La casualidad llevó al allanamiento de un taller de costura. Lo que en principio fuera anunciado como un triunfo más en la lucha contra el trabajo esclavo terminó denunciado como un entramado judicial para el robo sistemático de maquinarias e insumos del sector textil. El asunto condujo a la imputación penal de Gustavo Vera, ícono de la lucha contra la trata de personas, y de Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. El expediente, número 7285/2016 lleva como carátula: “Vera, Gustavo Javier y otro s/ Malversación de Caudales Públicos”.
La causa estuvo a cargo del juez Ariel Lijo, quien, por una investigación policial, realizó un allanamiento y confiscó 19 máquinas y demás insumos destinados a la confección de ropa. En el procedimiento detuvo además a los responsables del taller, los ciudadanos bolivianos Faustino Mamani Chinche y a su esposa, Reyna Calizaya, y le ordenó a Gendarmería que se hiciera cargo de la custodia del taller y todo lo que se encontraba adentro.
Dos semanas después Vera y Piumato presentaron ante el juzgado de Lijo un escrito para que se le entregaran las máquinas y prendas secuestradas. El 23 de diciembre y sin que se encontrara firme ni una foja del expediente, el magistrado ordenó que le fuera entregado a Vera y Piumato en calidad de “depositario judicial” todo lo incautado en el procedimiento y los autorizó a entregar en comodato todo el material a dos entidades de la curia argentina: la Parroquia de Caacupé, y el Hogar Cristo Gaucho Antonio Gil.
Según Lucas Schaerer, vocero de Vera, esto es un procedimiento habitual desde el 2008, fecha en la que el juez Sergio Torres sentó el precedente en un fallo, basado en el art. 23 del Código Penal, que establece que “si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades”. Se trata de lo que llaman “incautación con reinserción social”: lo decomisado se utiliza con fines benéficos. Sin embargo, el abogado Alejandro Kim, defensor del matrimonio boliviano, los denunció por el delito de “malversación de caudales públicos”. En su escrito, Kim dejó constancia de que no había sentencia firme, y que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales que, con la excusa de combatir el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los comerciantes textiles. A esa metodología Kim la calificó de “forum shopping”. La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal coincidió con él: revocó todo lo actuado, dictó la falta de mérito sobre Mamani Chinche, le quitó el manejo de la causa a Lijo, y la envió nuevamente a sorteo para que intervengan otras autoridades judiciales con la orden de devolver inmediatamente lo incautado.
La nueva instrucción recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó que reintegraran todo el material. Sin embargo, faltaban varias máquinas valuadas en miles de pesos, insumos y prendas confeccionadas.
Semejante irregularidad disparó una investigación, a cargo de Claudio Bonadío,bajo la carátula de malversación de caudales públicos. Si bien según Schaerer “la semana pasada se terminó de devolver todo”, la querella sostiene que se trató deuna maniobra dilatoria para evitar la indagatoria, pero que, según consta en una nueva denuncia, lo devuelto no se corresponde con lo sustraído. Y no sólo eso, las máquinas devueltas tenían el número de serie limado, lo que mostraría la intención de confundir a la justicia.
Consultado por este nuevo revés, el diputado Gustavo Vera negó la imputación: “ya está todo aclarado, con la devolución quedó sin efecto la causa”. Cuando se le explica que no es así, que fuentes del juzgado sostienen que por ahora sólo se postergó la indagatoria, pero al haber una nueva denuncia la causa en la que está imputado seguía en pie, Vera contestó a los gritos: “Ah, mirá vos, Stiuso está afilado, cuánto te paga la SIDE? Andá a trabajar con Majdalani. Esta es una operación berreta orquestada por la gente de Stiuso, que le garpan a los periodistas como vos. Estás mintiendo, lo que querés es perjudicarme para pegarle al Papa, a vos te pagaron para pegarle al Papa.”
El motivo del nerviosismo de Vera es entendible: esta causa puede terminar siendo la punta del iceberg que ponga al descubierto un sistema cuando menos polémico, que permite el aprovechamiento por parte de terceros de materiales incautados cuando todavía no hay una sentencia firme, y que nadie controla, generando perjuicios a trabajadores que dicen defender. Según la querella “no es casual que los allanamientos apunten en su mayoría a fabricantes de jeans, porque usan máquinas e insumos más caros que otros tipos de prendas”.
En un momento menos tenso de la entrevista telefónica, Vera reconoce: “hoy hablé con (el ministro de Justicia Germán) Garavano, para que no tengamos más sospechas, que a partir de ahora el ministerio se haga cargo de lo incautado, como tendría que ser, y no nosotros. Lo que pasa es que ningún organismo del Estado lo quería hacer”.
Por estas horas, en el juzgado de Bonadío están esperando que se les remita lo actuado por Martínez de Giorgi para expedirse. Si se da lugar a la nueva denuncia, se fijará fecha para una nueva indagatoria y tanto Vera como Piumato deberán sentarse frente al juez.
La casualidad llevó al allanamiento de un taller de costura. Lo que en principio fuera anunciado como un triunfo más en la lucha contra el trabajo esclavo terminó denunciado como un entramado judicial para el robo sistemático de maquinarias e insumos del sector textil. El asunto condujo a la imputación penal de Gustavo Vera, ícono de la lucha contra la trata de personas, y de Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación. El expediente, número 7285/2016 lleva como carátula: “Vera, Gustavo Javier y otro s/ Malversación de Caudales Públicos”.
Dos semanas después Vera y Piumato presentaron ante el juzgado de Lijo un escrito para que se le entregaran las máquinas y prendas secuestradas. El 23 de diciembre y sin que se encontrara firme ni una foja del expediente, el magistrado ordenó que le fuera entregado a Vera y Piumato en calidad de “depositario judicial” todo lo incautado en el procedimiento y los autorizó a entregar en comodato todo el material a dos entidades de la curia argentina: la Parroquia de Caacupé, y el Hogar Cristo Gaucho Antonio Gil.
Según Lucas Schaerer, vocero de Vera, esto es un procedimiento habitual desde el 2008, fecha en la que el juez Sergio Torres sentó el precedente en un fallo, basado en el art. 23 del Código Penal, que establece que “si el bien decomisado tuviere valor de uso o cultural para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional, provincial o municipal respectiva podrá disponer su entrega a esas entidades”. Se trata de lo que llaman “incautación con reinserción social”: lo decomisado se utiliza con fines benéficos. Sin embargo, el abogado Alejandro
Kim, defensor del matrimonio boliviano, los denunció por el delito de “malversación de caudales públicos”. En su escrito, Kim dejó constancia de que no había sentencia firme, y que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales que, con la excusa de combatir el trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los comerciantes textiles. A esa metodología Kim la calificó de “forum shopping”. La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal coincidió con él: revocó todo lo actuado, dictó la falta de mérito sobre Mamani Chinche, le quitó el manejo de la causa a Lijo, y la envió nuevamente a sorteo para que intervengan otras autoridades judiciales con la orden de devolver inmediatamente lo incautado.
La nueva instrucción recayó en el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien ordenó que reintegraran todo el material. Sin embargo, faltaban varias máquinas valuadas en miles de pesos, insumos y prendas confeccionadas.
Semejante irregularidad disparó una investigación, a cargo de Claudio Bonadío,bajo la carátula de malversación de caudales públicos. Si bien según Schaerer “la semana pasada se terminó de devolver todo”, la querella sostiene que se trató deuna maniobra dilatoria para evitar la indagatoria, pero que, según consta en una nueva denuncia, lo devuelto no se corresponde con lo sustraído. Y no sólo eso, las máquinas devueltas tenían el número de serie limado, lo que mostraría la intención de confundir a la justicia.
El motivo del nerviosismo de Vera es entendible: esta causa puede terminar siendo la punta del iceberg que ponga al descubierto un sistema cuando menos polémico, que permite el aprovechamiento por parte de terceros de materiales incautados cuando todavía no hay una sentencia firme, y que nadie controla, generando perjuicios a trabajadores que dicen defender. Según la querella “no es casual que los allanamientos apunten en su mayoría a fabricantes de jeans, porque usan máquinas e insumos más caros que otros tipos de prendas”.
En un momento menos tenso de la entrevista telefónica, Vera reconoce: “hoy hablé con (el ministro de Justicia Germán) Garavano, para que no tengamos más sospechas, que a partir de ahora el ministerio se haga cargo de lo incautado, como tendría que ser, y no nosotros. Lo que pasa es que ningún organismo del Estado lo quería hacer”.
Por estas horas, en el juzgado de Bonadío están esperando que se les remita lo actuado por Martínez de Giorgi para expedirse. Si se da lugar a la nueva denuncia, se fijará fecha para una nueva indagatoria y tanto Vera como Piumato deberán sentarse frente al juez.
Fuente: Revista Perfil
Septiembre 30, 2016