Reporte sobre abusos a los Derechos Humanos en Corea del Norte

Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de América
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Informe sobre los abusos de derechos humanos o la censura en Corea del Norte

La Sección 304 (a) de la Ley de Sanciones y Mejoramiento de Políticas de Corea del Norte de 2016, Ley Pública 114-122, promulgada el 18 de febrero de 2016, requiere que el Secretario de Estado presente un informe al Congreso que: (1) El Secretario determina quién es responsable de graves abusos de derechos humanos o censura en Corea del Norte y describe la conducta de esa persona; Y 2) se describen graves abusos contra los derechos humanos o censura cometidos por el Gobierno de Corea del Norte o por cualquier persona que actúe en nombre o por cuenta de ese Gobierno en el último año que termina antes de la presentación del informe. El informe se presenta a la Comisión de Asuntos Exteriores, al Comité de Servicios Financieros y al Comité de Medios y Vías de la Cámara de Representantes, así como a la Comisión de Relaciones Exteriores ya la Comisión de Asuntos Bancarios, Senado.

Entre los graves abusos contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno de la República Popular Democrática de Corea (RPDC o Corea del Norte) figuran los de ejecuciones extrajudiciales, trabajo forzoso, tortura y detención arbitraria prolongada, así como violaciones, abortos forzados y otras formas de violencia sexual. Muchos de estos abusos se cometen en los campos de prisioneros políticos (kwanliso) del país, que tienen entre 80.000 y 120.000 prisioneros, entre ellos niños y familiares de los acusados. El gobierno también mantiene un sistema extenso de trabajo forzado a través de sus rígidos controles sobre los trabajadores y restringe el ejercicio de las libertades de expresión, reunión pacífica, asociación, religión o creencias y movimiento.

No hay medios independientes en el país; Todos los medios están estrictamente censurados y no se tolera ninguna desviación de la línea oficial del gobierno. El gobierno no permite ninguna libertad editorial; Todas las historias son dirigidas y revisadas centralmente para asegurar que están en línea con la ideología del estado. El gobierno también controla el contenido académico y cultural. Las autoridades prohíben escuchar las transmisiones de los medios de comunicación extranjeros y tomar medidas para interferir con las emisiones de radio extranjeras. Diversos ministerios son responsables de modificar los equipos de televisión y radio para evitar que los usuarios accedan a material de ultramar y otros materiales considerados ilegales por el gobierno. Las personas acusadas de ver películas extranjeras están sujetas a encarcelamiento o incluso ejecución.

El 6 de julio de 2016, el Departamento de Estado presentó el primer informe bianual al Congreso identificando a personas determinadas por el Secretario de Estado como responsables de graves abusos a los derechos humanos o censura en Corea del Norte y con un anexo en el que figuran entidades y funcionarios asociados. Todas las entidades y personas enumeradas en el informe del 6 de julio han sido designadas para sanciones y agregadas a la lista de Nacionales y Personas Bloqueadas Especialmente Designadas por el Departamento de la Tesorería de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Este informe detalla aspectos de la situación de los derechos humanos en Corea del Norte y la conducta de personas que el Secretario de Estado ha determinado como responsables.

Kim Won Hong es el Ministro de Seguridad del Estado. En esta capacidad, supervisa el Ministerio de Seguridad del Estado (MSS). Sirvió en la Comisión de Defensa Nacional (NDC) y sirve en su comisión sucesora. En el informe del 6 de julio de 2016, el Departamento de Estado identificó al MSS y al NDC como responsables de graves abusos a los derechos humanos y de la censura. [1] Según el informe de la Comisión de Investigación de los Derechos Humanos en la RPDC de 2014, el MSS está implicado en “violaciones generalizadas de los derechos humanos”. Administra la red de campos de prisioneros políticos del país, las imágenes satelitales, las ejecuciones sumarias y la tortura. El COI constató que los actos inhumanos perpetrados en los campos de prisioneros políticos de la RPDC se producen a gran escala y siguen un patrón regular dando lugar a la inferencia de que forman parte de una Política de Estado. Dado el carácter altamente centralizado y jerárquico del gobierno de Corea del Norte y el estatus de Kim como Ministro de Seguridad del Estado, es de creer que Kim desempeña un importante rol dirigiendo los abusos perpetrados por el MSS y gestionando sus actividades cotidianas, incluso en el Sistema de Campamentos de prisioneros políticos, donde los graves abusos de los derechos humanos se informan que son sistematizados como una cuestión de política estatal.

Kim Won Hong dirige las operaciones del grupo de trabajo interinstitucional, que es responsable de la censura en Corea del Norte, incluyendo la confiscación de dispositivos digitales y la información de fuentes extranjeras. Las ONG informan que, en algunos casos, las personas que llevan películas de contrabando en el país se enfrentan a duros castigos imputados por este grupo de trabajo, que incluyen sentencias a campos de prisión política y, en algunos casos, ejecución pública. Como director interinstitucional de este grupo de trabajo, Kim Won Hong dirige directamente su opereta.

[1] Para una visión general del MSS y la Comisión de Defensa Nacional, véase el Informe de julio de 2016 sobre los abusos de derechos humanos y la censura en Corea del Norte.

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Report on Human Rights Abuses or Censorship in North Korea

Section 304 (a) of the North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016, Public Law 114-122, enacted on February 18, 2016, requires that the Secretary of State provide a report to Congress that: (1) identifies each person the Secretary determines to be responsible for serious human rights abuses or censorship in North Korea and describes the conduct of that person; and (2) describes serious human rights abuses or censorship undertaken by the Government of North Korea or any person acting for or on behalf of that Government in the most recent year ending before the submission of the report. The report is being submitted to the Committee on Foreign Affairs, the Committee on Financial Services, and the Committee on Ways and Means of the House of Representatives, and the Committee on Foreign Relations and the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs of the Senate.

Serious human rights abuses committed by the Government of the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK or North Korea) include those involving extrajudicial killings, forced labor, torture, and prolonged arbitrary detention, as well as rape, forced abortions, and other sexual violence. Many of these abuses are committed in the country’s political prison camps (kwanliso), which hold an estimated 80,000 to 120,000 prisoners, including children and family members of the accused. The government also maintains an extensive system of forced labor through its rigid controls over workers and restricts the exercise of freedoms of expression, peaceful assembly, association, religion or belief, and movement.

There is no independent media in the country; all media is strictly censored and no deviation from the official government line is tolerated. The government allows no editorial freedom; all stories are centrally directed and reviewed to ensure that they are in line with the state ideology. The government also controls academic and cultural content. Authorities prohibit listening to foreign media broadcasts and take steps to jam foreign radio broadcasts. Various ministries are responsible for modifying television and radio equipment to prevent users from accessing material from overseas and other material deemed illegal by the government. Individuals accused of viewing foreign films are reportedly subject to imprisonment or even execution.

On July 6, 2016, the Department of State submitted the first biannual report to Congress identifying persons determined by the Secretary of State to be responsible for serious human rights abuses or censorship in North Korea and containing an Annex listing associated entities and officials. All of the entities and individuals listed in the July 6 report have been designated for sanctions and added to the Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) Specially Designated Nationals and Blocked Persons list.

This report details aspects of the human rights situation in North Korea and the conduct of persons the Secretary of State has determined to be responsible for the commission of serious human rights abuses or censorship in the DPRK.

Kim Won Hong is the Minister of State Security. In this capacity, he oversees the Ministry of State Security (MSS). He served on the National Defense Commission (NDC) and serves on its successor commission. In the July 6, 2016, report, the Department of State identified the MSS and the NDC as responsible for serious human rights abuses and censorship. [1] According to the 2014 UN Commission of Inquiry on Human Rights in DPRK report (COI), the MSS is implicated in “widespread gross human rights violations.” It administers the country’s network of political prison camps, where, according to defector testimony and satellite imagery, summary executions and torture are commonplace. The COI found that inhumane acts perpetrated in the DPRK’s political prison camps occur on a large scale and follow a regular pattern giving rise to the inference that they form part of an overarching State policy. Given the highly centralized and hierarchical nature of the North Korean government and Kim’s status as Minister of State Security, it appears that Kim plays a role directing the abuses perpetrated by the MSS and managing its day-to-day activities, including in the political prison camp system, where serious human rights abuses are reportedly systematized as a matter of State policy.

Kim Won Hong directs the operations of the interagency task force, which is responsible for censorship in North Korea, including confiscating digital devices and information from foreign sources. NGOs report that, in some instances, individuals caught carrying contraband movies into the country face harsh punishments meted out by this task force, which include sentencing to political prison camps and, in some instances, public execution. As the interagency Director of this task force, Kim Won Hong directly commands its operations.

[1] For an overview of the MSS and the National Defense Commission, see the July 2016 Report on Human Rights Abuses and Censorship in North Korea.


PrisioneroEnArgentina.com

Enero 11. 2017


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