El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Departamento que depende del Ministerio de Justicia) afirmó que durante la última dictadura militar hubo al menos 6.348 víctimas de desaparición forzada. El dato surge de un informe que fue remitido a la Organización No Gubernamental Ciudadanos Libres, que había presentado una solicitud de información pública.
Si se desmenuzan los números difundidos por el Gobierno, entre el 12 de octubre de 1973 y el 10 de diciembre de 1983 hubo un total de 8.571 víctimas: 7.010 son desaparecidos y 1.571 personas fueron asesinadas.
La respuestas oficial tiene una contradicción. Por un lado indica que las cifras surgen de las denuncias debidamente formalizadas ante la Secretaría de Derechos Humanos y “no deben entenderse como la totalidad de las víctimas ya que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones”. Luego aclara que el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado incluye los casos denunciados ante la Conadep.
La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo de la Nación a cargo de Claudio Avruj, emitió un comunicado en el que precisó: “Bajo ningún concepto debe considerarse este registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales; el número de personas desaparecidas continúa siendo indeterminado a la fecha”.
José Magioncalda, titular de Ciudadanos Libres, aseguró: “Nosotros advertimos que hubo un funcionario que por opinar de determinada manera fue hostigado y hasta tuvo que renunciar, entonces creímos que si el Estado daba una cifra comprobada podíamos ayudar a que hubiera un respaldo técnico”.
El funcionario aludido es Darío Lopérfido, actual director del Teatro Colón. En enero, durante un debate, dijo que en la Argentina no hubo 30 mil desaparecidos. Esos dichos provocaron el repudio de algunos organismos de Derechos Humanos. Tiempo después renunció al Ministerio de Cultura porteño. El informe oficial conocido hoy corrobora aquellas declaraciones.
Mientras tanto el investigador José D’angelo se pregunta: ¿Por qué hay quienes afirman que en la Argentina, en los años ’70, el Estado hizo desaparecer a 30.000 personas, mientras en los registros oficiales, a casi cuarenta años de los hechos, apenas se conoce el nombre y apellido de menos de la tercera parte de esa cifra? ¿Por qué razón no se divulga la identidad de más de 21.000 víctimas?
El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Departamento que depende del Ministerio de Justicia) afirmó que durante la última dictadura militar hubo al menos 6.348 víctimas de desaparición forzada. El dato surge de un informe que fue remitido a la Organización No Gubernamental Ciudadanos Libres, que había presentado una solicitud de información pública.
La respuestas oficial tiene una contradicción. Por un lado indica que las cifras surgen de las denuncias debidamente formalizadas ante la
Secretaría de Derechos Humanos y “no deben entenderse como la totalidad de las víctimas ya que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones”. Luego aclara que el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado incluye los casos denunciados ante la Conadep.
La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo de la Nación a cargo de Claudio Avruj, emitió un comunicado en el que precisó: “Bajo ningún concepto debe considerarse este registro como definitivo en la medida que permanentemente se siguen recibiendo nuevas denuncias y declaraciones testimoniales; el número de personas desaparecidas continúa siendo indeterminado a la fecha”.
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 7, 2016
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