La fragilidad de la construcción legislativa de Milei, sumada a la inexperiencia y, a veces, hasta la deslealtad de quienes representan a La Libertad Avanza en el Congreso (el proceder de algunos de ellos en la Legislatura bonaerense, demostrada con el voto favorable a la autorización de endeudamiento y de suba de impuestos a Kiciloff, es sólo una prueba) pondrá a la “ley ómnibus” a navegar en un mar proceloso, añadiendo incertidumbre a la gestión del Gobierno.
La inflación golpeará muy fuerte en los bolsillos en enero y febrero, sobre todo en los de la clase media, pero servirá para medir cuántos sacrificios estamos dispuestos a soportar hasta que el león libertario y su equipo comiencen, efectivamente, a llevar la tan averiada y escorada nave del Estado a aguas más tranquilas y prometedoras.
Son veinte años de populismo suicida durante los cuales se nos educó creyendo que la luz, el gas, el agua y el transporte, éste especialmente en el AMBA, eran algo que no debíamos pagar; tan gratis creíamos que era la energía que nadie dudaba en derrocharla, hasta para calentar las piletas de natación en invierno o dejando los equipos de aire acondicionado encendidos mientras estaba ausente en verano. Ahora, con la inminente quita de subsidios (aportados éstos por el Estado con endeudamiento, emisión y más impuestos e inflación), el consumo reaccionará, como debe ser, con una masiva economía de energía, ya que quien quiera dilapidarla tendrá que pagar por ella lo que realmente vale.
Ya hemos visto como la fuerte y sorpresiva caída de la demanda redujo las alzas en los precios de la carne, y ese mismo efecto se reproducirá en todos los órdenes, hasta con los alquileres. Cualquiera podrá pedir por sus bienes, productos o servicios lo que mejor le parezca, pero el precio estará determinado en realidad cuando las apetencias del vendedor o proveedor confluyan con las posibilidades económicas del comprador. Las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas, aunque todos estemos obligados, en algunos casos, a comprar, vender o alquilar.
Por supuesto, y no sólo en ese tema, el Estado debe tener un fuerte rol de control, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y del servicio de protección al consumidor, organismos que existen en todos los países liberales del mundo.
Por si los problemas internos de la economía no fueran ya suficientes, y las soluciones que Milei cree que son las mejores revistan todas las características de la necesidad y urgencia, y por ello firmó el DNU, en esta semana –concretamente, el miércoles 10- la Argentina chocará con un iceberg gigantesco en los tribunales de Nueva York: ese día vencerá el plazo otorgado por la Juez Loretta Preska para que el Gobierno ofrezca garantías y evite así que comiencen los embargos contra el país por la monumental suma de US$ 16.000 millones.
Ese “pequeño” problema de lo debemos a ambos Kirchner, que lo originaron cuando decidieron robarse el 25% de YPF y ponerlo a nombre de los Eskenazy, a la dolosa impericia de Axel Kiciloff cuando Cristina resolvió estatizar nuevamente un porcentaje de la empresa, a la también dolosa defensa de Carlos Zannini (por entonces, Procurador del Tesoro de la Nación) de los intereses argentinos en esos tribunales, y a la terrible compulsión por enriquecerse de todos los Kirchner, que conservan –siempre a través de los Eskenazy- el 30% del crédito contra nuestro país.
Éste ha sido sometido, desde aquel ya lejano 2003, a un impresionante saqueo que, parcialmente, está en vías de ser juzgado y que ya motivó la primera condena, aún no está firme, contra la jefa de la asociación ilícita.
Es por eso, precisamente, que ese manto de impunidad, la famosa “tabula rasa” anunciada por el Presidente y confirmada por su Ministro de Justicia, constituyen mi principal reparo a la gestión libertaria. Salvo los más acérrimos “cabeza de termo”, no hay ciudadano que esté dispuesto a tolerar que los responsables directos de la calamidad que azota sin piedad sus vidas, continúen sin pagar tamañas culpas. Contra lo que cree el equipo gubernamental, si nadie le presenta esas facturas a los jefes e integrantes de esa banda de delincuentes y los obliga a cancelarla devolviendo algo de lo robado y con algunos años de cárcel, se resentirá rápidamente la voluntad de sacrificio que el momento requiere. Espero que el Gobierno así lo entienda, y actúe en consecuencia.
Hasta el sábado, cuando volveré a amargar las vacaciones de mis lectores.
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Por Dr. Enrique Guillermo Avogadro.
La fragilidad de la construcción legislativa de Milei, sumada a la inexperiencia y, a veces, hasta la deslealtad de quienes representan a La Libertad Avanza en el Congreso (el proceder de algunos de ellos en la Legislatura bonaerense, demostrada con el voto favorable a la autorización de endeudamiento y de suba de impuestos a Kiciloff, es sólo una prueba) pondrá a la “ley ómnibus” a navegar en un mar proceloso, añadiendo incertidumbre a la gestión del Gobierno.
La inflación golpeará muy fuerte en los bolsillos en enero y febrero, sobre todo en los de la clase media, pero servirá para medir cuántos sacrificios estamos dispuestos a soportar hasta que el león libertario y su equipo comiencen, efectivamente, a llevar la tan averiada y escorada nave del Estado a aguas más tranquilas y prometedoras.
Son veinte años de populismo suicida durante los cuales se nos educó creyendo que la luz, el gas, el agua y el transporte, éste especialmente en el AMBA, eran algo que no debíamos pagar; tan gratis creíamos que era la energía que nadie dudaba en derrocharla, hasta para calentar las piletas de natación en invierno o dejando los equipos de aire acondicionado encendidos mientras estaba ausente en verano. Ahora, con la inminente quita de subsidios (aportados éstos por el Estado con endeudamiento, emisión y más impuestos e inflación), el consumo reaccionará, como debe ser, con una masiva economía de energía, ya que quien quiera dilapidarla tendrá que pagar por ella lo que realmente vale.
Ya hemos visto como la fuerte y sorpresiva caída de la demanda redujo las alzas en los precios de la carne, y ese mismo efecto se reproducirá en todos los órdenes, hasta con los alquileres. Cualquiera podrá pedir por sus bienes, productos o servicios lo que mejor le parezca, pero el precio estará determinado en realidad cuando las apetencias del vendedor o proveedor confluyan con las posibilidades económicas del comprador. Las cosas valen lo que alguien está dispuesto a pagar por ellas, aunque todos estemos obligados, en algunos casos, a comprar, vender o alquilar.
Por supuesto, y no sólo en ese tema, el Estado debe tener un fuerte rol de control, a través de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y del servicio de protección al consumidor, organismos que existen en todos los países liberales del mundo.
Por si los problemas internos de la economía no fueran ya suficientes, y las soluciones que Milei cree que son las mejores revistan todas las características de la necesidad y urgencia, y por ello firmó el DNU, en esta semana –concretamente, el miércoles 10- la Argentina chocará con un iceberg gigantesco en los tribunales de Nueva York: ese día vencerá el plazo otorgado por la Juez Loretta Preska para que el Gobierno ofrezca garantías y evite así que comiencen los embargos contra el país por la monumental suma de US$ 16.000 millones.
Ese “pequeño” problema de lo debemos a ambos Kirchner, que lo originaron cuando decidieron robarse el 25% de YPF y ponerlo a nombre de los Eskenazy, a la dolosa impericia de Axel Kiciloff cuando Cristina resolvió estatizar nuevamente un porcentaje de la empresa, a la también dolosa defensa de Carlos Zannini (por entonces, Procurador del Tesoro de la Nación) de los intereses argentinos en esos tribunales, y a la terrible compulsión por enriquecerse de todos los Kirchner, que conservan –siempre a través de los Eskenazy- el 30% del crédito contra nuestro país.
Éste ha sido sometido, desde aquel ya lejano 2003, a un impresionante saqueo que, parcialmente, está en vías de ser juzgado y que ya motivó la primera condena, aún no está firme, contra la jefa de la asociación ilícita.
Es por eso, precisamente, que ese manto de impunidad, la famosa “tabula rasa” anunciada por el Presidente y confirmada por su Ministro de Justicia, constituyen mi principal reparo a la gestión libertaria. Salvo los más acérrimos “cabeza de termo”, no hay ciudadano que esté dispuesto a tolerar que los responsables directos de la calamidad que azota sin piedad sus vidas, continúen sin pagar tamañas culpas. Contra lo que cree el equipo gubernamental, si nadie le presenta esas facturas a los jefes e integrantes de esa banda de delincuentes y los obliga a cancelarla devolviendo algo de lo robado y con algunos años de cárcel, se resentirá rápidamente la voluntad de sacrificio que el momento requiere. Espero que el Gobierno así lo entienda, y actúe en consecuencia.
Hasta el sábado, cuando volveré a amargar las vacaciones de mis lectores.
Un fuerte abrazo.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Enero 8, 2024