El 4 de noviembre de 1975, durante la presidencia de María Estela Martínez de Perón, una comisión de la Policía de la provincia de Buenos Aires que investigaba el asalto a la sucursal Alejandro Korn del Banco Provincia y el secuestro de un empresario, a órdenes del oficial subinspector Guillermo Ornstein, llegó a Honduras 4183, Capital Federal, una casa operativa del ERP. Una mujer entreabrió la puerta, el oficial se identificó y la mujer gritó: “¡Es la policía!”, luego de lo cual se produjo un violento tiroteo.
Una de las guerrilleras, María Teresa Barvich, alias “Chabela”, murió en el enfrentamiento y sus cinco camaradas finalmente se rindieron. Con ellos estaban tres menores, que fueron entregados a familiares directos. En el allanamiento se encontraron armas de guerra, municiones, documentos de identidad en blanco y ejemplares de las revistas del ERP: Estrella Roja y El Combatiente.
Griselda Valentina Zárate estaba secuestrada y sometida a “juicio revolucionario”, acusada de abandonar el ERP. Tres eran uruguayos, ex integrantes de Tupamaros y prófugos: Julio César y Washington Mogordoy y Charo Noemí Moreno. La otra mujer era Blanca Frida Becher de Moctulsky. El quinto era el médico Norberto Rey, dirigente del PRT, liberado el 25 de mayo de 1973 por el gobierno de Héctor Cámpora, estando preso por el secuestro y homicidio de Oberdan Sallustro de la FIAT. Los cinco fueron condenados por el juez, doctor Molteni, a diez años de prisión, sentencia confirmada por la Cámara Federal de La Plata.
La muerte de Barvich fue objeto de otra causa en la que el juez, doctor Guillermo Rivarola, previo dictamen favorable del fiscal Julio Strassera, dictó sobreseimiento definitivo a los policías intervinientes. Declaró: “El procedimiento fue llevado en forma correcta (…) sin que las fuerzas policiales se excedieran en el marco de sus atribuciones, pues respondieron con sus armas al ataque del que eran objeto desde el interior del inmueble”.
No obstante lo anterior, en el listado de víctimas de desaparición forzada y asesinato, publicado en noviembre de 2015, Chabela está registrada como víctima de asesinato. En el Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, en la Costanera Norte, una placa de pórfido patagónico lleva el nombre de María Teresa Barvich. El monumento fue visitado por los presidentes de los Estados Unidos, de Francia, de Italia y de España. En el libro de honor, Mariano Rajoy escribió: “Mi reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. Menudo “follón” se armaría en España si el presidente Mauricio Macri homenajeara a los terroristas de la ETA.
Los familiares de Barvich cobraron una indemnización estatal que, actualizada a julio de 2018, equivale a 5.100.346 de pesos, según liquidación 34801 del Ministerio de Economía, en noviembre de 2001 y por “ley reparatoria” nº 24411.
La existencia de una condena judicial en su contra no fue obstáculo para que los erpianos detenidos en Honduras 4183 cobraran también indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado, en el marco de otra “ley reparatoria”, la nº 24043. La oportunidad se les presentó cuando en la Argentina se instaló el proceso de “Memoria, Verdad y Justicia”, lo que nos explica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Horacio Verbitsky: “En la aplicación de la ley surgieron nuevos inconvenientes que debieron ser resueltos. Uno de estos problemas fue que muchas de las personas que reclamaban el cobro de la reparación tenían juicios penales iniciados en su contra. Es decir que su detención no obedecía al dictado del estado de sitio sino a (…) haber cometido delitos (…) en el marco de la lucha armada (…) Aunque la intención del gobierno era anterior a la sanción de la ley, este tema no fue incluido en el proyecto legislativo porque iba a generar una fuerte polémica y oposición que difícilmente pudiera ser superada (…) la dirigencia política no estaba dispuesta a otorgar una compensación a quienes estaban acusados de cometer delitos (…) esta categoría de presos no fue incluida en la ley, pero se dictaminó posteriormente de manera favorable al cobro del beneficio a través de resoluciones administrativas de la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales”.
“A confesión de parte, relevo de pruebas”: violando la ley, con la complicidad de organismos y funcionarios gubernamentales, los terroristas de la calle Honduras cobraron indemnizaciones que, actualizadas a julio de 2018, dan como resultado los siguientes montos: Zárate: liquidación n° 14791, en enero de 2013: 542.562 pesos; Julio Mogordoy: liquidación n° 15755, en agosto de 2014, 1.592,204 pesos; Washington Mogordoy, liquidación n° 4998, en enero de 1995: 3.040.694 pesos; Moreno cobró dos veces; la primera, liquidación n° 2890, en septiembre de 1994: 3.122.391 pesos y la segunda, liquidación n° 15677, en julio de 2014: 1.660.279 pesos; Becher de Moctulsky, liquidación n° 3062, en septiembre de 1994: 5.261.253 pesos, y Rey, liquidación n° 5228, en marzo de 1995: 5.044.355 pesos. En total, incluida Chabela, los argentinos les pagamos, a estos terroristas, a moneda actualizada, 25.364.084 pesos, equivalentes a 889.968 dólares, considerando un dólar de 28,5 pesos.
[ezcol_2third]
Este es un ejemplo del “curro de los derechos humanos” al que aludiera el presidente Macri, el que continua, sin que nadie atine a detenerlo.
Como en muchos otros casos, los terroristas mutaron primero a “combatientes heroicos” y, cuando les convino, a “pobres víctimas”: en el año 2007, los apresados en Honduras 4183 denunciaron a los policías y el juez federal Daniel Rafecas procesó y detuvo, en octubre de 2011, a Ornstein, al oficial subinspector José F. Madrid, al agente Nildo J. Delgado y al cabo Carlos A. Tarantino, quienes están, desde entonces, siete años ya, en prisión preventiva; completa la lista el agente Salerno, quien está con detención domiciliaria. En forma muy reciente, los fiscales de la causa pidieron penas de 25 años para Ornstein y Madrid, de 20 años para Tarantino y Salerno, y de 15 años para Delgado; la condena es inminente. Si son declarados culpables, la injusticia quedará consumada.
En este escandaloso caso, como en miles de otros, los tribunales, instados por el Ministerio Público Fiscal, querellantes públicos, privados y de las organizaciones de derechos humanos encarcelan a los agentes estatales que combatieron al terrorismo en la década de los 70, pese a la abrumadora evidencia de que encontraron resistencia armada. Nuestra Justicia niega al Estado nacional las facultades para perseguir y reprimir al terrorismo y considera delito a toda la guerra contra la insurgencia armada, aún durante gobiernos democráticos.
[/ezcol_2third]
[ezcol_1third_end]
José Félix Madrid
[/ezcol_1third_end]
Esta es la “alquimia setentista”: transmutar combates en asesinatos; disolver a las víctimas del terrorismo; convertir a sus victimarios terroristas, primero, en héroes y, después, en víctimas, y transformar a todos los agentes estatales en criminales y meterlos presos, con o sin condena, sin matices de grado, responsabilidad o participación, por delitos de lesa humanidad.
Que quede claro: todos los agentes estatales de las fuerzas de seguridad y defensa, todo uniformado que reprima, aun bajo el amparo de la ley y cumpliendo órdenes, puede terminar condenado y preso, dentro de 40 años, por delitos de lesa humanidad.
Llegará el día en el que el Estado nacional, como es su obligación, haga las cuentas e informe lo que costó al pueblo argentino la “construcción de la memoria”. Las estimaciones arrojan cifras escandalosas de decenas de miles de indemnizados y miles de millones de dólares pagados y aun hoy se siguen arrojando, en la olla de este perverso experimento, a ex agentes estatales de muy bajo rango.
Los antiguos alquimistas pretendían encontrar, mediante un procedimiento virtuoso, la piedra filosofal que convirtiese en oro todos los metales. Nuestros “taumaturgos setentistas” han logrado transmutar la causa de los derechos humanos en un vil negocio que prospera al mismo tiempo que conservan su poder y consuman su venganza.
Una de las guerrilleras, María Teresa Barvich, alias “Chabela”, murió en el enfrentamiento y sus cinco camaradas finalmente se rindieron. Con ellos estaban tres menores, que fueron entregados a familiares directos. En el allanamiento se encontraron armas de guerra, municiones, documentos de identidad en blanco y ejemplares de las revistas del ERP: Estrella Roja y El Combatiente.
Griselda Valentina Zárate estaba secuestrada y sometida a “juicio revolucionario”, acusada de abandonar el ERP. Tres eran uruguayos, ex integrantes de Tupamaros y prófugos: Julio César y Washington Mogordoy y Charo Noemí Moreno. La otra mujer era Blanca Frida Becher de Moctulsky. El quinto era el médico Norberto Rey, dirigente del PRT, liberado el 25 de mayo de 1973 por el gobierno de Héctor Cámpora, estando preso por el secuestro y homicidio de Oberdan Sallustro de la FIAT. Los cinco fueron condenados por el juez, doctor Molteni, a diez años de prisión, sentencia confirmada por la Cámara Federal de La Plata.
La muerte de Barvich fue objeto de otra causa en la que el juez, doctor Guillermo Rivarola, previo dictamen favorable del fiscal Julio Strassera, dictó sobreseimiento definitivo a los policías intervinientes. Declaró: “El procedimiento fue llevado en forma correcta (…) sin que las fuerzas policiales se excedieran en el marco de sus atribuciones, pues respondieron con sus armas al ataque del que eran objeto desde el interior del inmueble”.
No obstante lo anterior, en el listado de víctimas de desaparición forzada y asesinato, publicado en noviembre de 2015, Chabela está registrada como víctima de asesinato. En el Parque de la Memoria, monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, en la Costanera Norte, una placa de pórfido patagónico lleva el nombre de María Teresa Barvich. El monumento fue visitado por los presidentes de los Estados Unidos, de Francia, de Italia y de España. En el libro de honor, Mariano Rajoy escribió: “Mi reconocimiento a todos los que dieron su vida por la libertad y los derechos de todos”. Menudo “follón” se armaría en España si el presidente Mauricio Macri homenajeara a los terroristas de la ETA.
Los familiares de Barvich cobraron una indemnización estatal que, actualizada a julio de 2018, equivale a 5.100.346 de pesos, según liquidación 34801 del Ministerio de Economía, en noviembre de 2001 y por “ley reparatoria” nº 24411.
La existencia de una condena judicial en su contra no fue obstáculo para que los erpianos detenidos en Honduras 4183 cobraran también indemnizaciones como víctimas del terrorismo de Estado, en el marco de otra “ley reparatoria”, la nº 24043. La oportunidad se les presentó cuando en la Argentina se instaló el proceso de “Memoria, Verdad y Justicia”, lo que nos explica el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Horacio Verbitsky: “En la aplicación de la ley surgieron nuevos inconvenientes que debieron ser resueltos. Uno de estos problemas fue que muchas de las personas que reclamaban el cobro de la reparación tenían juicios penales iniciados en su contra. Es decir que su detención no obedecía al dictado del estado de sitio sino a (…) haber cometido delitos (…) en el marco de la lucha armada (…) Aunque la intención del gobierno era anterior a la sanción de la ley, este tema no fue incluido en el proyecto legislativo porque iba a generar una fuerte polémica y oposición que difícilmente pudiera ser superada (…) la dirigencia política no estaba dispuesta a otorgar una compensación a quienes estaban acusados de cometer delitos (…) esta categoría de presos no fue incluida en la ley, pero se dictaminó posteriormente de manera favorable al cobro del beneficio a través de resoluciones administrativas de la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales”.
“A confesión de parte, relevo de pruebas”: violando la ley, con la complicidad de organismos y funcionarios gubernamentales, los terroristas de la calle Honduras cobraron indemnizaciones que, actualizadas a julio de 2018, dan como resultado los siguientes montos: Zárate: liquidación n° 14791, en enero de 2013: 542.562 pesos; Julio Mogordoy: liquidación n° 15755, en agosto de 2014, 1.592,204 pesos; Washington Mogordoy, liquidación n° 4998, en enero de 1995: 3.040.694 pesos; Moreno cobró dos veces; la primera, liquidación n° 2890, en septiembre de 1994: 3.122.391 pesos y la segunda, liquidación n° 15677, en julio de 2014: 1.660.279 pesos; Becher de Moctulsky, liquidación n° 3062, en septiembre de 1994: 5.261.253 pesos, y Rey, liquidación n° 5228, en marzo de 1995: 5.044.355 pesos. En total, incluida Chabela, los argentinos les pagamos, a estos terroristas, a moneda actualizada, 25.364.084 pesos, equivalentes a 889.968 dólares, considerando un dólar de 28,5 pesos.
[ezcol_2third]Este es un ejemplo del “curro de los derechos humanos” al que aludiera el presidente Macri, el que continua, sin que nadie atine a detenerlo.
Como en muchos otros casos, los terroristas mutaron primero a “combatientes heroicos” y, cuando les convino, a “pobres víctimas”: en el año 2007, los apresados en Honduras 4183 denunciaron a los policías y el juez federal Daniel Rafecas procesó y detuvo, en octubre de 2011, a Ornstein, al oficial subinspector José F. Madrid, al agente Nildo J. Delgado y al cabo Carlos A. Tarantino, quienes están, desde entonces, siete años ya, en prisión preventiva; completa la lista el agente Salerno, quien está con detención domiciliaria. En forma muy reciente, los fiscales de la causa pidieron penas de 25 años para Ornstein y Madrid, de 20 años para Tarantino y Salerno, y de 15 años para Delgado; la condena es inminente. Si son declarados culpables, la injusticia quedará consumada.
En este escandaloso caso, como en miles de otros, los tribunales, instados por el Ministerio Público Fiscal, querellantes públicos, privados y de las organizaciones de derechos humanos encarcelan a los agentes estatales que combatieron al terrorismo en la década de los 70, pese a la abrumadora evidencia de que encontraron resistencia armada. Nuestra Justicia niega al Estado nacional las facultades para perseguir y reprimir al terrorismo y considera delito a toda la guerra contra la insurgencia armada, aún durante gobiernos democráticos.
José Félix Madrid
[/ezcol_1third_end]Esta es la “alquimia setentista”: transmutar combates en asesinatos; disolver a las víctimas del terrorismo; convertir a sus victimarios terroristas, primero, en héroes y, después, en víctimas, y transformar a todos los agentes estatales en criminales y meterlos presos, con o sin condena, sin matices de grado, responsabilidad o participación, por delitos de lesa humanidad.
Que quede claro: todos los agentes estatales de las fuerzas de seguridad y defensa, todo uniformado que reprima, aun bajo el amparo de la ley y cumpliendo órdenes, puede terminar condenado y preso, dentro de 40 años, por delitos de lesa humanidad.
Llegará el día en el que el Estado nacional, como es su obligación, haga las cuentas e informe lo que costó al pueblo argentino la “construcción de la memoria”. Las estimaciones arrojan cifras escandalosas de decenas de miles de indemnizados y miles de millones de dólares pagados y aun hoy se siguen arrojando, en la olla de este perverso experimento, a ex agentes estatales de muy bajo rango.
Fuente: https://www.infobae.com/opinion/2018/07/31/alquimia-setentista/
Colaboración: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 31, 2018
Tags: José D'angelo, José Félix Madrid, Nildo DelgadoRelated Posts
¿Y SI TAMBIEN AUDITAN LOS JUICIOS?
♦ Por Dr. Gonzalo Miño. Hace algunas horas, [...]
EL CURRO DE LOS DDHH QUE OCULTÓ MACRI NO ES SOLO ECONÓMICO…ES CRIMINAL (Con video de 2 minutos)
○ Por Claudio Kussman. El expresidente (2015-2019) MAURICIO [...]
LOS MUERTOS VIVIENTES EN ARGENTINA
Por CLAUDIO KUSSMAN CRÍMENES “PERFECTOS” [ezcol_1half] El [...]