“Un hombre que carece de normas morales y hoy hace lo que ayer
criticaba, no puede nunca representar lealmente a sus conciudadanos”.
José de San Martín
El jueves la Argentina conmemoró el nacimiento del Padre de la Patria y, en Yapeyú, el Presidente “Pinocho” dijo inspirarse en él cada vez que los medios de prensa lo obligan a enredarse en discusiones inútiles, como aquélla que se vincula al affaire “Vacunatorio VIP”. Me gustaría preguntarle si se refería a la frase que sirve de epígrafe a esta nota.
En la conferencia de prensa que brindó con Andrés Manuel López Obrador en México, se lo vio desencajado y desorientado y, en verdad, ese estado está totalmente justificado. Puedo garantizarle, querido lector, que el tan complicado tema de las vacunas robadas en beneficio de canallescos personajes vinculados al Frente para Todos recién comienza: amigos periodistas disponen de muchas listas de esos privilegiados en todo el país.
Eso se ve reflejado diariamente en las encuestas, que muestran el rechazo que produce, aún entre la rocosa base del kirchnerismo, la profunda amoralidad que aqueja al Gobierno, capaz de sacrificar la vida de médicos, docentes, abuelos y padres para asegurar inmunidad a sus dirigentes. Todos los días trascienden los dramas que viven los adultos mayores, un genocidio en que mueren a mansalva, mientras se inocula a gobernadores, intendentes, diputados y senadores, suegros varios, hijos y cónyuges jóvenes, bailarinas expertas en economía, asesores de prensa, extorsionadores sindicalistas millonarios y hasta fotógrafos presidenciales.
El exministro Ginés González García, convertido oficialmente en el único responsable del latrocinio, dijo “si hablo se cae el Gobierno”, y seguramente lo hará si la Justicia lo procesa por la conducta descripta en el artículo 261 del Código Penal[i], el mismo que el presidente “Pinocho”, que falsamente dice ser profesor en la materia de la UBA, demuestra ignorar. Espero que esa amenaza no le cueste la vida al funcionario despedido.
También cunde la desesperación en el Instituto Patria, madriguera de la “PresidenteVice”, porque la condena a Lázaro Báez – ¿continuará en silencio tras el fallo contra sus hijos? – acerca el huracán a Cristina Fernández. Ninguno de los disparates que ha intentado para detener los innumerables procesos que la afectan ha tenido éxito, y esta sentencia al testaferro de los Kirchner y constructor del faraónico sepulcro de don Néstor, quebró definitivamente el relato y recordó a la sociedad cuántas penurias y cuánta hambre podrían haberse evitado si el Estado contara con las siderales sumas robadas por la banda delictiva que hoy encabeza su viuda.
Para que quienes no son abogados sepan por qué Báez, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Salas y tantos otros no volverán, por ahora, a la merecida cárcel, me parece útil explicar cómo es el perverso andamiaje judicial que garantiza esa impunidad: ante la denuncia de un delito, un Juez comienza la investigación, permanentemente controlado por la Cámara Federal (3 jueces), cuyas resoluciones son revisables por la Cámara de Casación (otros 3) y, eventualmente, por la Corte Suprema (5 más). Si al finalizar esa etapa, el Juez considera, en principio, acreditado ese delito, eleva la causa a un Tribunal Oral (otros 3), cuyo proceder también es controlado por Casación y la Corte.
Al finalizar el juicio oral, se dicta la sentencia, que siempre es apelada y revisada por Casación y la Corte, por lo cual no queda “firme” hasta tanto esta última lo resuelva. Mientras todo eso ocurre, y lleva años, los condenados no van presos, salvo que se trate de los militares imputados por crímenes de lesa humanidad, para los cuales estas básicas garantías no rigen. Ahora, además, el kirchnerismo pretende que las sentencias también sean revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de adquirir esa firmeza; o sea, a los quince jueces que intervinieron en el proceso y fallaron contra los ladrones, se quiere agregar otra instancia y quitarle a la Corte su carácter de Suprema. ¿Me expliqué bien?
Pero la inquietud de los Fernández en relación con las elecciones de este año contiene otros componentes. La imagen del Gobierno se deteriora a diario por la percepción de la corrupción, por la insuficiencia de los sistemas de contención del hambre y la miseria, por la proliferación del narcotráfico y la violenta inseguridad cotidiana, por la imparable inflación y el deterioro del poder adquisitivo de salarios y planes sociales, por la catástrofe educativa. Y sabe que, si no obtuviera un resonante triunfo en las legislativas, la jefa oficial terminará condenada por sus múltiples delitos.
Hoy mismo, a las 1800, saldremos a las calles y plazas de todo el país a decirles que no pueden robar más, se trate de dinero, empresas o vacunas, que deben renunciar todos los involucrados en esos delitos y que, finalmente, no lograrán la anhelada impunidad.
[i]ARTICULO 261. – Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
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El jueves la Argentina conmemoró el nacimiento del Padre de la Patria y, en Yapeyú, el Presidente “Pinocho” dijo inspirarse en él cada vez que los medios de prensa lo obligan a enredarse en discusiones inútiles, como aquélla que se vincula al affaire “Vacunatorio VIP”. Me gustaría preguntarle si se refería a la frase que sirve de epígrafe a esta nota.
Eso se ve reflejado diariamente en las encuestas, que muestran el rechazo que produce, aún entre la rocosa base del kirchnerismo, la profunda amoralidad que aqueja al Gobierno, capaz de sacrificar la vida de médicos, docentes, abuelos y padres para asegurar inmunidad a sus dirigentes. Todos los días trascienden los dramas que viven los adultos mayores, un genocidio en que mueren a mansalva, mientras se inocula a gobernadores, intendentes, diputados y senadores, suegros varios, hijos y cónyuges jóvenes, bailarinas expertas en economía, asesores de prensa, extorsionadores sindicalistas millonarios y hasta fotógrafos presidenciales.
También cunde la desesperación en el Instituto Patria, madriguera de la “PresidenteVice”, porque la condena a Lázaro Báez – ¿continuará en silencio tras el fallo contra sus hijos? – acerca el huracán a Cristina Fernández. Ninguno de los disparates que ha intentado para detener los innumerables procesos que la afectan ha tenido éxito, y esta sentencia al testaferro de los Kirchner y constructor del faraónico sepulcro de don Néstor, quebró definitivamente el relato y recordó a la sociedad cuántas penurias y cuánta hambre podrían haberse evitado si el Estado contara con las siderales sumas robadas por la banda delictiva que hoy encabeza su viuda.
Para que quienes no son abogados sepan por qué Báez, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Salas y tantos otros no volverán, por ahora, a la merecida cárcel, me parece útil explicar cómo es el perverso andamiaje judicial que garantiza esa impunidad: ante la denuncia de un delito, un Juez comienza la investigación, permanentemente controlado por la Cámara Federal (3 jueces), cuyas resoluciones son revisables por la Cámara de Casación (otros 3) y, eventualmente, por la Corte Suprema (5 más). Si al finalizar esa etapa, el Juez considera, en principio, acreditado ese delito, eleva la causa a un Tribunal Oral (otros 3), cuyo proceder también es controlado por Casación y la Corte.
Al finalizar el juicio oral, se dicta la sentencia, que siempre es apelada y revisada por Casación y la Corte, por lo cual no queda “firme” hasta tanto esta última lo resuelva. Mientras todo eso ocurre, y lleva años, los condenados no van presos, salvo que se trate de los militares imputados por crímenes de lesa humanidad, para los cuales estas básicas garantías no rigen. Ahora, además, el kirchnerismo pretende que las sentencias también sean revisadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de adquirir esa firmeza; o sea, a los quince jueces que intervinieron en el proceso y fallaron contra los ladrones, se quiere agregar otra instancia y quitarle a la Corte su carácter de Suprema. ¿Me expliqué bien?
Pero la inquietud de los Fernández en relación con las elecciones de este año contiene otros componentes. La imagen del Gobierno se deteriora a diario por la percepción de la corrupción, por la insuficiencia de los sistemas de contención del hambre y la miseria, por la proliferación del narcotráfico y la violenta inseguridad cotidiana, por la imparable inflación y el deterioro del poder adquisitivo de salarios y planes sociales, por la catástrofe educativa. Y sabe que, si no obtuviera un resonante triunfo en las legislativas, la jefa oficial terminará condenada por sus múltiples delitos.
Hoy mismo, a las 1800, saldremos a las calles y plazas de todo el país a decirles que no pueden robar más, se trate de dinero, empresas o vacunas, que deben renunciar todos los involucrados en esos delitos y que, finalmente, no lograrán la anhelada impunidad.
[i] ARTICULO 261. – Será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública.
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Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Febrero 27, 2021