Grupos de Organismos parciales de derechos humanos de Argentina presentaron un proyecto de ley contra el negacionismo de los bien o mal llamados casos de lesa humanidad (1976-1983), en medio del avance de discursos públicos que hablan la persecución, represión, secuestros, torturas, asesinatos, robo de niños y desapariciones masivas.
Cecilia Moreau
“(La iniciativa) propone la formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado y sanciones a quienes tengan responsabilidades institucionales y promuevan discursos negacionistas”, explicó la Secretaría de Derechos Humanos con respecto al documento que se entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
“La propuesta tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina y los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino”, agregó.
El escrito está firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
En los últimos meses, los discursos negacionistas se fortalecieron en el debate público debido a que el candidato presidencial, Javier Milei, es uno de los ciudadanos que niega el número de desaparecidos (30,000 en un ficticio recuento).
Joe MacCarthy
El proyecto presentado al Congreso establece la capacitación obligatoria en derechos humanos de todo el personal que forme parte de los tres poderes del Estado.
La intención, según la propuesta, es fortalecer el avance progresivo de los derechos humanos, consolidar el proceso de memoria, verdad y justicia, y resguardar los consensos multipartidarios conseguidos a 40 años del retorno de la democracia.
“Además el proyecto modifica el Código Penal para incluir sanciones a aquellos que públicamente tengan discursos negacionistas. Esto se aplica tanto a funcionarios como a candidatos a cargos electivos”, señala el proyecto.
También se plantea cambiar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar la difusión de contenidos negacionistas; y establece sanciones disciplinarias a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, lleven adelante este tipo de discursos.
“Se considera que las expresiones negacionistas de los funcionarios públicos son especialmente graves, ya que deben salvaguardar el orden constitucional y democrático y prevenir violaciones de derechos humanos según normas internacionales específicas”, explican los proponentes.
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“(La iniciativa) propone la formación obligatoria en derechos humanos para funcionarios y trabajadores de los tres poderes del Estado y sanciones a quienes tengan responsabilidades institucionales y promuevan discursos negacionistas”, explicó la Secretaría de Derechos Humanos con respecto al documento que se entregó a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.
“La propuesta tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar las conductas y discursos públicos que niegan, minimizan, justifican, legitiman o reivindican los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado en Argentina y los genocidios y crímenes contra la humanidad reconocidos por el Estado argentino”, agregó.
El escrito está firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
En los últimos meses, los discursos negacionistas se fortalecieron en el debate público debido a que el candidato presidencial, Javier Milei, es uno de los ciudadanos que niega el número de desaparecidos (30,000 en un ficticio recuento).
El proyecto presentado al Congreso establece la capacitación obligatoria en derechos humanos de todo el personal que forme parte de los tres poderes del Estado.
La intención, según la propuesta, es fortalecer el avance progresivo de los derechos humanos, consolidar el proceso de memoria, verdad y justicia, y resguardar los consensos multipartidarios conseguidos a 40 años del retorno de la democracia.
“Además el proyecto modifica el Código Penal para incluir sanciones a aquellos que públicamente tengan discursos negacionistas. Esto se aplica tanto a funcionarios como a candidatos a cargos electivos”, señala el proyecto.
También se plantea cambiar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para evitar la difusión de contenidos negacionistas; y establece sanciones disciplinarias a los miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o el Servicio Penitenciario que, en ejercicio de sus funciones, lleven adelante este tipo de discursos.
“Se considera que las expresiones negacionistas de los funcionarios públicos son especialmente graves, ya que deben salvaguardar el orden constitucional y democrático y prevenir violaciones de derechos humanos según normas internacionales específicas”, explican los proponentes.
En fin. MacCarthismo a la Argentina…
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 6, 2023