La lista de los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a más de 30.000 propiedades, según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno de Pedro Sánchez hace justo un año. Ese listado, que se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, permanece desde entonces en el cajón de los misterios, intocable. El Gobierno asegura que la relación de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sigue “en elaboración” y aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles errores y ultimando un informe jurídico sobre las “posibles actuaciones” que se puedan llevar a cabo.
La cifra de 30.000 propiedades responde a todo tipo de bienes: desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas…) a casas parroquiales o de maestro, plazas, fuentes, cementerios y todo tipo de parcelas. Hasta ahora ningún Gobierno ha querido hacer público este listado, que entidades como la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público, llevan años reclamando.
La tormenta no termina allí, ya que en catalunia se continúan reproduciendo estos hechos. El caso de Joan Casajoana es uno de las tantas víctimas de la mafia religiosa , Casajoana, agricultor, descubrió que una casona perteneciente a su familia, una ermita románica y un pequeño cementerio, ubicados en una finca de su propiedad desde hace siglos, habían sido inmatriculados por el obispo a su nombre. Atónito por la usurpación de bienes que habían pertenecido a sus antepasados desde tiempos inmemoriales, se presentó en el Obispado para aclarar la confusión. El prelado desconfió del agricultor y reclamó documentación que acreditara su propiedad. Es decir: invirtió la carga de la prueba.
Casajoana logró documentos fiables. Y, después de meses de litigios, el obispo admitió en un acto de conciliación propiciado por el registrador de la propiedad, que la casa y el terreno usurpados habían sido inmatriculados por error. Con la iglesia románica y el cementerio, en cambio, no transigió. “He presentado hasta 40 documentos. Y el obispo dice que ni el templo ni el cementerio los devuelve porque tienen derecho de custodia de los difuntos. ¡Pero si son mis difuntos!”. La iglesia se aferra a la posesión en el tiempo de ambos edificios como argumento para reclamar su propiedad, aunque ni los construyó, ni los rehabilitó, ni jamás puso un euro para su mantenimiento.
Usted cree que es una película italiana de enredos, protagonizada por el pícaro Padre Mani Veloci, ¿verdad?
♦
La lista de los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a más de 30.000 propiedades, según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno de Pedro Sánchez hace justo un año. Ese listado, que se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, permanece desde entonces en el cajón de los misterios, intocable. El Gobierno asegura que la relación de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sigue “en elaboración” y aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles errores y ultimando un informe jurídico sobre las “posibles actuaciones” que se puedan llevar a cabo.
La cifra de 30.000 propiedades responde a todo tipo de bienes: desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas…) a casas parroquiales o de maestro, plazas, fuentes, cementerios y todo tipo de parcelas. Hasta ahora ningún Gobierno ha querido hacer público este listado, que entidades
como la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público, llevan años reclamando.
La tormenta no termina allí, ya que en catalunia se continúan reproduciendo estos hechos. El caso de Joan Casajoana es uno de las tantas víctimas de la mafia religiosa , Casajoana, agricultor, descubrió que una casona perteneciente a su familia, una ermita románica y un pequeño cementerio, ubicados en una finca de su propiedad desde hace siglos, habían sido inmatriculados por el obispo a su nombre. Atónito por la usurpación de bienes que habían pertenecido a sus antepasados desde tiempos inmemoriales, se presentó en el Obispado para aclarar la confusión. El prelado desconfió del agricultor y reclamó documentación que acreditara su propiedad. Es decir: invirtió la carga de la prueba.
Casajoana logró documentos fiables. Y, después de meses de litigios, el obispo admitió en un acto de conciliación propiciado por el registrador de la propiedad, que la casa y el terreno usurpados habían sido inmatriculados por error. Con la iglesia románica y el cementerio, en cambio, no transigió. “He presentado hasta 40 documentos. Y el obispo dice que ni el templo ni el cementerio los devuelve porque tienen derecho de custodia de los difuntos. ¡Pero si son mis difuntos!”. La iglesia se aferra a la posesión en el tiempo de ambos edificios como argumento para reclamar su propiedad, aunque ni los construyó, ni los rehabilitó, ni jamás puso un euro para su mantenimiento.
Usted cree que es una película italiana de enredos, protagonizada por el pícaro Padre Mani Veloci, ¿verdad?
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 18, 2020