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El Gobierno argentino gastó cerca de 200 millones de pesos (más de 220.000 dólares) en comprar alimentos gourmet para altos cargos de las Fuerzas Armadas, según información pública recogida en el portal comprar.gob.ar.

La orden de compra aparece rubricada por el brigadier general Xavier Julián Isaac, quien está al frente del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tras ser promovido por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri.

Entre otros ítems, la lista de insumos incluyó 84 kilos de salmón rosado, 203 kilos de bife de chorizo, 383 kilos de asado, 209 kilos de bife con lomo, 456 kilos de vacío, 209 kilos de colita de cuadril, 40 kilos de queso parmesano, 80 hormas de queso sardo, más de 500 kilos de jamón cocido, salame de Milán, 84 kilos de jamón crudo, panceta ahumada y 333 kilos de papas noisette.

Solo en carnicería, la compra supuso una erogación superior a los 90 millones de pesos (casi 100.000 dólares) y contó con cortes de “nalga, cuadril, matambrito de cerdo, peceto, carré de cerdo, milanesas, ‘roast beef’, chorizo y chinchulines”, mientras que entre los quesos se contaron “mozzarella, fresco, tybo, sardo, crema bajas calorías, roquefort, untable y rallado”.

A lo anterior se sumaron dulces, caramelos, tortas, galletas, helados, flanes y barritas energéticas, así como arroz, fideos, frutas y verduras. En este último caso, se estima que probablemente estaban destinados a la alimentación diaria de la tropa en el Centro de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz y el Comando Antártico.

Según El Destape, “la licitación era por tres meses y ya pasaron, así que es probable que repongan pronto”. Entretanto, “desde el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea lanzaron otra licitación por 119 millones de pesos (unos 131.000 dólares) para ‘adquisición de carnes’, lo que incluye costillar, bola de lomo, costillitas de cerdo, chorizo común y bombón, colita de cuadril, matambrito de cerdo, peceto, solomillo, salchicha parrillera, vacío y pechito de cerdo, entre otros cortes”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue interpelado por la prensa sobre el tema en su conferencia matutina de este martes, y aseguró que no tenía conocimiento alguno de los hechos.

“Me acabo de enterar por vos. Digamos, no leí el portal Comprar, así que no tengo el dato, pero lo averiguo y te doy la respuesta, a ver a qué se debe la compra. Así como efectivamente hago con ustedes: tomo por bueno lo que me decís, entiendo que está en el portal Comprar, lo averiguo y te lo comunicamos”, dijo el funcionario.

Por su lado, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas respondió a los señalamientos mediáticos con un comunicado en el que se asegura que “el proceso de licitación pública para la adquisición de víveres frescos y secos en el ámbito del Estado Mayor Conjunto, inició su proceso el 8 de noviembre de 2023 y fue autorizado por la gestión anterior”.

Del mismo modo, el documento afirma que en interés de “sostener el abastecimiento necesario para el funcionamiento”, la entidad castrense “dio continuidad al citado proceso por el término de 90 días”, tras lo cual se dispuso a iniciar un nuevo proceso, que impacta directamente “a más de 1.800 efectivos que se encuentran destinados en distintas dependencias”.

Por último, se apuntó que Isaac ordenó una “auditoría interna” para investigar lo que catalogó como “características de algunos alimentos no habituales en este tipo de procesos” y determinar “qué criterios, tipos y cantidades de alimentos fueron analizados para llevar adelante” la compra, “descartándose ‘a priori’ todo tipo de dolo”.

Esta diatriba se hizo pública mientras sigue en el ojo del huracán la confiscación de alimentos destinados a comedores populares, que involucra al Ministerio de Capital Humano y a su titular, Sandra Pettovello.

Luego de numerosas quejas y denuncias públicas, un tribunal ordenó a la cartera liderada por Pettovello el reparto de los insumos próximos a vencerse, y el Ejecutivo anunció que el Ejército ayudaría a gestionar la distribución, que se extendería durante unas dos semanas.

Si bien la funcionaria permanece en su posición, el escándalo le costó el cargo al hasta entonces secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, al que se acusó de “mal desempeño de sus tareas”, al no haber “realizado un control permanente del ‘stock y de vencimiento de mercadería”.