Grl Br Heriberto Justo Auel

 “El pitagorismo fracasa cuando se aproxima a la esencia de lo humano” (1)

1. El progresismo-pacifismo dirigencial.
2. Aprender a no aprender.

• La guerra civil argentina y el actual estado de guerra civil revolucionario.

1. La funcionalidad entre social-demócratas y estalinistas.
2. Rumbo al Estado Fallido.
3. El relanzamiento revolucionario a partir del año 2014.

• El terrorismo como
• La guerra como hecho socio-político.

1. El progresismo-pacifismo, el ius post bellum y la pseudo-revolución extemporánea.

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1. El progresismo-pacifismo dirigencial.

En el presente de la sociedad argentina hay una indiscutible mayoría de dirigentes progresistas y pacifistas. Paradójicamente, son quienes impulsan -irresponsable e inconscientemente- a la violencia social. Por supuesto que hay otros, que no son precisamente pacifistas, pero que apoyan a aquellos incondicionalmente por razones obvias, a pesar de considerarlos idiotas útiles.

Gastón Bouthoul -en 1971- decía: “…es la guerra la que ha concebido a la historia” (2). Luego de nuestras dramáticas experiencias bélicas en la segunda mitad del siglo XX, deberíamos de haber aprendido sus lecciones, pero seguimos sin enterarnos que la guerra es un fenómeno socio-político antiguo, tan antiguo que “ha concebido a la historia”. El mismo autor -el más importante sociólogo de la guerra de las últimas décadas- afirma conclusivamente más adelante -en el mismo libro- y con todo acierto: “En resumen, estamos condenados a prepararnos para la guerra o a trabajar para la Polemología” (2).

¿Creen Uds. que los argentinos estamos empeñados en “prepararnos” para algunas de estas dos cosas? Se puede asegurar que no estamos haciendo nada en orden a retener la Paz. Absolutamente nada. Y, por las dudas, hay quienes han tomado recaudos legales para que a nadie se le ocurra pensar en “prepararnos para la guerra”. Iría preso. Las leyes de Seguridad Nacional vigentes -las de 1988 y 1991-  así lo garantizan y, con respecto a la  alternativa: ¿conocen Uds. a alguien, en el Estado, que “trabaje -o haya trabajado- para la Polemología” en los últimos treinta años? No, ese alguien no existió ni existe. Si alguna duda quedara al respecto, recomiendo la lectura del discurso del ministro de Defensa Nacional del 25 de Mayo de 2013. Es la más clara prueba de mis afirmaciones. El ministro aseguró, frente al Alto Mando y a la tropa formada, que ¡nunca antes la Defensa Nacional ha estado más garantizada que en la actualidad!

No prevemos la guerra ni hacemos Polemología (3). Es por ello que de vez en cuando se nos recuerda la vieja sentencia romana de Vegecio: “…si quieres la Paz, prepara la guerra” y es también por ello que en la decadente Argentina actual existe un clamor popular que grita en las calles del país entero por ¡¡¡seguridad!!!

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Nuestra dirigencia no se da por enterada de la naturaleza de las guerras de ayer o de las guerras en curso en un mundo globalizado que ha ingresado velozmente a la etapa de la civilización del conocimiento. En él -donde todos somos vecinos-  la seguridad pública y la seguridad estratégica se desarrollan incardinadas. Hay una nueva forma de producir y… también una nueva forma de hacer la guerra.

1. Aprender a no aprender.

Es muy conocida la sentencia clausewitziana que define a la guerra como “la continuidad de la Política por otros medios” (4). Clausewitz era contemporáneo de nuestro Libertador. Sin embargo y a pesar del tiempo transcurrido, entre nosotros aún hoy hay quienes creen que la guerra es un hecho militar. Confunden guerra con combate. Esta confusión resulta  fatal y está bloqueando la salida de nuestro largo estado de guerra civil revolucionario.

“Ningún hombre culto tiene el derecho de ignorar las experiencias que nos legó el pasado; y si nuestro pueblo las conociera a fondo, nunca olvidaría lo que en todo momento debe estar en el recuerdo de los argentinos” (5).

En la corta historia patria ¿cuántas veces hemos tropezado con la misma piedra? Ésta cita ha sido tomada del historiador y jurisconsulto Juan Álvarez -uno de los hombres más lúcidos de su generación- que decía en 1914, al cerrar su  libro: “La revolución de Mayo con sus héroes y sus glorias, es la estrella polar de nuestra ruta: sin otro bagaje histórico los jóvenes deben distinguir cuáles revoluciones, por parecerse a aquella, son sagradas y cuáles han de reducirse a la categoría de vulgares delitos castigados por la ley de la materia. Ínterin lo averiguan, constituyen buena presa para cuántos necesitan revolucionarios apasionados y dispuestos a luchar gratis. En verdad, así entendida, la escuela primaria no evitará las guerras civiles” (5).  

En nuestros días -cien años después- los jóvenes… -“buena presa para cuantos necesitan revolucionarios apasionados y dispuestos…”- no provienen de la escuela primaria. Provienen de los “malentendidos” niveles secundarios y terciarios, con una significativa diferencia: ya no están “dispuestos a luchar gratis”. Ahora son los jóvenes mejor remunerados del país. Se alquilan para impulsar la pseudo-revolución extemporánea del socialismo siglo XXI. Nuestra decadencia moral -en los 2000- ha alcanzado una profundidad tal que queda claramente demostrada por la reflexión de Álvarez (6) comparando a ésta con las sectas interesadas e ideologizadas del presente.

• La guerra civil argentina y el actual estado de guerra civil revolucionario.

La guerra civil es conceptuada universalmente como uno de los fenómenos socio-políticos con consecuencias más negativas para una sociedad o comunidad. Puede ser definida como: “Un conflicto o enfrentamiento violento que se da entre miembros de una misma sociedad, es decir, no contra un enemigo externo. Las guerras civiles han existido desde el momento en que el hombre conformó la sociedad, debido a que la convivencia permite el surgimiento de diversos enfrentamientos o desacuerdos entre sus miembros, que pueden llegar a convertirse en pugnas sangrientas” (16).

Es decir, la guerra civil es la peor especie de las guerras por cuanto los “enfrentamientos o desacuerdos” se transforman en odios viscerales, emociones violentas, hereditarias y dramáticas que quiebran la necesaria armonía del cuerpo social, su concordia, originando una discordia permanente que hace aflorar periódicamente la violencia armada. Ha sido y es la situación constante -a lo largo de nuestra historia política-  que hemos citado más arriba como estado de guerra civil.

Juan Bautista Alberdi en sus Obras Póstumas –Introducción al Crimen de la Guerra-  advertía: “Pertenezco al suelo abusivo de la guerra, que es la América del Sud, donde la necesidad de hombres es tan grande como la desesperación de ellos por los horrores de la guerra inacabable”.

En Grandes y Pequeños hombres del Plata señaló que la guerra civil argentina se inició el 25 de Mayo de 1810. (7). Cien años después -en 1910- Joaquín V. González publicaba El Juicio del Siglo (8) y en cada unos de sus doce capítulos cita a la “continua guerra civil argentina”. La sociedad fue cambiando, la situación también. Lo que no ha cambiado a lo largo del tiempo es la discordia socio-política y podemos afirmar que, en el año 2013, el estado de guerra civil continúa abierto como estado de guerra civil revolucionario, pues desde 1959 hasta hoy la actitud hostil del agresor revolucionario-terrorista sigue activa y presente en sus sucesivas y diferenciadas  cuatro fases o campañas, hasta la actualidad.

En el mes de Octubre de 2013 los argentinos enfrentaremos una encrucijada. Existe una minoría -aproximadamente un 20 % de la población- que rechaza la Paz social y proclama “ni olvido ni perdón” -son los simpatizantes del agresor revolucionario- y una mayoría confundida y variopinta, inducida hacia un pacifismo-progresismo suicida por la acción psicológica difundida desde el propio Estado, a partir de 1983. Su reflejo se observa en la composición de ambas Cámaras del Congreso Nacional. La decisión que se tome a través de las urnas en Octubre de 2013, definirá nuestro futuro como nación a partir del 2015.

Si no hay Paz, no habrá progreso.

Los argentinos -en el siglo XXI- aún no hemos logrado instrumentar con eficiencia nuestro sistema político, es decir, los mecanismos de los acuerdos sociales a través del diálogo político. Esta disfuncionalidad lleva naturalmente a la discordia, a la incomunicación y al empleo de la fuerza, en diversos grados y formas. Impide que la diversidad social pueda convivir en Paz, libertad, orden y progreso.

La disfuncionalidad del sistema político nos llevó a la guerra civil y nos lleva hoy al estado de guerra civil revolucionario.

 Desde 1959 la antigua y constante guerra civil argentina se hizo revolucionaria, con un agresor propio bajo conducción externa, siguiendo el principio leninista de cabalgar los conflictos históricos. Se la reconoció como guerra civil recién en 1974 y el cuasi-Estado Nacional, miope y urgido, exigió soluciones para mañana, ordenando la movilización de las FFAA y el “aniquilamiento del accionar subversivo”. 

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LA ESCALADA EN LA “GUERRA MUNDIAL CONTRATERRORISTA GLOBAL”  Y SU REPERCUSIÓN EN IBEROAMÉRICA. (1).

LA CONTRAOFENSIVA REVOLUCIONARIA IBEROAMERICANA EN EL 2019

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA POLEMOLOGÍA

ALBERTO ÁNGEL -TARTUFO*- FERNÁNDEZ, CANDIDATO DEL “FORO DE SANPABLO” (FSP) **

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE DOS GUERRAS NO DIGERIDAS Y DE SUS POSGUERRAS MALVERSADAS

EL PENSAMIENTO NACIONAL EN TIEMPOS DE GLOBALIZACION PLANETARIA.

LA GUERRA MUNDIAL CONTRATERRORISTA GLOBAL. ¿HÍBRIDA… CON DERIVACIÓN QBN?

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No consideró -el caótico gobierno de ese entonces- que no existía el planeamiento estratégico militar pertinente, ni la consecuente inteligencia estratégica para asumir y enfrentar al grave fenómeno. En razón de ello no se habían desarrollado las organizaciones ni la doctrina estratégica apta para lograr el éxito. Lo más grave -de ésta tardía decisión política- fue la inmediata apertura de operaciones con el empleo de las fuerzas militares convencionales, en el marco interno, sin sostén ético y jurídico para entender en una agresión no convencional. Ésta fue la debilidad -transformada luego en vulnerabilidad por el agresor- directa responsabilidad del pacifismo progresista dirigencial y es la que se explota hoy políticamente, a través de los estrados penales federales.

1. La funcionalidad entre social-demócratas y estalinistas.

Imposibilitada por sus carencias de conocimientos polemológicos y guerra del Atlántico Sur de por medio, la conducción nacional democrática fue actora responsable del trastocamiento de la victoria táctica contraterrorista -lograda por las tropas legales-, en una derrota política y estratégica de la Nación -que aún padecemos-, frente a los remanentes del terrorismo revolucionario asociados en los años 2000 con el socialismo siglo XXI y, -por esta relación estratégica- a la actual guerra mundial contraterrorista global, aunque el soberano y gran parte de la dirigencia lo ignore totalmente. (El trastocamiento de la victoria en derrota,  fue previsto por Clausewitz en el Tomo VIII de su libro De la Guerra).

Los dos socialismos interactuantes fueron y son funcionales entre sí -en sus objetivos- y son mayoría en la conformación actual de las Cámaras del Congreso Nacional: el estalinismo “carnívoro” y el gramscismo socialdemócrata “herbívoro”, como les llama el ex canciller mejicano Jorge Castañeda. El primero logró implosionar a la URSS y el segundo hundir a la Europa del estado de bienestar que el Cardenal Ratzinger describía como “la Europa del alma marchita”. Desde 1990,  reunidos en el Foro de San Pablo, tratan de llevar a Iberoamérica a una revolución extemporánea, bajo el encubrimiento del progresismo posmoderno de los derechos humanos, que oculta a un neomarxismo retropopulista y anárquico, estructuralmente corrompido por su asociación con el crimen organizado. En tiempos electorales compiten por el cetro, para luego actuar de consuno. Unos, los carnívoros, actúan bajo las directrices de La Habana y los otros, los herbívoros,  bajo las directrices la Internacional Socialista de París.

Los derrotados terroristas-revolucionarios de los ´70 -más algunas de sus segundas o terceras líneas- hoy gobiernan en gran parte del subcontinente y las instituciones constitucionales que aún no han sido vaciadas, están siendo licuadas legalmente bajo los nuevos paradigmas neo-marxistas, administrados homeopáticamente por gotero, con el objeto de permanecer en el poder y dar continuidad a la pseudo-revolución del socialismo siglo XXI al amparo de una aparente democracia, que apunta al partido único y que  enmascara a las reformas jurídicas-constitucionales en curso con maniobras de diversión. El modelo a alcanzar es Cuba. La táctica a seguir es el paso a paso o, como diría Beaufre, la “técnica del salame”.

1. Rumbo al Estado Fallido.

Mientras el trastocamiento explota su éxito político-estratégico revolucionario, las fuerzas legales -victoriosas sobre el terreno- son juzgadas -cuarenta años después de los hechos- como criminales comunes en legos Tribunales Orales Federales a partir de aquella ausencia de normas agonales -en el derecho nacional- como lo exigía la situación de guerra interna desde 1959.

Esas normas ausentes no eran ni son responsabilidad de los soldados de la República. Eran y son responsabilidad exclusiva y excluyente de los políticos progresistas pacifistas, que no aparecen hoy para asumir sus responsabilidades políticas por las erróneas decisiones que tomaron, con total ineptitud, al ordenar la apertura de tardías y urgentes operaciones militares. Por cierto, hubo una responsabilidad estratégica compartida con el Alto Mando Militar. Pero éste se responsabilizó por las decisiones adoptadas, reiterada e institucionalmente. Quienes aun no lo han hecho -en los últimos treinta años- son los responsables políticos. Algunos de ellos todavía viven. Debieran de imitar a algunos antiguos terroristas que ya están de regreso y reconocen sus graves errores de juventud (23).

 Esta absurda desconceptualización -por ignorancia o por ideología- nos retiene en estado de guerra civil pseudo-revolucionario, divididos como sociedad, habiendo politizado a la Justicia y judicializado a la Política. Esta confusa y tensa situación es la que nos encamina hacia el Estado Fallido (9), preludio de la disgregación nacional, social y territorial.

La corrupción estructural y la inseguridad nacional que abaten a la sociedad argentina, son  hijas directas de ésta confusión perversa y de los prejuicios de los ideólogos neo-marxistas posmodernos en plena posguerra fría, cuando se ha iniciado una nueva guerra mundial que ya lleva 12 críticos años. Estos dirigentes viven en el confuso resentimiento de su pasado, como lo han expresado algunos que están revisando sus irresponsables años jóvenes, en su madurez (23).

La Argentina aislada y transculturizada, ensimismada en sus escándalos diarios, pierde la noción de lo sustantivo, se enreda en la anécdota y pierde también una brillante oportunidad de concordia y progreso en manos de una minoría encaramada en el poder y mimetizada -a través del llamado entrismo- en los partidos tradicionales a los que han diluido doctrinariamente, permaneciendo en estado de asamblea y sin liderazgos. En ostensible estado cataléptico.

El poder, el tiempo y el espacio se han agotado para los revolucionarios bolivarianos que aparecieron en los 2000, con el impulso y acumulación de petro y narco dólares venezolanos, siempre bajo la dirección del partido comunista cubano. El bolivarismo, en su actual retirada, arrastra a los gobiernos adscriptos a él y éstos están minando sus retaguardias con todo tipo de obstáculos.

Un paso más adelante que el resto de UNASUR, el cuestionado Presidente Maduro movilizó -en Mayo de 2013- a dos millones de milicias populares armadas, encuadradas por cubanos. En Buenos Aires, una ONG oficia como comisariato político para control de precios y se celebran las fechas patrias del 25 de Mayo, del Día de la Bandera o del 9 de Julio con actos electoralistas sectarios y la representación de las antiguas bandas armadas en las primeras filas de los palcos oficiales.

Los derechos humanos -que están presentes en la Constitución Argentina desde 1853 y que fueron  defendidos por las FFAA en los ´70-, desde 1984 están en manos de quienes nos agredieron y fueron vencidos en combate. Ésta es una prueba incontrastable del trastocamiento clausewitziano previsto en De la Guerra (4). ¿Existieron los derechos humanos en la ex URSS o existen hoy en Cuba? Terminantemente, no. Llamativamente,   entre nosotros los derechos humanos están en manos de quienes enarbolan las banderas rojas y pareciera que gran parte del electorado lo ignora. Lo mira y no lo ve. Sufre sus consecuencias, pero no reacciona. El relato los ha anestesiado y los opinólogos, ayudan.

2014. El relanzamiento revolucionario a partir del año 2014.

El órgano de conducción política creado por Fidel Castro y Lula da Silva en 1990 -el Foro de San Pablo- ya ha previsto la continuación de “la revolución continental y su estrategia, programa y organización como una necesidad histórica” (10). Entre el 31 de Julio y el 04 de Agosto del 2013 el Foro volverá a reunirse en San Pablo -Brasil-, para relanzar una nueva ola revolucionaria continental, ante el agotamiento de la fase iniciada hace una década.

En el documento titulado La Izquierda Latinoamericana ante sus Nuevos Desafíos (10) Fonseca Terán adelanta la prioridad a considerar por el XIX Encuentro del Foro de San Pablo, en las fechas señaladas: “…el cambio de la superestructura político-jurídica de la sociedad, adquiere ahora una importancia central, mientras que antes era dejada para lo último…”. No nos extrañe entonces escuchar, en los discursos del presente, la necesidad de una reforma constitucional para “ir por todo”.  A tal objetivo, el citado sandinista agrega: “Para el cambio del sistema político la izquierda necesita ahora la única fuente de legitimidad posible en tal sentido, que es el respaldo popular, con el inconveniente del bajo desarrollo de la conciencia de clase, en los momentos iniciales…”. “La visión antes señalada, que plantea la viabilidad del cambio revolucionario en las actuales circunstancias, es la tesis leninista sintetizada por Lukács como teoría de la actualización de la revolución…que debe hacerse en cualquier circunstancia”. (El subrayado y las negritas son  nuestros)

Para ello el gobierno está tomando medidas económicas y financieras -con escaso éxito- que permita -a pesar del agotamiento de las “cajas”- que haya mucho dinero en el bolsillo del electorado en los tres meses previos a las elecciones, aunque inmediatamente después del comicio la situación inflacionaria se agrave notablemente. El agresor revolucionario de ayer ocupa hoy varios gobiernos regionales por vía electiva y se encuentra en el final de un ciclo que aún responde al status de la guerra fría. No oculta sus intenciones y procedimientos para el futuro inmediato: la continuación de la pseudo–revolución -en la que consideramos su quinta fase- luego de una década de chavismo.

Surge así, de estos anticipos, la ya señalada importancia de las elecciones legislativas del mes de Octubre de 2013, tanto para ellos cuanto para quienes nos resistimos frente al comunismo, en su nuevo formato, apto para el nuevo siglo posindustrial.

• El terrorismo como relato.

“El terrorismo crece en paralelo con los medios de comunicación; es una herramienta de la política” (11). El significado -en nuestro tiempo- de la revolución de las comunicaciones indica a las claras la importancia de las estrategias de la comunicación social en las guerras de 4ta y 5ta generación. Vale la pena profundizar en este tema.

Para el pacifismo-progresista el narco-terrorismo no es un tema estratégico y por lo tanto, no es una herramienta política. Lo consideran dentro de la categoría de los delitos comunes de naturaleza policial y así lo han establecido en las leyes de Seguridad Nacional -1988 y 1991-. En esta grave irresponsabilidad inconsciente de la dirigencia que se autodenomina progresista se origina el drama argentino de la indefensión e inseguridad generalizadas que se padece. Al fin y al cabo ¿que político argentino ha citado públicamente, alguna vez, a la guerra mundial contraterrorista global en pleno desarrollo o a nuestro estado de guerra civil revolucionario? De los tabúes no se habla. Son temas políticamente incorrectos. Podemos comprobarlo en las entrevistas televisivas de los candidatos en el presente período preelectoral.

Para retener la Paz social es imprescindible entender la naturaleza de los conflictos que pueden derivar en empleo de violencia. Cambiar el contenido de las palabras es extraviar el entendimiento de los conceptos, es decir, de las ideas. Consecuentemente, el relato -como falacia política- no nos sirve para entender que el terrorismo es, según Mao, “política con sangre”. Es violencia -o amenaza de su empleo- en beneficio de un proyecto político. Es “una actividad política escenificada mediante un cierto derramamiento de sangre” (11) ya fuere con miles de víctimas -como el 11Sep01- o con una o bien muy pocas, como acaba de ocurrir en Boston, Londres o París.

¿Cómo se distingue un hecho de naturaleza estratégica de un mero delito común? El primero afecta a la sociedad en su conjunto o al Estado; el segundo -en cambio- afecta a una persona, a un pequeño grupo de ellas o a una entidad privada. Actualmente ambos operan normalmente incardinados y por ello exigen a los Estados responder con una Gran Estrategia. En lo posible regional-conjunta-combinada. Paradójicamente, la legislación argentina vigente establece que los riesgos estratégicos internos deben ser responsabilidad exclusiva del “esfuerzo nacional de policía”.

Las policías en ningún país del mundo tienen responsabilidades estratégicas. Podemos entender, a partir de nuestras necedades ideologizadas, porqué vivimos desbordados por una inseguridad creciente en las últimas tres décadas. Disponemos desde entonces de un coctel de pacifistas, garantistas y progresistas que encubren y viabilizan al posmodernismo pseudo-revolucionario. Ahora bien. ¿Por qué el terrorismo elige siempre blancos específicos? En Sep 01 eligió los símbolos del poder imperial americano -político, militar y económico-. En el 2013 a los símbolos de la intervención militar en Afganistán, a pesar de la ya iniciada retirada Occidental de ese país. Elige blancos hipersensibles, fácilmente explotables.

El terrorismo “no es solo violencia”. Lo más importante del terrorismo es su relato. Por eso elige cuidadosamente sus blancos. Su estrategia de comunicación social, es central. El centro de gravedad del terrorismo, es su discurso. Obsérvese que actualmente -para el común de los argentinos- el terrorista fue el Estado y no el agresor revolucionario.

Para llegar a ese punto se han redefinido conceptos, se han creado slogans y se ha desarrollado una prolija manipulación de la opinión pública. Lo establecido en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad se ha falseado en nuestra legislación -de acuerdo al Estatuto son imprescriptibles (art. 29), pero irretroactivos (arts. 22 y 24)- y aplicables a quienes dependen o no del Estado. Además se han destruido los principios del derecho penal y de la jurisprudencia respectiva. A pesar de ello “la legitimidad de la Paz, su marco, sigue siendo la Justicia” (11).

El principal desafío estratégico que tenemos los argentinos, actualmente, es recuperar al Estado Institucional.

En las guerras asimétricas el débil enfrenta al fuerte con una acción violenta mínima, porque en ese campo está en desventaja. No busca una victoria inmediata, sino crear una imagen a través del relato emergente de los hechos que produce. Influye políticamente por aproximación indirecta, aprovechando la capacidad mediática del agredido. La valoración de un atentado terrorista debe medirse por el impacto mediático y sicológico posterior… “la guerra no solo establece las condiciones de toda comunicación: es en sí misma comunicación” (12).

El gran éxito político de nuestros terroristas domésticos no se dio en los 70, cuando asolaban, sino en los 80 y en los 2000, cuando a través del trastocamiento explotaron y aun explotan su éxito estratégico -posterior a los miles de hechos tácticos y a su derrota en combate- manipulando a la opinión pública en los últimos treinta años.

Los medios de comunicación estaban entre 1983 y 1989 en manos del Estado. Luego se privatizaron para regresar al control del gobierno desde el 2003, progresivamente, en el orden de un 80%. En esos años, Gallup realizó un análisis ideológico del espectro periodístico argentino, estableciendo que un 75% de él revistaba en la izquierda progresista, simpatizantes de los jóvenes idealistas de los 70. Por ello gran parte de la clase media, consumidores mayoritarios de la comunicación radial, televisiva o escrita, hizo y hace suyo al relato.

Consecuentemente no le fue difícil a la pseudo-revolución neomarxista -en los años posteriores a la Guerra del Atlántico Sur- crear la imagen victoriosa de una guerrilla que había sido derrotada sobre el terreno. Se trastocó el resultado de los combates. La gran bandera electoral de aquellos años y del presente, han sido y son -aún hoy- los derechos humanos unidireccionales, en manos de neomarxistas enmascarados en los partidos históricos. ¿En qué país comunista se respetaron o respetan los derechos humanos? En ninguno. He ahí un caso paradigmático de creación de una imagen trastocada, a través del arte publicitario.

Cualquier dirigente que proponga la pacificación nacional vulnera una vaca sagrada, creada por la comunicación: “ni olvido ni perdón”. Todo aquel que habla de la recuperación de la unidad nacional o de la pacificación, es inmediatamente acusado por la militancia progre de “totalitario”, “desestabilizador”, “partidario de la dictadura”, de “pretender el regreso a los malditos 90” o de “apoyar a los genocidas”. Frases hechas no faltan. Y son entendidas como verdaderos postulados.

La histérica reacción frente a quienes en el 2013 persiguen la pacificación nacional, da una pauta del valor que tiene -para el proceso pseudo-revolucionario neomarxista- el fracaso táctico de los ´70 trastocado en una gran victoria política y estratégica desde 1983 y, además, en un enorme negociado: el de los derechos humanos. Una minoría perversa -infiltrada en los partidos tradicionales hoy licuados- gobierna en el país y en  gran parte de Iberoamérica, identificándose como progresista o bolivariana. Estos pseudo-revolucionarios, bajo conducción unificada en el Foro de San Pablo, reúnen -colusivamente- a estalinistas, gramscianos e idiotas útiles. En nuestro Congreso, los tres agrupamientos sumados constituyen absoluta mayoría electa.

El éxito de la acción terrorista-revolucionaria se alcanzó, en el tiempo, cuando éste éxito logró ser aceptado por el pueblo a través del relato. En nuestro país, la extrema corrupción de las tácticas retropopulistas ha agotado el tiempo de la presente etapa bolivariana, sin que se hayan consolidado las nuevas estructuras jurídicas, según sus objetivos.

 Se ha iniciado el desmoronamiento del poder coactivo adquirido electoralmente hace una década y en el espacio social sobreviene la implosión de la utopía, la caída de los velos y de los mitos impulsados por la comunicación -la pauta oficial- de muchos medios, sostén de la falacia política. La pseudo-revolución inconclusa debe -necesariamente- reiniciar una nueva fase, que es la que anunció Fonseca Terán (10) en el artículo referido al XIX Encuentro del foro de San Pablo.

Se ha llegado al agotamiento de la fase chavista, percibida por la mayoría de la población como finalización de un ciclo. Éste hecho es el que imprime una gran  importancia a las elecciones legislativas del mes de Octubre de 2013, pues permitirían eliminar las leyes anticonstitucionales ya votadas y orientar la recuperación del camino a la normalidad institucional en el 2015. Siempre y cuando se logre la oportuna convicción de la sociedad de que es imprescindible la pacificación nacional.

El desafío de la dirigencia argentina que asuma el eventual renacimiento nacional dentro de dos años enfrentará, en el área de la Seguridad Nacional, una tarea muy difícil y de alta complejidad. Se han destruido los conceptos, las organizaciones y la capacitación imprescindible para iniciar la salida de la grave situación de generalizada inseguridad estratégica y pública.

Mientras se redactan estos párrafos llega a nuestras manos el discurso del presidente Obama del 23 de Mayo de 2013, en la Universidad Nacional de la Defensa de los EEUU (13). Trató el tema de La Seguridad Líquida y el Terrorismo, estando aún afectado anímicamente por los hechos terroristas recientes ocurridos en Benghazi, Boston, Londres y París.

Éste discurso ha sido muy criticado por los especialistas. En él hace referencia al mutante terrorismo global -que contiene a nuestro proceso revolucionario subcontinental iberoamericano toda vez que incluye al antiguo y reciclado terrorismo ideológico doméstico- con sus nuevas y viejas organizaciones. Rescatemos una frase indicativa del complicado momento que vive el presidente de la mayor potencia Occidental:

“Ni yo, ni ningún presidente puede prometer la derrota completa del terror. Nunca eliminaremos al demonio que habita en los corazones de algunos seres humanos, no podremos evitar cada peligro para nuestra sociedad abierta”.

El eje de la exposición se basó en la necesidad adaptativa para alcanzar una respuesta flexible a las amenazas y riesgos estratégicos que nuestra dirigencia niega que existan, aunque estén omnipresentes en la región y en el planeta. Ello es obra del relato falaz, hoy en curso de descascaramiento por obra del abuso de poder. Es tiempo de reaccionar ante las falacias o bien aceptar transformarnos en un Estado Fallido (9) y santuario neomarxista del narcoterrorismo.

Esa necesidad de adaptación -que cita Obama- encuentra sus fundamentos en las reflexiones del filósofo y sociólogo polaco Bauman, que ha acuñado el término “modernidad liquida” como fenómeno impulsado por el alto ritmo de la civilización del conocimiento que -hasta el momento- no ha encontrado en Occidente un equivalente proceso de recuperación cultural, tal como lo reclamaron los tres últimos Papas.

El presidente no acierta -hasta hoy- con una estrategia operativa para cumplir con su idealista discurso preelectoral. -Por ejemplo: hubo 40 bombardeos teledirigidos con Bush y 375 con Obama-. La ecléctica actitud estratégica de la superpotencia queda demostrada en el siguiente comentario periodístico, posterior al discurso del 23 de Mayo de 2013:

“Obama se ha rebelado. Contra sí mismo. Contra la inercia que le hace seguir el surco trazado por Bush en su guerra global antiterrorista. No es una rebelión súbita, pero ha salido a la luz en su discurso de la pasada semana en la Universidad Nacional de la Defensa. Lleva gestándola al menos desde aquella foto que captó su gesto grave y su mirada intensa en la Situation Room, una noche de primavera, hace dos años, cuando ordenó ejecutar a Osama bin Laden. Y sobre todo, desde la muerte en Yemen de Anuar al Aulaki, un dirigente terrorista con ciudadanía estadounidense, alcanzado por un misil junto a su hijo y a otro árabe, ambos también con pasaporte americano” (14).

El presidente Obama hubiese querido llevar a bin Laden a un juicio justo, pero no le fue posible. Se rebela contra sí mismo, como lo señala Bassets -con su “gesto grave y su mirada intensa”- porque es conducido a hacer lo que él no quiere hacer y porque la iniciativa está en manos de un émulo pequeño, anómico e imponderable. Si continuara dubitativo será percibido como débil por ese enemigo fanático, aliado a las mafias del crimen organizado. No enfrenta una guerra entre caballeros convencionales, pero parece no haberlo entendido, por ahora. Los argentinos, a pesar de que hemos vivido durante décadas el horror del terror doméstico, no aprendimos nada, pues el “relato” borró a la verdad.

El estado de necesidad que se aproxima ¿nos permitirá recordar?, o tropezaremos nuevamente en la apariencia de una misma piedra, pues ya está en preparación una nueva fase de la misma pseudo-revolución, con otras formas y el mismo objeto.

• La guerra como hecho socio-político.

La guerra “no es un acto ni ético, ni justo, ni económico…ni siquiera militar” (1). La guerra es un hecho socio-político y, por tanto, desborda el plano de lo jurídico como también el militar. En nuestro país se comete un grave error conceptual al juzgar a la guerra solo desde una perspectiva militar y éste grave error es aún mayor, al judicializarla. Es un error suicida. Quien determina el objetivo de la guerra y su apertura, quien orienta al empleo de la fuerza y determina sus bases agonales o su finalización,  es el plano Político.

Que en el siglo XX no lo hayamos hecho -desde un Estado anticuado y malversado- y que el alto mando militar no haya exigido al político -antes de iniciar las operaciones- el dictado de la correspondiente Directiva Estratégica Nacional -DENAC-, es harina de otro costal. Aquel alto mando militar asumió -tardíamente- sus responsabilidades y omisiones, en forma reiterada. Quien no lo hizo, ni lo hace, es el político. No lo hizo en los ’70, principalmente por ignorancia y desborde situacional. Y no lo hace hoy por sus convicciones y compromisos ideológicos con centros de poder externos.

En los ’80 el ya citado entrismo en los partidos tradicionales, -la renovación peronista de la Pcia de Buenos Aires, la coordinadora radical y luego los Frepasos I y II– además de lograr las leyes de inseguridad nacional (15) -1988 y 1991- trastocó la derrota táctica de los ´70 en una victoria político-estratégica cuya explotación -en el 2013- muestra su agotamiento en la presente fase, en alianza con el chavismo subcontinental-. Es por ello que se acelera la embestida en los TTOOFF. En estas maniobras jurídicas y a través de sus acciones políticas pseudo-revolucionarias, los pacifistas-progresistas han acumulado una enorme cantidad de muertes, por la inseguridad provocada. ¿Son conscientes de ello estos viejos o noveles revolucionarios?

Así describe a éste fenómeno político-social y a sus consecuencias, un lúcido y activo maestro de nuestra juventud: “El garantismo es la ideología base del progresismo. El argumento de que el delincuente tiene una historia social que merece ser considerada, mucho más que la responsabilidad individual de elegir el camino del bien, ha destruido la posibilidad de hacer justicia. Las fuerzas del orden (expresado de esta manera el progresismo se encrespa pues orden y disciplinamiento es la ideología de las clases dominantes) tienen sus manos atadas para actuar como corresponde frente al mundo de la delincuencia y la droga” (15).

La resultante de esta situación -que supera las tres décadas- es mucho más dramática en nuestro país que en el resto de la región. La Argentina es el único país iberoamericano que peleó las guerras posibles en la era nuclear durante la guerra fría: la limitada y la muy limitada. En 1982 el colapso del Proceso en el Atlántico Sur, abrió las compuertas del trastocamiento. La Argentina actual está en camino al Estado Fallido (9). Si llegara a consumarse el hasta hoy fracasado intento de democratización de la institución judicial, los acontecimientos se precipitarían. El núcleo duro del Estado Nacional -las FFAA- ya ha sido institucionalmente demolido hace tiempo.

El pitagorismo -entendido como “reduccionismo cosmológico, en que todo se reduce a números” (17)- nos ha llevado a entender que nuestra crisis es meramente económica. Los economistas ocupan el centro del tablero en la hora del análisis de nuestra decadencia. Grave error. Es conveniente “aproximarnos a la esencia de lo humano”.

Las verdaderas causas de nuestra crisis de arrastre son culturales y políticas. Sus consecuencias son sociales, económicas y financieras. “Cuando falta la luz, todo se vuelve con­fuso, es imposible distinguir el bien del mal, la senda que lleva a la meta de aquella otra que nos hace dar vueltas y vueltas, sin una dirección fija” (34).

En los ’80 dirigentes confundidos, sin formación espiritual, creyeron que debían impulsar la modernización revolucionaria de nuestras tradiciones culturales. Quebraron nuestra identidad, relativizando los valores históricos que irradiaban credibilidad y confianza. La corrupción social y política, hoy desborda. Contrariamente, esos mismos dirigentes rechazaron el ingreso decidido a la etapa de la civilización del conocimiento, que avanza aceleradamente en el vecindario regional mientras la Argentina está paralizada y en muchas aspectos, en retroceso.

Si el cuerpo social de la Nación se ha debilitado o degradado moral y materialmente a niveles insospechados, debimos de pensar -oportunamente- que sus defensas necesitaban aumentar en una proporción correlativa a su caída, ante los nuevos riesgos y amenazas de la “inseguridad líquida” (13).

Sin embargo, no fue ni es así. El gobierno niega la realidad compleja y conflictiva de la vigente guerra mundial contraterrorista global -a través de ministerio del ramo- y el Estado ha resuelto, a través de las vigentes leyes de inseguridad, no prever la guerra (3).

En consecuencia ¿para qué tener Fuerzas Armadas? Y ésta decisión política queda reflejada en el presupuesto de Defensa y en los discursos oficiales: las FFAA hoy existen ¡para hacer defensa civil, solamente! El progresismo-pacifismo se ha transformado en un centinela de esta conquista revolucionaria.

Paradójicamente, después de denigrarlas permanentemente a lo largo de la última década, ahora -en momentos pre-electorales- se recurre a ellas para paliar el constante aumento de la pobreza, empleándolas en tareas de acción social, bajo la bandera del partido gobernante.

Mientras en los países vecinos el presupuesto de Defensa ha ido creciendo constantemente, en el nuestro ha llegado a su menor nivel histórico. El promedio mundial es del 2,5 % del PBI. El nuestro es de 0,75 %. Simultáneamente y sin expresarlo abiertamente -como lo hacen Bolivia, Ecuador o Nicaragua- el gobierno argentino revista en el chavismo y en consecuencia se ha comprometido -a través de sus acuerdos estratégicos con Caracas y de Caracas con Irán y Corea del Norte- en la actual guerra mundial a espaldas de su pueblo. ¿Qué ha entregado y qué ha recibido para dar ese paso tan irrazonable y sigiloso? No lo sabemos, pero lo intuimos.

El ámbito jurídico de la guerra abarca dos áreas centrales: el “ius ad bellum” –el justo recurso a la fuerza en la relación socio-política- y el “ius in bello” -los aspectos relacionados con el sostén legal de los procedimientos dentro del conflicto armado-. Éste último es el que hemos señalado como ausente en los decretos del PEN que movilizaron las fuerzas y ordenaron el “aniquilamiento del accionar subversivo” en 1974/75. La conducción estratégica internacional -del enemigo interno- empleó ésta vulnerabilidad para trastocar su derrota táctica en un éxito político-estratégico, judicializando a la guerra, politizando a los Tribunales y quebrantando la autoestima de los militares.

Si bien esta acción también está ocurriendo en varios países iberoamericanos, en el nuestro -cuna de la maniobra- el número de prisioneros militares -en ésta etapa del estado de guerra civil revolucionario- alcanza a mil doscientos y continúa creciendo. Doscientos de ellos, mayoritariamente ancianos, fallecieron en cautiverio. Estos verdaderos rehenes políticos y la publicidad de los juicios al terrorismo de Estado, constituyen piezas fundamentales de la propaganda electoral neo-marxista, enmascarada con la bandera de los derechos humanos unilateralizados.

La citada maniobra -que transformó una derrota táctica en un éxito político- tuvo y tiene como instrumento principal de ejecución a la Justicia Federal. Pocas horas después de asumir la presidencia Raúl Alfonsín firmó los decretos 157 y 158/83. En ellos se ordenaba investigar y establecer responsabilidades en la guerra civil revolucionaria, desde 1976 en adelante. Quedaban así fuera de investigación -llamativamente- los hechos terroristas más importantes ocurridos bajo gobiernos constitucionales, anteriores a 1976.

Como correspondía, en función del régimen legal vigente, el Consejo Supremo de las FFAA se hizo cargo del decreto 158/83. Se le concedieron seis meses de plazo para dictar sentencias. Las miles de denuncias que ingresaron al Consejo mostraron a las claras la intención de saturarlo, para apartarlo de la causa. Era imposible, en el plazo impuesto, cumplir con el cometido establecido. Se lo declaró en mora y la causa pasó a la Justicia Federal, es decir, a jueces legos. Del Código de Justicia Militar, para tratar el “ius in bello”, en el fuero que legal y legítimamente correspondía, la causa pasó al Código Penal y a tribunales ajenos a la naturaleza de la materia que se tenía sobre los estrados. Mientras tanto, se apartaba -con un ascenso- al Fiscal que llevaba la investigación de los terroristas. El decreto 157/83 quedó  cajoneado, hasta que llegó la amnistía.

Éste fue el primer paso para lograr la destrucción del fuero militar y de las FFAA. Hoy ya no contamos con aquel Código de Justicia Militar, cuando -como lo veremos más adelante- la complejidad de las guerras de 4ta. y 5ta. generación así lo exigen, mucho más que en el pasado. Tampoco tenemos Tribunales de Honor. No está de más recordar antes de continuar, las palabras del Diputado Dr. Carlos Pellegrini en el recinto, al defender el establecimiento del Código de Justicia Militar a principios del siglo XX:

“No, señor presidente, no podemos equiparar el delito militar al delito civil. Sarmiento decía, una vez, repitiendo las palabras que San Martín pronunciara con relación a uno de los brillantes Coroneles de la Independencia: ‘Las fuerzas Armadas son un león que hay que tenerlo enjaulado para soltarlo el día de la batalla’. Y esa jaula, señor presidente, es la disciplina y sus barrotes son las ordenanzas y los tribunales militares, y sus fieles guardianes son el honor y el deber. ¡Ay de una Nación que debilite esa jaula, que desarticule esos barrotes, que haga retirar esos guardianes, pues ese día se habrá convertido esta institución, que es la garantía de las libertades del país y de la tranquilidad pública, en un verdadero peligro y en una amenaza nacional!” (18).

¡Cuánta distancia conceptual entre los discursos de aquellos brillantes próceres representantes del pueblo, con los legisladores de hoy! Estos últimos -en su mayoría-  han demolido las instituciones en nombre de una pseudo-revolución ya fracasada en el mundo. A aquel diputado le llamaban “el Gringo”, pero ¡qué profundas raíces tenía ese gringo en esta bendita tierra! y qué ideas tan claras, si las relacionamos con las de los pacifistas-progresistas de hoy.

Los soldados movilizados y enviados a aniquilar al enemigo interno, en una guerra civil revolucionaria, son considerados actualmente -en la Justicia Federal- vulgares asesinos. Para ello la querella niega permanentemente la existencia de la larga guerra civil y en particular, la guerra civil de la etapa revolucionaria. Allí está el núcleo del relato.

Para las organizaciones de derechos humanos ha existido un genocidio (19). Ello dio lugar a la expresión represión ilegal y como lo he dicho en calidad de testigo en los TTOOFF, quienes reprimen son los jueces penales. Los soldados combaten. En lo que hace a la expresión ilegal, le he preguntado a los fiscales: ¿a qué ley se refiere Ud.?, ¿cuál ha sido la ley vulnerada? y no obtuve respuesta satisfactoria alguna.

Si se hubiese dado a las tropas -oportunamente- la base ética-jurídica imprescindible para operar legalmente, el proceder sobre el terreno hubiese sido otro. Se los envió al combate para que “hagan lo que puedan, pero cuanto antes”. A principios del siglo XX había ocurrido algo homólogo al Tcnl Varela. Antes de partir a la Patagonia con su Regimiento,  pidió al poder político las bases legales para operar, le dijeron: “Vaya y cumpla con su deber”. Cumplió la misión y ello le costó la vida, tiempo después. Aquella lección no fue aprendida.

En el mes de agosto de 1984 fui convocado a una reunión con el ministro de Defensa, Sr. Raúl Borrás. Estaban presentes en ella el Tte Grl Fernández Torres, el Almte Grondona, el Brig González y el Grl Sánchez, destinados todos en el EMCFFAA. Se me ordenó repetir –ante el ministro- el análisis que había realizado en la mañana de ese día -en calidad de Jefe del Departamento Políticas y Estrategias de ese EM-. Se trataba de los efectos desastrosos que provocaría el decreto 158/83. Afirmé que, conceptualmente, el decreto conllevaba -sin duda alguna- la destrucción institucional de las FFAA, en breve lapso. -Desgraciadamente aquella predicción se cumplió-. Se judicializaba un hecho socio-político, que merecía solo sanciones socio-políticas, expresé en síntesis y concluí que las consecuencias serían muy graves para el gobierno, pues destruía a las instituciones centrales del Estado Nación. El ministro llamó por teléfono -en nuestra presencia- al presidente. Nos informó que los autores del decreto eran los Dres Malamud Gotti y Nino y agregó: “con seguridad, estos Sres. nunca pisaron un comité”. Al cerrar la reunión, Borrás sentenció: “a esto hay que ponerle un punto final”.

Hace cuatro años, veinticinco años después de aquella noche, fui invitado a un almuerzo en el Círculo Militar, con tres Coroneles retirados y el Dr. Horacio Jaunarena -en 1984 asesor del ministro Borrás-. Surgió el tema de marras y el Dr Jaunarena relató con detalle que un día domingo viajaron con el ministro Borrás, desde Pergamino, con destino a la residencia de Olivos. El objeto era una reunión con el presidente y los autores del decreto, solicitada por Borrás. Pincharon una cubierta del coche en que viajaban y llegaron tarde a la residencia presidencial. “Los Dres ya se retiraron”, les informó el presidente. Poco tiempo después el ministro falleció y el anteproyecto de la ley del punto final quedó en el limbo.

A partir de entonces quien permanentemente mantuvo comunicación conmigo por éste tema fue el Dr. Facundo Suárez -Secretario de Inteligencia de Estado-. En 1986, estando destinado en Neuquén, recibí su visita. Ante mi insistencia por la demora en alcanzar el punto final planteado por Raúl Borrás dos años antes, me respondió que “los asesores jurídicos del presidente entendían que el punto final no era suficiente y que había que complementar el anteproyecto de ley, con otro, el de obediencia debida”. Le respondí, parafraseando al ministro fallecido, que “los profesores de derecho, asesores, seguramente tampoco habían pisado un cuartel, pues de lo contrario sabrían que desde el establecimiento de las Ordenanzas de Carlos III, la obediencia debida existía en nuestras organizaciones castrenses”.

En Febrero de 1987 el Dr. Suárez me visitó nuevamente en Río Gallegos, sede de mi nuevo comando. Estaba muy preocupado por la situación que vivía el país. Había serios problemas políticos, económicos, sindicales y la relación con la Iglesia y las FFAA se hacía cada vez más difícil. Le señalé que ya no vivía Borrás para contener el entrismo de la renovación peronista y de la coordinadora radical en el Congreso y que el canciller Caputo -social-demócrata- se erigía en la figura dominante del gabinete ejecutivo, con el apoyo del entrismo y en desmedro de Renovación y Cambio, cuyos fundadores habían fallecido en un corto lapso. Le reiteré mis anteriores análisis y le hice notar que la morosidad para resolver los serios  problemas que se habían creado irrazonablemente, era el principal catalizador del derrumbe que le preocupaba.

Pocos días después los mandos medios del Ejército producirían los hechos de Semana Santa. Para cerrar aquella crisis militar el presidente acordó enviar al Congreso las dos leyes demoradas durante más de dos años, en un plazo menor a quince días, bajo palabra de honor. “La casa está en orden. Felices Pascuas”.

La maniobra impulsada por el decreto 158/83, origen del trastocamiento clausewitziano (21), sufría así una interrupción. Años después, en los 2000, en un discurso en una Universidad del Gran Buenos Aires el ex-presidente Alfonsín faltó a la verdad: dijo que esas leyes le fueron arrancadas por la fuerza y no fue así. La lucha interna en su gobierno demoró largamente la salida de esas leyes y de la trampera que el mismo gobierno se había creado. En la negociación abierta entre los representantes de las partes conflicto -Tcnl Vila Melo y Monseñor Medina y los Dres. Jaunarena y F. Suárez- el presidente acordó -a través de sus representantes- urgir al Congreso para normalizar el exabrupto político y jurídico introducido por el decreto 158/83. He sido testigo de ello.

Poco tiempo después hubo un intento revolucionario fallido para retomar el sendero de la explotación del éxito político-estratégico producido por el trastocamiento. Fue el asalto al cuartel del RIMec 3 de La Tablada, comandado por Gorriarán Merlo, el más experimentado cuadro del ERP. Debía homologar el ataque al cuartel Moncada, con milicianos nicaragüenses, según el plan que le fue impuesto. Fracasó, por hechos fortuitos.

Alambrados afuera del cuartel, nada se investigó. Algunos de los terroristas contratados sobrevivieron, fueron sentenciados a prisión perpetua y muy poco tiempo después, extrañamente amnistiados. Las sospechas que surgen este acontecimiento, aparentemente infundado, subsisten. El tercer movimiento histórico, como partido único, había estado muy cerca de ser alcanzado por el entrismo bipartidario que se identifica, aun hoy, como democrático -de una democracia de partido único-. Es en realidad el democratismo que encubre a la pretendida revolución neomarxista.

A partir de 1988 la pseudo–revolución inició un repliegue táctico. Transcurrieron los “malditos ´90” y luego de una seguidilla de golpes de estado civiles, con sucesivas presidencias provisorias,  se desembocó en la de Néstor Kirchner, en el año 2003.

Conocí al nuevo presidente en el año 1987 cuando se desempeñaba como intendente de Río Gallegos y yo como Cte Br I Mec XI, en esa ciudad. Nunca mostró  -entonces- inclinación alguna hacia la izquierda revolucionaria. Su acceso a la presidencia contó con muy bajo apoyo electoral -22 %,  con votos prestados-. En función de ello, asesores -ex terroristas- le recomendaron abrazarse públicamente con las abanderadas de los llamados derechos humanos. Años de relato -en los ’80- habían preparado -con éxito- a gran parte del electorado urbano para transformarlo en progresista, relativizando sus valores identificatorios. Así se inició la construcción de poder y se encubrió la acumulación de la marroquinería.

Hasta hoy, ningún medio u opositor político ha osado tratar pública y abiertamente la corrupción que encubren en nuestro país los derechos humanos en manos del neo-marxismo internacionalizado. Por el contrario: los opositores y pseudo-opositores al cristinismo dejan bien en claro -en sus actuales discursos de campaña- que “respetarán las políticas de derechos humanos”. Ello indicaría que el estado de guerra civil revolucionario, por el momento, continuará. El gobernador cordobés, sin embargo, está hablando de “pacificación” y abre una esperanza, pues seguramente será candidato en el 2015 a la presidencia de la república.

La consolidación del rumbo emprendido por la revolución nacional y popular en el 2003, conducida teleológicamente desde el exterior, tuvo su consagración política en los siguientes hechos:

• la anulación, a través del Congreso, -con la colaboración del progresismo gramsciano- de las leyes que habían pacificado al país. El estalinismo y el gramscismo socialdemócrata reiniciaban así, en colusión funcional, el largo camino de la transculturación, interrumpido por la auto-defenestración alfonsinista. El estado de guerra civil-revolucionaria continuaba su curso y la argentinización del concepto jurídico de lesa-humanidad (17 y 20) producido por la CSJ, hizo el resto.
• La alianza estratégica del gobierno argentino con el bolivariano -que con petro y narcodólares abría una nueva fase revolucionaria sub-continental, conducida por el partido comunista cubano-. Por ésta vía el chavismo regional ingresó -sigilosamente- a la guerra mundial contraterrorista global.
• El actual intento de reforma constitucional -encubierta a través de la democratización de la Justicia- y los discursos posteriores al fallo de la Corte, en particular el “antes que tarde” expresado el 20 de Junio de 2013 en Rosario, está totalmente en línea con los adelantos de Fonseca Durán relacionados con el objeto del XIX Encuentro del Foro de San Pablo, entre el 30 de Julio y el 04 de Agosto de 2013 (10): “…el cambio de la superestructura político-jurídica de la sociedad, adquiere ahora una importancia central, mientras que antes era dejada para lo último…”. Y ese “ahora”, para los argentinos tendría fecha de iniciación en las elecciones de Octubre de 2013.

1. El progresismo-pacifismo, el ius post bellum y la pseudo-revolución extemporánea.

El efecto psicológico demoledor provocado sobre la sociedad argentina por la derrota militar en el Atlántico Sur en 1982, el indisimulado reingreso del entrismo de izquierda con el gobierno alfonsinista a partir de 1983 -luego de la fallida experiencia Cámpora-, la iniciación del juicio a las Juntas Militares en 1984 y la masiva y hábil comunicación a través de los medios oficiales entre 1983 y 1989, permitieron al pacifismo-progresismo avanzar rápida y fácilmente en la huella de la enmascarada judicialización de la guerra civil contrarrevolucionaria, hecho socio-político no judiciable.

Se llevaba a las Instituciones Militares a un juicio penal en los tribunales ordinarios, expresando con hipocresía que el propósito era el juzgamiento de las cúpulas militares, exclusivamente.

La opinión pública no reaccionó ante el dislate. Tampoco lo hace hoy. En ese momento el slogan fue: “por la vida”. Quienes no apoyábamos a los juicios por los derechos humanos éramos, de hecho,  partidarios de la muerte, de la dictadura o de los genocidas. Surgieron en esos años los mitos de los “treinta mil desaparecidos”, del “plan Cóndor” o de “la apropiación ilegal de bebés”. Se consolidaban así las ONG que más arriba hemos llamado vacas sagradas de los derechos humanos. Aún hoy -en el año 2013- muy pocos son los que  se atreven con ellas, públicamente, a pesar de los desfalcos calamitosos que las envuelven y de sus falsedades insostenibles abarcadas por el relato.

La auto defenestración alfonsinista trajo un paréntesis de diez años en el estado de guerra civil revolucionario, que regresaría con la Alianza. Sin embargo, había un obstáculo: la presencia de un Presidente no subordinado al entrismo: el Dr. Fernando de la Rúa. Desde el Senado se desestabilizó al presidente, actuando nuevamente el binomio de la renovación bonaerense y la coordinadora radical. Tras una sucesión de golpes palaciegos -ya citados- se llegó al kirchnerismo.

De ésta forma y sobre las bases creadas por el alfonsinismo socialdemócrata, -aprovechando el verdadero shock producido por la crisis del 2001- a partir del 2003 el kirchnerismo estalinista anuló las leyes del punto final y obediencia debida y la CSJ modificó el universal concepto de lesa humanidad, establecido por la Convención de Roma. No habría sido posible ésta maniobra de Kirchner, sin las previas de Alfonsín. Hubo y hay una continuidad indudable de la acción pseudo-revolucionaria desde 1959, conducida siempre desde La Habana.

 Mientras el decreto 157/83 -aquel que fuera cajoneado por el fiscal Strassera- quedaba prescripto, se activaba nuevamente el 158/83. Los delitos de lesa humanidad no prescriben y sólo son aplicables –desde entonces y solo en Argentina– a quienes dependen del Estado. Veamos cómo comenta ésta extraña interpretación un jurista argentino:

“…a juicio del entonces titular de la Procuración General de la Nación, lo que distingue a un delito de lesa humanidad de un delito común son las atrocidades cometidas por los gobiernos en perjuicio de grupos civiles bajo su control y jurisdicción. O sea, un ejercicio depravado y despótico del poder gubernamental. Para la época en que fue emitido este dictamen posiblemente todavía estaba en boga la citada teoría. Pero a la fecha, la misma es inaplicable. El derecho internacional humanitario consuetudinario nos señala que pretorianamente los Tribunales Internacionales llegaron a la conclusión de que quien o quienes no pertenecen a un gobierno ni integran organizaciones cuasi-gubernamentales, pueden ser imputados como autores de tales delitos gravísimos. Desde hace años ya no es una condición de procedibilidad, como pretende la Procuración General, la pertenencia a un gobierno o a una organización afín a él. Prueba de ello es la cantidad de civiles en tales condiciones, guerrilleros o líderes de organizaciones marginales que se encuentran imputados ante la Corte Penal Internacional” (22).

El ius post bellum fue y es parte central del relato. Ha sido la vía de explotación del éxito político-estratégico revolucionario, con el objetivo de la destrucción institucional del núcleo duro del Estado Nacional: las FFAA. Estamos viviendo, en los comienzos del invierno del año 2013 el intento de democratización de la Justicia. Si éste objetivo -dictado por el Foro de San Pablo- se alcanzara luego de los repetidos intentos fracasados, el poder político hegemónico ya logrado, se consolidaría en partido único, dependiente de las dos centrales neo marxistas establecidas en La Habana y París, que operan de consuno desde el Foro de San Pablo en el ambiente de una situación internacional “licuada”.

Además, si se perdiera la independencia judicial, el actual estado de guerra civil revolucionario daría paso al Estado fallido y al franco y abierto ingreso a la guerra mundial contra-terrorista global en desarrollo. La Argentina se convertiría en un espacio santuario del crimen organizado internacional y de los intereses políticos y privados asociados a aquel.

La pseudo-revolución extemporánea habría logrado un objetivo importante, muy probablemente a través de la vía anticipada por la reciente confesión premonitoria de un anciano ex guerrillero de los ’70: “Como los ‘aprendices de brujo’, habían desatado fuerzas que no sabían cómo controlar sin invocar a la muerte, hasta el fin” (23).

Dedicaremos unos renglones finales al ius in bello, que es la cuestión que se dirime hoy en los estrados penales federales, referido a los procedimientos tácticos. La justicia penal federal es el punto de apoyo que -en el tiempo- ha permitido alcanzar el grado de avance del actual proceso pseudo-revolucionario encubierto. Ello ha desquiciado torpemente a la jurisprudencia penal nacional. El Tcnl Nanni -Héroe de Guerra- ha publicado un artículo titulado 30 Aberraciones jurídicas cometidas por jueces prevaricadores. En él señala, entre otras cosas: “La que sigue es la lista de los derechos humanos que violentan los jueces para satisfacer las órdenes del gobierno y privar de la libertad a quienes, con sus aciertos y errores, tuvieron la responsabilidad de liberar a la Nación Argentina y a su pueblo del flagelo del terrorismo. Demoraron más de 30 años para llegar a la instalación del actual “modelo” del matrimonio Kirchner, caracterizado por el atraso, el odio, la revancha, la miseria, la corrupción y por el desinterés en todo lo que tenga que ver con la educación, la salud, la pobreza, la indigencia, el desempleo, las relaciones exteriores, la Defensa Nacional, la economía, la energía, la seguridad, la cultura y muchos etcéteras más. Veamos:

1. Violación del principio de legalidad.
2. Conversión de juzgados en remedos de tribunales revolucionarios.
3. Anulación de los indultos que los beneficiaban, dejando vigentes –en una desvergonzada decisión propia de estados totalitarios– los que protegían a los miembros de las organizaciones terroristas.
4. Anulación de las leyes llamadas de obediencia debida y punto final.
5. Condena por aplicaciones de prisiones preventivas permanentes y no ajustadas a sus fines cautelares.
6. Violación del principio constitucional de presunción de inocencia.
7. Violación del principio establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional que establece que ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, ni sacado de los jueces que designaba la ley antes de los hechos de la causa.
8. Imputación de delitos de “lesa humanidad” y de la figura de “genocidio”, categorías que no existen en el Código Penal ni en la Constitución Nacional.
9. Violación del principio de irretroactividad de la ley penal.
10. Violación del principio de cosa juzgada y negación de los derechos adquiridos (non bis in ídem – no dos veces por lo mismo).
11. Inobservancia de la garantía constitucional del derecho de defensa.
12. Aceptación de querellantes a personas y organizaciones que no están procesalmente justificadas para ser consideradas como tales.
13. Violación del principio de aplicación de la ley más benigna.
14. Aceptación de testimonios mendaces y testigos falsos.
15. Negación de excarcelaciones bajo fianza.
16. Violación del principio de prescripción de los delitos comunes imputados.
17. Violación del principio de igualdad ante la ley.
18. Interpretación del crimen por analogía y desconocimiento de la responsabilidad individual.
19. Violación del principio de territorialidad.
20. Permanente adaptación del derecho a las necesidades políticas.
21. Rechazo de testigos de las defensas y aceptación como prueba de cargo de dudosos testigos de la acusación
22. Cercenamiento del derecho a repreguntar a testigos.
23. Inversión de la carga de la prueba.
24. Cercenamiento a los defensores del control de la producción de la prueba.
25. Negación de prisión domiciliaria a ancianos octogenarios enfermos.
26. Inobservancia de la garantía de intervención del juez dentro de su competencia.
27. Negación al acceso a la educación al prohibírseles a los Presos Políticos toda posibilidad a estudiar (Resolución del Plenario del Consejo Superior de la UBA).
28. Inobservancia de la garantía constitucional del juez imparcial.
29. Negación por negligencia criminal al acceso a un sistema de salud.
30. Introducción de la accesoria de la pena de muerte por abandono de persona”.

Este largo listado de aberraciones jurídicas y la ausencia de una inmediata y masiva reacción de los profesionales del derecho y de la sociedad, ante su ocurrencia, dan una idea del grado de demonización al que fueron llevadas las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales, por el entrismo neomarxista a través de la acción comunicacional oficial, con el apoyo de ciertas falaces ONG. Aún hoy, periodistas independientes fuertemente críticos del actual gobierno, retienen el discurso de los derechos humanos unilaterales, inaugurado en los años ´80.

El cuestionamiento se concentró en algunos procedimientos de las fuerzas legales en su combate frente al horror del terror revolucionario agresor y, llamativamente, el querellante fue y es el mismo Estado que ordenó el “aniquilamiento” sin darle bases éticas y jurídicas a las tropas.

 La ejecución del vaciamiento institucional continúa a través de los órganos de derechos humanos nacionales, provinciales y municipales, normalmente dirigidos por ex terroristas o sus simpatizantes. Paradójicamente, repetimos, es el mismo Estado que omitió impartir a las tropas las bases éticas y jurídicas que correspondían al empleo de fuerzas en el marco interno, el que gobernado hoy por la pseudo-revolución agresora que no ha cesado en su actitud hostil, es el que retiene el estado de guerra civil revolucionario por medio de la justicia federal. Éste grave fenómeno socio-político es ignorado por la mayoría de los dirigentes y la casi totalidad del electorado.

El blanco a captar como apoyo indispensable al neomarxismo posmoderno -desde 1983- es la opinión pública. En particular la de la clase media urbana. Éste es el aporte fundamental del gramscismo progre al proceso revolucionario conducido actualmente por los estalinistas. La estrategia de aproximación indirecta conducida por el camino del trastocamiento clausewitziano de los ’80 ha logrado, en los 2000, el objetivo perseguido desde 1959. Lo hace con la explotación de las consecuencias de la violencia terrorista de los años ’70 y la conquista democrática de los ´80, pero sin haber alcanzado la consolidación del partido único. Éste es el intento que estamos viviendo en el 2013 con el asalto al poder judicial remanente, para lograr la reforma de la Constitución por vía del derecho. Eventualmente, si no se lo lograra, será por la de hecho y así anular a la República, es decir, a la división de poderes, como objetivo intermedio. La re-re, es la cortina de humo pero el “a fin de”, tengámoslo muy presente, es lograr el partido único. Este objetivo exige retener mayoría en el Congreso Nacional después de Octubre de 2013.  

Los “herbívoros” socialdemócratas abrieron en los ‘80 la huella y los “carniceros” estalinistas avanzaron por ella con el entrismo revolucionario que licuó a los partidos tradicionales, destrozó a las instituciones y a numerosas familias, a los valores culturales históricos de la sociedad y a la confianza en el país. La dirección unificada político/estratégica de ambos neo marxismos, establecida en el Foro de San Pablo, se apresta a dictar las directivas para relanzar el proceso revolucionario el próximo 04 de Agosto de 2013 (10), agotado el tiempo y el poder que dispuso el chavismo entre el 2003 y el 2013. Se lograron varios objetivos intermedios, pero no el objetivo final.

El actual estado de guerra civil revolucionario hace un empleo lato y esporádico de la violencia, desde la simple coacción, amenaza o extorsión, hasta alcanzar -eventualmente- los extremos de la máxima violencia por la natural tendencia del “ascenso a los extremos” que citaba Clausewitz. Así se podría llegar hasta la guerra total. Brasil está viviendo el fenómeno,  sorpresivamente, mientras aguarda la visita del Papa Francisco. La Argentina lo presiente, lo intuye o percibe, teniendo como válvula de descompresión social las elecciones de Octubre de 2013 y una ayuda indudable, difícil de medir: el discurso y la acción de SS Francisco.

Cuando hay Estrategia -es decir, estrategas- hay una dirección y una proporcionalidad entre fines y medios. ¿Tenía o tiene la Argentina a esos conductores formados en esa ciencia y arte? No, no los tuvo ni los tiene, en el Estado. ¿Podemos entonces responsabilizar por los procedimientos a quienes han sido meros ejecutores institucionales del aniquilamiento ordenado en los ´70? Al hacerlo se vulnera la ética de gestión entre medios y fines.

Treinta o cuarenta años después de ocurridos los hechos se inculpa -normalmente de modo falso o impreciso- a una mayoría de jóvenes que con veinte o veinticinco años de edad cumplieron órdenes que no podían ni debían analizar. En las culturas débiles, no es extraño proyectar culpas, y éste es un caso ostensible.

La guerra justa es un tema filosófico en debate desde la antigüedad. El concepto lleva a unificar en uno solo a dos planos diferenciados: el legal y el moral. Dentro de nuestra cultura, San Agustín y Santo Tomás establecieron como legítimo el ingreso a una guerra cuando exista una “causa justa”. Para ello Santo Tomás estableció tres condiciones (24):

• Que fuera convocada por un Príncipe -en nuestro caso, el Estado-.
• Una razón justa y
• Una recta intención -la búsqueda de la Paz, evitando crueldades-.  

En nuestro caso las dos primeras condiciones estuvieron perfectamente justificadas. Con referencia a la tercera, sin duda que buscábamos la Paz, pero como hemos afirmado más arriba y lo ratificamos ahora, “evitar crueldades” era una responsabilidad moral y legal, exclusiva y excluyente del plano político. Esa responsabilidad no se cubrió. No se dictó el soporte ético-jurídico para el empleo de la fuerza en una guerra civil, interna, no convencional.

Se había iniciado con éxito la apertura de la Cámara Federal en lo Penal -“el Camarón”- conformada por siete jueces que llegaron a dictar numerosas sentencias en casos de terrorismo. El 25 de Mayo de 1973 el gobierno Cámpora la eliminó y salieron a la calle, en ese mismo día, los terroristas encarcelados y hasta presos comunes, en un acto de justicia revolucionaria o popular. Éste hecho, el asesinato del Juez Quiroga y las amenazas al resto de los jueces de éste Tribunal, impidieron su restablecimiento (25). La situación caótica que se vivía en aquellos momentos dejó sin amparo legal a las tropas -poco tiempo después de la expulsión de Cámpora- cuando fueron movilizadas en todo el país.       

Teólogos y juristas del calibre de Francisco de Vitoria (1483-1546) o Francisco Suárez (1548-1617) consideraron como casus belli una injuria recibida o la necesidad de protección de inocentes. Tal era nuestro caso. Maquiavelo (1469-1527) sentenció: “toda guerra es justa desde el momento que es necesaria” y en 1974, en nuestro país, era muy necesaria. Había un clamor generalizado y masivo para terminar con el terrorismo.

Kant (1724-1804) un reconocido pensador idealista, apuntaba: “La guerra es ciertamente el medio tristemente necesario en el estado de naturaleza, para afirmar el derecho por la fuerza (estado de naturaleza donde no existe ningún tribunal de justicia que pueda juzgar con la fuerza del derecho). En la guerra ninguna de las dos partes puede ser declarado enemigo injusto (porque esto presupone ya una sentencia judicial) sino que el resultado entre ambas partes decide en qué lado está el derecho (igual que los llamados Juicios de Dios)” (26). -Los subrayados son nuestros-.

El decreto que ordenaba el aniquilamiento del enemigo interno buscaba, como lo expresan sus considerandos, “afirmar el derecho por la fuerza”, pero al no hacerlo según las exigencias agonales de la guerra interna, creó una vulnerabilidad que trastocó “el resultado entre ambas partes”. Paradójicamente el “derecho” quedó en manos del vencido en combate y el objetivo abstracto e inmediato los derechos humanos, en manos del agresor leninista que históricamente jamás respetó. Esta realidad está a la vista de todos, pero no se asume. Se mira, pero no se ve. Es algo ya consagrado y de eso no se habla, so pena de ser socialmente crucificado. Los analistas hablan de un pueblo “anestesiado” pero – llamativamente- no descubren porqué no hay reacción.

Los iusnaturalistas dan como válida a la guerra justa. Al positivismo le es suficiente que sea legítima, para ser justa. Carl Schmitt (1888-1985) sostenía: “La justicia no está incorporada en el concepto de guerra. Esto ya es reconocido, de manera generalizada, desde Grocio (1583-1645) en adelante. Las concepciones que postulan una guerra justa, sirven a un fin político” (27).

La justicia fue siempre la de los vencedores en combate. Los vencidos eran los criminales de guerra. A los generales vencedores, a lo sumo, se los sancionaba negándoles un título nobiliario. Pero la victoria -táctica- en combate puede trastocarse en derrota estratégica y política. Lo hemos vivido a fines de los ´80, cuando los mandos medios y los grados subalternos preguntaban al alto mando militar y político, por efecto del decreto 158/83: “¿Para qué derramamos nuestra sangre?” -mientras el Alto Mando ingenuamente entendía que debía librar la “batalla jurídica”-. Fue en 1987, cuando ocurrieron los hechos de Semana Santa.

Federico (1712-1786) decía que él hacía la guerra y dejaba a los filósofos su justificación. Norberto Bobbio (1909-2004) (28) -académico del derecho y socialdemócrata italiano- expresó que “la guerra puede ser justa para las diferentes partes involucradas, pues no hay un órgano superior que dictamine sobre ello”.

A partir de la 2da guerra mundial -1945- es el Consejo de Seguridad de la ONU quien tiene esa responsabilidad, pero éste es un organismo político y no estrictamente jurídico, que entiende en los conflictos que afecten la situación internacional. Cuenta para ello -en el Derecho Internacional- con la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales. Pero en las guerras civiles -internas, no convencionales, ajenas a la Convención de Ginebra- es el Estado Nacional y el derecho nacional quienes deben normar el empleo de la fuerza militar frente a bandas armadas de connacionales que cambian de identidad y atacan a la Constitución Nacional.  

D’Ors (1915-2004) (29) tiene una frase muy interesante al respecto: “…la guerra mundial de nuestros días es, en cierto modo, una guerra civil de la humanidad…entre la guerra civil y la guerra internacional no hay una diferencia tan esencial”. Se está refiriendo a la guerra mundial iniciada en el 2001, en el ambiente de la globalización planetaria.

Seguramente nuestros legisladores no consideraron a estos conceptos y nos dejaron -irresponsablemente- en total inseguridad nacional, estratégica y pública, externa e interna. Para ellos la guerra civil revolucionaria no existió, ni existe el actual estado de guerra. En el 2013 las FFAA reciben -desde el plano político- la misión de cuidar a los inertes recursos naturales, ¡pero aún no sabemos cuál es la voluntad inteligente que los pretende por la fuerza! En realidad, ocurre que la legislación vigente impide prever los verdaderos riesgos y amenazas estratégicas presentes y futuras -que ya están activos en el marco interno y regional-. No prevemos la guerra ni administramos la Paz. Ello, aquí y ahora es legal, pero no es legítimo ni constitucional. Entendamos: la guerra se prevé ¡para que no llegue!.

La total inseguridad imperante es comentada diariamente por un sinnúmero de diletantes que jamás aciertan con sus verdaderas causas. Aquellos legisladores (1988 y 1991) y sus vigentes y perversas leyes de inseguridad, imposibilitan a las FFAA el cumplimiento de su misión constitucional. Esas leyes han ocasionado más muertes –en una aparente situación de paz: el estado de guerra civil revolucionario- que las guerras que vivimos en la segunda mitad del siglo XX.

Un recto caballero soldado -quien fuera mi Jefe de Estado Mayor en el Cdo Br I Mec XI en 1987- hoy sentenciado injustamente a prisión perpetua, ha escrito desde la cárcel un análisis muy acertado, referido a la situación judicial de la que ha sido víctima en el ius post bellum  (30): “Los fallos de la CSJN en los Fallos Arancibia Clavel y Simón (327:3312 y 328:2056 respectivamente) en principio fundamentados por mayoría en el derecho consuetudinario  –inexistente en el derecho penal– determinaron la imprescriptibilidad de los delitos llamados de lesa humanidad: éste es otro ejemplo de la coherencia y recíproca aquiescencia entre la CSJN y el PEN, dados los antecedentes y fundamentos de orden constitucional y jurídicos que a continuación pasaré a mencionar: (35)

1) Los delitos aludidos que han dado motivo a su tramitación, han operado la prescripción, ya que ha transcurrido con holgura y sin interrupciones el plazo máximo establecido en el inciso 2º del Art. 62 del Código Penal.

2) Como lo sostiene en forma inveterada la CSJN, la prescripción de la acción penal es una cuestión de orden público que se produce de pleno derecho y que debe ser declarada aún de oficio (fallos 207:86, 275:241, 297:215, 301:339, 310:2246, 311:1029,312:1351, 313:1224; 322:300, 323:1785, 333:1987).

3) El Art. 31 de la Constitución Nacional establece “la prelación de las normas colocando en primer lugar a la CN y sus garantías personales, insertas en la primera parte de la misma”.

4) El Art. 72 Inciso 22 de la CN establece que las declaraciones y tratados “en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”.

5) El Art. 18 de la Constitución Nacional expresa: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en Ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”.

6) El Art. 27 de la Constitución Nacional establece que el gobierno federal está obligado a afianzar las relaciones de paz y comercio con otras potencias extranjeras “por medio de tratados que estén en conformidad con los principios del derecho público establecidos en esta Constitución”. Por lo expuesto, la aplicación retroactiva de la Convención sobre Imprescriptibilidad violaría el principio de la legalidad.

7) Los tratados que mencionan que nadie puede ser penado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable, son: (a) Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos – 1789 – Artículo 8. (b) Convención europea de los DDHH, Art. 15, Inc. 1. (c) Declaración Universal de los DDHH Art. 11 Inc 2 (d) Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Art. 15 Inc. 1 (e) Convención Americana sobre DDHH, Art. 9 (f) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, Art. 24 Inc. 1 (f) Reserva realizada por el Estado Argentino por Ley 23313, Art. 4: “El Gobierno Argentino manifiesta que la aplicación del apartado 2º del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos deberá estar sujeta al principio establecido en el Artículo 18 de la Constitución Nacional”

Asimismo, y respecto de lo hasta aquí explicitado, el Código Penal de la Nación establece, en su Artículo 2: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuese distinta de la que existe al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”.

De la misma forma, el Código Procesal Penal de la Nación, en el Art. 1, establece: “Nadie podrá ser juzgado por otros jueces que los designados de acuerdo a la Constitución Nacional y competentes según leyes reglamentarias, ni penado sin juicio fundado en ley anterior del proceso conforme a las disposiciones de esta ley, ni considerado culpable mientras una sentencia no desvirtúe la presunción de inocencia de la que todo imputado goza, ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”.

Por todo lo hasta aquí señalado – en definitiva – tópico que podría ser fácilmente ampliado por cualquier constitucionalista independiente, da pruebas acerca del significado del título: La CSJN fue coherente con el Gobierno K al no oponerse y mirar para el costado a las inconstitucionalidades cometidas a los efectos de coadyuvar al sostén ideológico, la venganza y la destrucción de las FFAA de la Nación a fin de consolidar el objetivo de la Guerra fijado por la subversión internacional.

Ahora bien: el tiempo fue pasando inexorablemente y el Gobierno Nacional comenzó a chocar con la CSJN; en un principio, por desobediencias por parte del Ejecutivo sobre fallos de la Corte, luego por fallos que respondían estrictamente a los mandatos de la Constitución Nacional (tan parcialmente no podían fallar a los ojos del mundo), como por ejemplo sobre la expropiación de la Sociedad Rural Argentina y luego por dictámenes sobre la Ley de Comunicación Social entre los más resonantes o mensajes subliminales de un lado y de otro y/o mensajes directos ofensivos por parte del PEN hacia el Alto Tribunal y/o a sus miembros en forma individual. 

Hasta este momento, el punto culminante llegó con la promulgación de la “Ley sobre la Democratización de la Justicia”: con ella se iniciaron presentaciones y sentencias de tribunales sobre la inconstitucionalidad de dicha Ley, apelaciones y la llegada por fin del “per saltum” a la CSJN quien, apegándose a la Constitución Nacional (al decir de Profesionales: “sobre la base de 5 artículos de la CN”), declaran la inconstitucionalidad de dicha Ley alcanzándose así el “límite de la vergüenza ajena” en el enfrentamiento entre el PEN y la CSJN: improperios de un lado y defensa técnica del otro dan como epílogo el desprestigio global y la prueba contundente de la incoherencia por parte de la CSJN
cuyos integrantes, a excepción de dos de ellos en el caso de los DDHH y de uno en el caso de la Democratización de la Justicia, fueron incoherentes, pues en un caso se apoyaron vulnerando la CN, los Tratados, el CPN y el CPPN para satisfacer una política de estado parcial y congruente con el objetivo de la guerra que el sector subversivo perseguía y, en el segundo caso, dado que tocaron a la corporación judicial, se apoyaron justamente en la CN para declarar a la Ley inconstitucional: impensable lo primero, republicano lo segundo pero imperdonable la incoherencia, pues no habrá una mayor virtud para la Justicia que ser ciega, equilibrada y justa. La CSJN ha sido responsable en esta búsqueda del camino hacia el Régimen Socialista del Siglo XXI, porque debió haber advertido su rumbo antirrepublicano: era su deber. La incoherencia los puso al descubierto.” (Las negritas y subrayados son nuestros).

Desde la soledad de su celda el Sr. Cnl Toccalino expresa la “imperdonable incoherencia” de una Justicia que el periodismo ha llamado “tuerta”. Ocurrió lo que señaláramos tempranamente -en 1984- al ministro Borrás: la “politización de la Justicia” provocada por el decreto 158/83. La incoherencia señalada, es hija de la politización. El ataque al Poder Judicial, bajo el encubrimiento de su “democratización”, pretende completar la subordinación de ésta institución al poder ejecutivo. Al legislativo -hasta Octubre- se lo tiene asegurado.

 El relato llama a estas acciones “mayor calidad institucional”. Lamentablemente la Justicia no reaccionó cuando, a través de ella misma -en su rama Federal- se atacó torpemente a las FFAA. Los ejecutores, jueces y fiscales prevaricadores -y no son pocos-  olvidaron el ABC del derecho penal. Aceptaron y se avocaron a causas que correspondían al fuero militar: no eran los jueces naturales de los soldados victoriosos, sino funcionarios legos que desconocen absolutamente la materia que hoy está sobre sus estrados: una guerra muy limitada, no convencional, impuesta por un agresor terrorista a un cuasi-Estado cuya inteligencia, la Política, lanzó improvisadamente sus tropas al combate, en total desamparo ético-jurídico.

Éste desatino jurídico-institucional hoy se homologa contra el Poder Judicial que lo consintió y que asumió en los tribunales federales las frases hechas del enemigo agresor: “la represión ilegal”, “el genocidio”, “los campos de concentración”, etc., probablemente por la presión de los acontecimientos que rodearon en su origen de la maniobra de trastocamiento.

El actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que la forma de encarar los juicios de derechos humanos es “el resultado de una decisión política”: “Creamos una comisión interpoderes y pudimos llevar adelante una política de Estado” (12-8-2010). A confesión de parte, relevo de prueba (33).

El Dr Santiago Nino argumentó, en apoyo al exabrupto jurídico de marras: “Alguna forma de justicia retroactiva por violaciones masivas de los derechos humanos, brinda un sustento más sólido a los valores democráticos” (33). No es necesario ser jurista ni profesor de derecho para conceptuar semejante opinión ideologizada. Los valores “democráticos” del Dr Nino subordinan a los valores constitucionales y legales, siendo un profesional del derecho. Ésta es una clara demostración más del nivel de confusión existente en nuestros dirigentes pacifistas-progresistas.

El jusinternacionalista cordobés Dr. Antonio María Hernández ha señalado, certeramente: “La justicia federal está en manos de los derrotados de ayer, que están sembrando de irregularidades el camino de la supuesta justicia, que es sólo revancha”.

A ello agrega el Dr Daniel Pastor: “Existe una suerte de pensamiento único aceptable en la materia, que trata de ser ferozmente impuesto y que recurre a la difamación del objetor, a ejercer todo tipo de presión sobre los magistrados disidentes y a la censura de cualquier intercambio democrático de opiniones en torno al tema”.

En el mes de Octubre de 2013 hay elecciones legislativas. Si la pseudo-revolución pierde sus mayorías en las Cámaras, el pato rengo se distancia de una eventual reforma constitucional revolucionaria y el objetivo partido único se le hace inalcanzable, por esa vía.

Mientras tanto el periodismo insinúa la “chavización de los militares” (31) a partir del relevo de los altos mandos de las tres Fuerzas, extemporáneamente, a mitad de año. Ésta anormalidad, llama a la atención. Si la insinuada chavización se confirmara, estaríamos en presencia de lo que hace más de medio siglo Samuel Huntington llamara el “control civil subjetivo de los militares” (32). Las FFAA dejarían de ser de la Nación Argentina para ser la fuerza pretoriana de un partido, como lo eran en la URSS o lo son en Cuba.

Estaríamos en presencia de la politización de las FFAA, tal como ya ocurre con parte de la Justicia desde el 2003, y aun antes. La directa intervención del CELS -una ONG privada conducida por un ex terrorista- en los ascensos y destinos del alto mando militar, ha dañado totalmente, en la última década, a la disciplina imprescindible de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales.

El desequilibrio estratégico regional muestra a una Argentina unilateralmente desarmada y a nuestros principales vecinos que aprovechando las experiencias acumuladas por Buenos Aires en sus dos guerras posnucleares, han reestructurado a su Defensa Nacional,   modernizado sus sistemas de armas, elevado el nivel de capacitación de sus cuadros y multiplicado sus presupuestos de Seguridad Nacional.

Nuestro país, único actor iberoamericano que vivió las dos especies de guerras posnucleares durante la guerra fría, hizo exactamente lo contrario. En 1983 puso proa al pasado, agravó los enfrentamientos sociales -el estado de guerra civil revolucionario-, alentó la destrucción de nuestros valores, negó el ingreso argentino a la etapa de la civilización del conocimiento, aumentó la pobreza y la desconfianza y llega al año 2013 en total indefensión e inseguridad pública, transitando dificultosamente los últimos pasos de la etapa chavista de la pseudo-revolución.  

El progresismo pacifista de nuestra dirigencia está demoliendo al Estado y negando un futuro esperanzado a los argentinos, en unidad y progreso. Consciente o inconscientemente, pero con indudable irresponsabilidad, retienen la discordia y la actitud hostil del agresor, es decir: el estado de guerra civil revolucionario. Es -esa secta- una dirigencia resentida, prejuiciosa y dogmática, cuya carencia de ideas, conceptos y propuestas de Gran Política son reemplazadas por una mera ideología arqueológica, que se agota en un retro-populismo demagógico. Por ello creo conveniente repetir aquí, nuevamente, una expresión del Dr Juan Álvarez, ya citada en la Pág.2: “Ningún hombre culto tiene el derecho de ignorar las experiencias que nos legó el pasado; y si nuestro pueblo las conociera a fondo, nunca olvidaría lo que en todo momento debe estar en el recuerdo de los argentinos” (5).

Cierro este trabajo el 09 de Julio de 2013. Lo hago recordando una Homilía de Fray Mamerto Esquiú, hace exactamente 160 años, el 09 de Julio de 1853 en la Catedral de San Fernando del Valle de Catamarca, en homenaje a la Constitución Nacional recientemente sancionada. Aquellas palabras debieran ser releídas por todos los argentinos y muy especialmente por los hombres que han abrazado por vocación al Derecho o han jurado cumplir la Constitución, como funcionarios políticos.

“…Obedeced, señores: sin sumisión no hay ley; sin ley no hay verdadera libertad: existen solo pasiones, desorden, anarquía, disolución, guerra y males de que Dios libre eternamente a la República Argentina, y concediéndonos vivir en paz y en orden sobre la tierra, nos dé a todos gozar en el Cielo de la bienaventuranza en el nombre del Padre, en el del Hijo y en el del Espíritu Santo, por quien y para quien viven las cosas. Amén”. (Los subrayados son nuestros).

NOTAS:

• Federico Aznar Fernández Montesinos. “Sobre la guerra justa. Una visión politológica”.es. 30 Abr 13. www.ieee.org.es
• Gastón Bouthoul. “La Guerra”. Oikos-tau. 1971.
• Heriberto J. Auel. “Democracia, Fuerzas Armadas, Seguridad y Sociedad”. Conferencia Subregional 2011. Santiago de Chile. Jul 11. ieeba.com.ar
• Carlos von Clausewitz. “De la Guerra”. 594. Biblioteca del Oficial. Círculo Militar. Jun 68.
• Juan Álvarez. “Estudio sobre las Guerras Civiles Argentinas”. 238. Biblioteca del Oficial. Círculo Militar. Ago 38.
• Op. Cit.
• Juan Bautista Alberdi. “Obras Selectas”. Roldán. 1920.
• Joaquín V. González. “El Juicio del Siglo”. Ed. de América Latina. 1979.
• Federico G. Auel. “La Argentina y la probabilidad de llegar a la situación de “Estado Fallido como riesgo estratégico en el mediano plazo”. Licenciatura de Estrategia. Universidad Maimónides. 2010. www.ieeba.com.ar
• Carlos Fonseca Terán. “La Izquierda Latinoamericana ante sus Nuevos Desafíos”. 16 May 13. forodesaopaulo.org (Este autor es hijo de uno de los fundadores del sandinismo nicaragüense)
• Federico Aznar Fernández Montesinos. “El terrorismo como narración”. May 13. www.ieee.org.es
• André Glucksmann. “El Discurso de la Guerra”. Anagrama. 1969.
• José María Blanco Navarro. “Obama, Terrorismo y Seguridad Líquida”. 23 May 13. www.ieee.org.es
• Lluis Bassets. “Obama se rebela”. El País. España. 03 Jun 13. elpais.com
• Claudio Chaves. “Fin de Ciclo”. 16 Jun 13. opinion.infobae.
• Esta perversa legislación ha producido más muertes de argentinos que la sumatoria de todos los combates de la década del ’70 y la guerra del Atlántico Sur del ‘82.
• Diccionario Enciclopédico Salvat. 1957.
• Carlos Pellegrini. “Discursos legislativos”. directoriolegislativo.org/
• Diccionario Militar. Tomo II. Bibliográfica Omeba. 1962. “Genocidio: Crimen contra el Derecho de Gentes. Consiste en el exterminio de grupos humanos por razones raciales, políticas o religiosas, o en la implacable persecución de aquellos por estas causas”. Ninguna de estas condiciones se cumplen en nuestro caso: marco interno, donde no rige el Derecho de Gentes sino el Derecho Nacional y no hubo persecución alguna, sino “aniquilamiento” del terrorismo agresor. Cabe agregar que los Estados, como tales, no pueden ser penados.
• Ricardo Gil Lavedra. “No banalizar los delitos de lesa humanidad”. La Nación. 18 Jun 13. Llama nuestra atención la extrema tardanza de éste abogado para apercibirse de lo que ocurre con el tratamiento de los delitos de lesa humanidad en los TTOOFF. Además, sigue sin hablar del terrorismo agresor y sus atrocidades, pero se ha dado cuenta -impulsado por expresiones del Gobernador De la Sota acerca de la “pacificación nacional”- años después de los hechos en desarrollo en los estrados penales federales expresando, en tiempo de elecciones: “no se puede consentir que en las investigaciones y los juicios referidos a delitos de lesa humanidad, no se observen estrictamente todas las garantías procesales que la Constitución nacional y los tratados internacionales aseguran a los imputados, sin distinción alguna. Tampoco puede admitirse que se efectúen imputaciones por presuntos delitos de lesa humanidad de un modo ligero, sin una correcta verificación de la alta probabilidad de que concurran los requisitos que caracterizan a tales delitos. ¿Cómo puede explicarse tal retardo en un experimentado jurista, candidato a una diputación del progresismo social-demócrata? Y, ¿qué hizo o que hará al respecto?. ¿Se habrá enterado que doscientos ancianos han muerto en prisión sin la atención médica pertinente y normalmente con cinco a doce años de prisión preventiva?. Eso tampoco “se puede consentir”. De hecho el diputado “consiente” la reformulación argentina de la figura penal de lesa humanidad. O dicho de otro modo, “consiente” que los terroristas no deben ser juzgados por delitos de lesa humanidad.
• Heriberto Justo Auel. “Política y Estrategia Internacional Contemporánea”. Módulo 8. 2009. Ed. Inter American Institute for Democracy. EEUU.
• Manuel Figuerero. “Capítulo 627”. El Yo Acuso Argentino. 13 Jun 13.
• Héctor Ricardo Leis. “Un Testamento de los Años ‘70”. Katz. CABA. 2013.
• Santo Tomás de Aquino. “Summa Teológica”. 2-2, 40, 4.
• Juan Bautista Jofre. “Nadie Fue”. Sudamericana. CABA. 2008.
• Immanuel Kant. “La Paz Perpetua”. Ed Tecnos. Madrid. 1985.
• Carl Schmitt. “El Concepto de lo Político”. Alianza. Madrid 1991.
• Norberto Bobbio. “El problema de la guerra y las vías de la paz”. Ed. GEDISA. Barcelona. 1992.
• Álvaro D´Ors. “De la guerra y de la paz”. Rial. Madrid. 1954.
• Jorge Toccalino. “La Incoherencia de la CSJN”. Penal de Ezeiza. 30 Jun 13.
• Alfredo Leuco. “Chavizar a los militares”. 04 Jul 13. continental.com.ar
• Heriberto Justo Auel. “Relaciones Cívico Militares, Reconstrucción del Estado y de la Defensa Nacional y Regional-Continental en Iberoamérica”. www.ieeba.com.ar
• Díaz Araujo, Enrique. “Lesa humanidad”. Universidad Católica de La Plata, 2012
• Papa Francisco. “Encíclica Lumen Fidei”. 05 Jul 13. ieeba.com.ar
• El Dr. Carlos Fayt, en el caso Simón votó en disidencia expresando: “Pese al indiscutible carácter aberrante de los delitos investigados en esta causa, sería de un contrasentido inadmisible que por ese motivo se vulneren las garantías constitucionales básicas de quien se encuentra sometido a proceso. Precisamente, el total respeto de esas garantías y de un derecho penal limitado son las bases sobre las que se asienta y construye un verdadero Estado de Derecho” (considerando 95). El subrayado es nuestro.

 

 

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Abril 29, 2021

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