‘¡De-mo-cra-cia!’. No existe hoy protesta israelí que no clame, estirando cada sílaba, plenas garantías democráticas. Esto se debe al miedo que infunde el plan de reforma judicial promovido por la coalición de Benjamin Netanyahu que, de sacar adelante sus proyectos de ley, atenuaría el contrapoder que ejercen tanto la Corte Suprema como el resto de tribunales del sistema legal, en un estado huérfano de Constitución y de legislativo bicameral.

El Parlamento –la Knéset– conseguiría de este modo un control casi ilimitado de las iniciativas (y las críticas), sobre todo si, como ocurre ahora, el gobierno de turno ostenta una mayoría parlamentaria de 64 de 120 escaños.

Antes de sumergirse en los planes de reforma, hay que entender cómo los ultranacionalistas y ultrarreligiosos judíos de la coalición perciben a la Corte Suprema: la consideran un tribunal de izquierdas, que interviene en exceso en las decisiones legislativas y del ejecutivo al punto de anteponer los derechos de las minorías a los intereses nacionales.

Un ejemplo: en julio de 2021, el Tribunal Superior falló contra unos requisitos de la ley de gestación subrogada, que excluían de forma discriminatoria a algunos hombres. El Ministerio de Salud tuvo que modificar la ley para permitir a “cualquier persona en Israel” tener embarazos subrogados, incluidos hombres solteros y personas transexuales.

Pero claro, mientras los críticos del Supremo denuncian su excesivo poder, la coalición ha ido al extremo contrario, presionando para que el Gobierno y la Knéset tengan una autoridad decisiva, sin el “entorpecimiento” o contrapeso del sistema judicial. Esto lo están llevando a cabo en el marco de un proceso relámpago,que contempla diversos proyectos de ley –cada uno, solo, puede cambiar el equilibrio–, los cuales, para aprobarse, deben someterse a tres votaciones en el pleno parlamentario y pasar por el Comité Constitucional.

Aunque el Gobierno lo tiene fácil, pues cuenta con una mayoría de los votos, Netanyahu no puede involucrarse en esta reforma por orden de la Fiscalía General. El primer ministro israelí con más años en el cargo siempre defendió un sistema judicial independiente y una Corte capaz de bloquear las legislaciones más extremas de los políticos.

Sin embargo, su opinión cambió al convertirse en un acusado penal, pues enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Su juicio por corrupción está en curso en el Tribunal de Jerusalén desde mayo de 2020, y no se hace difícil ligarlo a esta revisión judicial que lo beneficiaría si se controlan los jueces que presiden su caso; si se controlan los magistrados del Supremo; o, finalmente, se fuerza al sistema a negociar un acuerdo de culpabilidad.

Así, sus cargos por corrupción, se antojan como otra razón (personal) para apoyar la reforma que “fortalecerá la democracia y los negocios”, y podría representar mejor las opiniones de la mayoría, citando a Netanyahu.

Hay tres proyectos de ley que integran el corazón de la reforma judicial y que avanzan en paralelo en la Knéset, habiendo superado la primera de las tres aprobaciones necesarias para que entren en vigor.

• Uno, modifica el comité de selección de jueces –integrado por nueve miembros–, que hoy requiere de un consenso entre la rama judicial y la política para nombrar a los magistrados del Supremo y del resto de Israel. Con la reforma, el Gobierno dominaría esta composición y necesitaría solo una mayoría simple para elegir a los togados.
• Los otros dos, apuntan a reducir las capacidades de la Corte Suprema para revisar las leyes aprobadas por el Parlamento: por un lado, el máximo tribunal no podría invalidar las llamadas “Leyes Básicas” que, a falta de una Constitución, funcionan como normas fundamentales; por el otro, el Supremo solo podría impugnar las leyes regulares (las otras) si contradicen un derecho consagrado en una de las “Leyes Básicas” y con el apoyo de 12 de los 15 jueces –en vez de la mayoría simple actual–.

Para completar esta drástica neutralización del poder de revisión del Supremo, la coalición quiere implementar una “cláusula de anulación” que permitiría a la Knéset volver a promulgar las leyes impugnadas por la Corte, siempre que disponga de un respaldo de al menos 61 parlamentarios.

Ahora bien, el paquete legislativo no queda ahí, es todavía más amplio, con medidas para evitar que el Supremo se permita inhabilitar a ministros del gobierno –como es el caso del líder ultrarreligioso Aryeh Deri, cuya inclusión en la coalición fue bloqueada por un fallo judicial al tener una condena por delitos financieros–; para que no pueda juzgar o debatir mociones para declarar al primer ministro no apto para el cargo –algo que el Supremo aceptó analizar en el caso de Netanyahu a petición de organizaciones–; o revisar planes del Gobierno que puedan ser irrazonables.

Otras propuestas (y más que podrían conocerse en los meses venideros) también buscan romper la independencia de la Policía y subordinarla al Ministerio de Seguridad, hoy en manos del político racista Itamar Ben-Gvir, además de convertir opiniones vinculantes de asesores del Gobierno en meras recomendaciones o eliminar la antigüedad en la elección del presidente del Supremo, supeditando su nombramiento a la voluntad del comité de designación.

Combinadas, estas propuestas permitirían al gobierno de turno imponer su agenda sin considerar cómo afecta a la población. En tres ejemplos, el actual Gobierno de extrema derecha y ultrarreligioso podría afectar los derechos del colectivo LGBTIQ+; aprobar una legislación que exima a su comunidad del servicio militar obligatorio –la Corte hace tiempo que lo plantea–; o construir más asentamientos ilegales en tierras palestinas.

Ya se siente en la economía israelí. En particular, en el sector tecnológico, que representa un 15% del PIB israelí, un 10% de su fuerza de trabajo, la mitad de sus exportaciones y un cuarto de los impuestos sobre la renta. El temor de estas compañías es que un sistema judicial controlado ponga en riesgo la propiedad intelectual. Ciertas firmas y empresarios (buscando preservar este activo) han anunciado el retiro de fondos de sus cuentas en Israel y se están planteando reubicar sus actividades en otros estados. Es el caso de Riskified.

Esta incertidumbre también ha causado una caída de la moneda local –el shekel–, que en febrero se depreció casi un 6% frente al dólar estadounidense, su valor más bajo en tres años; mientras el índice de referencia TA-125 de la Bolsa de Tel Aviv se retrajo un 3,5%. El Banco de Israel, así como las agencias de calificación Moody’s y Fitch, han dejado claro por su parte los riesgos de la reforma, que no se restringen a lo financiero.

Cada vez más voces de las fuerzas armadas, piedra angular del Estado hebreo, se están sumando al rechazo. Un caso sonado ha sido el plantón en un entrenamiento de 37 de 40 pilotos reservistas de un escuadrón de élite de las fuerzas aéreas. Sin embargo, otros exmilitares y soldados voluntarios participan activamente de las protestas y han solicitado al Gobierno parar sus planes. ¿Cuál ha sido la respuesta del ministro de Comunicaciones, ShlomoKarhi? “Váyanse al infierno, nos las arreglaremos sin ustedes”.

Queda evidente que la contestación social, movimiento que aglutina desde educadores y estudiantes hasta juristas y militares, pasando por economistas e intelectuales –y ha sufrido represión policial–, está ahondando en el dilema de si pueden coexistir las dos caras de Israel, una más extremista y otra más liberal, en un mismo estado judío.

Pero por encima de esto, hay una inquietud mayor: y es que la falta de un poder judicial que investigue de manera independiente pueda dañar, primero, los apoyos de los países occidentales; y, segundo, los esfuerzos de Israel para evitar ser sometido a los procedimientos legales internacionales.

Este vacío –que analistas de derecho internacional han especulado que lo llenarían la Corte Penal Internacional de La Haya o fiscales en el extranjero– expondría al Estado al escrutinio de sus violentas operaciones militares en los Territorios Palestinos ocupados, y ya no estaría tan protegido de las acusaciones de crímenes de guerra.

El presidente Isaac Herzog se ha puesto a la cabeza de los intentos de consenso entre el Gobierno y la oposición. El 12 de febrero –en un discurso inusual–, propuso un “compromiso” para moderar la reforma y se ofreció a actuar como mediador de los partidos. No obstante, su cargo es meramente ceremonial y el plan no tuvo mucho éxito. De igual modo, otras figuras prominentes y exfuncionarios israelíes han presentado otras soluciones.

Salvo por que, si bien ambos bandos dicen estar abiertos a un diálogo, no coinciden siquiera en el punto de partida: para comenzar a negociar, la oposición exige frenar el trámite parlamentario de los proyectos de ley (algo a lo que se niegan rotundamente los más extremistas de la coalición).

El destino de la reforma judicial queda entonces en manos del Gobierno que, más allá de algunas reservas entre los partidarios del Likud –la formación de Netanyahu–, tiene en el Parlamento los votos necesarios para cada proyecto y se ha empeñado en concluirlos antes del próximo 2 de abril, de cara al receso por la Pascua judía.

Y no solo eso. Es de esperar que, si las leyes son admitidas, el Supremo las impugnará; pero también es de esperar que, a esas alturas de la trama, la propia legislación permita al Ejecutivo ignorar los fallos y mantener sus cambios.

Todo “un golpe de Estado”, según diarios locales como ‘Haaretz’, y según palabras de Moshe Ya’alon, exministro de Defensa bajo el segundo gran mandato de Netanyahu. Un Estado devenido en ‘Isra-hell’ (‘Isra-infierno’), de acuerdo a las pancartas de los manifestantes, quienes no olvidan que el partido de Netanyahu nunca detalló en su campaña electoral los planes de la reforma y prometió que cualquier cambio se efectuaría “con un amplio apoyo público”.