YA NO BASTA CON DISCURSITOS, CONTROVERTIR LA CIFRA DE LOS 30.000 O ALGÚN CAMBIO DE NOMBRE, HACE FALTA ACCIONES CONCRETAS, CUALES SON RECOMPONER EL DEBIDO ESTADO DE DERECHO EN NUESTRO PAIS.
Por el Dr. Gonzalo Miño para PrisioneroEnArgentina.com.
La Casación Penal convocó para este jueves 20 de Noviembre a audiencia para definir si le otorga o no la libertad a Castillo, de acuerdo al ultimo fallo de la Suprema Corte que le puso límites a las prórrogas “automáticas” de las prisiones preventivas, totalmente excedidas en su plazo máximo de duración.
Como era de esperar, los organismos de derechos humanos no solo solicitaron que la audiencia sea oral y presencial, cuando la mecánica de la Casación Penal es que sean habitualmente por escrito; sino que están convocando a familiares, victimas y militantes para que concurran a Comodoro Py, equiparando esta situación a la que se vivió allá por el 2017 cuando la Suprema Corte emitió el ya celebre fallo del ”2×1”.
EN OTRAS PALABRAS, LAS ORGAS DE LOS DERECHOS HUMANOS RECURREN NUEVAMENTE AL APRIETE, CUANDO UN FALLO DE LA JUSTICIA SIMPLEMENTE NO LES GUSTA.
Claro, cuando eran parte del gobierno nacional y popular, detentando obscenamente el poder, no necesitaban del apriete, les bastaba con “levantar un teléfono” para disciplinar a cualquier juez díscolo que osara salirse del libreto legal, que las mismas “orgas” de los derechos humanos trazaron desde hace ya muchos años.
Es sabido que estas “orgas” de los derechos humanos están recorriendo todos los despachos judiciales del país, solicitándole a los jueces que no apliquen el reciente fallo “Castillo”. De anverso, lo mismo hacen los Fiscales de Derechos Humanos, que no solo claman porque no se aplique ese fallo, sino que en algunos casos instan a los jueces a desobedecerlo y casi alzarse contra el precedente del Máximo Tribunal. Han llegado al delirio de blandir el argumento de que el fallo es producto de una mayoría circunstancial que no representa la verdadera doctrina de la Corte; que nada ha cambiado por este último fallo y debe mantenerse las detenciones bajo el mismo “status quo” que se viene sosteniendo; o que no se aplica a quienes están en prisión domiciliaria, porque esa situación equivale a casi una libertad, por lo que no se puede excarcelar a quien no está preso. Una exaltación del grotesco.
La misma Corte tiene dicho en innumerables fallos que “Sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 336:145; 332:2414; 255:119; 252:186). Se considera, además, que este principio, basado primeramente en la estabilidad propia de toda resolución firme de los tribunales de justicia (Fallos: 264:443), debe ser preservado con el mayor énfasis por la Corte ya que, acertadas o no sus sentencias, el resguardo de su integridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y la paz social, cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supremacía de la Constitución en que aquéllas se sustentan (Fallos: 336:145; 332:2414; 312:2187; 307:468 y 1779; 205:614)”.
Se supone que el Ministerio Publico Fiscal es el órgano encargado de promover la actuación de la justicia]en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (art. 120 Constitución Nacional); sin embargo, pasándose ese rol por el “tuje”, braman poque se acaten o no los fallos de la Suprema Corte según les convenga o no a sus espurios e ideologizados intereses. En otras palabras, les importa un pito los intereses generales de la sociedad, sino tan solo defender los mezquinos intereses de una minoría, llamada organismos de derechos humanos.
En esta misma línea actúan y se expresan los abogados querellantes de la ahora Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación. SOBRE EL PARTICULAR NO ES CIERTO QUE EL ESTADO HAYA DEJADO DE QUERELLAR EN LAS CAUSAS “DE LESA”, LO SIGUE HACIENDO, solo que muchos “abogades” aprovecharan la reducción presupuestaria y por ende de sus salarios para esgrimir el pueril argumento de que gobierno está vaciando de querella esos juicios.
Antes las “orgas” solían decir “al enemigo ni justicia”, ahora dicen “JUSTICIA SI, PERO LA DE LA NUESTRA”.
Lo más grave de esta situación es que el gobierno NO ha dicho ni una sola palabra sobre el particular. Ni el Ministro de Justicia de la Nación, ni legislador libertario alguno se han expresado en algo tan grave, como es tener a personas por largos años detenidas sin sentencia que ponga fin al proceso judicial, por el solo hecho de ser catalogado el delito imputado como “de lesa humanidad”. Se ve que no les hace ruido que la propia Suprema Corte haya dicho que ello es LA DEGRADACION DEL ESTADO DE DERECHO.
Más aún, el Presidente tan afín de opinar hasta de los dichos de unas cantantes pop, guarda un silencio atronador sobre una cuestión que pone en jaque la propia seguridad jurídica del país que gobierna.
Ya no basta con “discursitos” ante organismos internacionales, controvertir la cifra de los 30.000, algún cambio de nombre de escuelas u organismos oficiales o haber “rajado” de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación a 10 o 15 ñoquis y exaltados militantes por una mera cuestión presupuestaria, hace falta acciones concretas, las cuales claramente son RECOMPONER EL DEBIDO ESTADO DE DERECHO EN NUESTRO PAIS.
Incluso se espera la respuesta del Ministerio de Defensa de la Nación a la orden judicial de restituir los haberes de retiro como la prestación de la Obra Social de un Coronel, dado de baja en enero de este año. Rápidamente, en aquella oportunidad, obedecieron el requerimiento del titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, mientras que ahora se toman todo el tiempo de mundo para decidir si cumplirá o no con esa orden judicial.
Este “silenzio stampa” del gobierno anima a las “orgas” de los derechos humanos a redoblar sus aprietes contra un Poder Judicial, que permanece inerte ante la ambivalente actitud del gobierno, que ataca todo lo que sea de izquierda, a la par que les permite seguir “currando” las llamadas políticas de memoria, verdad y justicia.
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La Casación Penal convocó para este jueves 20 de Noviembre a audiencia para definir si le otorga o no la libertad a Castillo, de acuerdo al ultimo fallo de la Suprema Corte que le puso límites a las prórrogas “automáticas” de las prisiones preventivas, totalmente excedidas en su plazo máximo de duración.
Como era de esperar, los organismos de derechos humanos no solo solicitaron que la audiencia sea oral y presencial, cuando la mecánica de la Casación Penal es que sean habitualmente por escrito; sino que están convocando a familiares, victimas y militantes para que concurran a Comodoro Py, equiparando esta situación a la que se vivió allá por el 2017 cuando la Suprema Corte emitió el ya celebre fallo del ”2×1”.
EN OTRAS PALABRAS, LAS ORGAS DE LOS DERECHOS HUMANOS RECURREN NUEVAMENTE AL APRIETE, CUANDO UN FALLO DE LA JUSTICIA SIMPLEMENTE NO LES GUSTA.
Claro, cuando eran parte del gobierno nacional y popular, detentando obscenamente el poder, no necesitaban del apriete, les bastaba con “levantar un teléfono” para disciplinar a cualquier juez díscolo que osara salirse del libreto legal, que las mismas “orgas” de los derechos humanos trazaron desde hace ya muchos años.
Es sabido que estas “orgas” de los derechos humanos están recorriendo todos los despachos judiciales del país, solicitándole a los jueces que no apliquen el reciente fallo “Castillo”. De anverso, lo mismo hacen los Fiscales de Derechos Humanos, que no solo claman porque no se aplique ese fallo, sino que en algunos casos instan a los jueces a desobedecerlo y casi alzarse contra el precedente del Máximo Tribunal. Han llegado al delirio de blandir el argumento de que el fallo es producto de una mayoría circunstancial que no representa la verdadera doctrina de la Corte; que nada ha cambiado por este último fallo y debe mantenerse las detenciones bajo el mismo “status quo” que se viene sosteniendo; o que no se aplica a quienes están en prisión domiciliaria, porque esa situación equivale a casi una libertad, por lo que no se puede excarcelar a quien no está preso. Una exaltación del grotesco.
La misma Corte tiene dicho en innumerables fallos que “Sus sentencias deben ser lealmente acatadas tanto por las partes como por los organismos jurisdiccionales que intervienen en las causas (Fallos: 336:145; 332:2414; 255:119; 252:186). Se considera, además, que este principio, basado primeramente en la estabilidad propia de toda resolución firme de los tribunales de justicia (Fallos: 264:443), debe ser preservado con el mayor énfasis por la Corte ya que, acertadas o no sus sentencias, el resguardo de su integridad interesa fundamentalmente tanto a la vida de la Nación, su orden público y la paz social, cuanto a la estabilidad de sus instituciones y, muy especialmente, a la supremacía de la Constitución en que aquéllas se sustentan (Fallos: 336:145; 332:2414; 312:2187; 307:468 y 1779; 205:614)”.
Se supone que el Ministerio Publico Fiscal es el órgano encargado de promover la actuación de la justicia]en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (art. 120 Constitución Nacional); sin embargo, pasándose ese rol por el “tuje”, braman poque se acaten o no los fallos de la Suprema Corte según les convenga o no a sus espurios e ideologizados intereses. En otras palabras, les importa un pito los intereses generales de la sociedad, sino tan solo defender los mezquinos intereses de una minoría, llamada organismos de derechos humanos.
En esta misma línea actúan y se expresan los abogados querellantes de la ahora Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación. SOBRE EL PARTICULAR NO ES CIERTO QUE EL ESTADO HAYA DEJADO DE QUERELLAR EN LAS CAUSAS “DE LESA”, LO SIGUE HACIENDO, solo que muchos “abogades” aprovecharan la reducción presupuestaria y por ende de sus salarios para esgrimir el pueril argumento de que gobierno está vaciando de querella esos juicios.
Antes las “orgas” solían decir “al enemigo ni justicia”, ahora dicen “JUSTICIA SI, PERO LA DE LA NUESTRA”.
Lo más grave de esta situación es que el gobierno NO ha dicho ni una sola palabra sobre el particular. Ni el Ministro de Justicia de la Nación, ni legislador libertario alguno se han expresado en algo tan grave, como es tener a personas por largos años detenidas sin sentencia que ponga fin al proceso judicial, por el solo hecho de ser catalogado el delito imputado como “de lesa humanidad”. Se ve que no les hace ruido que la propia Suprema Corte haya dicho que ello es LA DEGRADACION DEL ESTADO DE DERECHO.
Más aún, el Presidente tan afín de opinar hasta de los dichos de unas cantantes pop, guarda un silencio atronador sobre una cuestión que pone en jaque la propia seguridad jurídica del país que gobierna.
Ya no basta con “discursitos” ante organismos internacionales, controvertir la cifra de los 30.000, algún cambio de nombre de escuelas u organismos oficiales o haber “rajado” de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación a 10 o 15 ñoquis y exaltados militantes por una mera cuestión presupuestaria, hace falta acciones concretas, las cuales claramente son RECOMPONER EL DEBIDO ESTADO DE DERECHO EN NUESTRO PAIS.
Incluso se espera la respuesta del Ministerio de Defensa de la Nación a la orden judicial de restituir los haberes de retiro como la prestación de la Obra Social de un Coronel, dado de baja en enero de este año. Rápidamente, en aquella oportunidad, obedecieron el requerimiento del titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, mientras que ahora se toman todo el tiempo de mundo para decidir si cumplirá o no con esa orden judicial.
Este “silenzio stampa” del gobierno anima a las “orgas” de los derechos humanos a redoblar sus aprietes contra un Poder Judicial, que permanece inerte ante la ambivalente actitud del gobierno, que ataca todo lo que sea de izquierda, a la par que les permite seguir “currando” las llamadas políticas de memoria, verdad y justicia.
PrisioneroEnArgentina.com
Nov 16, 2025