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El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comparecido la mañana de este miércoles en el Congreso de los Diputados para anunciar las medidas de su Plan de Regeneración Democrática, en el que ha desgranado disposiciones de la Unión Europea de obligada trasposición a la legislación nacional, que afectan sobre todo a la transparencia de las instituciones y de los medios de comunicación.

Por el momento, el Ejecutivo de Sánchez no tiene ningún texto cerrado, por lo que ha emplazado a los grupos parlamentarios a negociar la letra pequeña de las medidas, con el objetivo de presentarlas a la Cámara Baja para su aprobación luego del verano.

El presidente anunció por primera vez este plan después de los cinco días de reflexión que se tomó en abril para sopesar su continuidad en el cargo, ante la campaña de acoso de la que sostenía que estaban siendo víctimas tanto él como su esposa.

Los principales puntos tratados por Sánchez se refieren a la ley de independencia de los medios de comunicación y la ley de publicidad institucional.

Con la finalidad de lograr una mayor transparencia y luchar contra la desinformación, las noticias falsas, la injerencia extranjera y los bulos se proponen varias medidas:

• La obligatoriedad de que los medios publiquen los nombres de sus propietarios y la financiación pública que reciben de cada administración.

• Las administraciones públicas también deberán publicar de manera accesible la financiación que realizan de medios de comunicación.

• Reforzar los derechos al honor y a la rectificación, porque “los ciudadanos tienen que poder defenderse si se vierten sobre ellos acusaciones infundadas”.

• Aprobar un código de buenas prácticas periodísticas a nivel europeo.

Sánchez ha señalado que “el consumo reiterado de noticias falsas está directamente ligado al voto a la ultraderecha” y que se trata de un “problema que afecta a toda Europa”.

Además, el presidente español durante su comparecencia ha anunciado otro tipo de medidas, como la aprobación de 2.300 millones de euros para cuatro nuevos proyectos para fomentar la transición energética y un paquete de 100 millones en ayudas para la digitalización de los medios de comunicación.

Sánchez ha referido que se impulsará una nueva reforma de la ‘ley mordaza’, algo que anunció el pasado martes la vicepresidente segunda y ministro de Trabajo, Yolanda Díaz, sin concretar cuál sería su alcance, aunque limitándola a lo “relativo a la libertad de expresión”.

También ha propuesto una reforma de la ley electoral, introduciendo la obligatoriedad de que los candidatos participen en debates en los medios de comunicación para “garantizar el derecho de los ciudadanos a contrastar propuestas y proyectos”.

Una de las réplicas más duras ha sido la de Alberto Núñez Feijóo, presidente del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), que ha acusado a Sánchez de intentar censurar a los medios de comunicación que informan sobre la presunta corrupción que le salpica, en referencia al proceso judicial que se sigue contra su esposa, Begoña Gómez.

Núñez Feijóo, sin pronunciarse sobre ninguna medida concreta, ha acusado al presidente e iniciar “el mayor ataque a la libertad de información de la democracia”.

El resto de los portavoces de los grupos parlamentarios también se han mostrado críticos, especialmente el líder de la ultraderecha Vox, Santiago Abascal, señalando que los anuncios de hoy son cosméticos, toda vez que la mayoría de ellos vienen obligados por la legislación europea.

Sin embargo, los grupos minoritarios que apoyan desde fuera el Ejecutivo de Sánchez, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o el Partido Nacionalista Vasco (PNV), se han mostrado abiertos a estudiar y negociar las medidas.