A los que nos gusta el futbol, nos desagrada cuando el equipo de nuestros amores sale a no perder, a “colgarse del travesaño” como se dice, para aguantar el resultado y “arañar” un empate; irritándonos si se advierte que algún jugador “no pone lo que hay que poner” o “va para atrás”.
Esto es exactamente lo que sucede con el gobierno, en el caso de los diputados que fueron a la cárcel de Ezeiza y encima con jugadores propios que abiertamente pugnan para el equipo contrario.
Insólitamente, el gobierno ha permanecido totalmente callado ante los duros embates de las orgas de los derechos humanos y de los periodistas políticamente correctos, sobre este caso. No se entiende como permite que una simple visita de legisladores a personas condenadas, a fin de verificar las condiciones en que cumplen esa condena, se trasforme en un cuasi delito “contra la Patria” que pone en riesgo la democracia en Argentina, mereciendo la máxima sanción sus autores.
No puede naturalizar el gobierno, ni quien realmente reivindique el verdadero estado de derecho, que se creen artificiosas categorías de delitos para vedar así a una porción de la población carcelería de sus más mininos derechos constitucionales y procesales. Nos hemos cansado de reiterarlo desde esta columna, esa barbaridad jurídica es contraria a los fallos de la Suprema Corte (fallo Alespeiti) y hasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (informe Pairando Basso).
Sin tapujos, el Fiscal Federal que entiende en la causa Esma y Primer Cuerpo de Ejército, dijo en una reciente entrevista televisiva que “LAS DOMICILIARIAS SON PARA QUE EL CONDENADO MUERA EN LA CASA” y que “LAS MISMAS EQUIVALEN A UNA LIBERTAD”. Este verdadero disparate también lo sostiene el Fiscal Federal que entiende en las causas “de lesa” en Rosario, quien sostiene sin sonrojarse, que “LA DETENCIÓN DOMICILIARIA ES EN REALIDAD UNA EXCARCELACIÓN, PUES LA ÚNICA DETENCIÓN QUE VALE ES LA DE LA CÁRCEL”. Claro, esconden que el art. 33 de la Ley 24.660 (ejecución de la pena) dispone claramente que la detención domiciliaria corresponde: “Al enfermo que no pueda tratar su enfermedad adecuadamente en la cárcel”; “al discapacitado”; “al mayor de 70 años” y que la jurisprudencia ha establecido que: “…prisión domiciliaria no es una medida diferente al encierro que se decide en el momento de imposición de una condena o de encierro preventivo…”.
Se pasan la ley y la jurisprudencia por el tuje. La ley es la que ellos dicen y la jurisprudencia que se debe aplicar es la que les conviene.
Y es que esta antojadiza visión legal esconde, Y EL GOBIERNO NADA DICE, que el Ministerio Publico Fiscal de la Nación fue convertido, en 20 años de gobierno kirchnerista, en un verdadero aguantadero de militantes políticos, compenetrados ideológicamente con las organizaciones terroristas de ayer, lo que vulnera gravemente la garantía de objetividad que debe reinar en un Fiscal de la Nación (art. 120 de la CN y 1º de la Ley 24.946). SOLO ASÍ SE ENTIENDE QUE ACTIVOS MILITANTES DEL MOVIMIENTO EVITA, HIJOS DE DESAPARECIDOS O ABOGADOS DE LA AGRUPACIÓN HIJOS SEAN PROMOVIDOS A FISCALES FEDERALES PARA ACTUAR EN LAS CAUSAS DE “LESA”.
Los legisladores del gobierno que vino a cambiar la Argentina y hacer la revolución cultural, NO SOLO CALLAN ESTA AFRENTA AL ESTADO DE DERECHO QUE HIERE DE MUERTE A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, sino que hasta algunos salen corriendo a desdecirse de lo que hicieron, argumentar espuriamente que fueron engañados y hasta sacarse fotos con el libro Nunca Más.
Antes de abrir la boca, deberían interiorizarse debidamente de la situación. “DEL ÚNICO LUGAR DE DONDE NO SE VUELVE, ES DEL RIDÍCULO” se dice sabiamente.
Y es que siendo legisladores de la Nación, deberían saber que habiéndose introducido modificaciones a la Ley 24.660 sobre ejecución de la pena privativa de la libertad en el año 2008, la exclusión del beneficio de prisión domiciliaria para los procesados y condenados por los denominados delitos de lesa humanidad fue objeto de discusión tanto en comisiones, como también durante el debate parlamentario del proyecto de reforma, NO HABIENDO TENIDO ACOGIDA LAS INICIATIVAS TENDIENTES A CONSAGRAR UNA RESTRICCIÓN EXCEPCIONAL DE ESA NATURALEZA.
Obviamente, menos aún hablan, de la complicidad de gran parte del Poder Judicial de la Nación con todo este mamarracho jurídico, sea por comodidad en unos casos, por afinidad ideológica en otros.
Tan solo edulcorados y tibios comentarios de solitarios legisladores y del Ministro de Justicia y de la Ministra de Seguridad; pero sin cuestionar a una justicia militante (que ya dijimos que se volverá más tarde que temprano contra ellos). Deberían actuar ante la arbitrariedad y no hacer declaraciones “bajas calorías”. NI HABLAR DEL ATRONADOR SILENCIO DE LAS DOS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA NACIÓN, COJUDOS CANDIDATOS ENTONCES, TIMORATOS GOBERNANTES AHORA.
Como venimos sostenido desde esta columna su deber es proteger y hacer valer la legalidad como la estricta aplicación del estado de derecho en este país, sin distinción alguna de ninguna clase.
Las cosas hay que decirlas como verdaderamente son: SE BUSCA LEGALIDAD NO IMPUNIDAD. Que la ley se aplique para todos sin distinción de credo, raza, color o ideología.
Precisamente, quienes fueron electos con el 56 % de los votos proclamando la revolución y el cambio cultural, no pueden caer en la tentación de ceder al clamor de una hipócrita clase política y de una espuria minoría que solo busca venganza, renunciando así al irrestricto respeto por la aplicación de los derechos y garantías constitucionales y legales, que guste o no, han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos denominados “de lesa”; porque precisamente, esos principios, enmarcados en el proceso penal liberal que nos rige, son la última línea de defensa de una verdadera Republica contra la autocracia.
Si siguen en la cómoda postura de traicionar los pilares, éticos, jurídicos y doctrinario que nuestros Padres de la Patria plasmaron en nuestra Constitución Nacional, que oportunamente “DIOS Y LA PATRIA OS LO DEMANDEN”.
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Esto es exactamente lo que sucede con el gobierno, en el caso de los diputados que fueron a la cárcel de Ezeiza y encima con jugadores propios que abiertamente pugnan para el equipo contrario.
Insólitamente, el gobierno ha permanecido totalmente callado ante los duros embates de las orgas de los derechos humanos y de los periodistas políticamente correctos, sobre este caso. No se entiende como permite que una simple visita de legisladores a personas condenadas, a fin de verificar las condiciones en que cumplen esa condena, se trasforme en un cuasi delito “contra la Patria” que pone en riesgo la democracia en Argentina, mereciendo la máxima sanción sus autores.
No puede naturalizar el gobierno, ni quien realmente reivindique el verdadero estado de derecho, que se creen artificiosas categorías de delitos para vedar así a una porción de la población carcelería de sus más mininos derechos constitucionales y
procesales. Nos hemos cansado de reiterarlo desde esta columna, esa barbaridad jurídica es contraria a los fallos de la Suprema Corte (fallo Alespeiti) y hasta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (informe Pairando Basso).
Sin tapujos, el Fiscal Federal que entiende en la causa Esma y Primer Cuerpo de Ejército, dijo en una reciente entrevista televisiva que “LAS DOMICILIARIAS SON PARA QUE EL CONDENADO MUERA EN LA CASA” y que “LAS MISMAS EQUIVALEN A UNA LIBERTAD”. Este verdadero disparate también lo sostiene el Fiscal Federal que entiende en las causas “de lesa” en Rosario, quien sostiene sin sonrojarse, que “LA DETENCIÓN DOMICILIARIA ES EN REALIDAD UNA EXCARCELACIÓN, PUES LA ÚNICA DETENCIÓN QUE VALE ES LA DE LA CÁRCEL”. Claro, esconden que el art. 33 de la Ley 24.660 (ejecución de la pena) dispone claramente que la detención domiciliaria corresponde: “Al enfermo que no pueda tratar su enfermedad adecuadamente en la cárcel”; “al discapacitado”; “al mayor de 70 años” y que la jurisprudencia ha establecido que: “…prisión domiciliaria no es una medida diferente al encierro que se decide en el momento de imposición de una condena o de encierro preventivo…”.
Se pasan la ley y la jurisprudencia por el tuje. La ley es la que ellos dicen y la jurisprudencia que se debe aplicar es la que les conviene.
Y es que esta antojadiza visión legal esconde, Y EL GOBIERNO NADA DICE, que el Ministerio Publico Fiscal de la Nación fue convertido, en 20 años de gobierno kirchnerista, en un verdadero aguantadero de militantes políticos, compenetrados ideológicamente con las organizaciones terroristas de ayer, lo que vulnera gravemente la garantía de objetividad que debe reinar en un Fiscal de la Nación (art. 120 de la CN y 1º de la Ley 24.946). SOLO ASÍ SE ENTIENDE QUE ACTIVOS MILITANTES DEL MOVIMIENTO EVITA, HIJOS DE DESAPARECIDOS O ABOGADOS DE LA AGRUPACIÓN HIJOS SEAN PROMOVIDOS A FISCALES FEDERALES PARA ACTUAR EN LAS CAUSAS DE “LESA”.
Los legisladores del gobierno que vino a cambiar la Argentina y hacer la revolución cultural, NO SOLO CALLAN ESTA AFRENTA AL ESTADO DE DERECHO QUE HIERE DE MUERTE A LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, sino que hasta algunos salen corriendo a desdecirse de lo que hicieron, argumentar espuriamente que fueron engañados y hasta sacarse fotos con el libro Nunca Más.
Antes de abrir la boca, deberían interiorizarse debidamente de la situación. “DEL ÚNICO LUGAR DE DONDE NO SE VUELVE, ES DEL RIDÍCULO” se dice sabiamente.
Y es que siendo legisladores de la Nación, deberían saber que habiéndose introducido modificaciones a la Ley 24.660 sobre ejecución de la pena privativa de la libertad en el año 2008, la exclusión del beneficio de prisión domiciliaria para los procesados y condenados por los denominados delitos de lesa humanidad fue objeto de discusión tanto en comisiones, como también durante el debate parlamentario del proyecto de reforma, NO HABIENDO TENIDO ACOGIDA LAS INICIATIVAS TENDIENTES A CONSAGRAR UNA RESTRICCIÓN EXCEPCIONAL DE ESA NATURALEZA.
Tan solo edulcorados y tibios comentarios de solitarios legisladores y del Ministro de Justicia y de la Ministra de Seguridad; pero sin cuestionar a una justicia militante (que ya dijimos que se volverá más tarde que temprano contra ellos). Deberían actuar ante la arbitrariedad y no hacer declaraciones “bajas calorías”. NI HABLAR DEL ATRONADOR SILENCIO DE LAS DOS MÁXIMAS AUTORIDADES DE LA NACIÓN, COJUDOS CANDIDATOS ENTONCES, TIMORATOS GOBERNANTES AHORA.
Como venimos sostenido desde esta columna su deber es proteger y hacer valer la legalidad como la estricta aplicación del estado de derecho en este país, sin distinción alguna de ninguna clase.
Las cosas hay que decirlas como verdaderamente son: SE BUSCA LEGALIDAD NO IMPUNIDAD. Que la ley se aplique para todos sin distinción de credo, raza, color o ideología.
Precisamente, quienes fueron electos con el 56 % de los votos proclamando la revolución y el cambio cultural, no pueden caer en la tentación de ceder al clamor de una hipócrita clase política y de una espuria minoría que solo busca venganza, renunciando así al irrestricto respeto por la aplicación de los derechos y garantías constitucionales y legales, que guste o no, han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos denominados “de lesa”; porque precisamente, esos principios, enmarcados en el proceso penal liberal que nos rige, son la última línea de defensa de una verdadera Republica contra la autocracia.
Si siguen en la cómoda postura de traicionar los pilares, éticos, jurídicos y doctrinario que nuestros Padres de la Patria plasmaron en nuestra Constitución Nacional, que oportunamente “DIOS Y LA PATRIA OS LO DEMANDEN”.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 11, 2024