Argentina tiene como costumbre que tras una contienda electoral, empieza una especie de guerra entre los que entran y los que se van. Pero en este caso, todavía el presidente Macri no entregó el poder a Alberto F y ya empiezan a relucir denuncias al actual gobierno argentino. En ese contexto, las Naciones Unidas ya le piden explicación al Estado sobre presuntas intimidaciones y persecuciones a la Justicia en la era Macri.
No es casualidad que las Naciones Unidas pida explicaciones al Gobierno argentino por “intimidar y perseguir” a diversos miembros de la Justicia durante la administración macrista. Y es que lógicamente será el Gobierno de Alberto Fernández quien tenga que suministrar más información a las Naciones Unidas para profundizar y esclarecer esta denuncia formal contra Macri, pruebas que por supuesto, la hoy oposición facilitará con gusto para tratar de desenmascarar a un Gobierno que siempre fijó como principios la transparencia y autonomía de los poderes.
Puntos importantes de la denuncia
– La designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto (en referencia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti). – Ataque a la Procuradora General de la Nación (Alejandra Gils Carbó). – Designación “ilegal” del juez Cullota en el juzgado electoral de La Plata. – Designación “ilegal” del juez Carlos Mahíques en la Cámara Federal de Casación Penal. – Designación “Ilegal” del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal de Apelaciones. – Ataques a jueces y abogados del fuero laboral. – Manipulación de fiscales en la causa Correo. – Ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (Causa D’Alessio).
El documento enviado de las Naciones Unidas, le da un plazo de 60 días al Gobierno para que responda, a sabiendas de que para entonces Macri ya habrá abandonado el poder. Razón por la cual, y en caso de que la administración macrista no lo haga, la respuesta oficial estará a cargo de la gestión de Alberto Fernández.
Así las cosas, se conoció que Naciones Unidas denunció formalmente a la era macrista por presuntos aprietes a la Justicia mientras ejercieron el poder. El documento cita una serie de hechos como presiones, persecución y designación de jueces amigos. Además, la causa del Correo Argentino y las presiones hacia el juez Ramos Padilla, figuran entre la denuncia.
“He recibido respecto a la presunta existencia de un Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República de Argentina… De acuerdo a dichas alegaciones dicho supuesto plan se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente. Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, detalla el texto de Naciones Unidas.
En la denuncia que va dirigida al ministro de relaciones Exteriores, Jorge Faurie, cita puntos específicos en los que el Gobierno habría metido la mano a fines de favorecerse.
Sobre el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, alegan que “la coalición gobernante habría obtenido una mayoría política en el Consejo de la Magistratura, a partir de la designación como miembro del Consejo, del Diputado Pablo Gabriel Tonelli, en febrero del 2016. Por medio de dicha mayoría en el Consejo, el poder ejecutivo utilizaría la Comisión de Disciplina y Acusación para perseguir a los magistrados que dictan resoluciones contra sus intereses”,
Y agregan: “Se habría también utilizado la Comisión de Selección de Magistrados para la selección de determinados magistrados. Para este fin, presuntamente la Comisión paraliza los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno; y traslada magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos en la legislación, tales
como la competencia material y la jurisdicción territorial”.
Además, critica la designación de dos jueces por decreto:
“El 14 de diciembre de 2015, el poder ejecutivo resolvió por Decreto n° 83/2015 la designación de los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daneil Rosatti en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina. Según la información recibida dichos nombramientos se habrían realizado sin respetar los requisitos del proceso de selección y nombramiento de jueces de la Corte Suprema establecido en la legislación (entre otros por lo dispuesto por el Decreto 222/2003), tales como las audiencias públicas, la participación de la sociedad civil o la aprobación del Senado de la Nación. Dicha designación sería, por tanto unilateral, en condiciones precarias de legalidad y podría sugerir que dichos magistrados no estarían libres de conexiones o influencias políticas”, cita la denuncia.
Por otro lado, Naciones Unidas denuncia ataques a la procuraduría de la nación, y explica que “la actual administración y otros actores solicitaron repetidas veces su renuncia e intentaron su destitución utilizando diversas estrategias para lograr su objetivo: presiones para que la Procuradora dejara el cargo; amenaza de vulnerar la estabilidad del Ministerio Público Fiscal; declaraciones sobre la intención de llevar a cabo reformas institucionales por Decreto de necesidad y urgencia; intentos de reformar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal; e inicio de acciones judiciales por parte de ONGs afines al gobierno nacional”; cita el texto.
Entre otras cosas, la denuncia también cita el caso de Correo Argentino, y alegan que hubo “manipulación de fiscales en la causa”.
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Argentina tiene como costumbre que tras una contienda electoral, empieza una especie de guerra entre los que entran y los que se van. Pero en este caso, todavía el presidente Macri no entregó el poder a Alberto F y ya empiezan a relucir denuncias al actual gobierno argentino. En ese contexto, las Naciones Unidas ya le piden explicación al Estado sobre presuntas intimidaciones y persecuciones a la Justicia en la era Macri.
No es casualidad que las Naciones Unidas pida explicaciones al Gobierno argentino por “intimidar y perseguir” a diversos miembros de la Justicia durante la administración macrista. Y es que lógicamente será el Gobierno de Alberto Fernández quien tenga que suministrar más información a las Naciones Unidas para profundizar y esclarecer esta denuncia formal contra Macri, pruebas que por supuesto, la hoy oposición facilitará con gusto para tratar de desenmascarar a un Gobierno que siempre fijó como principios la transparencia y autonomía de los poderes.
Puntos importantes de la denuncia
– La designación de dos jueces en la Corte Suprema por decreto (en referencia Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti).
– Ataque a la Procuradora General de la Nación (Alejandra Gils Carbó).
– Designación “ilegal” del juez Cullota en el juzgado electoral de La Plata.
– Designación “ilegal” del juez Carlos Mahíques en la Cámara Federal de Casación Penal.
– Designación “Ilegal” del juez Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal de Apelaciones.
– Ataques a jueces y abogados del fuero laboral.
– Manipulación de fiscales en la causa Correo.
– Ataque al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (Causa D’Alessio).
El documento enviado de las Naciones Unidas, le da un plazo de 60 días al Gobierno para que responda, a sabiendas de que para entonces Macri ya habrá abandonado el poder. Razón por la cual, y en caso de que la administración macrista no lo haga, la respuesta oficial estará a cargo de la gestión de Alberto Fernández.
Así las cosas, se conoció que Naciones Unidas denunció formalmente a la era macrista por presuntos aprietes a la Justicia mientras ejercieron el poder. El documento cita una serie de hechos como presiones, persecución y designación de jueces amigos. Además, la causa del Correo Argentino y las presiones hacia el juez Ramos Padilla, figuran entre la denuncia.
“He recibido respecto a la presunta existencia de un Plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República de Argentina… De acuerdo a dichas alegaciones dicho supuesto plan se estaría ejecutando por parte del Poder Ejecutivo por medio de una serie de actos concatenados, vinculados los unos a los otros estrechamente. Los alegados actos de intimidación y presión a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, tales como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura habrían socavado su independencia obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”, detalla el texto de Naciones Unidas.
En la denuncia que va dirigida al ministro de relaciones Exteriores, Jorge Faurie, cita puntos específicos en los que el Gobierno habría metido la mano a fines de favorecerse.
Y agregan: “Se habría también utilizado la Comisión de Selección de Magistrados para la selección de determinados magistrados. Para este fin, presuntamente la Comisión paraliza los concursos que son ganados por postulantes no afines al gobierno; y traslada magistrados vinculados o cercanos al partido gobernante, sin respetar los requisitos establecidos en la legislación, tales
como la competencia material y la jurisdicción territorial”.
“El 14 de diciembre de 2015, el poder ejecutivo resolvió por Decreto n° 83/2015 la designación de los jueces Carlos Fernando Rosenkrantz y Horacio Daneil Rosatti en la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina. Según la información recibida dichos nombramientos se habrían realizado sin respetar los requisitos del proceso de selección y nombramiento de jueces de la Corte Suprema establecido en la legislación (entre otros por lo dispuesto por el Decreto 222/2003), tales como las audiencias públicas, la participación de la sociedad civil o la aprobación del Senado de la Nación. Dicha designación sería, por tanto unilateral, en condiciones precarias de legalidad y podría sugerir que dichos magistrados no estarían libres de conexiones o influencias políticas”, cita la denuncia.
Entre otras cosas, la denuncia también cita el caso de Correo Argentino, y alegan que hubo “manipulación de fiscales en la causa”.
Por Arq. José Marcelino García Rozado
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 14, 2019