“Si las personas corrompidas están relacionadas entre sí, y
constituyen una fuerza, las honradas deben hacer lo mismo”.
León Tolstoi
La historia cuenta que unos germanos que, traicionando a los suyos, habían permitido un gran triunfo a las legiones en las Galias pretendieron reclamar su premio; el Tribuno los mandó matar explicando: “Roma no paga traidores”. Más de dos mil años después, la PresidenteVice sí lo hace y, anteayer, se aprobó la renovación en su cargo de la Juez Silvia Mora, mujer de Ricardo Recondo, quien tiene setenta y cinco años de edad y estaba obligada constitucionalmente a renunciar. Como bien dijo el Senador Ernesto Martínez (Córdoba-Frente Pro), aquí Cristina ha regalado a los cónyuges un bien ganancial en pago del cambio de posición de aquél.
El H° Aguantadero pagó esos treinta denarios al Juez Recondo, representante de sus pares en el Consejo de la Magistratura, por la traición que cometió al desertar del bloque opositor y votar, con el oficialismo, para devolver al Juez Eduardo Farah a la Sala II de la Cámara Federal; éste había solicitado el traslado para evitar su juicio político por haber liberado a Cristóbal López. Debemos recordar que, a fines de 2020, la Diputada Graciela Camaño, del bloque de Roberto Lavagna, también cambió bruscamente de bando y habilitó que los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tan peligrosos para la PresidenteVice, fueran puestos en cuestión; las malas lenguas dicen que la compensación económica por esa voltereta lo recibió su marido, el sindicalista Luis Barrionuevo.
Peor aún, Recondo también votó para incluir en la terna elevada al Ejecutivo los nombres de Alejo Ramos Padilla, el militante Juez federal de Dolores que inventó un espionaje para intentar voltear la causa de los “Cuadernos”, que desde anteayer ocupa el Juzgado Federal N° 1 de La Plata (con competencia electoral en toda la Provincia de Buenos Aires) y de Roberto Boico, abogado de Cristina Fernández, Amado Boudou y Oscar Parrilli, propuesto también como integrante de la misma Sala II.
La Corte Suprema continúa guardando un peligroso –para la sociedad- e injustificado silencio, ya que tiene a estudio –desde hace cinco años- la sentencia de inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura que, a instancias de Cristina Fernández, implicó darle al sector político el peso que hoy tiene, en desmedro de los estamentos de los jueces y los abogados. Le bastaría con confirmar ese fallo para que nada de lo que el kirchnerismo pretende en la Justicia pudiera concretarse.
Asombra al mundo que sea la propia acusada de una monstruosa corrupción y de la traición a la Patria que significó transar con un Estado terrorista que voló la Embajada de Israel y la DAIA y que busca desesperadamente su impunidad y la de sus hijos, quien elige a los jueces que deberán juzgarla y hasta permitirle eventualmente instrumentar las trampas precisas para ganar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, su bastión político esencial.
Resulta más que razonable el apuro que demuestra Cristina Fernández por avanzar sobre la Justicia que, justificadamente, la persigue como delincuente multi-procesada. Su ideal sería obtener, en las legislativas de este año, un caudal tal de votos que le permitiera alcanzar en Diputados las bancas necesarias para tener quórum propio, como lo tiene en el Senado; con ello, podría desplazar al Procurador General, Eduardo Casal, designar como jefe de los fiscales a otro militante, y soñar con intervenir la Corte, sea creando un nuevo tribunal intermedio, sea ampliando el número de sus miembros para garantizar que la mayoría de los jueces reciba con cariño las causas que tanto la comprometen cuando lleguen a esa instancia.
Pero ese sueño está comprometido por la enorme crisis económico-social que las medidas del Gobierno –la “cuareterna”, el cepo al dólar y la ideológica persecución al campo y al capital privado- han producido y cuya reversión –si se lo quisiera- llevará un tiempo que no resulta acorde con los tiempos electorales. El cada vez más extenso Conurbano está al borde de estallar por el hambre y la desocupación, la creciente miseria, la inseguridad cotidiana y la proliferación del narcotráfico, que tanto perjudica a los chicos sin clases, y ya no hay a quién echarle la culpa; ese peligroso caldo queda aún más picante cuando se le agrega el descontento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el mismo que estalló a fines de 2020.
La mortal carencia de reservas está detrás del cepo a las importaciones, que está llevando a la paralización de muchos sectores que dependen de insumos extranjeros para producir y al desabastecimiento que ya se nota en góndolas y comercios; puede también explicar las dificultades que muestra el Gobierno para cerrar contratos con los fabricantes de vacunas. La pandemia y la natural dependencia de subsidios oficiales de los más perjudicados por sus efectos sobre el consumo y el trabajo requerirá que continúe la emisión de pesos que, claro, seguirán perdiendo valor diariamente, y la inflación de este año superará el 50%, afectando a salarios y jubilaciones. Todo un complicado cocktail para tan cruciales elecciones.
Mientras tanto, la oposición continúa casi inactiva; sólo aparecen algunos legisladores que gritan en las cámaras contra los atropellos y Patricia Bullrich, que se desmarca de las palomas de Cambiemos. Ojalá esa actitud obedezca sólo al famoso consejo de Napoleón Bonaparte: “Si el enemigo se está equivocando, no lo interrumpas”.
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La historia cuenta que unos germanos que, traicionando a los suyos, habían permitido un gran triunfo a las legiones en las Galias pretendieron reclamar su premio; el Tribuno los mandó matar explicando: “Roma no paga traidores”. Más de dos mil años después, la PresidenteVice sí lo hace y, anteayer, se aprobó la renovación en su cargo de la Juez Silvia Mora, mujer de Ricardo Recondo, quien tiene setenta y cinco años de edad y estaba obligada constitucionalmente a renunciar. Como bien dijo el Senador Ernesto Martínez (Córdoba-Frente Pro), aquí Cristina ha regalado a los cónyuges un bien ganancial en pago del cambio de posición de aquél.
Peor aún, Recondo también votó para incluir en la terna elevada al Ejecutivo los nombres de Alejo Ramos Padilla, el militante Juez federal de Dolores que inventó un espionaje para intentar voltear la causa de los “Cuadernos”, que desde anteayer ocupa el Juzgado Federal N° 1 de La Plata (con competencia electoral en toda la Provincia de Buenos Aires) y de Roberto Boico, abogado de Cristina Fernández, Amado Boudou y Oscar Parrilli, propuesto también como integrante de la misma Sala II.
La Corte Suprema continúa guardando un peligroso –para la sociedad- e injustificado silencio, ya que tiene a estudio –desde hace cinco años- la sentencia de inconstitucionalidad de la reforma al Consejo de la Magistratura que, a instancias de Cristina Fernández, implicó darle al sector político el peso que hoy tiene, en desmedro de los estamentos de los jueces y los abogados. Le bastaría con confirmar ese fallo para que nada de lo que el kirchnerismo pretende en la Justicia pudiera concretarse.
Asombra al mundo que sea la propia acusada de una monstruosa corrupción y de la traición a la Patria que significó transar con un Estado terrorista que voló la Embajada de Israel y la DAIA y que busca desesperadamente su impunidad y la de sus hijos, quien elige a los jueces que deberán juzgarla y hasta permitirle eventualmente instrumentar las trampas precisas para ganar las elecciones en la Provincia de Buenos Aires, su bastión político esencial.
Resulta más que razonable el apuro que demuestra Cristina Fernández por avanzar sobre la Justicia que, justificadamente, la persigue como delincuente multi-procesada. Su ideal sería obtener, en las legislativas de este año, un caudal tal de votos que le permitiera alcanzar en Diputados las bancas necesarias para tener quórum propio, como lo tiene en el Senado; con ello, podría desplazar al Procurador General, Eduardo Casal, designar como jefe de los fiscales a otro militante, y soñar con intervenir la Corte, sea creando un nuevo tribunal intermedio, sea ampliando el número de sus miembros para garantizar que la mayoría de los jueces reciba con cariño las causas que tanto la comprometen cuando lleguen a esa instancia.
Pero ese sueño está comprometido por la enorme crisis económico-social que las medidas del Gobierno –la “cuareterna”, el cepo al dólar y la ideológica persecución al campo y al capital privado- han producido y cuya reversión –si se lo quisiera- llevará un tiempo que no resulta acorde con los tiempos electorales. El cada vez más extenso Conurbano está al borde de estallar por el hambre y la desocupación, la creciente miseria, la inseguridad cotidiana y la proliferación del narcotráfico, que tanto perjudica a los chicos sin clases, y ya no hay a quién echarle la culpa; ese peligroso caldo queda aún más picante cuando se le agrega el descontento de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el mismo que estalló a fines de 2020.
La mortal carencia de reservas está detrás del cepo a las importaciones, que está llevando a la paralización de muchos sectores que dependen de insumos extranjeros para producir y al desabastecimiento que ya se nota en góndolas y comercios; puede también explicar las dificultades que muestra el Gobierno para cerrar contratos con los fabricantes de vacunas. La pandemia y la natural dependencia de subsidios oficiales de los más perjudicados por sus efectos sobre el consumo y el trabajo requerirá que continúe la emisión de pesos que, claro, seguirán perdiendo valor diariamente, y la inflación de este año superará el 50%, afectando a salarios y jubilaciones. Todo un complicado cocktail para tan cruciales elecciones.
Mientras tanto, la oposición continúa casi inactiva; sólo aparecen algunos legisladores que gritan en las cámaras contra los atropellos y Patricia Bullrich, que se desmarca de las palomas de Cambiemos. Ojalá esa actitud obedezca sólo al famoso consejo de Napoleón Bonaparte: “Si el enemigo se está equivocando, no lo interrumpas”.
Buenos Aires – Febrero 06, 2021
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Febrero 6, 2021