La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitirá este jueves su sentencia en la disputa que mantienen Bolivia y Chile sobre el estatus y uso de las aguas del río Silala, conflicto que se encuentra en manos de ese tribunal desde junio de 2016. El fallo de la CIJ, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se dará a conocer ocho meses después de que ambas partes presentaran sus alegatos ante la corte, un proceso que se extendió durante dos semanas.
El Silala es un río que nace en el departamento de Potosí, en la alta cordillera de Bolivia, y su cauce tiene una longitud de 10 kilómetros, de ellos, unos cuatro están en territorio boliviano y seis en tierras chilenas. La disputa se remonta a 2016, cuando Chile presentó una demanda contra su vecino para que la CIJ declarara el río como “curso de agua internacional” y que, en consecuencia, los chilenos pudieran usar sus aguas “bajo el derecho internacional”.
Del lado boliviano acusan a la parte chilena de canalizar artificialmente el cauce con una infraestructura instalada para aumentar el flujo de agua, por lo que realizaron una contrademanda ante la CIJ en septiembre de 2018. El recurso se introdujo un mes antes que la corte emitiera su fallo entre ambos países por la salida al mar de Bolivia, donde el tribunal concluyó que Chile no estaba obligado “jurídicamente” a negociar un acceso al océano Pacífico con sus vecinos. El torrente del Silala entrega unos 170 litros de agua por segundo y su uso en Chile es de casi 40 % para el consumo humano y el resto para procesos industriales. De acuerdo al gobierno chileno, las aguas de este afluente han sido fundamentales para el desarrollo de Antofagasta como ciudad, región donde los recursos hídricos son escasos.
Bolivia efectuó la contrademanda a Chile con base en un estudio encargado a la Consultora internacional Danish Hydraulic Institute (DHI) sobre los flujos de agua superficial y subterránea del Silala, que se realizó entre febrero de 2017 y marzo de 2018. Así, La Paz solicitó que la Corte reconozca que el agua de los manantiales del Silala que llegan a Chile son parte de un curso de agua artificialmente mejorado, y que solamente sea regido por el derecho internacional el flujo natural del río que cruza la frontera. En las demandas presentadas por La Paz, en abril de 2022, también se pide que la CIJ reconozca que el uso actual de Chile se efectúa sin perjuicio al derecho de Bolivia. De igual forma solicitan establecer que las partes tienen competencias y obligaciones sobre las aguas que fluyen de forma natural. Los bolivianos, que esperan un fallo “equilibrado” y “claro”, como dijo su canciller, Rogelio Mayta, también pidieron que la corte confirme su soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje colocados en el Silala dentro de sus fronteras. Además, aspiran que el tribunal reconozca que Bolivia podrá decidir si mantener o no esa infraestructura instalada y cómo lo hará. Adicionalmente, La Paz solicita que la entrega de aguas a Chile por el flujo artificialmente mejorado, reciba una compensación pagada por Santiago y se sujete a un acuerdo comercial bilateral.
A inicios de semana, la subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile ante La Haya, Ximena Fuentes, aseguró que el Silala “es un río internacional” y estimó que el fallo de la CIJ podría “ser bueno” para ambas partes.
“Creemos que el fallo va a ser bueno, bueno para ambas partes, no solo para Chile, porque nos va a permitir colaborar y cooperar en una materia muy importante que son los recursos hídricos”, dijo Fuentes en compañía de la canciller, Antonia Urrejola, y la coagente chilena en el caso, Carolina Valdivia.
La diplomática chilena añadió que el conflicto escaló hasta la corte internacional porque Bolivia negaba el carácter internacional del río y alegaba que Chile no tenía derecho a usarlas.
Fuentes dijo que tras las audiencias de abril pasado, la tensión se “redujo bastante”, luego de que La Paz admitiera que una parte del Silala llegaba a Chile de forma natural. Lo que quedaría ahora pendiente por determinar es qué va a pasar con el flujo extra de agua que pasa por las canalizaciones construidas hace más de 100 años.
Por su parte, la canciller Urrejola consideró que una vez que sea conocida la sentencia de la corte, podría abrirse una nueva página con Bolivia para trabajar en una “agenda positiva”.
“Este es el último litigio pendiente que tiene Chile ante La Haya y esperamos que, a partir de fallo, se abra una oportunidad para seguir trabajando con Bolivia en una agenda positiva”, dijo Urrejola.
La situación sobre el Silala se remonta a 1904, cuando Bolivia y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad, donde delimitaron sus territorios definitivos, tras la Guerra del Pacífico (1879-1884). En el acuerdo, que significó para Bolivia la pérdida de su acceso al mar, también establecieron que el Silala era un curso de agua que cruzaba el límite entre ambos países, entre el cerro Silala y el cerro Inacaliri. De acuerdo con información de la cancillería boliviana, en 1908 le fueron otorgados en concesión las aguas del Silala a los ferrocarriles chilenos de Antofagasta para el uso de locomotoras, y se aprobó la construcción de canales para surtir de agua a esa empresa. Sin embargo, desde 1940, cuando las locomotoras dejaron de administrar esos recursos, los ferrocarriles de Antofagasta comenzaron a vender el agua para otros fines. Así, 25 años después, en 1965, se presentó una denuncia contra esa empresa por negociar las aguas a compañías dedicadas a la explotación del cobre y obras sanitarias, sin autorización. En 1996, el Diario de Bolivia denunció el desvío de las aguas del Silala y varios medios plantearon que cualquier uso del río por parte de Chile debía tener una compensación económica. Un año después, La Paz revocó la concesión otorgada a los chilenos, bajo el argumento de que las aguas no fueron utilizadas para los fines establecidos.
En la década del 2000, se realizaron reuniones y trabajos en el terreno entre ambos países. En 2004 se creó un grupo de trabajo sobre el Silala y en 2006 la disputa se incluyó en la agenda de 13 puntos firmada por los entonces presidentes Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile). Esa agenda, no obstante, se dejó a un lado en 2010, cuando llegó Sebastián Piñera a la presidencia de Chile. Para dirimir la disputa, Santiago finalmente decidió acudir a La Haya en 2016 y Bolivia presentó su contrademanda en 2018.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitirá este jueves su sentencia en la disputa que mantienen Bolivia y Chile sobre el estatus y uso de las aguas del río Silala, conflicto que se encuentra en manos de ese tribunal desde junio de 2016. El fallo de la CIJ, el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se dará a conocer ocho meses después de que ambas partes presentaran sus alegatos ante la corte, un proceso que se extendió durante dos semanas.
El Silala es un río que nace en el departamento de Potosí, en la alta cordillera de Bolivia, y su cauce tiene una longitud de 10 kilómetros, de ellos, unos cuatro están en territorio boliviano y seis en tierras chilenas. La disputa se remonta a 2016, cuando Chile presentó una demanda contra su vecino para que la CIJ declarara el río como “curso de agua internacional” y que, en consecuencia, los chilenos pudieran usar sus aguas “bajo el derecho internacional”.
Del lado boliviano acusan a la parte chilena de canalizar artificialmente el cauce con una infraestructura instalada para aumentar el flujo de agua, por lo que realizaron una contrademanda ante la CIJ en septiembre de 2018. El recurso se introdujo un mes antes que la corte emitiera su fallo entre ambos países por la salida al mar de Bolivia, donde el tribunal concluyó que Chile no estaba obligado “jurídicamente” a negociar un acceso al océano Pacífico con sus vecinos. El torrente del
Silala entrega unos 170 litros de agua por segundo y su uso en Chile es de casi 40 % para el consumo humano y el resto para procesos industriales. De acuerdo al gobierno chileno, las aguas de este afluente han sido fundamentales para el desarrollo de Antofagasta como ciudad, región donde los recursos hídricos son escasos.
Bolivia efectuó la contrademanda a Chile con base en un estudio encargado a la Consultora internacional Danish Hydraulic Institute (DHI) sobre los flujos de agua superficial y subterránea del Silala, que se realizó entre febrero de 2017 y marzo de 2018. Así, La Paz solicitó que la Corte reconozca que el agua de los manantiales del Silala que llegan a Chile son parte de un curso de agua artificialmente mejorado, y que solamente sea regido por el derecho internacional el flujo natural del río que cruza la frontera. En las demandas presentadas por La Paz, en abril de 2022, también se pide que la CIJ reconozca que el uso actual de Chile se efectúa sin perjuicio al derecho de Bolivia. De igual forma solicitan establecer que las partes tienen competencias y obligaciones sobre las aguas que fluyen de forma natural. Los bolivianos, que esperan un fallo “equilibrado” y “claro”, como dijo su canciller, Rogelio Mayta, también pidieron que la corte confirme su soberanía sobre los canales artificiales y mecanismos de drenaje colocados en el Silala dentro de sus fronteras. Además, aspiran que el tribunal reconozca que Bolivia podrá decidir si mantener o no esa infraestructura instalada y cómo lo hará. Adicionalmente, La Paz solicita que la entrega de aguas a Chile por el flujo artificialmente mejorado, reciba una compensación pagada por Santiago y se sujete a un acuerdo comercial bilateral.
A inicios de semana, la subsecretaria de Relaciones Exteriores y agente de Chile ante La Haya, Ximena Fuentes, aseguró que el Silala “es un río internacional” y estimó que el fallo de la CIJ podría “ser bueno” para ambas partes.
“Creemos que el fallo va a ser bueno, bueno para ambas partes, no solo para Chile, porque nos va a permitir colaborar y cooperar en una materia muy importante que son los recursos hídricos”, dijo Fuentes en compañía de la canciller, Antonia Urrejola, y la coagente chilena en el caso, Carolina Valdivia.
La diplomática chilena añadió que el conflicto escaló hasta la corte internacional porque Bolivia negaba el carácter internacional del río y alegaba que Chile no tenía derecho a usarlas.
Fuentes dijo que tras las audiencias de abril pasado, la tensión se “redujo bastante”, luego de que La Paz admitiera que una parte del Silala llegaba a Chile de forma natural. Lo que quedaría ahora pendiente por determinar es qué va a pasar con el flujo extra de agua que pasa por las canalizaciones construidas hace más de 100 años.
Por su parte, la canciller Urrejola consideró que una vez que sea conocida la sentencia de la corte, podría abrirse una nueva página con Bolivia para trabajar en una “agenda positiva”.
“Este es el último litigio pendiente que tiene Chile ante La Haya y esperamos que, a partir de fallo, se abra una oportunidad para seguir trabajando con Bolivia en una agenda positiva”, dijo Urrejola.
La situación sobre el Silala se remonta a 1904, cuando Bolivia y Chile firmaron el Tratado de Paz y Amistad, donde delimitaron sus territorios definitivos, tras la Guerra del Pacífico (1879-1884). En el acuerdo, que significó para Bolivia la pérdida de su acceso al mar, también establecieron que el Silala era un curso de agua que cruzaba el límite entre ambos países, entre el cerro Silala y el cerro Inacaliri. De acuerdo con información de la cancillería boliviana, en 1908 le fueron otorgados en concesión las aguas del Silala a los ferrocarriles chilenos de Antofagasta para el uso de locomotoras, y se aprobó la construcción de canales para surtir de agua a esa empresa. Sin embargo, desde 1940, cuando las locomotoras dejaron de administrar esos recursos, los ferrocarriles de Antofagasta comenzaron a vender el agua para otros fines. Así, 25 años después, en 1965, se presentó una denuncia contra esa empresa por negociar las aguas a compañías dedicadas a la explotación del cobre y obras sanitarias, sin autorización. En 1996, el Diario de Bolivia denunció el desvío de las aguas del Silala y varios medios plantearon que cualquier uso del río por parte de Chile debía tener una compensación económica. Un año después, La Paz revocó la concesión otorgada a los chilenos, bajo el argumento de que las aguas no fueron utilizadas para los fines establecidos.
En la década del 2000, se realizaron reuniones y trabajos en el terreno entre ambos países. En 2004 se creó un grupo de trabajo sobre el Silala y en 2006 la disputa se incluyó en la agenda de 13 puntos firmada por los entonces presidentes Evo Morales (Bolivia) y Michelle Bachelet (Chile). Esa agenda, no obstante, se dejó a un lado en 2010, cuando llegó Sebastián Piñera a la presidencia de Chile. Para dirimir la disputa, Santiago finalmente decidió acudir a La Haya en 2016 y Bolivia presentó su contrademanda en 2018.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 11, 2022