultad de los jueces de interpretar la Ley sino la irretroactividad de una Ley en materia penal, conforme lo dispone el art. 18 de la Constitución Nacional.
Así es la hipocresía con que la clase política y muchos medios de comunicación se conducen ante los mamarrachos jurídicos que hace nuestro Poder Legislativo. Según el color, algunos son festejados, otros son denostados. Ni los libertarios abren la boca al respecto. Hipocresía de todos, sin distinción de color, que confunde a una sociedad solo interesada en llegar a fin de mes, los que tienen el milagro de tener un empleo, en conseguir un trabajo digno la gran mayoría y el conjunto de ellos en que no los maten en la esquina para robarle dos pesos.
Todas las barbaridades jurídicas deben ser repudiadas, no importa a quien beneficie, ello se llama coherencia, lo que últimamente falta en nuestra clase política y en la mayoría de los analistas y opinólogos de los medios de comunicación.
Blasfeman con la actitud adoptada por el oficialismo con la ex jueza, pero nada dicen de los miembros de la Casación que fueron casi “arrojados” por la ventana apenas cumplieron los 75 años en los últimos tiempos, solamente por no ser del agrado de los K y los grupos progre. O los que “compelieron” a irse apenas asumieron el gobierno en el año 2003, simplemente por no ceder a sus antojos y “caprichitos” judiciales. El libro “Asalto a la Justicia”, escrito por un ex miembro de la Suprema Corte de esa época, es por demás elocuente al respecto. Narra en primera persona, como se manipuló al Poder Judicial, tan solo para convalidar la pesificación y reabrir los juicios contra militares, policías y fuerzas de seguridad por los hechos de hace ya 50 años atrás.
Ya cansa la remanida y gastada frase de “ah… pero es de lesa”, que repiten los políticos, sin excepción, para justificar así las salvajadas que se cometen en esas causas. En esto no hay casta que valga. Como dice la genial frase de Groucho Marx: “¿Por qué debería preocuparme por la posteridad? ¿Qué ha hecho la posteridad por mí?”
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 2, 2023