España hizo historia en marzo pasado. Tras una votación en el Parlamento con 202 votos a favor, 141 en contra y dos abstenciones, la nación europea se unió a la corta lista de países en los que es legal la eutanasia y se reconoce el derecho de los enfermos en estados terminales a una “muerte digna”.

Con la medida, España se volvió el primero de tradición católica en aprobar una legislación que garantiza a las pacientes terminales el acceso tanto a la eutanasia (administrada por un médico) como el suicidio asistido (en el que el paciente recibe los medicamentos con los que podrá poner fin a su vida).

Como en muchos de los otros países donde fue aprobada antes, España autorizará su uso únicamente a personas que sufran una “enfermedad grave e incurable” o un padecimiento “grave, crónico e imposibilitante” que cause un “sufrimiento intolerable”.

Así la nación ibérica se convirtió en el cuarto país de Europa en aprobar el procedimiento.

Países Bajos Fue el primer lugar en el mundo en aprobar la eutanasia activa en abril de 2002, luego de que se tomaran diferentes decisiones judiciales con anterioridad que abrieron paso a la legislación.

En 1973, un médico fue condenado por haber facilitado la muerte de su madre tras reiteradas solicitudes explícitas de eutanasia.

El caso generó gran conmoción y, aunque se mantuvo la condena, el fallo del tribunal estableció criterios en los que no se requeriría que un médico mantuviera vivo a un paciente en contra de su voluntad.

Poco más de un mes después de la aprobación en Países Bajos, Bélgica también legalizó la eutanasia y el suicidio asistido.

Fue también, años después, el primer país del mundo donde se aprobó la eutanasia para menores de 12 años en casos de enfermedad terminal.

El Parlamento de Luxemburgo aprobó la legalización de la eutanasia en marzo de 2009.

Los pacientes terminales tienen la opción de solicitar el procedimiento después de recibir la aprobación de dos médicos y un panel de expertos.

La eutanasia en Canadá es llamada “asistencia médica para morir” y fue legalizada junto al suicidio asistido en junio de 2016.

El país establece estrictos requisitos, que van desde solicitar el procedimiento 10 días antes de ponerse en práctica, la presencia de dos testigos independientes y la aprobación de dos médicos, quienes deben confirmar que el paciente no tiene cura y que está en una avanzada fase de sufrimiento.

Nueva Zelanda fue primera en el mundo en someter la eutanasia a referendo, junto a las boletas de las elecciones generales a finales de 2020.

La mayoría de los votantes apoyó la medida, lo cual abrió las puertas para que el proyecto de ley entre en vigor el 6 de noviembre de este año, 12 meses después del recuento final de votos.

Quienes soliciten la eutanasia deberán tener 18 años y necesitarán la aprobación de dos médicos.

En otros lugares del mundo, aunque la eutanasia directa o activa está prohibida, existen regulaciones que permiten otras formas de “muerte compasiva”, como el suicidio asistido, en el que el personal de salud entrega los medicamentos para terminar su vida al paciente, que debe tomarlos por sí mismo.

Esta práctica es legal en Alemania, Suiza, el estado australiano de Victoria y en los estados estadounidenses de California, Colorado, Hawái, Maine, Nueva Jersey, Oregón, Vermont y Washington y también en el Distrito de Columbia.

En muchas otras naciones es legal la llamada eutanasia indirecta o pasiva, en la que se suspende la atención médica o los tratamientos y se deja morir al paciente cuando ya no hay esperanza.

Con la excepción de Colombia, donde todavía existen muchas lagunas legales y técnicas para su aplicación, la eutanasia directa está prohibida en la totalidad de países de América Latina.

En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, una corte recientemente falló a favor de una solicitud de Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde hace 30 años y que reclamaba su derecho a una muerte digna.

Otras naciones de la región tienen legislaciones que permiten la eutanasia pasiva.

Es el caso de Argentina, donde el Senado aprobó en 2012 una ley que autoriza a rechazar tratamientos que prolongan artificialmente la vida de pacientes con síntomas terminales o irreversibles.

En Chile, también desde 2012, los pacientes en estados terminales pueden rechazar la continuidad de los tratamientos.

En diciembre de 2020, la Cámara de Diputados del país andino aprobó el proyecto de ley de “Muerte digna y cuidados paliativos” que busca, bajo determinadas condiciones, que una persona pueda solicitar asistencia médica para morir.

La Ciudad de México y los estados de Aguascalientes y Michoacán, en México, también permiten que pacientes en estados terminales rechacen los tratamientos paliativos. Sin embargo, varios proyectos de leyes para autorizar la eutanasia han fallado en el Congreso.

En Uruguay cuentan con una la ley conocida como de “voluntad anticipada” o “del buen morir”, que regula también la libertad de un paciente para rechazar un tratamiento, incluidos los cuidados paliativos.