Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito.
También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día más profusa. Cada día más sanguinaria.
Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades…
Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos, la reiterada fórmula de colocar “más policías en las calles”?
La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva.
En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la “presencia policial”. Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado.
En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.
Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.
A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado sólo en caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?).
Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación…
Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.
Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.
El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.
¿Qué hacer entonces?
Si lo que se pretende es que las policías y las fuerzas de seguridad sean eficientes en la prevención, es decir, en el adelantamiento a la conducta criminal, se deberá aprovechar al máximo las posibilidades que brinda la tecnología moderna: Cámaras de seguridad fijas y móviles (domos, drones, etc.); detectores de metales en oficinas públicas; desarrollo de la inteligencia criminal y no espionaje de peluquería; estudio y análisis de la información brindada por otras fuerzas; construcción de bases de datos de crímenes y criminales, entre otras actividades.
Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo. El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar “presencia”, deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal.
Pero, por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer.
La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo.
La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos.
Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.
No se trata de una gran faena.
Marcelo Carlos Romero es fiscal del Ministerio Público y miembro de Usina de Justicia.
MAGISTRADO JUDICIAL (FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES)
Es la muletilla obligada de gobernantes y aspirantes a serlo. Es la primera promesa que realizan los ministros de seguridad -o equivalentes- cuando se hacen cargo de dicha cartera y ejercen la comandancia política de las fuerzas policiales de su distrito.
También es el reclamo -genuino- de los contribuyentes, cuando sienten en carne propia las terribles consecuencias de la criminalidad. Cada día
más profusa. Cada día más sanguinaria.
Por lo general, es una promesa que los políticos cumplen. Las ciudades son saturadas de uniformados, sea en patrullas, motos, caballos o bicicletas, sea en paradas fijas, garitas o puestos de vigilancia. También es cierto que cuando más se acercan los tiempos electorales, más efectivos recorren las calles y avenidas de pueblos y ciudades…
Pero… ¿Es realmente efectiva, para enervar la criminalidad o al menos para reducir sus aciagos efectos, la reiterada fórmula de colocar “más policías en las calles”?
La respuesta negativa parece imponerse. Al menos, si se considera a esta trillada fórmula como una solución mágica y exclusiva.
En primer lugar, el delincuente no se intimida frente a la “presencia policial”. Si así fuera, no habría delincuentes que enfrenten a la policía. Por el contrario, el comportamiento criminal se caracteriza por el desafío constante al sistema penal. Es decir a las leyes penales y a las autoridades de aplicación del aparato preventivo, represivo, investigador, juzgador y sancionador del Estado.
En segundo lugar, las potestades policiales de prevención delictual han sido considerablemente reducidas en los últimos tiempos, merced a reformas legislativas que limitaron su accionar y a fallos judiciales que han tachado de ilegales o -directamente- de violatorios a la Constitución Nacional y a los Derechos Humanos a ciertas prácticas de las policías y de las fuerzas de seguridad.
Con los rótulos de policización, policialización, estigmatización, militarización policial, derecho penal del enemigo, entre otros términos que adornan cursos, conferencias, libros y revistas de los gurúes minimalistas del Derecho Penal, o -directamente- abolicionistas, distintos fallos judiciales hicieron posible que la fuerza policial se fuera quedando con muy pocos instrumentos para su tarea específica de prevención.
A modo de ejemplo, casi no existen contravenciones ni edictos policiales. Las pocas que siguen vigentes, han quedado limitadas al contralor de organismos administrativos o municipales. Se ha eliminado el arresto temporario por “averiguación de antecedentes”, quedando limitado sólo en
caso de negativa del particular a indentificarse al personal policial. Sin embargo, campañas oficiales y no oficiales “informan” a la población que las fuerzas policiales no tienen derecho a exigir identificación (¿?).
Ya no existen los álbumes de “modus operandi”, pues los jueces han entendido que una colección de fotografías de delincuentes es ‘estigmatizante’ y no pocos magistrados judiciales han considerado que perjudican y contaminan la investigación…
Las conductas pre-delictuales no pueden ser controladas por las policías y las fuerzas de seguridad. A modo de ejemplo, el denominado “olfato policial” o la “actitud sospechosa” han sido demonizados en los Tribunales Penales, casi como si se tratara de prácticas de la Gestapo.
Los “cacheos” y requisas también han sido discutidos por jueces y fiscales, habiéndose dictado infinidad de nulidades de procedimientos que culminaron con secuestros de armas, sustancias psicoactivas, elementos robados, etc.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar preventivamente en piquetes, cortes de calles, rutas o puentes. Salvo casos muy específicos, en donde se requiere orden judicial.
Las policías y las fuerzas de seguridad no pueden actuar en disturbios estudiantiles en dependencias de universidades públicas, pues la legislación vigente ha convertido a las casas de altos estudios en virtuales “sitios con inmunidad diplomática”, donde no ingresa nadie, salvo los integrantes de la comunidad universitaria.
En este contexto, se ven efectivos policiales deambulando sin rumbo fijo por las calles de las ciudades, gastando combustible de los patrulleros al solo efecto de que el ciudadano vea luces azules destellando por su barrio.
El ladrón no robará frente al patrullero o al caminante que pasa frente a él. Simplemente, optará por otra calle o por otro momento para cometer sus tropelías.
¿Qué hacer entonces?
Los formadores de los futuros integrantes de las fuerzas del orden deberán priorizar el entrenamiento, la capacitación; ser ejemplo de conducción y liderazgo. El oficial de policía moderno, más que deambular por las calles para que los gobernantes puedan mostrar “presencia”, deberán profundizar el estudio y análisis de la conducta criminal.
Pero, por sobre todas las cosas, si se pretende algún éxito en esta empresa, deberá existir DISCRECIÓN en las políticas de seguridad. Si los responsables políticos anuncian a los cuatro vientos, conferencia de prensa incluída, los mecanismos tendientes a evitar las conductas delictivas, el criminal sólo tiene que encender su televisor para saber que hacer y que no hacer.
La prevención de incendios no se logra con autobombas recorriendo los barrios buscando humo.
La medicina preventiva no tiene entre sus postulados el derrotero de ambulancias en procura de heridos.
Por una vez se impone ser un poco -solo un poco- mas inteligente que los criminales.
No se trata de una gran faena.
Marcelo Carlos Romero es fiscal del Ministerio Público y miembro de Usina de Justicia.
MAGISTRADO JUDICIAL (FISCAL del MINISTERIO PÚBLICO – PODER JUDICIAL de la PROVINCIA de BUENOS AIRES)
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 10, 2017
Tags: Dr. Marcelo Carlos Romero, Policía
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