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Un fallo de la Justicia Argentina puso en suspenso el primer paso que había dado el presidente Javier Milei hacia la privatización del Banco Nación (BNA), la entidad financiera más importante del país en manos del Estado. 

Este martes, el juez federal Alejo Ramos Padilla emitió una medida cautelar en respuesta a la presentación realizada por el gremio La Bancaria, frenando la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima, una medida dispuesta la semana pasada por decreto. 

En su fallo, Ramos Padilla le ordena al Estado y al BNA que “se abstengan de toda acción tendiente a su implementación”. Además, da un plazo de 5 días al Gobierno nacional para que informe en el expediente cuál es el interés público que justifica la decisión tomada.

El magistrado considera que el decreto sobre la entidad es probablemente “un paso previo a su posible privatización, en tanto permite ‘prima facie’ el ingreso de capitales privados”, y remarca que el Banco Nación fue excluido explícitamente en la Ley Bases del listado de empresas plausibles de privatización.

La decisión de la Casa Rosada se amparaba en el ‘megadecreto’ 70/23 sancionado por Milei a poco de asumir el poder. Allí, se dispuso que las sociedades o empresas con participación estatal se transformarán en sociedades anónimas y se ajustarán a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades. 

Sin embargo, para que el Banco Nación sea transformado en una S.A., sería necesario un cambio legislativo aprobado por el Congreso, porque las facultades delegadas que le otorgó el Parlamento a Milei en la ley Bases “no autorizan” al presidente a “modificar la situación jurídica de la entidad bancaria”. 

En los fundamentos del decreto 116/25, el Gobierno libertario señala que la medida tiene por objetivo “mejorar la gestión, transparencia y el gobierno corporativo” del banco, incrementando su capacidad para “captar recursos, aumentar la eficiencia operativa y adaptarse a los estándares internacionales de transparencia”. 

Sin embargo, el BNA no tiene problemas de liquidez y es una de las empresas estatales más rentables, después de la petrolera YPF. Por ello, desde el sindicato La Bancaria habían repudiado la decisión.