El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sufrió la vulneración de sus derechos señaló la máxima autoridad de la justicia en el departamento de La Paz, sede de Gobierno. Con esa explicación aseguró que ya no existe una orden de aprehensión contra el exmandatario, que es investigado por un presunto hecho de terrorismo suscitado entre octubre y noviembre del 2019.
Morales no se pronunció al respecto, sin embargo, adelantó que las organizaciones sociales de ese país le propusieron retornar a Bolivia el próximo 11 de noviembre, misma fecha en que renunció a la Presidencia. En una anterior intervención, luego de las elecciones nacionales en las que ganó su frente político, el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo aseguró que todos los procesos en su contra caerán.
CoimbraCastro Quisbert
El actual ministro de Justicia en Bolivia, Álvaro Coimbra, antes de conocer esas resoluciones advirtió con un posible retroceso de la justicia en ese país. Señaló que en los procesos del fraude electoral y terrorismo existen pruebas periciales y testificales, sin embargo los administradores del Ministerio Público y juzgados, no estaban realizando las labores correctamente.
En 2019, la sede de gobierno de Bolivia fue cercada por seguidores del MAS que se resistían a que las elecciones de ese año sean anuladas por algunos hechos irregulares. En una llamada se escucha la voz de Evo Morales ordenando a un dirigente dejar sin alimento y otros suministros de primera necesidad a la ciudad de La Paz. Durante semanas hubo desabastecimiento y luego de un año la justicia aún no determinó responsabilidades.
Morales debe declarar sobre el hecho este 27 de octubre, sin embargo, la realización de la audiencia está en duda. El juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro Quisbert, en una determinación indica que la comisión de investigadores no cumplió con los procedimientos adecuados para emitir una orden de captura, ni tampoco sobre la información del mismo.
Evo Morales es investigado en Bolivia por presuntos hechos de estupro, terrorismo y el fraude electoral. En este último caso, el juez Román Castró también halló fallos procesales y eliminó una orden de aprehensión contra el exministro de justicia de Evo Morales, Héctor Arce. Desde el Ministerio Público de ese país han señalado que los procesos contra las exautoridades bolivianas continuarían.
En 2018, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con mayoría del MAS, designó a Fausto Juan Lanchipa Ponce como Fiscal General de la Nación con 116 votos de 152 emitidos.
Lanchipa fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) por designación directa del entonces presidente Evo Morales el año 2010 y posteriormente director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR) también por decisión de Morales.
Tras la renuncia de Evo Morales, fueron reiteradas las oportunidades en que Diputados, cívicos y plataformas ciudadanas de ese país exigieron la renuncia del Fiscal General del Estado, por no mostrar resultados y paralizar al menos 152 denuncias, entre ellas está el caso de presunto fraude electoral de octubre de 2019.
En diciembre de 2017, en Bolivia se eligió a las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde los votos nulos ocuparon el primer lugar abarcando el 50.93% y sólo el 34.02% de los electores votó por un candidato.
Desde la salida de Evo Morales el 2019, él y exmiembros de su gobierno han sido víctimas del mismo tipo de injerencia política en el sistema judicial que ellos mismos ejercieron mientras estaban en el poder, ya que durante los casi 14 años de Gobierno, la Fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales políticos en casos que parecían estar motivados por razones políticas.
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El expresidente de Bolivia, Evo Morales, sufrió la vulneración de sus derechos señaló la máxima autoridad de la justicia en el departamento de La Paz, sede de Gobierno. Con esa explicación aseguró que ya no existe una orden de aprehensión contra el exmandatario, que es investigado por un presunto hecho de terrorismo suscitado entre octubre y noviembre del 2019.
Morales no se pronunció al respecto, sin embargo, adelantó que las organizaciones sociales de ese país le propusieron retornar a Bolivia el próximo 11 de noviembre, misma fecha en que renunció a la Presidencia. En una anterior intervención, luego de las elecciones nacionales en las que ganó su frente político, el Movimiento al Socialismo (MAS), Evo aseguró que todos los procesos en su contra caerán.
El actual ministro de Justicia en Bolivia, Álvaro Coimbra, antes de conocer esas resoluciones advirtió con un posible retroceso de la justicia en ese país. Señaló que en los procesos del fraude electoral y terrorismo existen pruebas periciales y testificales, sin embargo los administradores del Ministerio Público y juzgados, no estaban realizando las labores correctamente.
En 2019, la sede de gobierno de Bolivia fue cercada por seguidores del MAS que se resistían a que las elecciones de ese año sean anuladas por algunos hechos irregulares. En una llamada se escucha la voz de Evo Morales ordenando a un dirigente dejar sin alimento y otros suministros de primera necesidad a la ciudad de La Paz. Durante semanas hubo desabastecimiento y luego de un año la justicia aún no determinó responsabilidades.
Morales debe declarar sobre el hecho este 27 de octubre, sin embargo, la realización de la audiencia está en duda. El juez primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Román Castro Quisbert, en una determinación indica que la comisión de investigadores no cumplió con los procedimientos adecuados para emitir una orden de captura, ni tampoco sobre la información del mismo.
Evo Morales es investigado en Bolivia por presuntos hechos de estupro, terrorismo y el fraude electoral. En este último caso, el juez Román Castró también halló fallos procesales y eliminó una orden de aprehensión contra el exministro de justicia de Evo Morales, Héctor Arce. Desde el Ministerio Público de ese país han señalado que los procesos contra las exautoridades bolivianas continuarían.
En 2018, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), con mayoría del MAS, designó a Fausto Juan Lanchipa Ponce como Fiscal General de la Nación con 116 votos de 152 emitidos.
Lanchipa fue presidente del Tribunal Constitucional (TC) por designación directa del entonces presidente Evo Morales el año 2010 y posteriormente director de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR) también por decisión de Morales.
Tras la renuncia de Evo Morales, fueron reiteradas las oportunidades en que Diputados, cívicos y plataformas ciudadanas de ese país exigieron la renuncia del Fiscal General del Estado, por no mostrar resultados y paralizar al menos 152 denuncias, entre ellas está el caso de presunto fraude electoral de octubre de 2019.
En diciembre de 2017, en Bolivia se eligió a las autoridades del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), donde los votos nulos ocuparon el primer lugar abarcando el 50.93% y sólo el 34.02% de los electores votó por un candidato.
Desde la salida de Evo Morales el 2019, él y exmiembros de su gobierno han sido víctimas del mismo tipo de injerencia política en el sistema judicial que ellos mismos ejercieron mientras estaban en el poder, ya que durante los casi 14 años de Gobierno, la Fiscalía presentó cargos contra varios de sus rivales políticos en casos que parecían estar motivados por razones políticas.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 27, 2020