La diócesis católica de la ciudad de Sacramento, capital de California, fue cuestionada este lunes por su decisión de declararse en bancarrota tras enfrentar decenas de acusaciones y demandas por abuso sexual por parte de sus sacerdotes.

Las demandas se produjeron después de que una ley de California de 2019 permitiera a las víctimas de abuso sexual de cualquier edad presentar una demanda entre enero de 2020 y diciembre de 2022.

El abogado Jeff Anderson, que representa a decenas de personas que han demandado a la diócesis, dijo en un comunicado que la decisión de recurrir a la bancarrota ha causado una “profunda decepción” entre sus clientes.

Aseguró que varias diócesis alrededor del país “han utilizado la quiebra como escudo con el fin de protegerse a sí mismas y, peor aún, proteger a los delincuentes sexuales”.

De acuerdo a reportes de Telemundo, en una carta enviada a los feligreses católicos de Sacramento, el obispo Jaime Soto, informó que, debido a las múltiples denuncias por abuso sexual del clero, la diócesis ha decidido declararse en bancarrota.

Según el Capítulo 11 del Código de Quiebras, un tribunal supervisaría la distribución de los activos disponibles para satisfacer las reclamaciones contra la diócesis. Luego se establecería un fondo que se repartiría entre las víctimas-sobrevivientes de la forma más equitativa posible.

“Sin tal proceso, es probable que los fondos diocesanos se agoten en los primeros casos, dejando nada para las muchas otras víctimas-sobrevivientes que aún esperan una compensación”, detalló el obispo en la misiva.

La diócesis de Sacramento enfrenta más de 250 demandas que alegan abuso sexual por parte del clero u otro personal de la Iglesia Católica.

El obispo Jaime Soto dijo en el comunicado que la bancarrota es la “única manera” que tiene a su disposición para resolver las demandas de “la forma más justa posible”. Explicó que la bancarrota será presentada en marzo de 2024.

El clérigo aprovechó de pedir oración para tantas víctimas-sobrevivientes que viven con el dolor inflingido por el abuso sexual de la iglesia. “Nuestra penitencia es un compromiso de por vida”, enfatizó el obispo.

La Iglesia ha dicho que el 80 % de las demandas son por supuestos abusos ocurridos antes de la década de 1980 y seis supuestos abusos posteriores a 2002, cuando se crearon medidas para tratar de evitar estas conductas.

Anderson dijo que la decisión de ir a a bancarrota “tiene sus raíces en la cobardía, la desesperación y el miedo”.

En septiembre pasado, la arquidiócesis católica de Baltimore (Maryland), la más antigua de Estados Unidos, se declaró en bancarrota poco antes de que entrara en vigor una nueva ley que permite las demandas por abuso sexual sin que importe el tiempo transcurrido desde los crímenes.

Incluso, en California se han presentado otros casos, como la Diócesis Católica Romana de Santa Rosa, la cual en marzo pasado solicitó la protección por bancarrota del Capítulo 11 el lunes, citando millones de dólares desconocidos en pasivos anticipados vinculados con reclamos pendientes de abuso sexual infantil presentados en el tribunal durante los pasados tres años.

La iglesia reclama activos no identificados entre $10 millones y $50 millones. También calculó pasivos en el mismo rango.

Pero con al menos 222 demandas pendientes en las que la diócesis es nombrada acusada o coacusada, al menos un abogado implicado en numerosos casos dijo que $50 millones no serían suficientes para abordarlos.