Por Dr. Gonzalo P. Miño para PrisioneroEnArgentina.com
A un pocos más de una semana de cumplirse el 50 aniversario del 24 de marzo y mientras los medios de comunicación atronan a la sociedad con una visión netamente parcializada, pues solo hablan de los “horrores” de la dictadura militar y de toda la actividad que preparan las “orgas” de los derechos humanos para esa fecha, yace subterráneamente todo un submundo en los llamados juicios “de lesa”, que nadie cuenta.
El que lleva adelante estos procesos en Córdoba es el Juez Federal Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien hace días anunció con “bombos y platillos” el hallazgo de restos de personas en lo que se denomina el centro de detención “La Perla”. Este Juez percibió una indemnización por la Ley 24.043, que dispone una reparación patrimonial para personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o tribunales militares entre el 6 de Noviembre de 1974 y el 10 de Diciembre de 1983, mediante liquidación Nro. 13.598, Operación 480.552, fecha nota definitiva 15/02/08, Expte 446098/08, por una suma de $ 455.528, recibiendo una actualización de dicha indemnización en Julio de 2019 por la suma de $ 8.370.220; en dólares USD 194.656. El reclamo es producto de ser el mismo hijo y nieto de abogados víctimas del denominando proceso militar entre los años 1975 y 1976. Ante ello, nadie pone en tela de juicio su idoneidad para ser Magistrado, quizás la tenga, sino que en aras de la transparencia que implica el deber de imparcialidad que debe reinar en todo juez, por el estricto principio del debido estado de derecho y de la correcta administración de justicia, sumado a una mera cuestión de ética, debería excusarse de intervenir en estos juicios.
En Santa Fe, a un condenado que lleva más de 26 años preso en forma ininterrumpida, el Juez de Ejecución Penal le negó su incorporación al régimen de salidas transitorias bajo el argumento de que para él no había logrado una eficaz reinserción social. Decimos para él, pues los informes criminológicos del Servicio Penitenciario Federal, por unanimidad, recomiendan este régimen para el condenado y dejan en claro que su pronóstico de reinserción social es favorable, pues asiste a cursos y tratamientos psicológicos a fin de comprender su situación procesal y legal.
En La Plata, en el juicio del Regimiento 7 de Infantería, declaró el ex integrante de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Adolfo Vázquez, quien valientemente contó, con lujos de detalles, como lo “apretó” el recién electo Presidente Nestor Kirchner (f) para que convalidara la ley de nulidad de obediencia debida y punto final que se había sancionado y como no accedió a ello, se tuvo que ir por las presiones y amenazas recibidas. Que lo mismo hizo con los otros integrantes de la Corte. Que hubo quienes “arreglaron” y otros que no, siendo estos últimos también “eyectados” del Máximo Tribunal y reemplazados por magistrados afines a los caprichos presidenciales. Incluso se asombró que haya personas detenidas en prisión preventiva y sin condena por más de 13 años. Nadie se sonrojó, ni se inmutó. A la audiencia siguiente nadie se acordaba ya del tema.
En Tucumán, la Justicia Federal llamó a nueva declaración indagatoria a un imputado de 99 años. Si, no es cuento, de 99 años de edad.
En Neuquén, a un condenado de 96 años que fue apartado de los procesos por su clara incapacidad para estar en juicio, atento a presentar un deterioro cognitivo grave por lo que requiere asistencia de terceros las 24 hs; sigue siendo sometido a continuas trimestrales pericias médicas, a pesar de que se ha dicho que su cuadro de salud por su edad es crónico, permanente e irreversible. En dicha jurisdicción lo mismo hacen con otro condenado de 91 años que padece de Alzheimer. ¿Pensarán que podrán mejorar?
Juez Federal Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja
En Bahía Blanca, el Tribunal Oral condenó a un imputado, en el último juicio que se llevó a cabo, a pesar de que el Cuerpo Médico Forense de la Nación advirtió en su informe que “.. no tiene la aptitud psíquica suficiente para afrontar el proceso penal en curso…”. Sin resolver los reiterados pedidos de la defensa al respecto, los togados apuraron la fecha de lectura del veredicto que iba a ser en principio para febrero de este año, haciéndolo el 26 de diciembre pasado y condenándolo sin más trámite.
En todos los Tribunales del país, ya juzgados y condenados los generales, los jefes de regimiento, y todos los Altos Mandos, se siguen abriendo causas contra los pocos que quedan vivos y que ya han recibido varias condenas a perpetuas, o ahora contra oficiales, suboficiales o agentes que esa época tenían 22 o 23 años sin capacidad de mando alguno y sin otra prueba que el solo hecho de haber prestado funciones en la fuerza, para esa época.
Esto que se cuenta, es solo un pequeño muestrario de las groseras arbitrariedades que se cometen a diario en los denominados “juicios de lesa humanidad”, existiendo obviamente muchas más y que se repiten en cada Jurisdicción donde tramitan estas causas.
Nadie habla de estos temas, ni los mencionan. Ni los periodistas ni los políticos. Todos prefieren “cerrar sus oídos” a estas cuestiones y seguir hablando del cruento accionar militar en los 70 sin decir una palabra del cruento accionar judicial de ahora. Tanto es así, que incluso algunos medios de comunicación informaron que, de cada diez argentinos, siete condenan la dictadura militar y apoyan los juicios. Ahora cuando uno se adentra en esa noticia, advierte que tal dato proviene de una encuentra realizada por el CELS, cuyo principal referente es el ex miembro de inteligencia de la organización terrorista Montoneros, ahora devenido en “probo” periodista: lo que exime de mayores comentarios.
LAMENTABLEMENTE “LA CASTA” NO QUIERE HABLAR DE ESTO, DE COMO SE DEGRADA EL ESTADO DE DERECHO EN ESTAS CAUSAS. Y ES QUE, A PESAR DE LA PENDENCIERA FRASE DEL “LEON” “ZURDOS VAN A CORRER”, ESTOS SIGUEN MANEJANDO EL RELATO DE LOS 70 A GUSTO Y PIACERE, PUES ESTE TEMA NO ES PARTE DE LA AGENDA DEL ACTUAL PRESIDENTE.
Incluso muchos comunicadores que defienden el accionar de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad en los 70, optan por seguir escrudiñando el pasado y referirse a los atentados de las organizaciones terroristas, que ya a nadie le importa ni le interesa, como tampoco a nadie le importa ni le interesa lo que hicieron los militares; o realizar sesudos análisis de la guerra contra el terrorismo de Irán o el Líbano, que denunciar públicamente lo que realmente pasa en esos juicios, “desconociendo” seguramente esta grave situación.
En este universo tanto unos como otros siguen anclados al pasado, sin ver lo que pasa en el presente y sin mirar hacia el futuro. De un lado porque no quieren que esto se sepa para que la sociedad no sepa la verdad de estos juicios y del otro lado, simplemente porque no se informan, creyendo ilusamente que tirarse con muertos terminará la arbitrariedad en esos juicios.
En el año 2017 la Corte en el precedente “Alispeiti” claramente estableció: “Los derechos y garantías constitucionales y legales han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes”. Incluso en octubre del año pasado, en el caso “Castillo” sostuvo: “Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”.
Pero claro, en nuestro país, para el “mundo lesa”, lo que diga la Corte tiene el mismo valor que lo que diga una comadre de barrio, incluidos muchos jueces inferiores; llegando incluso en este “submundo”, a naturalizar esta “DEGRACION DEL ESTADO DE DERECHO”.
Como en el Don Pirulero, cada cual atiende su juego, libertarios y progres solo sus intereses. Lógico en estos últimos, pero irritante en los primeros, que llegaron al poder con la bandera de lo nuevo, del cambio, de lo diferente y sobre todo que venían a terminar con la casta y hacer un cambio cultural.
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A un pocos más de una semana de cumplirse el 50 aniversario del 24 de marzo y mientras los medios de comunicación atronan a la sociedad con una visión netamente parcializada, pues solo hablan de los “horrores” de la dictadura militar y de toda la actividad que preparan las “orgas” de los derechos humanos para esa fecha, yace subterráneamente todo un submundo en los llamados juicios “de lesa”, que nadie cuenta.
El que lleva adelante estos procesos en Córdoba es el Juez Federal Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien hace días anunció con “bombos y platillos” el hallazgo de restos de personas en lo que se denomina el centro de detención “La Perla”. Este Juez percibió una indemnización por la Ley 24.043, que dispone una reparación patrimonial para personas detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) o tribunales militares entre el 6 de Noviembre de 1974 y el 10 de Diciembre de 1983, mediante liquidación Nro. 13.598, Operación 480.552, fecha nota definitiva 15/02/08, Expte 446098/08, por una suma de $ 455.528, recibiendo una actualización de dicha indemnización en Julio de 2019 por la suma de $ 8.370.220; en dólares USD 194.656. El reclamo es producto de ser el mismo hijo y nieto de abogados víctimas del denominando proceso militar entre los años 1975 y 1976. Ante ello, nadie pone en tela de juicio su idoneidad para ser Magistrado, quizás la tenga, sino que en aras de la transparencia que implica el deber de imparcialidad que debe reinar en todo juez, por el estricto principio del debido estado de derecho y de la correcta administración de justicia, sumado a una mera cuestión de ética, debería excusarse de intervenir en estos juicios.
En Santa Fe, a un condenado que lleva más de 26 años preso en forma ininterrumpida, el Juez de Ejecución Penal le negó su incorporación al régimen de salidas transitorias bajo el argumento de que para él no había logrado una eficaz reinserción social. Decimos para él, pues los informes criminológicos del Servicio Penitenciario Federal, por unanimidad, recomiendan este régimen para el condenado y dejan en claro que su pronóstico de reinserción social es favorable, pues asiste a cursos y tratamientos psicológicos a fin de comprender su situación procesal y legal.
En La Plata, en el juicio del Regimiento 7 de Infantería, declaró el ex integrante de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Adolfo Vázquez, quien valientemente contó, con lujos de detalles, como lo “apretó” el recién electo Presidente Nestor Kirchner (f) para que convalidara la ley de nulidad de obediencia debida y punto final que se había sancionado y como no accedió a ello, se tuvo que ir por las presiones y amenazas recibidas. Que lo mismo hizo con los otros integrantes de la Corte. Que hubo quienes “arreglaron” y otros que no, siendo estos últimos también “eyectados” del Máximo Tribunal y reemplazados por magistrados afines a los caprichos presidenciales. Incluso se asombró que haya personas detenidas en prisión preventiva y sin condena por más de 13 años. Nadie se sonrojó, ni se inmutó. A la audiencia siguiente nadie se acordaba ya del tema.
En Tucumán, la Justicia Federal llamó a nueva declaración indagatoria a un imputado de 99 años. Si, no es cuento, de 99 años de edad.
En Neuquén, a un condenado de 96 años que fue apartado de los procesos por su clara incapacidad para estar en juicio, atento a presentar un deterioro cognitivo grave por lo que requiere asistencia de terceros las 24 hs; sigue siendo sometido a continuas trimestrales pericias médicas, a pesar de que se ha dicho que su cuadro de salud por su edad es crónico, permanente e irreversible. En dicha jurisdicción lo mismo hacen con otro condenado de 91 años que padece de Alzheimer. ¿Pensarán que podrán mejorar?
En Bahía Blanca, el Tribunal Oral condenó a un imputado, en el último juicio que se llevó a cabo, a pesar de que el Cuerpo Médico Forense de la Nación advirtió en su informe que “.. no tiene la aptitud psíquica suficiente para afrontar el proceso penal en curso…”. Sin resolver los reiterados pedidos de la defensa al respecto, los togados apuraron la fecha de lectura del veredicto que iba a ser en principio para febrero de este año, haciéndolo el 26 de diciembre pasado y condenándolo sin más trámite.
En todos los Tribunales del país, ya juzgados y condenados los generales, los jefes de regimiento, y todos los Altos Mandos, se siguen abriendo causas contra los pocos que quedan vivos y que ya han recibido varias condenas a perpetuas, o ahora contra oficiales, suboficiales o agentes que esa época tenían 22 o 23 años sin capacidad de mando alguno y sin otra prueba que el solo hecho de haber prestado funciones en la fuerza, para esa época.
Esto que se cuenta, es solo un pequeño muestrario de las groseras arbitrariedades que se cometen a diario en los denominados “juicios de lesa humanidad”, existiendo obviamente muchas más y que se repiten en cada Jurisdicción donde tramitan estas causas.
Nadie habla de estos temas, ni los mencionan. Ni los periodistas ni los políticos. Todos prefieren “cerrar sus oídos” a estas cuestiones y seguir hablando del cruento accionar militar en los 70 sin decir una palabra del cruento accionar judicial de ahora. Tanto es así, que incluso algunos medios de comunicación informaron que, de cada diez argentinos, siete condenan la dictadura militar y apoyan los juicios. Ahora cuando uno se adentra en esa noticia, advierte que tal dato proviene de una encuentra realizada por el CELS, cuyo principal referente es el ex miembro de inteligencia de la organización terrorista Montoneros, ahora devenido en “probo” periodista: lo que exime de mayores comentarios.
LAMENTABLEMENTE “LA CASTA” NO QUIERE HABLAR DE ESTO, DE COMO SE DEGRADA EL ESTADO DE DERECHO EN ESTAS CAUSAS. Y ES QUE, A PESAR DE LA PENDENCIERA FRASE DEL “LEON” “ZURDOS VAN A CORRER”, ESTOS SIGUEN MANEJANDO EL RELATO DE LOS 70 A GUSTO Y PIACERE, PUES ESTE TEMA NO ES PARTE DE LA AGENDA DEL ACTUAL PRESIDENTE.
Incluso muchos comunicadores que defienden el accionar de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad en los 70, optan por seguir escrudiñando el pasado y referirse a los atentados de las organizaciones terroristas, que ya a nadie le importa ni le interesa, como tampoco a nadie le importa ni le interesa lo que hicieron los militares; o realizar sesudos análisis de la guerra contra el terrorismo de Irán o el Líbano, que denunciar públicamente lo que realmente pasa en esos juicios, “desconociendo” seguramente esta grave situación.
En este universo tanto unos como otros siguen anclados al pasado, sin ver lo que pasa en el presente y sin mirar hacia el futuro. De un lado porque no quieren que esto se sepa para que la sociedad no sepa la verdad de estos juicios y del otro lado, simplemente porque no se informan, creyendo ilusamente que tirarse con muertos terminará la arbitrariedad en esos juicios.
En el año 2017 la Corte en el precedente “Alispeiti” claramente estableció: “Los derechos y garantías constitucionales y legales han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes”. Incluso en octubre del año pasado, en el caso “Castillo” sostuvo: “Un Estado de Derecho no puede trasgredir las garantías del debido proceso sin degradarse a sí mismo en ese acto”.
Pero claro, en nuestro país, para el “mundo lesa”, lo que diga la Corte tiene el mismo valor que lo que diga una comadre de barrio, incluidos muchos jueces inferiores; llegando incluso en este “submundo”, a naturalizar esta “DEGRACION DEL ESTADO DE DERECHO”.
Como en el Don Pirulero, cada cual atiende su juego, libertarios y progres solo sus intereses. Lógico en estos últimos, pero irritante en los primeros, que llegaron al poder con la bandera de lo nuevo, del cambio, de lo diferente y sobre todo que venían a terminar con la casta y hacer un cambio cultural.
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Marzo 15, 2026