El Gobierno de la provincia argentina de Jujuy decidió constituirse como querellante en los procesos penales en curso sobre la ola de manifestaciones recientes, informaron medios locales este jueves.
A nombre del gobernador Gerardo Morales, la Fiscalía de Estado de Jujuy pide a la Justicia condenas de hasta 25 años y multas que podrían alcanzar el millón y medio de pesos (alrededor de 5.760 dólares).
En conferencia de prensa, el fiscal de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, señaló que por “instrucciones directas del señor gobernador de la provincia” procederán con estas medidas para “asegurar que se restablezca el clima de paz, armonía y progreso”.
Ante esto, adelantó que apostarían por prisiones preventivas. “Detenciones efectivas contra quienes sigan con protesta violenta”, anunció Rivas, reseña la prensa local.
El pedido de mejores salarios y el repudio a una polémica reforma constitucional de Morales desató una serie de protestas masivas, con episodios de violencia, en medio de actos represivos por parte de las fuerzas del orden público.
“Con métodos extorsivos y sediciosos atropellaron instituciones y autoridades públicas”, aseveró Rivas en la víspera. “Estamos solicitando la detención inmediata de los violentos, extorsionadores y delincuentes”, agregó.
La noche del miércoles, en Jujuy se llevó a cabo una marcha de antorchas para rechazar la reforma constitucional y la represión.
Con tambores, pitos y pancartas, centenares de personas, de diversos colectivos, tomaron las calles en desafío a las acciones tomadas por Morales, quien aspira a la Vicepresidencia argentina de la mano del conservador Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a la Presidencia.
El descontento popular escaló con la reforma constitucional impulsada por Morales, que establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia.
Se trata de una nueva Constitución, aprobada en apenas un mes, que no fue consultada a la ciudadanía, ignora la voz de los pueblos indígenas de la zona y criminaliza el derecho a la protesta, de acuerdo a organismos de derechos humanos.
Ahora para manifestarse en la región se debe seguir una reglamentación. No obstante, no han cesado las movilizaciones.
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El Gobierno de la provincia argentina de Jujuy decidió constituirse como querellante en los procesos penales en curso sobre la ola de manifestaciones recientes, informaron medios locales este jueves.
A nombre del gobernador Gerardo Morales, la Fiscalía de Estado de Jujuy pide a la Justicia condenas de hasta 25 años y multas que podrían alcanzar el millón y medio de pesos (alrededor de 5.760 dólares).
En conferencia de prensa, el fiscal de Jujuy, Miguel Ángel Rivas, señaló que por “instrucciones directas del señor gobernador de la provincia” procederán con estas medidas para “asegurar que se restablezca el clima de paz, armonía y progreso”.
Ante esto, adelantó que apostarían por prisiones preventivas. “Detenciones efectivas contra quienes sigan con protesta violenta”, anunció Rivas, reseña la prensa local.
El pedido de mejores salarios y el repudio a una polémica reforma constitucional de Morales desató una serie de protestas masivas, con episodios de violencia, en medio de actos represivos por parte de las fuerzas del orden público.
“Con métodos extorsivos y sediciosos atropellaron instituciones y autoridades públicas”, aseveró Rivas en la víspera. “Estamos solicitando la detención inmediata de los violentos, extorsionadores y delincuentes”, agregó.
La noche del miércoles, en Jujuy se llevó a cabo una marcha de antorchas para rechazar la reforma constitucional y la represión.
Con tambores, pitos y pancartas, centenares de personas, de diversos colectivos, tomaron las calles en desafío a las acciones tomadas por Morales, quien aspira a la Vicepresidencia argentina de la mano del conservador Horacio Rodríguez Larreta, precandidato a la Presidencia.
El descontento popular escaló con la reforma constitucional impulsada por Morales, que establece la “prohibición de cortes de calles y cortes de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en la provincia.
Se trata de una nueva Constitución, aprobada en apenas un mes, que no fue consultada a la ciudadanía, ignora la voz de los pueblos indígenas de la zona y criminaliza el derecho a la protesta, de acuerdo a organismos de derechos humanos.
Ahora para manifestarse en la región se debe seguir una reglamentación. No obstante, no han cesado las movilizaciones.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 7, 2023