Todos los países europeos cuentan con más o menos casos anuales de ocupación ilegal de viviendas -es bueno aclaralo aunque parezca redundante, ya que en Argentina pareciera tener otra figura jurídica- y su manera de afrontarlo va variando entre estados. Algunos como Portugal tienen una regulación bastante similar a la española y otros como sus vecinos franceses implementan medidas más eficaces para los primeros días.
En Holanda creen que han dado con la solución ideal para evitar la ocupación de una vivienda. Una empresa llamada Ideal Guardian propone un modelo que consiste en buscar residentes para que vivan en los edificios vacíos de forma temporal, de modo que quienes se alojen en ellos puedan disfrutar de un hogar a la vez que los propietarios de los inmuebles evitan los riesgos.
Básicamente, lo que propone esta empresa es llegar a un acuerdo con personas que necesiten casa para que vivan durante un tiempo en los pisos vacíos hasta que su dueño decida o consiga venderla. A cambio, este último se asegura que su vivienda estará en buenas manos y no deberá preocuparse por destrozos o algo peor que pueda suceder. “Todo el mundo gana: el vecindario, el propietario y los inquilinos”, señala el director ejecutivo de la compañía, John van Haaren.
Esta empresa, que opera también en otros países europeos como Reino Unido, Francia, Alemania, Irlanda, Finlandia, Dinamarca y Bélgica, llegará a España y busca dar un hogar temporal en 2021 a 5.000 personas en edificios vacíos en toda España.
El código penal actual en España esteblece sanciones diferentes para los que ‘okupan’ viviendas de forma ilegal dependiendo de si se ha hecho de forma violenta o no. Fija penas de prisión de uno a dos años para quienes ‘okupen’ con violencia o intimidación, además de las penas propias por la violencia ejercida. En el resto de los casos, sin violencia, se impone una multa de tres a seis meses, pero en los países de alrededor es diferente.
Francia cuenta con una situación legal frente a los ‘okupas’. La Policía puede proceder el desalojo inmediato de la vivienda, sin ningún requerimiento judicial, durante las primeras 48 horas desde que el propietario tiene conocimiento del hecho. Así, no importa cuanto tiempo lleven viviendo allí, ya que la Ley francesa coge de referencia el momento en el que el propietario ha tenido constancia. En cualquier caso, está castigado por código penal con un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
Si no se interpone la denuncia en las primeras 48 horas, los ‘okupas’ deben probar ante las autoridades que llevan residiendo en la vivienda al menos esos días y que el inmueble reúne las condiciones de habitabilidad. Es ahí donde comienza un recorrido judicial que se puede demorar durante cierto tiempo. Por último, Francia lanzó una ley antideshaucios del 1 de noviembre al 31 de marzo, pero no se aplica para los casos de ‘okupación’.
En Alemania sucede algo similar a Francia. Las viviendas pueden ser desalojadas 24 horas después de el propietario lo sepa y lo denuncie ante la Policía. En cualquier caso, si el inmueble, tras desalojarlo, se encontrase en mal estado, el propietario está obligado a realizar obras de rehabilitación. En cuanto a las penas que se contemplan, el máximo son dos años de prisión.
Para el caso de Reino Unido, si existe una sospecha policial sobre una ‘okupación’ es suficiente argumento legal para que se produzca una intervención sin necesidad de una orden judicial. Además, si hay denuncia de usurpación en sus primeros 28 días, el desalojo se lleva a cabo en 24 horas. La pena máxima que se contempla es de 51 semanas de cárcel y una multa de 5.000 libras.
En Italia, el código penal dice que aquellas personas que invadan propiedades privadas o públicas para ocuparlas serán castigadas con una pena máxima de prisión de dos años y multas que pueden ir entre los 100 y 1.000 euros. Además, el propietario debe denunciar ante las autoridades y necesitará esperar a la evaluación del tribunal en un juicio rápido, para que después los agentes puedan proceder a su desalojo.
En la otra cara de la moneda se encuentra Portugal. En el país luso no se puede proceder al desahucio hasta que no se haya producido el juicio y la correspondiente sentencia. Este tipo de juicios se pueden demorar considerablemente.
Al otro lado del atlántico, en Estados Unidos, la situación respecto a los ‘okupas’ depende en gran medida del estado en el que se produzca el hecho. Sin embargo, en la mayoría funcionan de una manera similar. Para que la policía no pueda expulsar a los ‘okupantes’ de la vivienda deben haber vivido un mínimo de 6 meses allí y deben demostrarlo mediante el pago de facturas.
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Todos los países europeos cuentan con más o menos casos anuales de ocupación ilegal de viviendas -es bueno aclaralo aunque parezca redundante, ya que en Argentina pareciera tener otra figura jurídica- y su manera de afrontarlo va variando entre estados. Algunos como Portugal tienen una regulación bastante similar a la española y otros como sus vecinos franceses implementan medidas más eficaces para los primeros días.
En Holanda creen que han dado con la solución ideal para evitar la ocupación de una vivienda. Una empresa llamada Ideal Guardian propone un modelo que consiste en buscar residentes para que vivan en los edificios vacíos de forma temporal, de modo que quienes se alojen en ellos puedan disfrutar de un hogar a la vez que los propietarios de los inmuebles evitan los riesgos.
Básicamente, lo que propone esta empresa es llegar a un acuerdo con personas que necesiten casa para que vivan durante un tiempo en los pisos vacíos hasta que su dueño decida o consiga venderla. A cambio, este último se asegura que su vivienda estará en buenas manos y no deberá preocuparse por destrozos o algo peor que pueda suceder. “Todo el mundo gana: el vecindario, el propietario y los inquilinos”, señala el director ejecutivo de la compañía, John van Haaren.
El código penal actual en España esteblece sanciones diferentes para los que ‘okupan’ viviendas de forma ilegal dependiendo de si se ha hecho de forma violenta o no. Fija penas de prisión de uno a dos años para quienes ‘okupen’ con violencia o intimidación, además de las penas propias por la violencia ejercida. En el resto de los casos, sin violencia, se impone una multa de tres a seis meses, pero en los países de alrededor es diferente.
Francia cuenta con una situación legal frente a los ‘okupas’. La Policía puede proceder el desalojo inmediato de la vivienda, sin ningún requerimiento judicial, durante las primeras 48 horas desde que el propietario tiene conocimiento del hecho. Así, no importa cuanto tiempo lleven viviendo allí, ya que la Ley francesa coge de referencia el momento en el que el propietario ha tenido constancia. En cualquier caso, está castigado por código penal con un año de cárcel y 15.000 euros de multa.
Si no se interpone la denuncia en las primeras 48 horas, los ‘okupas’ deben probar ante las autoridades que llevan residiendo en la vivienda al menos esos días y que el inmueble reúne las condiciones de habitabilidad. Es ahí donde comienza un recorrido judicial que se puede demorar durante cierto tiempo. Por último, Francia lanzó una ley antideshaucios del 1 de noviembre al 31 de marzo, pero no se aplica para los casos de ‘okupación’.
En Alemania sucede algo similar a Francia. Las viviendas pueden ser desalojadas 24 horas después de el propietario lo sepa y lo denuncie ante la Policía. En cualquier caso, si el inmueble, tras desalojarlo, se encontrase en mal estado, el propietario está obligado a realizar obras de rehabilitación. En cuanto a las penas que se contemplan, el máximo son dos años de prisión.
Para el caso de Reino Unido, si existe una sospecha policial sobre una ‘okupación’ es suficiente argumento legal para que se produzca una intervención sin necesidad de una orden judicial. Además, si hay denuncia de usurpación en sus primeros 28 días, el desalojo se lleva a cabo en 24 horas. La pena máxima que se contempla es de 51 semanas de cárcel y una multa de 5.000 libras.
En Italia, el código penal dice que aquellas personas que invadan propiedades privadas o públicas para ocuparlas serán castigadas con una pena máxima de prisión de dos años y multas que pueden ir entre los 100 y 1.000 euros. Además, el propietario debe denunciar ante las autoridades y necesitará esperar a la evaluación del tribunal en un juicio rápido, para que después los agentes puedan proceder a su desalojo.
En la otra cara de la moneda se encuentra Portugal. En el país luso no se puede proceder al desahucio hasta que no se haya producido el juicio y la correspondiente sentencia. Este tipo de juicios se pueden demorar considerablemente.
Al otro lado del atlántico, en Estados Unidos, la situación respecto a los ‘okupas’ depende en gran medida del estado en el que se produzca el hecho. Sin embargo, en la mayoría funcionan de una manera similar. Para que la policía no pueda expulsar a los ‘okupantes’ de la vivienda deben haber vivido un mínimo de 6 meses allí y deben demostrarlo mediante el pago de facturas.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 3, 2021