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  Por Mick Olsen.

Aunque no está definida específicamente en la Constitución de Estados Unidos, muchos expertos legales consideran que la ley marcial es el uso de personal militar para ayudar drásticamente o reemplazar por completo el sistema legal normal de una nación en tiempos de emergencia. El hecho de que un uso determinado del ejército alcance el nivel de ley marcial está vinculado a exactamente cuánto apoyo o acción militar se utiliza.

Bajo la ley marcial total, el sistema legal y de aplicación de la ley estadounidense normal es reemplazado por un conjunto más estricto de leyes y castigos que está completamente controlado por el poder militar o ejecutivo del gobierno. El sistema normal de controles y equilibrios incorporado en la Constitución queda suspendido.

Aunque se debate en algunas discusiones legales, la ley marcial también puede ocurrir en etapas, sin llegar nunca a una toma total del poder por parte de los militares. Bajo la ley actual de Estados Unidos, el presidente, el Congreso o un comandante militar local pueden imponer grados de ley marcial en situaciones específicas.

¿Quién puede declarar la ley marcial?
La ley marcial puede ser declarada por el presidente de Estados Unidos, el gobernador de un estado o, en emergencias limitadas, por un comandante militar local. La forma y el momento de la declaración de la ley marcial se rigen por una serie de leyes.

Ejemplos de ley marcial en Estados Unidos
La primera vez que se declaró la ley marcial en Estados Unidos fue en Nueva Orleans por el general Andrew Jackson durante la guerra de 1812, aunque la decisión fue impopular entre el público y los demás poderes del gobierno. Un juez multó a Jackson con 1.000 dólares por haber hecho arrestar a un periodista que escribió un artículo crítico de la medida, aunque más tarde utilizó su influencia tras dejar la presidencia para convencer al Congreso de que aprobara una ley especial para recuperar su dinero.

En total, la ley marcial se ha declarado en Estados Unidos unas 68 veces, según el Brennan Center for Justice, un instituto de derecho y política no partidista. La mayoría de esos 68 casos de tropas federales desplegadas dentro de las fronteras de Estados Unidos implicaban disturbios laborales (29 veces), y esas 68 invocaciones de la ley marcial han dado lugar a unas 33 impugnaciones legales independientes a la declaración. La ley marcial fue declarada oficialmente por última vez en Estados Unidos en 1963.

La ley marcial ha sido implementada dos veces a nivel nacional por un presidente durante tiempos de guerra, primero por Abraham Lincoln en los estados fronterizos entre el Norte y el Sur durante la Guerra Civil, y luego nuevamente por funcionarios militares locales en Hawái durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ley fue aprobada y ampliada posteriormente por orden ejecutiva de Franklin Roosevelt para incluir el encarcelamiento de estadounidenses de origen japonés en la Costa Oeste. Ambas declaraciones de ley marcial fueron impugnadas en los tribunales, y en ambas ocasiones, los tribunales terminaron dictaminando que al menos una parte de esas implementaciones eran inconstitucionales o se aplicaban de manera demasiado amplia.

De hecho, casi cada vez que se han movilizado tropas en servicio activo para hacer cumplir la ley dentro de los EE. UU., ha habido una reacción negativa en todo el país, con debates a favor y en contra que duran años.

En varios ejemplos de ley marcial (como cuando el presidente George W. Bush colocó a detenidos extranjeros en una prisión en la bahía de Guantánamo, Cuba, fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y luego fue anulada por la Corte Suprema, o una laguna en la ley actual que le dio al presidente Donald Trump el control de todas las tropas de la Guardia Nacional de D.C. desplegadas en el distrito durante la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio), el Congreso y los tribunales generalmente han reaccionado con rapidez y firmeza a cualquier despliegue militar nacional. Dado que la ley marcial elude la división constitucional de poderes y otorga poderes adicionales de emergencia al poder ejecutivo, este tipo de eventos no suelen ser bien recibidos por las otras ramas del gobierno.

Dos leyes promulgadas como resultado de acciones anteriores son la Ley de Insurrección y la Ley Posse Comitatus. Ambas se utilizan ahora ampliamente en situaciones de emergencia, aunque su constitucionalidad todavía se cuestiona a menudo más de 100 años después de su promulgación. La Ley de Insurrección detalla las únicas ocasiones en que las fuerzas federales pueden utilizarse en un papel nacional, mientras que la Ley Posse Comitatus limita su uso en esas circunstancias.

¿Qué es la Ley de Insurrección?
La Ley de Insurrección de 1807 le dio al presidente la capacidad de desplegar tropas de servicio activo y de la Guardia Nacional dentro de los EE. UU. cuando sea necesario. La activación de tropas está autorizada:

Cuando lo solicita la legislatura de un estado. Si la legislatura no puede convocarse rápidamente, el gobernador también puede solicitar asistencia federal durante una insurrección dentro de ese estado.
Si ocurre una insurrección en un estado y ese estado no puede o no quiere brindar protección a sus ciudadanos, se pueden desplegar fuerzas federales para mantener el orden.
Si hay una insurrección en cualquier estado que haga imposible hacer cumplir la ley en cualquier otro estado, esos estados pueden solicitar asistencia federal.
Si un estado no brinda derechos garantizados a nivel federal, se puede permitir la asistencia federal para proteger a los ciudadanos.
El presidente primero debe emitir una proclamación que ordene a los insurgentes que se dispersen antes de poder invocar la Ley de Insurrección.

¿Qué es la Ley Posse Comitatus?
La Ley Posse Comitatus, promulgada por primera vez en 1878, básicamente prohíbe a las fuerzas federales ayudar en la aplicación de la ley nacional a menos que el presidente haya ordenado operaciones en virtud de la Ley de Insurrección o leyes relacionadas. Es el precedente legal que se utiliza durante la mayoría de las intervenciones militares en actividades civiles en la actualidad.

Se promulgó originalmente como una reacción a la invocación de la ley marcial por parte de Lincoln durante la Guerra Civil para utilizar tribunales militares para juzgar a civiles y para proteger a los esclavos liberados del maltrato en los estados recién liberados tras la secesión.

La ley permite al personal militar ayudar únicamente a la policía civil en la aplicación de las leyes existentes, al tiempo que otorga autoridad al gobierno federal para garantizar que los derechos federales se proporcionen y apliquen de manera unilateral en todo el país.

Movilización de la Guardia Nacional para la ley marcial
La mayoría de las constituciones estatales permiten que el gobierno del estado movilice a sus tropas de la Guardia Nacional en una actividad de aplicación de la ley dentro de su estado. Los estados también suelen tener acuerdos entre sí que permiten el despliegue de tropas en estados vecinos durante emergencias. Cuando prestan servicio en un estado o en el Título 32, normalmente reservado para activaciones en torno a desastres naturales, los miembros de la Guardia pueden hacer cumplir las leyes de su estado.

Sin embargo, si los miembros de la Guardia son llamados al servicio federal, pasan a formar parte de las fuerzas armadas federales y, como resultado, sus funciones están limitadas por la Ley Posse Comitatus.

¿Qué pueden hacer los militares durante la ley marcial?
Normalmente, las tropas en servicio activo solo pueden realizar tareas nacionales relacionadas con la defensa nacional. Eso incluye cosas como la lucha contra el terrorismo, la interdicción de drogas o el manejo de armas de destrucción masiva. Si existe una situación que requiere que los militares presten servicio en una función de aplicación de la ley, debe ser autorizado por escrito por el presidente o, en caso de emergencia, por el comandante militar local.

Las tropas federales que actúan bajo la Ley Posse Comitatus están limitadas a realizar únicamente las funciones de un grupo de policía designado para ayudar a la policía civil a hacer cumplir las leyes existentes. De hecho, los militares están severamente limitados en cuanto a las funciones exactas que pueden realizar cuando ayudan a la policía civil, según las reglas que se detallan en la Instrucción 3025.21 del Departamento de Defensa. La Doctrina del Ejército ADP 3-28 también detalla el apoyo de defensa de las autoridades civiles.

Las fuerzas militares federales que asisten en la aplicación de la ley civil deben permanecer bajo el mando y control militar federal en todo momento.

Los comandantes militares locales también tienen la autoridad de desplegar temporalmente tropas federales para mantener el orden durante disturbios civiles inesperados a gran escala que amenacen el orden o puedan causar una pérdida significativa de vidas o la destrucción de la propiedad.

 


PrisioneroEnArgentina.com

Diciembre 6, 2024


 

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