Los viticultores galos, provenientes de los departamentos de Aude y de los Pirineos Orientales, quemaron neumáticos en el peaje de la autopista en Le Boulou para detener los vehículos provenientes de España y asaltar un camión que transportaba tomates, otro de vino a granel y un tercero con cava. Ante la pasividad de los agentes de seguridad franceses, que observaban desde la distancia y no intervinieron en ningún momento, los cargamentos españoles acabaron desparramados por el asfalto.

Los manifestantes franceses pretenden detener las importaciones españolas, a las que consideran responsables del hundimiento de muchas explotaciones en el sur de Francia. Sus críticas se dirigen particularmente al vino a granel procedente de su vecino del sur, que ingresa para ser embotellado en Francia para su comercialización, a un precio mucho más bajo que el producto local. El país galo es el mayor comprador de vino a granel español, con un total del 32 % de las exportaciones en este rubro. Hasta julio de este año, España ha vendido a Francia alrededor de 218 millones de litros por más de 93 millones de euros, según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV). 

Por su parte, Francia también es un gran exportador de vino, aunque el grueso de sus ventas se encuadra en el vino embotellado. En 2022, casi 1.000 millones de litros por valor de más de 7.300 millones de euros. Los viticultores franceses han realizado exigencias concretas a sus autoridades. Piden ayudas para pagar las cotizaciones a la Seguridad Social, medidas bancarias de apoyo para solventar sus problemas de tesorería o que los préstamos garantizados por el Estado se transformen en créditos bonificados.

En España, las organizaciones del campo han manifestado duramente sus quejas. Tanto la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han pedido al Gobierno español medidas para proteger a los productos locales de los ataques en Francia.

Desde COAG se ha pedido una denuncia contundente por parte del Gobierno español. “No se puede tolerar que estas situaciones se vuelvan a dar, como se dieron ya en el pasado, y que el Gobierno francés no haga absolutamente nada”, sostiene uno de sus portavoces. La organización exige “sanciones severas a Francia” por la “complicidad” del Gobierno con los actos vandálicos, al tiempo que exigen a la Unión Europea (UE) que se garantice la libre circulación de las producciones agrícolas españolas en territorio francés. El secretario general de COAG, Miguel Padilla, sostiene que la crisis de rentabilidad que sufren los productores franceses también la padecen los agricultores españoles. “En el trasfondo hay una estrategia meramente comercial. Se busca apartar a los productores españoles del mercado comunitario cuando los verdaderos responsables son las grandes cadenas de distribución, principalmente francesas”, denuncia.

Desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España hubo rechazo inmediato. “El Gobierno repudia estos incidentes, que constituyen un atentado contra la libre circulación de bienes en la Unión Europea y perjudican los intereses de los afectados”, según recogen diversos medios. El Ministerio se encuentra en contacto con las autoridades francesas, con el objetivo de restaurar la normalidad y prevenir futuros incidentes.

Las imágenes del jueves son viejas conocidas. Hace tres décadas, en los noventa, las escenas de camiones con productos agrarios españoles saqueados e incluso incendiados, tras cruzar la frontera francesa, fueron muy comunes durante unos años. A los agricultores franceses se les llegó a calificar de ‘pisa-fresas’, debido a que los primeros camiones atacados en 1994 transportaban este producto. Desde esa década este tipo de vandalismo se ha producido con cierta periodicidad, aunque con mucha menos intensidad, casi siempre coincidiendo con crisis de precios en el país vecino y con la exigencia de medidas concretas a su Gobierno.

Los hechos de los 90 acabaron teniendo una respuesta jurídica. La Justicia Europea acabó condenando al Estado francés en diciembre de 1997, como responsable subsidiario de los daños ocasionados por las acciones de sus ciudadanos. El argumento era que no había garantizado la seguridad de los transportistas españoles y habían actuado con pasividad ante las agresiones, permitiendo así que se obstaculizase el derecho a la libre circulación de mercancías a través del territorio europeo.

PrisioneroEnArgentina.com

Noviembre 1, 2023