He presenciado centenares de audiencias de los juicios de (mal llamados) delitos de lesa humanidad, en los cuales los jueces, verdaderos asesinos togados, con la ineludible complicidad de fiscales militantes, condenaron a militares, policías, penitenciarios, sacerdotes y civiles a extensísimas penas de cárcel.
Aún quienes no son abogados, pero han visto series y películas o leído novelas en los cuales se desarrollan procesos judiciales, saben que los testigos sólo pueden declarar sobre hechos que, por haberlos presenciado o participado en ellos, les consta personalmente.
Y también saben que es la acusación (la fiscalía o los querellantes) quienes deben probar la culpabilidad del imputado, en estas causas esa carga se invirtió, y son los acusados los que deben probar su inocencia.
En decenas de oportunidades, las pruebas documentales y oficiales aportadas por las defensas para acreditar que un acusado no se encontraba en el lugar de los hechos sino en otro destino militar, inclusive en el extranjero, fueron literalmente ignoradas por los tribunales para que los jueces pudieran firmar las sentencias condenatorias que ya tenían resueltas y escritas.
En estos reales programas circenses, los testigos de la acusación, al ser preguntados por los defensores por qué les constaban los hechos que relataban, respondían que se trataba de una “memoria que hemos construido colectivamente” y, aun así, eran aceptados como válidos por esos inmorales tribunales.
Es más, en muchos casos, cuando los abogados de los imputados pretendían contrainterrogar a los declarantes, se les impedía hacerlo porque implicaba “revictimizar” a los testigos.
La “responsabilidad funcional” (debía saber) fue extendida sin límites, aún en contra de los organigramas de los gobiernos de turno y así se llevó a la cárcel a quienes no tenían injerencia alguna en la toma de decisiones de la guerra desatada por el terrorismo contra el Estado y sus funcionarios.
Los acusados son trasladados, durante los juicios orales, desde las cárceles en camiones helados o hirvientes, que los pasan a buscar a la madrugada para llevarlos al edificio de Comodoro Py y los devuelven tardísimo a la noche siguiente, en verdaderos ejercicios de tortura, y se ha llegado al extremo de llevar a las audiencias a parapléjicos en camilla y a ancianos que ya estaban afectados mentalmente y habían perdido las nociones de tiempo y espacio.
Ejemplos de arbitrariedad hay cientos, pero uno paradigmático es el de un ex cabo cocinero en una comisaría salteña que, a la sazón, tenía sólo diecinueve años y ha sido condenado a cadena perpetua.
Lo grave es que estos miles de presos políticos, como dije, son personas de edad sumamente elevada (llegan a los cien años) y, consecuentemente, se van muriendo cada día con más frecuencia ya que se encuentran alojados en establecimientos carcelarios que carecen de instalaciones sanitarias adecuadas y, en absoluto, están preparados para atender a las naturales dolencias que los gerontes padecen y, menos aún, de graves enfermedades.
Todo esto me hace personalmente mal porque, en las decenas de visitas que semanalmente realicé a los penales para alentar a los presos políticos, ingenuamente los convencí, en 2015, que la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia implicaría que la vengativa persecución terminaría y cada caso concreto revisado por los mismos tribunales a instancias del Ejecutivo. Demás está decir que nada de eso ocurrió.
Apoyo al Presidente Javier Milei y a su gestión –voté por él en la segunda vuelta electoral- y confío en que tendrá éxito en su misión de dar vuelta al país como una media para permitirle recuperar el futuro.
Pero, reconociendo que sólo lleva en el sillón de Rivadavia poco más de tres meses, me preocupa que su Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aún no haya tomado medida alguna respecto a un panorama que, precisamente por la edad de las víctimas, cada día es más grave y perjudicial que el anterior.
La semana próxima volveré a hablar del escenario actual, que sufrió un cimbronazo el jueves último cuando el Senado rechazó el DNU basal de la política que Milei pretende implementar y, en especial, daré mi opinión sobre la presunta grieta que cierto periodismo describe como abierta entre el Presidente y su Vice, Victoria Villarruel, que preside la cámara alta del H° Aguantadero.
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He presenciado centenares de audiencias de los juicios de (mal llamados) delitos de lesa humanidad, en los cuales los jueces, verdaderos asesinos togados, con la ineludible complicidad de fiscales militantes, condenaron a militares, policías, penitenciarios, sacerdotes y civiles a extensísimas penas de cárcel.
Aún quienes no son abogados, pero han visto series y películas o leído novelas en los cuales se desarrollan procesos judiciales, saben que los testigos sólo pueden declarar sobre hechos que, por haberlos presenciado o participado en ellos, les consta personalmente.
Y también saben que es la acusación (la fiscalía o los querellantes) quienes deben probar la culpabilidad del imputado, en estas causas esa carga se invirtió, y son los acusados los que deben probar su inocencia.
En decenas de oportunidades, las pruebas documentales y oficiales aportadas por las defensas para acreditar que un acusado no se encontraba en el lugar de los hechos sino en otro destino militar, inclusive en el extranjero, fueron literalmente ignoradas por los tribunales para que los jueces pudieran firmar las sentencias condenatorias que ya tenían resueltas y escritas.
En estos reales programas circenses, los testigos de la acusación, al ser preguntados por los defensores por qué les constaban los hechos que relataban, respondían que se trataba de una “memoria que hemos construido colectivamente” y, aun así, eran aceptados como válidos por esos inmorales tribunales.
Es más, en muchos casos, cuando los abogados de los imputados pretendían contrainterrogar a los declarantes, se les impedía hacerlo porque implicaba “revictimizar” a los testigos.
La “responsabilidad funcional” (debía saber) fue extendida sin límites, aún en contra de los organigramas de los gobiernos de turno y así se llevó a la cárcel a quienes no tenían injerencia alguna en la toma de decisiones de la guerra desatada por el terrorismo contra el Estado y sus funcionarios.
Los acusados son trasladados, durante los juicios orales, desde las cárceles en camiones helados o hirvientes, que los pasan a buscar a la madrugada para llevarlos al edificio de Comodoro Py y los devuelven tardísimo a la noche siguiente, en verdaderos ejercicios de tortura, y se ha llegado al extremo de llevar a las audiencias a parapléjicos en camilla y a ancianos que ya estaban afectados mentalmente y habían perdido las nociones de tiempo y espacio.
Ejemplos de arbitrariedad hay cientos, pero uno paradigmático es el de un ex cabo cocinero en una comisaría salteña que, a la sazón, tenía sólo diecinueve años y ha sido condenado a cadena perpetua.
Lo grave es que estos miles de presos políticos, como dije, son personas de edad sumamente elevada (llegan a los cien años) y, consecuentemente, se van muriendo cada día con más frecuencia ya que se encuentran alojados en establecimientos carcelarios que carecen de instalaciones sanitarias adecuadas y, en absoluto, están preparados para atender a las naturales dolencias que los gerontes padecen y, menos aún, de graves enfermedades.
Todo esto me hace personalmente mal porque, en las decenas de visitas que semanalmente realicé a los penales para alentar a los presos políticos, ingenuamente los convencí, en 2015, que la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia implicaría que la vengativa persecución terminaría y cada caso concreto revisado por los mismos tribunales a instancias del Ejecutivo. Demás está decir que nada de eso ocurrió.
Apoyo al Presidente Javier Milei y a su gestión –voté por él en la segunda vuelta electoral- y confío en que tendrá éxito en su misión de dar vuelta al país como una media para permitirle recuperar el futuro.
Pero, reconociendo que sólo lleva en el sillón de Rivadavia poco más de tres meses, me preocupa que su Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, aún no haya tomado medida alguna respecto a un panorama que, precisamente por la edad de las víctimas, cada día es más grave y perjudicial que el anterior.
La semana próxima volveré a hablar del escenario actual, que sufrió un cimbronazo el jueves último cuando el Senado rechazó el DNU basal de la política que Milei pretende implementar y, en especial, daré mi opinión sobre la presunta grieta que cierto periodismo describe como abierta entre el Presidente y su Vice, Victoria Villarruel, que preside la cámara alta del H° Aguantadero.
Hasta entonces.
Un fuerte abrazo.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
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Marzo 18, 224
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