En el mundo hay personas sensibles que todavía sienten culpa por, cuando niños, haberle quitado, gratuitamente, la vida a un pajarito. Maldicen la hora en que tensaron la honda o apretaron el gatillo buscando un autoperdón que no consiguen ¿Sentirán algo semejante jueces y fiscales que, sin pruebas, acusan y condenan? Dictar prisión perpetua a un inocente es infinitamente más grave que enjaular un canario; es devastar irreparablemente la vida de un semejante junto a su familia.

Como bien se sabe, el más preciado valor en la vida es la vida misma; el segundo -para aquellos que no tienen alma de esclavos- es la libertad. Se arguirá, y con razón, que los magistrados son hombres y, por lo tanto, equivocarse en una sentencia es un riesgo inmanente al sistema que, si bien se trata de reducir al mínimo, es imposible erradicar. Ahora bien, condenar a prisión a una persona con plena conciencia de que no existen pruebas que lo ameriten, es cosa muy distinta que equivocarse de buena fe. Hay años luz de distancia moral entre una conducta y la otra.

Condenar sin pruebas es obrar, de hecho, con “dolo eventual”, es decir, no descuidadamente sino, por lo contrario, sabiendo lo que hace y siendo consciente del grado de peligro que su comportamiento lleva implícito para un bien jurídico como es la libertad de una persona. El Estado fue creado para impedir la injusticia y no para cometerla. La milenaria ciencia del Derecho y el método científico son la mejor guía en este sentido y, ambos, exigen ­pruebas! ya sea para establecer que fulano es el asesino o que la tierra gira alrededor del sol. Sin pruebas que corroboren y fundamenten las acusaciones y sentencias, no hay justicia sino “caza de brujas”.

Las sentencias condenatorias, entre otras, al padre Julio Grassi, por el supuesto abuso, y a Carlos Carrascosa, por el crimen de María Marta García Belsunce, deberían , en cátedras de Derecho Penal, ser casos emblemáticos de estudio de lo que es un pésimo procedimiento. La lectura de estos mamarrachos devenidos en causas judiciales es imprescindible para opinar con autoridad y no repetir como loros las conjeturas tendenciosas de los periodistas especializados en el chusmerío.

Grassi, Carrascosa y tantos otros son víctimas por azar y podría sucederle a cualquiera que se encuentre lejos del poder. Los acusados por delitos de “lesa humanidad”, en cambio, son víctimas de una política de Estado y, en general, de los medios masivos de comunicación. Fue el mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el que dijo: “No vamos a retroceder en los juicios de lesa humanidad. Los juicios no se van a detener. Esto va a continuar. No va a haber marcha atrás. Esto es una política de Estado y deben respetarla todos los argentinos”. Así que, entonces, es el Estado, a través de la aplicación de una política específica, el que opera para que militares, policías, ex jueces, empresarios y curas por el mero expediente de una denuncia vayan a juicio y sean condenados.

Particularmente, no le creo nada al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni a la política de derechos humanos “consensuada” inconstitucionalmente con los otros dos poderes. No le creo porque, sin pruebas, entre otros, encarcela a subtenientes y cabos que por la época tenían veinte años de edad y no eran dueños de decidir con qué camisa vestirse. No le creo al Dr. Ricardo Lorenzetti, ni a su libro de los Derechos Humanos, porque si, en verdad, dijera lo que dice e hiciera lo que hace por convicción y fidelidad a principios, en lugar de justificar la persecución a los últimos “orejones del tarro” (subtenientes, cabos, etcétera) debería él mismo, de oficio y para que se le aplique la “política de Estado” para los crímenes de lesa humanidad , denunciar al Dr. Eugenio Zaffaroni.

Este señor, que siendo juez juró por el Estatuto de la dictadura, que negaba hábeas corpus a los desaparecidos (reconocidos por él) tiene infinitamente más responsabilidad que muchos de los que están -entre ellos, héroes de guerra- pudriéndose en las cárceles ¿Qué espera Lorenzetti y las organizaciones de derechos humanos para llevarlo a tribunales? ¿Porqué la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, al respecto, hace mutis por el foro? Y, lo más doloroso y vergonzante, ¿ porqué a esta sociedad le importa, menos que la suerte de un pajarito, que pase lo que nos pasa?