Alfredo Stroessner Matiauda gobernó el Paraguay desde el 15 de agosto de 1954 hasta el 3 de febrero de 1989. También conocido como El Rubio, Mburuvichá y el Segundo Reconstructor, fue el jefe de Estado que más tiempo gobernó en la historia de Latinoamérica, y el tercero en el mundo en el periodo posterior a 1945, después de Kim Il Sung, en Corea del Norte, y de Todor Zhukov, en Bulgaria. Fue también el presidente que gobernó durante más años en la historia paraguaya y sus cerca de 35 años de mandato dejaron una marca indeleble en la psique del país. Nació el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, hijo de un inmigrante alemán, Hugo Stroessner, y de la paraguaya Heriberta Matiauda.
Ingresó en la Escuela Militar de Asunción el 1 de marzo de 1929, a los dieciséis años. Como oficial de Artillería del Ejército paraguayo, combatió en la Guerra del Chaco y participó en la batalla de Boquerón, aunque su expediente de guerra no fue distinguido. Entre marzo de 1940 y febrero de 1941 cursó estudios en el Colegio Militar Brasileño.
En 1940 fue ascendido a mayor de Artillería y, en diciembre de 1945, a teniente coronel. Desempeñó un papel clave en la victoria del Partido Colorado durante la Guerra Civil de 1947, al liderar el asalto a los cuarteles navales de Asunción y recuperar el control de dos cañoneras que habían caído en manos de los insurgentes en el sur del país. A partir de entonces, ascendió rápidamente en el seno de las Fuerzas Armadas y alcanzó el grado de coronel en marzo de 1948.
Tras la guerra civil, se desataron feroces disputas entre las distintas facciones del Partido Colorado, contexto en el que Stroessner fue influido por Epifanio Méndez Fleitas. Por ello, se alió con los llamados “democráticos” contra los denominados “guionistas”.
En octubre de 1948, se vio involucrado en un fallido levantamiento militar contra el entonces presidente guionista, Natalicio González. Tuvo que escapar en la valijera de un auto para llegar a la Embajada brasileña y de allí partió al exilio. Volvió desde Argentina en forma clandestina para colaborar nuevamente con Méndez Fleitas en el golpe del 26 de febrero de 1949 que derrocó al presidente Raimundo Rolón y colocó a Felipe Molas López en la presidencia como líder de un Partido Colorado unido.
Stroessner fue recompensado, el 4 de marzo, por sus servicios con el retorno al comando de su regimiento y fue promovido al rango de general de Brigada el 15 de agosto de 1949. Tras la caída de Molas López, orquestada por los democráticos en setiembre de 1949, Stroessner dirigió la resistencia ante los intentos del nuevo presidente, Federico Chaves, de purgar las Fuerzas Armadas de los simpatizantes guionistas.
No obstante, su ascenso meteórico continuó al ser nombrado comandante de la División de Artillería, en setiembre de 1950, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el 13 de octubre de 1951, a la temprana edad de 39 años.
Desde entonces, silenciosamente, movilizó el apoyo de los colorados conservadores y de los grupos dentro de las Fuerzas Armadas que se oponían a la relación cada vez más estrecha desarrollada por Chaves con el gobierno populista de Juan Domingo Perón en Argentina. Al hacer esto, aprovechó la tradicional antipatía militar hacia un antiguo enemigo de la Guerra de la Triple Alianza y utilizó, en la cumbre de la Guerra Fría, el temor del Gobierno de los Estados Unidos ante la expansión internacional del comunismo. En enero de 1954, desde el relativo anonimato de su puesto, Stroessner envió demandas para una mayor participación militar en el Gabinete de Chaves, mientras que, inteligentemente, explotó los celos dentro de la Caballería, entre su comandante, el coronel Néstor Ferreira, y el mayor Virgilio Candia. Las “presiones” de Stroessner forzaron la renuncia de Méndez Fleitas a la presidencia del Banco Central y debilitó el apoyo político hacia Chaves.
A lo largo de este periodo, la estrategia de Stroessner fue la de animar el enfrentamiento entre los partidarios de Chaves y los de Méndez Fleitas. Al debilitar así la unidad de los democráticos, las Fuerzas Armadas podrían asumir el poder bajo su propio control.
Entre el 3 y el 8 de mayo de 1954 tuvieron lugar una serie de levantamientos militares en Asunción y sus alrededores, lo que dio como resultado la muerte de 25 personas. La sublevación produjo alianzas cambiantes durante toda una semana entre las fuerzas leales a Chaves, a Méndez Fleitas y al mismo Stroessner.
El desenlace final quedó determinado con la alianza tácita entre Stroessner y Méndez Fleitas para expulsar a Chaves de la presidencia. Una vez conseguido, Tomás Romero Pereira juró como presidente provisional y, poco después, Stroessner fue designado candidato del Partido Colorado para las elecciones presidenciales venideras.
El 11 de julio de 1954, como único candidato, fue elegido presidente de la República y en agosto asumió el mando presidencial para completar el periodo presidencial de Chaves. De manera significativa, al asumir la presidencia retuvo su puesto como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
La longevidad del régimen se basó en la alianza tripartita que Stroessner supo forjar como presidente de la República con los militares y su propio partido. Cuando llegó al poder en 1954, Stroessner heredó una alianza cada vez más estrecha entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas que provenía desde la Guerra Civil de 1947.
Como veterano de la Guerra del Chaco y partidario del gobierno de Morínigo durante la contienda civil, sus credenciales políticas y nacionalistas se adaptaron bien al papel que eligió jugar durante las siguientes tres décadas.
Bajo su régimen se terminó de construir el edificio de un Estado corporativo, cuyos cimientos ya habían sido iniciados por Morínigo en la década de 1940. El Partido Colorado y las Fuerzas Armadas desarrollaron, desde 1954, una relación simbiótica, supervisada por Stroessner en su calidad de jefe de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente honorario del Partido Colorado.
El Partido Colorado El primer pilar del régimen fue el Partido Colorado, profundamente remodelado bajo el gobierno de Stroessner. De ser un partido tradicionalista y clientelista, desgarrado por discordias internas y dividido por caudillos, se convirtió en una máquina política jerárquica que ofrecía lealtad indiscutida a Stroessner. Esto lo logró al imponer una disciplina de hierro a través de las estructuras formales del partido.
En la cima de dicha estructura se encontraba la Junta de Gobierno, compuesta originalmente por 35 miembros, cuya autoridad nacional se extendía hasta las compañías rurales a través de una red extensiva de seccionales y subseccionales. Los miembros de la Junta tenían la tarea de asegurar la elección periódica en cada seccional de una lista única de candidatos aprobada por el liderazgo nacional. A su vez, estos líderes locales del partido ejercían un sistema eficaz de patronazgo a través de su acceso a la burocracia en general y a los políticos nacionales en particular. En consecuencia, la posesión de un carné del partido proveía incluso al campesino más pobre de algún beneficio tangible en su trato con el Estado. Los incondicionales al partido en cada localidad, conocidos como pyrague, también cumplían un rol de seguridad al ejercer la vigilancia sobre las actividades, reales o imaginadas, de la oposición política a nivel local. Como resultado de estos factores, la afiliación al Partido Colorado, que estuvo computarizada y se renovaba anualmente, creció velozmente durante el stronato, alcanzando, supuestamente, más de 1.300.000 miembros en 1986, año en el cual el 43% de sus miembros eran mujeres. Esta cifra oficial resulta muy exagerada, ya que el tamaño del electorado para las elecciones presidenciales de 1988 era de solo 1.442.607 electores. De todas maneras, incluso si la cantidad de miembros fuera la mitad, ya daba testimonio sobre la considerable hegemonía política ejercida por el partido en un país en el que, en 1986, la población de más de 15 años era de solo 2,2 millones. Para 1988, la estructura del partido se extendía por 236 seccionales a lo largo del país, de las cuales 25 estaban localizadas en Asunción, lo que suponía un promedio nacional de una seccional por cada 17.000 personas. Esta verticalización de la estructura del Partido Colorado le permitió ahondar su penetración de la sociedad civil. La afiliación al partido fue obligatoria para los funcionarios públicos a los que se les descontaba aportes obligatorios de sus salarios para financiar Patria, el diario del partido. Afiliarse al partido era también obligatorio para los maestros, médicos y la mayoría de los demás profesionales empleados por el Estado. Ni siquiera los más altos niveles del Poder Judicial estaban exentos de esta extrema politización, tal como lo ejemplifica la presencia de jueces de la Corte Suprema de Justicia en reuniones partidarias vistiendo el característico pañuelo rojo. De esta forma, el Partido Colorado se convirtió no solo en una parte fundamental de la vida diaria, sino también en el “Partido del Estado”.
Las Fuerzas Armadas El segundo pilar esencial de la “unidad granítica” del régimen fue la desprofesionalización y partidización de las Fuerzas Armadas. Basado en su creciente identificación con el Partido Colorado tras la Guerra Civil de 1947, los vínculos organizacionales que unían a estas dos instituciones fueron altamente reforzados durante el stronato. En julio de 1955, los oficiales de las Fuerzas Armadas se vieron obligados a afiliarse al partido y varios de rango superior fueron miembros de la Junta de Gobierno del partido. La entrada al prestigioso colegio de oficiales, Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, se restringió a los hijos de padres fehacientemente miembros del Partido Colorado. En el gabinete, los ministerios claves (Defensa, Hacienda y Obras Públicas) estuvieron reservados para generales. Este vínculo orgánico con el partido se formalizó en 1980 con la Ley 832 del Estatuto Militar, que dio a las Fuerzas Armadas la función de garantizar la seguridad interna del país “en colaboración con otras instituciones de poder nacional”. En cada una de las ocho elecciones presidenciales, las Fuerzas Armadas anunciaron públicamente su apoyo a la candidatura de Stroessner.
A pesar de no tener un carácter carismático, a lo largo de su régimen se edificó un fuerte culto a su personalidad. Esto se manifestó de varias maneras: el uso de su nombre para una ciudad, Puerto Presidente Stroessner, y de edificios públicos; el despliegue de su fotografía en todas las oficinas públicas; la peregrinación anual a la residencia presidencial de miles de acólitos en el día de su cumpleaños (3 de noviembre), y el uso extensivo de propaganda en los medios que lo alababan hasta el exceso. De cualquier manera, Stroessner no conformó la imagen estereotipada del caudillo latinoamericano. El culto al dictador enfatizó no solo su equilibrada persona, sino también –y más significativamente–, la importancia de la alianza entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la “Paz y Progreso”, que se convirtió en el ubicuo eslogan de propaganda del régimen.
El régimen de Stroessner descansó en cinco mecanismos cruciales que le permitieron mantenerse en el poder durante tanto tiempo: una fachada democrática, un sistema de represión eficaz, la corrupción institucionalizada, el uso de la ideología nacionalista y el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.
Contrariamente a otros regímenes militares en América Latina, el de Stroessner mantuvo una fachada de vida democrática, en la forma de un sistema parlamentario que incluía varios partidos políticos y repetidas elecciones fraudulentas. Esta fachada, que llevó a Francisco Delich a referirse al régimen como una forma de “despotismo republicano”, era un eslabón importante de su estrategia de legitimación, tanto en la arena doméstica como internacional. A lo largo del stronato, la supuesta legalidad de las acciones del régimen y sus estructuras supuestamente democráticas fueron temas centrales que se repetían ad nauseum en el discurso oficial, tanto dentro como fuera del país. Se realizaron elecciones presidenciales cada cinco años en las que participaban partidos de oposición legales, pero domesticados, cuyas actividades estaban restringidas por los mecanismos del Estado corporativo. Por lo tanto, a partir del golpe del 4 de mayo de 1954, en lugar de tomar el poder directamente, Stroessner colocó a un civil, Tomás Romero Pereira, como presidente interino, y luego se autonominó como candidato del Partido Colorado en las elecciones presidenciales de julio de 1954. De acuerdo con la Constitución de 1940, Stroessner solo podía ejercer el poder por un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años. Esto tenía efecto desde 1958, ya que su mandato entre 1954 y 1958 era considerado como la terminación de la presidencia del depuesto presidente Chaves. Stroessner fue reelecto sin oposición en 1958 y nuevamente en 1963, esta vez en elecciones contra un solo candidato títere, quien fue premiado con el puesto de embajador en el Reino Unido. En 1962, una pequeña facción del Partido Liberal reconoció la legitimidad del régimen, recibiendo bancos parlamentarios como recompensa. Cinco años más tarde, esta legitimidad se extendió cuando los otros tres partidos de oposición de ese entonces, Liberal, Radical Liberal y Febrerista, participaron en la redacción de la Constitución autoritaria de 1967. Además de subordinar el Poder Legislativo y Judicial al Ejecutivo, la nueva Constitución le permitió a Stroessner extender su mandato por dos periodos consecutivos más. Posteriormente, la enmienda constitucional de 1977 eliminó esta limitación, permitiéndole convertirse en “presidente vitalicio”. En total, Stroessner fue reelecto siete veces en elecciones caracterizadas por su falta de credenciales democráticas. De acuerdo con el escrutinio oficial, obtuvo un promedio del 88,7% de los votos: 1954, 98,4%; 1958, 97,3%; 1963, 90,6%; 1968, 70,9%; 1973, 83,6%; 1978, 90,0%; 1983, 90,1%, y 1988, 88,6%. El régimen le dio mucha importancia al respeto a la ley y sus acciones eran siempre defendidas por estar de acuerdo con la legalidad constitucional. La separación formal de los poderes era reconocida, aunque el Judicial y el Legislativo eran, de hecho, apéndices del Ejecutivo, que ejercía el poder de manera totalmente arbitraria. El régimen utilizó esta pretensión de legalidad como un elemento clave en la fachada democrática en defensa de sus graves violaciones de los derechos humanos. El estado de sitio fue permanente durante el stronato, que se levantaba únicamente en los días de elecciones. Aunque nunca fue reglamentado, la declaración de estado de sitio ofreció un argumento legal conveniente para que los miembros de la Corte Suprema pudieran suspender las garantías de habeas corpus. Dos leyes represivas en particular, la Ley 294 de 1955 “En defensa de la democracia”, y la Ley 209 de 1970 “En defensa de la paz pública y las libertades personales”, proveían la base legal para los actos represivos.El sistema represivo del régimen tuvo un papel central en el mantenimiento del control social durante el stronato. Sin embargo, en un aspecto importante, este difería del de los “regímenes de excepción” en la región del Cono Sur: no se crearon unidades policiales paralelas ni milicias clandestinas. Por el contrario, las graves violaciones de los derechos humanos fueron realizadas por las mismas estructuras formales y visibles del Estado. No se montaron centros de detención ni de tortura clandestinos, sino que la tortura se realizaba en los mismos cuarteles de la Policía y los presos de larga duración fueron detenidos en comisarías policiales. Los puntos neurálgicos del aparato represivo se centraron en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) y en la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT) de la Policía, que coordinaban las operaciones de inteligencia, contrainteligencia y actividades operacionales. La vigilancia regular de las actividades de opositores al régimen era realizada por una red extensiva de informantes, los pyragues, dentro de la Administración Pública, el servicio diplomático y, sobre todo, entre los activistas locales de las seccionales del Partido Colorado. Una estrategia de contrainsurgencia, llamada “represión preventiva” –revelada en público por primera vez por el general Gerardo Johansen en una reunión de la Junta Interamericana de Defensa celebrada en Montevideo en 1972–, fue el principal factor del mantenimiento del control social. Bajo esta estrategia, ante la menor indicación de una oposición armada al régimen, las fuerzas de seguridad respondieron de una manera totalmente desproporcionada. Esto implicó arrestos, interrogatorios, torturas y encarcelamiento de un vasto círculo de individuos, cuyo único “crimen” era el de ser pariente, amigo, compañero de trabajo o vecino de ese pequeño número de personas que estuvieron dispuestas a participar en una resistencia armada al régimen. Esta estrategia, que tenía la forma de detenciones de corto tiempo durante las cuales el uso de la tortura era la norma, fue eficaz para inculcar un clima de miedo en la gran mayoría de la población. La práctica común de redadas, junto con los ubicuos pyrague y los rumores de radio so’o, animó esa arraigada cultura del miedo, desconfianza y autocensura (ñemongyhyje) en la población. Adicionalmente, durante casi todo el stronato un promedio de cien prisioneros políticos de larga duración permanecieron bajo detención. La mayoría eran miembros del Partido Comunista Paraguayo (PCP), que sufrió más que ninguna otra organización política la violación de sus derechos humanos. Dos de sus secretarios generales fueron asesinados estando bajo custodia policial: Miguel Ángel Soler, en 1975, y Antonio Maidana, en 1980. Sin excepción, los movimientos armados contra el régimen de Stroessner –el Movimiento 14 de Mayo (creado en 1959), FULNA (en 1960), OPM (en 1976) y el grupo de Caaguazú (en 1980)– fracasaron. Los servicios de contrainsurgencia fueron exitosos al “cortar de raíz” cada uno de estos intentos de oposición armada, antes de que pudieran constituir una amenaza real para el régimen.
El uso extendido de las detenciones masivas en épocas de mayor descontento político (1960, 1976 y 1980) dio, a veces, la falsa impresión de un sistema de represión torpe y desorganizada. Al contrario, el régimen mantuvo una lista precisa y actualizada de todos los presos políticos. El contenido de un archivo central, con dos toneladas de documentación relativa al DIPC y descubierto en diciembre de 1992, reveló una forma de operación mucho más sistemática. El llamado Archivo del Terror contenía contundente evidencia sobre seis principales alegatos de violaciones de los derechos humanos contra el régimen: la primera, la tortura era una práctica policial común con los presos políticos; la segunda, los detenidos desaparecidos bajo detención fueron, de hecho, asesinados y catalogados como tal mediante el uso de una codificación especial, “empaquetados”; la tercera, las actividades de los líderes opositores al régimen, tanto dentro como fuera del país, eran celosamente monitoreados; la cuarta, Stroessner recibía regularmente informes escritos acerca de la represión y la vigilancia de parte de las fuerzas de seguridad; la quinta, una red extensiva de informantes (pyragues) era empleada por el Departamento de Política y Afines (DPA); y la sexta, varios opositores al régimen fueron secuestrados en el exilio mediante la Operación Cóndor, una red de colaboración para el intercambio clandestino de presos políticos, organizada por los regímenes militares que gobernaban los países del Cono Sur en los años 70 y 80 del pasado siglo. Estos hallazgos –efectuados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ)– confirman la estrategia de represión preventiva realizada por el régimen. La CVJ estimó un total de 19.862 arrestos arbitrarios durante el stronato, de los cuales no menos de 18.772 (94%) implicaron algún tipo de tortura. En contraste, la CVJ reportó solamente 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 desapariciones (la mitad de las cuales corresponden a extranjeros o desconocidos) y 3.470 casos de exilio político forzado. El estado de los medios de comunicación poco antes del derrocamiento de Stroessner también ofrece una visión aproximada del impacto de la represión contra la libertad de expresión bajo el stronato. En ese momento, ningún periódico de la oposición o revista circulaba legalmente dentro del Paraguay. El principal diario, ABC Color, fue cerrado en 1984 y el único semanario de oposición, El Pueblo, estaba cerrado desde agosto de 1987. La situación con respecto a la radio y televisión no era mejor. Los dos canales privados de televisión, Canal 9 y Canal 13, pertenecían a parientes y allegados cercanos a Stroessner y no se permitía ningún reportaje referente al Acuerdo Nacional. A pesar de una gran cantidad de radios locales, la autocensura aseguró que la crítica a la dictadura permaneciera muda. Esta conducta se vio reforzada con el castigo impuesto a Radio Ñandutí y Radio Cáritas, las únicas dos emisoras que habían osado cuestionar a la dictadura.
La corrupción tuvo un rol crucial en el mantenimiento del régimen, expandiéndose rápidamente durante el stronato hasta tal punto que Paraguay se convirtió en un sinónimo de corrupción. Esta imagen internacional se debió, en gran medida, al refugio que Stroessner ofreció a una serie de ladrones de banco, estafadores y artífices de fraudes de todo el mundo. Asimismo, Stroessner consideró el sector público como un botín y junto con su camarilla de militares y civiles acólitos dispuso de los recursos del sector público como si fueran propios. Sin embargo, contrariamente a Somoza en Nicaragua, Stroessner tuvo cuidado de no alienar el pequeño sector privado, muchos de cuyos miembros se beneficiaron de una relación íntima con altos funcionarios del gobierno, con la recompensa de ganar licitaciones para proveer bienes al sector público. Este proceso de “privatización del Estado” –tal como lo llamó Dionisio Borda– llevó a la formación de un empresariado prebendario que, indudablemente, hacía menos aguda la oposición al régimen. La corrupción fue particularmente importante para asegurar el sostén militar del régimen. La corrupción militar se vio facilitada por el visto bueno de Stroessner para que los oficiales en servicio activo pudieran, a la vez, realizar actividades comerciales privadas. En la práctica, esto significó que la jerarquía militar dedicara parte de su tiempo a negocios privados. El uso de equipos e insumos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (camiones, máquinas de construcción vial y gasolina) con fines privados devino en norma, así como el uso de conscriptos como mano de obra sin costo. De esta forma, la corrupción contribuyó a detener la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Aunque la variedad de actividades ilícitas realizadas por la jerarquía militar resultó extensa, tres elementos fueron particularmente importantes: el contrabando, el tráfico de narcóticos y el tráfico de armas. Hacia finales de la década de 1950, Paraguay surgió como centro de distribución para el contrabando hacia Argentina y Brasil, coincidiendo con la introducción de protección tarifaria a las industrias de sustitución de importaciones en esos países. Varios generales fueron recompensados por su lealtad a Stroessner con el control del contrabando de cigarrillos y whisky. En una entrevista de 1965, Stroessner se refirió a esto como “el precio de la paz”, implicando que el descontento militar fue aliviado con la atracción de las ganancias que podían obtenerse a través de estas actividades ilícitas, pero oficialmente sancionadas. Desde los años 70, el mercado del contrabando se diversificó y expandió a gran escala, convirtiéndose en un aspecto fundamental de lo que, rápidamente, llegó a ser una de las economías más abiertas del mundo. Para 1988, el Banco Mundial estimó que las importaciones y exportaciones “no registradas” eran iguales, o posiblemente mayores, que el comercio registrado. El affaire Ricord acaecido en 1971-1972, llamó por primera vez la atención sobre el rol del Paraguay como trampolín en el tráfico de heroína desde Europa hacia Estados Unidos. El asunto llevó a una breve ruptura de las relaciones armónicas entre el Paraguay y el Gobierno de Estados Unidos, debido a que varias figuras militares de alto nivel fueron acusadas por el Gobierno estadounidense de tener vínculos con el narcotráfico. Encabezó la lista el mismo general Andrés Rodríguez, en ese entonces el segundo en el comando de las Fuerzas Armadas, quien fue colocado en una “lista negra” de la DEA y se le prohibió su ingreso a los EEUU. La complicidad en el tráfico ilegal de armas, principalmente a través de la provisión de certificados de origen falsos, también otorgó sustanciales ganancias a varios miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas. A comienzos de 1980, Paraguay fue acusado por el Gobierno de EEUU de haber roto el boicot internacional de armas a Irán, al proveerle 23 aviones de guerra. Entre 1978 y 1985, oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas emplearon las facilidades del puerto libre en Paranaguá, Brasil, como conducto para el abastecimiento ilegal de armas a Sudáfrica, rompiendo así el embargo internacional de armas al régimen de apartheid. Los militares no fueron los únicos en beneficiarse de la corrupción institucionalizada. Las comisiones (o coimas) cobradas por los políticos en los contratos internacionales de construcción resultaron muy altas, en general variando entre el 10 y el 20% del monto nominal. Los contratos más importantes estuvieron asociados con la represa hidroeléctrica de Itaipú. En 1973, miembros de la cúpula del régimen estuvieron envueltos en las negociaciones del Tratado de Itaipú con los militares brasileños y existen fuertes sospechas de que recibieron grandes sobornos a cambio de prestar su acuerdo a los términos tan evidentemente contrarios a los intereses nacionales del Paraguay. La sobrefacturación en los contratos, debido a la ausencia de una política de licitaciones internacionales obligatorias, fue la principal causa del alza en el costo total del proyecto. Así, de un precio inicial estimado en USD 2.033 millones en 1973 se llegó a los USD 20.000 millones en 1991. El Consorcio Nacional de Empresas Paraguayas (Conempa) mantuvo un casi monopolio de los contratos ganados por empresas paraguayas, totalizando USD 1.475 millones en el periodo entre 1973 y 1983. En varias ocasiones Conempa fue acusada de corrupción a través de la sobrefacturación y la provisión de coimas a los líderes del régimen.
A lo largo del stronato, el Instituto de Bienestar Rural (IBR), la entidad pública encargada de promover la reforma agraria, concedió grandes extensiones de terrenos públicos (tierra fiscal) a dirigentes de las Fuerzas Armadas y del Partido Colorado a precios muy por debajo de su valor comercial. Ninguna de estas personas resultaban elegibles según la legislación de reforma agraria vigente, la cual estaba diseñada para beneficiar a familias sintierras. Además, estos beneficiarios ilegales recibieron lotes, cuyas extensiones excedieron en demasía los límites legales, e incluso, en algunos casos, recibieron más de un lote de terreno en distintos puntos del país. La CVJ examinó las 20.705 concesiones de tierra otorgadas durante el periodo 1954-2003, que alcanzaron un total de 12.229.594 hectáreas. La CVJ encontró que 4.232 lotes, entregados a 3.336 beneficiarios y que sumaban un total de 7.806.369 hectáreas, fueron ilegalmente concedidas. De ese número de lotes ilegales, 3.054 se concedieron en el Este del país, lo que equivalía a un 43% del total de la tierra distribuida en esa zona, es decir, 1.507.535 hectáreas de un conjunto de 3.497.781 hectáreas. Por su parte, en el Chaco los otros 1.178 lotes ilegales sumaron el 72% del conjunto de tierras distribuidas en esa región, o sea, 6.298.834 hectáreas de un total de 8.731.813 hectáreas. Este abuso sistemático de la legislación vigente fue el factor principal que explica la creciente desigualdad en la distribución de la tierra entre 1956 y 1991, a pesar del programa de colonización rural administrado por el IBR en la década de 1960. El censo agrícola de 1991 reveló uno de los índices de concentración de tierra más altos de América Latina. La corrupción fue, por lo tanto, una de las causas principales del problema creciente de escasez de tierras, invasión de tierras y conflicto social que caracterizó al Paraguay rural desde mediados de la década de 1980 en adelante. La institucionalización de la corrupción tuvo el efecto de desmovilizar a la oposición y de convertir a una proporción significativa de la población adulta en cómplices tácitos del régimen. La corrupción, sea en forma de contrabando, adjudicación fraudulenta de contratos o coimas a personas en posiciones de poder, forjó un esprit de corps tácito entre los acólitos del régimen en el afán común de mantener sus privilegios. El control del aparato del Estado hizo posible que el Partido Colorado pudiera dispensar favores en cadena que, a su vez, ayudaron a los caudillos locales a extender su base de poder. Mientras que estos afirmaron su lealtad al líder y al partido, ganaban también la aceptación pasiva de mucha “gente común” a quienes ofrecían una cierta movilidad social. En octubre de 1990, poco después de la caída del régimen, se embargaron los activos de 36 ex oficiales del régimen, que totalizaban USD 550 millones, el equivalente al 25% de la deuda externa del país. De este total, se recuperaron solamente USD 12 millones en efectivo, en bienes inmobiliarios o en ganado, que pertenecían a tres altos oficiales: Hugo Dejesús Araújo, ex director del Instituto de Previsión Social (IPS); Roberto Knopfelmacher, ex presidente de la empresa estatal siderúrgica (Acepar), y Francisco Alcibiades Brítez, ex jefe de Policía. Fueron los tres únicos oficiales acusados de corrupción, pero obtuvieron la impunidad mediante un simulacro de devolución de lo escamoteado al Fisco.El régimen de Stroessner utilizó hábilmente el discurso de la identidad nacional para realzar su legitimidad. Basándose en la contranarrativa que elaboró la generación del 900, adaptó y manipuló la historia de la nación. Esto se repitió a través de un sistema público de educación altamente centralizado (en materias como Historia, Geografía e Instrucción Cívica), en la literatura, en la prensa (Patria y La Voz del Coloradismo) y en la cultura popular, a través de historias, imágenes, paisajes, símbolos y rituales. Más importante aún, el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas y, sobre todo, el propio Stroessner estuvieron incluidos en la narrativa como una continuación de la línea histórica de los héroes nacionalistas. De hecho, Peter Lambert sostiene que la lectura correcta de las tradiciones históricas y culturales, del discurso y la identidad nacional era un factor tan importante en la permanencia del régimen como la represión abierta. Stroessner fue retratado como el sucesor natural del más importante líder militar de la etapa nacionalista, el presidente Francisco Solano López. También era presentado como el Segundo Reconstructor, siguiendo los pasos del Primer Reconstructor, el presidente colorado Bernardino Caballero (1880-1886). De acuerdo con la mitología del partido, mientras que a Caballero se le atribuyó el haber restablecido la deshecha economía en los años de la posguerra de la Triple Alianza, a Stroessner se le asignó el haber garantizado la paz política y el progreso económico tras la inestabilidad política y la inflación desenfrenada que siguieron a la Guerra Civil de 1947. Irónicamente, si el régimen estaba caracterizado por esta “paz y progreso”, entonces por definición, la oposición política amenazaba estos logros. La represión de la disidencia resultó, por lo tanto, legítima en términos del mantenimiento de “la paz en la que vive el país” y de un orden social armonioso. Para el observador independiente, estos paralelos históricos están repletos de contradicciones. López peleó para defender la nación contra Argentina y Brasil; en cambio, bajo Stroessner, la penetración brasileña en el Paraguay fue extensiva como resultado del Tratado de Itaipú, lo que favoreció la entrada de más de 250.000 colonos brasileños en la región fronteriza del Este del Paraguay. De todas maneras, a pesar de que estas contradicciones estaban incrustadas en el mito de Stroessner, el régimen fue exitoso al apelar a los profundos sentimientos nacionalistas de la cultura paraguaya para obtener una marcada ventaja. Tan fuerte resultó esta identificación del partido con la identidad nacional que en el discurso del régimen, la expresión “ser colorado es la mejor manera de ser paraguayo” fue profusamente empleada en la propaganda oficialista. El régimen también fue hábil en manipular los arraigados sentimientos populares contra la “invasión extranjera”, como legado de la derrota en la Guerra de la Triple Alianza, con miras a promover sus propias credenciales nacionalistas. Durante el periodo 1958-1963, los propagandistas del régimen se refirieron a los guerrilleros del Movimiento 14 de Mayo y del FULNA como legionarios, término peyorativo utilizado para referirse a los paraguayos que pelearon en las filas enemigas durante la mencionada guerra. Desde 1920, una generación de ideólogos nacionalistas, como Juan O’Leary, Manuel Domínguez e Ignacio A. Pane, ampliaron el término para referirse, sin ninguna moderación, a los miembros del Partido Liberal en general, debido a su hostilidad hacia Francisco Solano López. Este discurso patriótico se convirtió en una potente fuerza para obtener el apoyo de los pynandi a favor de los colorados durante la Guerra Civil de 1947. Al “capturar” de esta manera el sentido del nacionalismo, el discurso del régimen fue igualmente exitoso en la redefinición de los movimientos armados contra Stroessner, tildándolos de mezcla diabólica de liberalismo legionario y del comunismo internacional, cuyo elemento en común era la funesta amenaza que significaban para la nación. En consecuencia, el apoyo popular al Movimiento 14 de Mayo y al FULNA resultó muy débil. Al mismo tiempo, reforzando el compromiso de los pynandi, la extensa red de milicia colorada heredada de la guerra civil, el discurso apuntaló grandemente al esfuerzo de contrainsurgencia del régimen.
La postura ferozmente anticomunista del régimen –tal como lo demuestra la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y su participación en el Plan Cóndor– no fue una simple estrategia oportunista diseñada para acceder a la ayuda norteamericana. La guerra entre el Paraguay (Estado y sociedad) y la subversión nacional e internacional, del “bien contra el mal”, permitió al stronato justificar y legitimar la represión doméstica. No fue solamente que el conflicto de clases, en particular, e incluso el conflicto político, en general, violaran los principios de la unidad granítica, tal como lo señalaba la letra de la Constitución –el artículo 71 de la Constitución de 1967 prohibía “el odio entre los paraguayos o la lucha de clases”–, sino que esto le permitió a Stroessner proclamar la defensa de la nación y lo autóctono contra la (mítica) amenaza del extranjero, el traidor y lo exótico, en una repetición de los conflictos pasados del Paraguay. El régimen empleó la identidad nacional como una herramienta fundamentalmente conservadora, diseñada para fortalecer el statu quo autoritario. No fue utilizada para promover la modernización y la industrialización, sino que, por el contrario, se esgrimió como un mecanismo de control que sirvió para movilizar y unir las élites y las masas tras el régimen, suavizando las inherentes tensiones de clase, género y otras identidades en competencia. El énfasis en el discurso sobre la tradición e aislamiento condujo a un síndrome defensivo, a una mentalidad sitiada y a una hostilidad hacia el cambio y las nuevas ideas, a la vez que los postigos ideológicos aumentaban, para excluir los puntos de referencia externos que podrían minar la paraguayidad.
Estados Unidos fue cómplice en la génesis del gobierno colorado después de la Guerra Civil de 1947 y en la preparación del terreno para el régimen de Stroessner, pues los militares norteamericanos lo “alimentaron” desde principios de la década de 1950. En mayo de 1953, menos de un año antes de su ascenso al poder, Stroessner hizo su primera visita a los EEUU y a la zona del canal de Panamá por invitación del Ejército estadounidense. Días después del golpe de mayo de 1954 que derrocó a Chaves, Stroessner viajó a Lima, donde se reunió con los jefes del Comando Estratégico de los EEUU. Desde entonces, dicho Gobierno tuvo un rol central en el mantenimiento del régimen durante su fase de consolidación a cambio de su postura anticomunista en el fragor de la Guerra Fría. Durante la fase comprendida entre 1954 y 1960, Paraguay se convirtió en el tercer destinatario de la ayuda norteamericana en Latinoamérica bajo el programa Alianza para el Progreso. Sin embargo, Estados Unidos hizo la vista gorda al hecho de que mucha de esta ayuda se desvió como resultado de la corrupción desenfrenada. Por ejemplo, aunque la construcción de caminos se anunció como uno de los mayores logros, solamente se pavimentaron 12 kilómetros anuales entre 1954 y 1968. Estados Unidos también fue cómplice en el establecimiento de una unidad de inteligencia contrainsurgente especializada dentro de la Policía paraguaya. Como parte de un programa de asistencia técnica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), aparentemente dirigido a “la reforma de la Administración Pública”, entre 1956 y 1958 el coronel norteamericano Robert Thierry organizó la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT). Bajo la etiqueta de “lucha contra el comunismo”, la Técnica –tal como se hizo conocida–, estableció una red extensiva de informantes de la Policía y pasó a ser el principal centro de tortura de los detenidos políticos a lo largo del stronato. Luego de décadas de silencio durante la Guerra Fría, no fue sino durante la fase de descomposición del régimen que el Gobierno de los Estados Unidos comenzó a apoyar la democratización en el Paraguay. Sin embargo, las sugerencias hechas por Mora y Cooney, de que los oficiales de EEUU lideraron la lucha por los derechos humanos en las últimas décadas del régimen, son altamente cuestionables. Irónicamente, las revelaciones de la prensa de que el general Rodríguez, brazo derecho de Stroessner, estaba envuelto en el tráfico de drogas, condujeron a su prohibición para entrar en el país norteamericano desde 1974. Sin embargo, en noviembre de 1988, esta prohibición terminó abruptamente cuando el general Woerner, comandante en jefe del Comando Sur, se reunió con él en Paraguay. Dos meses después, el 2-3 de febrero de 1989, Rodríguez dirigió el golpe que derrocó a Stroessner y el Gobierno de Estados Unidos lo reconoció rápidamente como nuevo presidente, sin dar nunca una explicación oficial por esta flagrante contradicción: rehabilitar a un general vinculado con el tráfico de drogas con miras a la democratización. De hecho, el apoyo de EEUU a Rodríguez demoró el proceso de democratización al prolongar el gobierno corrupto del Partido Colorado por otros veinte años más.
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Alfredo Stroessner Matiauda gobernó el Paraguay desde el 15 de agosto de 1954 hasta el 3 de febrero de 1989. También conocido como El Rubio, Mburuvichá y el Segundo Reconstructor, fue el jefe de Estado que más tiempo gobernó en la historia de Latinoamérica, y el tercero en el mundo en el periodo posterior a 1945, después de Kim Il Sung, en Corea del Norte, y de Todor Zhukov, en Bulgaria. Fue también el presidente que gobernó durante más años en la historia paraguaya y sus cerca de 35 años de mandato dejaron una marca indeleble en la psique del país.
Nació el 3 de noviembre de 1912 en Encarnación, hijo de un inmigrante alemán, Hugo Stroessner, y de la paraguaya Heriberta Matiauda.
Ingresó en la Escuela Militar de Asunción el 1 de marzo de 1929, a los dieciséis años. Como oficial de Artillería del Ejército paraguayo, combatió en la Guerra del Chaco y participó en la batalla de Boquerón, aunque su expediente de guerra no fue distinguido. Entre marzo de 1940 y febrero de 1941 cursó estudios en el Colegio Militar Brasileño.
En 1940 fue ascendido a mayor de Artillería y, en diciembre de 1945, a teniente coronel. Desempeñó un papel clave en la victoria del Partido Colorado durante la Guerra Civil de 1947, al liderar el asalto a los cuarteles navales de Asunción y recuperar el control de dos cañoneras que habían caído en manos de los insurgentes en el sur del país. A partir de entonces, ascendió rápidamente en el seno de las Fuerzas Armadas y alcanzó el grado de coronel en marzo de 1948.
Tras la guerra civil, se desataron feroces disputas entre las distintas facciones del Partido Colorado, contexto en el que Stroessner fue influido por Epifanio Méndez Fleitas. Por ello, se alió con los llamados “democráticos” contra los denominados “guionistas”.
En octubre de 1948, se vio involucrado en un fallido levantamiento militar contra el entonces presidente guionista, Natalicio González. Tuvo que escapar en la valijera de un auto para llegar a la Embajada brasileña y de allí partió al exilio. Volvió desde Argentina en forma clandestina para colaborar nuevamente con Méndez Fleitas en el golpe del 26 de febrero de 1949 que derrocó al presidente Raimundo Rolón y colocó a Felipe Molas López en la presidencia como líder de un Partido Colorado unido.
Stroessner fue recompensado, el 4 de marzo, por sus servicios con el retorno al comando de su regimiento y fue promovido al rango de general de Brigada el 15 de agosto de 1949. Tras la caída de Molas López, orquestada por los democráticos en setiembre de 1949, Stroessner dirigió la resistencia ante los intentos del nuevo presidente, Federico Chaves, de purgar las Fuerzas Armadas de los simpatizantes guionistas.
No obstante, su ascenso meteórico continuó al ser nombrado comandante de la División de Artillería, en setiembre de 1950, y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el 13 de octubre de 1951, a la temprana edad de 39 años.
Desde entonces, silenciosamente, movilizó el apoyo de los colorados conservadores y de los grupos dentro de las Fuerzas Armadas que se oponían a la relación cada vez más estrecha desarrollada por Chaves con el gobierno populista de Juan Domingo Perón en Argentina. Al hacer esto, aprovechó la tradicional antipatía militar hacia un antiguo enemigo de la Guerra de la Triple Alianza y utilizó, en la cumbre de la Guerra Fría, el temor del Gobierno de los Estados Unidos ante la expansión internacional del comunismo. En enero de 1954, desde el relativo anonimato de su puesto, Stroessner envió demandas para una mayor participación militar en el Gabinete de Chaves, mientras que, inteligentemente, explotó los celos dentro de la Caballería, entre su comandante, el coronel Néstor Ferreira, y el mayor Virgilio Candia. Las “presiones” de Stroessner forzaron la renuncia de Méndez Fleitas a la presidencia del Banco Central y debilitó el apoyo político hacia Chaves.
A lo largo de este periodo, la estrategia de Stroessner fue la de animar el enfrentamiento entre los partidarios de Chaves y los de Méndez Fleitas. Al debilitar así la unidad de los democráticos, las Fuerzas Armadas podrían asumir el poder bajo su propio control.
Entre el 3 y el 8 de mayo de 1954 tuvieron lugar una serie de levantamientos militares en Asunción y sus alrededores, lo que dio como resultado la muerte de 25 personas. La sublevación produjo alianzas cambiantes durante toda una semana entre las fuerzas leales a Chaves, a Méndez Fleitas y al mismo Stroessner.
El desenlace final quedó determinado con la alianza tácita entre Stroessner y Méndez Fleitas para expulsar a Chaves de la presidencia. Una vez conseguido, Tomás Romero Pereira juró como presidente provisional y, poco después, Stroessner fue designado candidato del Partido Colorado para las elecciones presidenciales venideras.
El 11 de julio de 1954, como único candidato, fue elegido presidente de la República y en agosto asumió el mando presidencial para completar el periodo presidencial de Chaves. De manera significativa, al asumir la presidencia retuvo su puesto como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.
La longevidad del régimen se basó en la alianza tripartita que Stroessner supo forjar como presidente de la República con los militares y su propio partido. Cuando llegó al poder en 1954, Stroessner heredó una alianza cada vez más estrecha entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas que provenía desde la Guerra Civil de 1947.
Como veterano de la Guerra del Chaco y partidario del gobierno de Morínigo durante la contienda civil, sus credenciales políticas y nacionalistas se adaptaron bien al papel que eligió jugar durante las siguientes tres décadas.
Bajo su régimen se terminó de construir el edificio de un Estado corporativo, cuyos cimientos ya habían sido iniciados por Morínigo en la década de 1940. El Partido Colorado y las Fuerzas Armadas desarrollaron, desde 1954, una relación simbiótica, supervisada por Stroessner en su calidad de jefe de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente honorario del Partido Colorado.
El Partido Colorado
El primer pilar del régimen fue el Partido Colorado, profundamente remodelado bajo el gobierno de Stroessner. De ser un partido tradicionalista y clientelista, desgarrado por discordias internas y dividido por caudillos, se convirtió en una máquina política jerárquica que ofrecía lealtad indiscutida a Stroessner. Esto lo logró al imponer una disciplina de hierro a través de las estructuras formales del partido.
En la cima de dicha estructura se encontraba la Junta de Gobierno, compuesta originalmente por 35 miembros, cuya autoridad nacional se extendía hasta las compañías rurales a través de una red extensiva de seccionales y subseccionales. Los miembros de la Junta tenían la tarea de asegurar la elección periódica en cada seccional de una lista única de candidatos aprobada por el liderazgo nacional. A su vez, estos líderes locales del partido ejercían un sistema eficaz de patronazgo a través de su acceso a la burocracia en general y a los políticos nacionales en particular. En consecuencia, la posesión de un carné del partido proveía incluso al campesino más pobre de algún beneficio tangible en su trato con el Estado. Los incondicionales al partido en cada localidad, conocidos como pyrague, también cumplían un rol de seguridad al ejercer la vigilancia sobre las actividades, reales o imaginadas, de la oposición política a nivel local. Como resultado de estos factores, la afiliación al Partido Colorado, que estuvo computarizada y se renovaba anualmente, creció velozmente durante el stronato, alcanzando, supuestamente, más de 1.300.000 miembros en 1986, año en el cual el 43% de sus miembros eran mujeres. Esta cifra oficial resulta muy exagerada, ya que el tamaño del electorado para las elecciones presidenciales de 1988 era de solo 1.442.607 electores. De todas maneras, incluso si la cantidad de miembros fuera la mitad, ya daba testimonio sobre la considerable hegemonía política ejercida por el partido en un país en el que, en 1986, la población de más de 15 años era de solo 2,2 millones. Para 1988, la estructura del partido se extendía por 236 seccionales a lo largo del país, de las cuales 25 estaban localizadas en Asunción, lo que suponía un promedio nacional de una seccional por cada 17.000 personas.
Esta verticalización de la estructura del Partido Colorado le permitió ahondar su penetración de la sociedad civil. La afiliación al partido fue obligatoria para los funcionarios públicos a los que se les descontaba aportes obligatorios de sus salarios para financiar Patria, el diario del partido. Afiliarse al partido era también obligatorio para los maestros, médicos y la mayoría de los demás profesionales empleados por el Estado. Ni siquiera los más altos niveles del Poder Judicial estaban exentos de esta extrema politización, tal como lo ejemplifica la presencia de jueces de la Corte Suprema de Justicia en reuniones partidarias vistiendo el característico pañuelo rojo. De esta forma, el Partido Colorado se convirtió no solo en una parte fundamental de la vida diaria, sino también en el “Partido del Estado”.
Las Fuerzas Armadas
El segundo pilar esencial de la “unidad granítica” del régimen fue la desprofesionalización y partidización de las Fuerzas Armadas. Basado en su creciente identificación con el Partido Colorado tras la Guerra Civil de 1947, los vínculos organizacionales que unían a estas dos instituciones fueron altamente reforzados durante el stronato. En julio de 1955, los oficiales de las Fuerzas Armadas se vieron obligados a afiliarse al partido y varios de rango superior fueron miembros de la Junta de Gobierno del partido. La entrada al prestigioso colegio de oficiales, Colegio Militar Mariscal Francisco Solano López, se restringió a los hijos de padres fehacientemente miembros del Partido Colorado. En el gabinete, los ministerios claves (Defensa, Hacienda y Obras Públicas) estuvieron reservados para generales. Este vínculo orgánico con el partido se formalizó en 1980 con la Ley 832 del Estatuto Militar, que dio a las Fuerzas Armadas la función de garantizar la seguridad interna del país “en colaboración con otras instituciones de poder nacional”. En cada una de las ocho elecciones presidenciales, las Fuerzas Armadas anunciaron públicamente su apoyo a la candidatura de Stroessner.
A pesar de no tener un carácter carismático, a lo largo de su régimen se edificó un fuerte culto a su personalidad. Esto se manifestó de varias maneras: el uso de su nombre para una ciudad, Puerto Presidente Stroessner, y de edificios públicos; el despliegue de su fotografía en todas las oficinas públicas; la peregrinación anual a la residencia presidencial de miles de acólitos en el día de su cumpleaños (3 de noviembre), y el uso extensivo de propaganda en los medios que lo alababan hasta el exceso. De cualquier manera, Stroessner no conformó la imagen estereotipada del caudillo latinoamericano. El culto al dictador enfatizó no solo su equilibrada persona, sino también –y más significativamente–, la importancia de la alianza entre el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas para el mantenimiento de la “Paz y Progreso”, que se convirtió en el ubicuo eslogan de propaganda del régimen.
El régimen de Stroessner descansó en cinco mecanismos cruciales que le permitieron mantenerse en el poder durante tanto tiempo: una fachada democrática, un sistema de represión eficaz, la corrupción institucionalizada, el uso de la ideología nacionalista y el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.
Contrariamente a otros regímenes militares en América Latina, el de Stroessner mantuvo una fachada de vida democrática, en la forma de un sistema parlamentario que incluía varios partidos políticos y repetidas elecciones fraudulentas. Esta fachada, que llevó a Francisco Delich a referirse al régimen como una forma de “despotismo republicano”, era un eslabón importante de su estrategia de legitimación, tanto en la arena doméstica como internacional. A lo largo del stronato, la supuesta legalidad de las acciones del régimen y sus estructuras supuestamente democráticas fueron temas centrales que se repetían ad nauseum en el discurso oficial, tanto dentro como fuera del país. Se realizaron elecciones presidenciales cada cinco años en las que participaban partidos de oposición legales, pero domesticados, cuyas actividades estaban restringidas por los mecanismos del Estado corporativo. Por lo tanto, a partir del golpe del 4 de mayo de 1954, en lugar de tomar el poder directamente, Stroessner colocó a un civil, Tomás Romero Pereira, como presidente interino, y luego se autonominó como candidato del Partido Colorado en las elecciones presidenciales de julio de 1954. De acuerdo con la Constitución de 1940, Stroessner solo podía ejercer el poder por un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años. Esto tenía efecto desde 1958, ya que su mandato entre 1954 y 1958 era considerado como la terminación de la presidencia del depuesto presidente Chaves. Stroessner fue reelecto sin oposición en 1958 y nuevamente en 1963, esta vez en elecciones contra un solo candidato títere, quien fue premiado con el puesto de embajador en el Reino Unido. En 1962, una pequeña facción del Partido Liberal reconoció la legitimidad del régimen, recibiendo bancos parlamentarios como recompensa. Cinco años más tarde, esta legitimidad se extendió cuando los otros tres partidos de oposición de ese entonces, Liberal, Radical Liberal y Febrerista, participaron en la redacción de la Constitución autoritaria de 1967. Además de subordinar el Poder Legislativo y Judicial al Ejecutivo, la nueva Constitución le permitió a Stroessner extender su mandato por dos periodos consecutivos más. Posteriormente, la enmienda constitucional de 1977 eliminó esta limitación, permitiéndole convertirse en “presidente vitalicio”. En total, Stroessner fue reelecto siete veces en elecciones caracterizadas por su falta de credenciales democráticas. De acuerdo con el escrutinio oficial, obtuvo un promedio del 88,7% de los votos: 1954, 98,4%; 1958, 97,3%; 1963, 90,6%; 1968, 70,9%; 1973, 83,6%; 1978, 90,0%; 1983, 90,1%, y 1988, 88,6%.
El régimen le dio mucha importancia al respeto a la ley y sus acciones eran siempre defendidas por estar de acuerdo con la legalidad constitucional. La separación formal de los poderes era reconocida, aunque el Judicial y el Legislativo eran, de hecho, apéndices del Ejecutivo, que ejercía el poder de manera totalmente arbitraria. El régimen utilizó esta pretensión de legalidad como un elemento clave en la fachada democrática en defensa de sus graves violaciones de los derechos humanos. El estado de sitio fue permanente durante el stronato, que se levantaba únicamente en los días de elecciones. Aunque nunca fue reglamentado, la declaración de estado de sitio ofreció un argumento legal conveniente para que los miembros de la Corte Suprema pudieran suspender las garantías de habeas corpus. Dos leyes represivas en particular, la Ley 294 de 1955 “En defensa de la democracia”, y la Ley 209 de 1970 “En defensa de la paz pública y las libertades personales”, proveían la base legal para los actos represivos.El sistema represivo del régimen tuvo un papel central en el mantenimiento del control social durante el stronato. Sin embargo, en un aspecto importante, este difería del de los “regímenes de excepción” en la región del Cono Sur: no se crearon unidades policiales paralelas ni milicias clandestinas. Por el contrario, las graves violaciones de los derechos humanos fueron realizadas por las mismas estructuras formales y visibles del Estado. No se montaron centros de detención ni de tortura clandestinos, sino que la tortura se realizaba en los mismos cuarteles de la Policía y los presos de larga duración fueron detenidos en comisarías policiales. Los puntos neurálgicos del aparato represivo se centraron en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la Capital (DIPC) y en la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT) de la Policía, que coordinaban las operaciones de inteligencia, contrainteligencia y actividades operacionales. La vigilancia regular de las actividades de opositores al régimen era realizada por una red extensiva de informantes, los pyragues, dentro de la Administración Pública, el servicio diplomático y, sobre todo, entre los activistas locales de las seccionales del Partido Colorado.
Una estrategia de contrainsurgencia, llamada “represión preventiva” –revelada en público por primera vez por el general Gerardo Johansen en una reunión de la Junta Interamericana de Defensa celebrada en Montevideo en 1972–, fue el principal factor del mantenimiento del control social. Bajo esta estrategia, ante la menor indicación de una oposición armada al régimen, las fuerzas de seguridad respondieron de una manera totalmente desproporcionada. Esto implicó arrestos, interrogatorios, torturas y encarcelamiento de un vasto círculo de individuos, cuyo único “crimen” era el de ser pariente, amigo, compañero de trabajo o vecino de ese pequeño número de personas que estuvieron dispuestas a participar en una resistencia armada al régimen. Esta estrategia, que tenía la forma de detenciones de corto tiempo durante las cuales el uso de la tortura era la norma, fue eficaz para inculcar un clima de miedo en la gran mayoría de la población. La práctica común de redadas, junto con los ubicuos pyrague y los rumores de radio so’o, animó esa arraigada cultura del miedo, desconfianza y autocensura (ñemongyhyje) en la población.
Adicionalmente, durante casi todo el stronato un promedio de cien prisioneros políticos de larga duración permanecieron bajo detención. La mayoría eran miembros del Partido Comunista Paraguayo (PCP), que sufrió más que ninguna otra organización política la violación de sus derechos humanos. Dos de sus secretarios generales fueron asesinados estando bajo custodia policial: Miguel Ángel Soler, en 1975, y Antonio Maidana, en 1980. Sin excepción, los movimientos armados contra el régimen de Stroessner –el Movimiento 14 de Mayo (creado en 1959), FULNA (en 1960), OPM (en 1976) y el grupo de Caaguazú (en 1980)– fracasaron. Los servicios de contrainsurgencia fueron exitosos al “cortar de raíz” cada uno de estos intentos de oposición armada, antes de que pudieran constituir una amenaza real para el régimen.
El uso extendido de las detenciones masivas en épocas de mayor descontento político (1960, 1976 y 1980) dio, a veces, la falsa impresión de un sistema de represión torpe y desorganizada. Al contrario, el régimen mantuvo una lista precisa y actualizada de todos los presos políticos. El contenido de un archivo central, con dos toneladas de documentación relativa al DIPC y descubierto en diciembre de 1992, reveló una forma de operación mucho más sistemática. El llamado Archivo del Terror contenía contundente evidencia sobre seis principales alegatos de violaciones de los derechos humanos contra el régimen: la primera, la tortura era una práctica policial común con los presos políticos; la segunda, los detenidos desaparecidos bajo detención fueron, de hecho, asesinados y catalogados como tal mediante el uso de una codificación especial, “empaquetados”; la tercera, las actividades de los líderes opositores al régimen, tanto dentro como fuera del país, eran celosamente monitoreados; la cuarta, Stroessner recibía regularmente informes escritos acerca de la represión y la vigilancia de parte de las fuerzas de seguridad; la quinta, una red extensiva de informantes (pyragues) era empleada por el Departamento de Política y Afines (DPA); y la sexta, varios opositores al régimen fueron secuestrados en el exilio mediante la Operación Cóndor, una red de colaboración para el intercambio clandestino de presos políticos, organizada por los regímenes militares que gobernaban los países del Cono Sur en los años 70 y 80 del pasado siglo.
Estos hallazgos –efectuados por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ)– confirman la estrategia de represión preventiva realizada por el régimen. La CVJ estimó un total de 19.862 arrestos arbitrarios durante el stronato, de los cuales no menos de 18.772 (94%) implicaron algún tipo de tortura. En contraste, la CVJ reportó solamente 59 ejecuciones extrajudiciales, 336 desapariciones (la mitad de las cuales corresponden a extranjeros o desconocidos) y 3.470 casos de exilio político forzado.
El estado de los medios de comunicación poco antes del derrocamiento de Stroessner también ofrece una visión aproximada del impacto de la represión contra la libertad de expresión bajo el stronato. En ese momento, ningún periódico de la oposición o revista circulaba legalmente dentro del Paraguay. El principal diario, ABC Color, fue cerrado en 1984 y el único semanario de oposición, El Pueblo, estaba cerrado desde agosto de 1987. La situación con respecto a la radio y televisión no era mejor. Los dos canales privados de televisión, Canal 9 y Canal 13, pertenecían a parientes y allegados cercanos a Stroessner y no se permitía ningún reportaje referente al Acuerdo Nacional. A pesar de una gran cantidad de radios locales, la autocensura aseguró que la crítica a la dictadura permaneciera muda. Esta conducta se vio reforzada con el castigo impuesto a Radio Ñandutí y Radio Cáritas, las únicas dos emisoras que habían osado cuestionar a la dictadura.
La corrupción tuvo un rol crucial en el mantenimiento del régimen, expandiéndose rápidamente durante el stronato hasta tal punto que Paraguay se convirtió en un sinónimo de corrupción. Esta imagen internacional se debió, en gran medida, al refugio que Stroessner ofreció a una serie de ladrones de banco, estafadores y artífices de fraudes de todo el mundo. Asimismo, Stroessner consideró el sector público como un botín y junto con su camarilla de militares y civiles acólitos dispuso de los recursos del sector público como si fueran propios. Sin embargo, contrariamente a Somoza en Nicaragua, Stroessner tuvo cuidado de no alienar el pequeño sector privado, muchos de cuyos miembros se beneficiaron de una relación íntima con altos funcionarios del gobierno, con la recompensa de ganar licitaciones para proveer bienes al sector público. Este proceso de “privatización del Estado” –tal como lo llamó Dionisio Borda– llevó a la formación de un empresariado prebendario que, indudablemente, hacía menos aguda la oposición al régimen.
La corrupción fue particularmente importante para asegurar el sostén militar del régimen. La corrupción militar se vio facilitada por el visto bueno de Stroessner para que los oficiales en servicio activo pudieran, a la vez, realizar actividades comerciales privadas. En la práctica, esto significó que la jerarquía militar dedicara parte de su tiempo a negocios privados. El uso de equipos e insumos pertenecientes a las Fuerzas Armadas (camiones, máquinas de construcción vial y gasolina) con fines privados devino en norma, así como el uso de conscriptos como mano de obra sin costo. De esta forma, la corrupción contribuyó a detener la profesionalización de las Fuerzas Armadas. Aunque la variedad de actividades ilícitas realizadas por la jerarquía militar resultó extensa, tres elementos fueron particularmente importantes: el contrabando, el tráfico de narcóticos y el tráfico de armas.
Hacia finales de la década de 1950, Paraguay surgió como centro de distribución para el contrabando hacia Argentina y Brasil, coincidiendo con la introducción de protección tarifaria a las industrias de sustitución de importaciones en esos países. Varios generales fueron recompensados por su lealtad a Stroessner con el control del contrabando de cigarrillos y whisky. En una entrevista de 1965, Stroessner se refirió a esto como “el precio de la paz”, implicando que el descontento militar fue aliviado con la atracción de las ganancias que podían obtenerse a través de estas actividades ilícitas, pero oficialmente sancionadas. Desde los años 70, el mercado del contrabando se diversificó y expandió a gran escala, convirtiéndose en un aspecto fundamental de lo que, rápidamente, llegó a ser una de las economías más abiertas del mundo. Para 1988, el Banco Mundial estimó que las importaciones y exportaciones “no registradas” eran iguales, o posiblemente mayores, que el comercio registrado.
El affaire Ricord acaecido en 1971-1972, llamó por primera vez la atención sobre el rol del Paraguay como trampolín en el tráfico de heroína desde Europa hacia Estados Unidos. El asunto llevó a una breve ruptura de las relaciones armónicas entre el Paraguay y el Gobierno de Estados Unidos, debido a que varias figuras militares de alto nivel fueron acusadas por el Gobierno estadounidense de tener vínculos con el narcotráfico. Encabezó la lista el mismo general Andrés Rodríguez, en ese entonces el segundo en el comando de las Fuerzas Armadas, quien fue colocado en una “lista negra” de la DEA y se le prohibió su ingreso a los EEUU.
La complicidad en el tráfico ilegal de armas, principalmente a través de la provisión de certificados de origen falsos, también otorgó sustanciales ganancias a varios miembros de la cúpula de las Fuerzas Armadas. A comienzos de 1980, Paraguay fue acusado por el Gobierno de EEUU de haber roto el boicot internacional de armas a Irán, al proveerle 23 aviones de guerra. Entre 1978 y 1985, oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas emplearon las facilidades del puerto libre en Paranaguá, Brasil, como conducto para el abastecimiento ilegal de armas a Sudáfrica, rompiendo así el embargo internacional de armas al régimen de apartheid.
Los militares no fueron los únicos en beneficiarse de la corrupción institucionalizada. Las comisiones (o coimas) cobradas por los políticos en los contratos internacionales de construcción resultaron muy altas, en general variando entre el 10 y el 20% del monto nominal. Los contratos más importantes estuvieron asociados con la represa hidroeléctrica de Itaipú. En 1973, miembros de la cúpula del régimen estuvieron envueltos en las negociaciones del Tratado de Itaipú con los militares brasileños y existen fuertes sospechas de que recibieron grandes sobornos a cambio de prestar su acuerdo a los términos tan evidentemente contrarios a los intereses nacionales del Paraguay. La sobrefacturación en los contratos, debido a la ausencia de una política de licitaciones internacionales obligatorias, fue la principal causa del alza en el costo total del proyecto. Así, de un precio inicial estimado en USD 2.033 millones en 1973 se llegó a los USD 20.000 millones en 1991. El Consorcio Nacional de Empresas Paraguayas (Conempa) mantuvo un casi monopolio de los contratos ganados por empresas paraguayas, totalizando USD 1.475 millones en el periodo entre 1973 y 1983. En varias ocasiones Conempa fue acusada de corrupción a través de la sobrefacturación y la provisión de coimas a los líderes del régimen.
A lo largo del stronato, el Instituto de Bienestar Rural (IBR), la entidad pública encargada de promover la reforma agraria, concedió grandes extensiones de terrenos públicos (tierra fiscal) a dirigentes de las Fuerzas Armadas y del Partido Colorado a precios muy por debajo de su valor comercial. Ninguna de estas personas resultaban elegibles según la legislación de reforma agraria vigente, la cual estaba diseñada para beneficiar a familias sintierras. Además, estos beneficiarios ilegales recibieron lotes, cuyas extensiones excedieron en demasía los límites legales, e incluso, en algunos casos, recibieron más de un lote de terreno en distintos puntos del país. La CVJ examinó las 20.705 concesiones de tierra otorgadas durante el periodo 1954-2003, que alcanzaron un total de 12.229.594 hectáreas. La CVJ encontró que 4.232 lotes, entregados a 3.336 beneficiarios y que sumaban un total de 7.806.369 hectáreas, fueron ilegalmente concedidas. De ese número de lotes ilegales, 3.054 se concedieron en el Este del país, lo que equivalía a un 43% del total de la tierra distribuida en esa zona, es decir, 1.507.535 hectáreas de un conjunto de 3.497.781 hectáreas. Por su parte, en el Chaco los otros 1.178 lotes ilegales sumaron el 72% del conjunto de tierras distribuidas en esa región, o sea, 6.298.834 hectáreas de un total de 8.731.813 hectáreas. Este abuso sistemático de la legislación vigente fue el factor principal que explica la creciente desigualdad en la distribución de la tierra entre 1956 y 1991, a pesar del programa de colonización rural administrado por el IBR en la década de 1960. El censo agrícola de 1991 reveló uno de los índices de concentración de tierra más altos de América Latina. La corrupción fue, por lo tanto, una de las causas principales del problema creciente de escasez de tierras, invasión de tierras y conflicto social que caracterizó al Paraguay rural desde mediados de la década de 1980 en adelante.
La institucionalización de la corrupción tuvo el efecto de desmovilizar a la oposición y de convertir a una proporción significativa de la población adulta en cómplices tácitos del régimen. La corrupción, sea en forma de contrabando, adjudicación fraudulenta de contratos o coimas a personas en posiciones de poder, forjó un esprit de corps tácito entre los acólitos del régimen en el afán común de mantener sus privilegios. El control del aparato del Estado hizo posible que el Partido Colorado pudiera dispensar favores en cadena que, a su vez, ayudaron a los caudillos locales a extender su base de poder. Mientras que estos afirmaron su lealtad al líder y al partido, ganaban también la aceptación pasiva de mucha “gente común” a quienes ofrecían una cierta movilidad social.
En octubre de 1990, poco después de la caída del régimen, se embargaron los activos de 36 ex oficiales del régimen, que totalizaban USD 550 millones, el equivalente al 25% de la deuda externa del país. De este total, se recuperaron solamente USD 12 millones en efectivo, en bienes inmobiliarios o en ganado, que pertenecían a tres altos oficiales: Hugo Dejesús Araújo, ex director del Instituto de Previsión Social (IPS); Roberto Knopfelmacher, ex presidente de la empresa estatal siderúrgica (Acepar), y Francisco Alcibiades Brítez, ex jefe de Policía. Fueron los tres únicos oficiales acusados de corrupción, pero obtuvieron la impunidad mediante un simulacro de devolución de lo escamoteado al Fisco.El régimen de Stroessner utilizó hábilmente el discurso de la identidad nacional para realzar su legitimidad. Basándose en la contranarrativa que elaboró la generación del 900, adaptó y manipuló la historia de la nación. Esto se repitió a través de un sistema público de educación altamente centralizado (en materias como Historia, Geografía e Instrucción Cívica), en la literatura, en la prensa (Patria y La Voz del Coloradismo) y en la cultura popular, a través de historias, imágenes, paisajes, símbolos y rituales. Más importante aún, el Partido Colorado, las Fuerzas Armadas y, sobre todo, el propio Stroessner estuvieron incluidos en la narrativa como una continuación de la línea histórica de los héroes nacionalistas. De hecho, Peter Lambert sostiene que la lectura correcta de las tradiciones históricas y culturales, del discurso y la identidad nacional era un factor tan importante en la permanencia del régimen como la represión abierta.
Stroessner fue retratado como el sucesor natural del más importante líder militar de la etapa nacionalista, el presidente Francisco Solano López. También era presentado como el Segundo Reconstructor, siguiendo los pasos del Primer Reconstructor, el presidente colorado Bernardino Caballero (1880-1886). De acuerdo con la mitología del partido, mientras que a Caballero se le atribuyó el haber restablecido la deshecha economía en los años de la posguerra de la Triple Alianza, a Stroessner se le asignó el haber garantizado la paz política y el progreso económico tras la inestabilidad política y la inflación desenfrenada que siguieron a la Guerra Civil de 1947. Irónicamente, si el régimen estaba caracterizado por esta “paz y progreso”, entonces por definición, la oposición política amenazaba estos logros. La represión de la disidencia resultó, por lo tanto, legítima en términos del mantenimiento de “la paz en la que vive el país” y de un orden social armonioso.
Para el observador independiente, estos paralelos históricos están repletos de contradicciones. López peleó para defender la nación contra Argentina y Brasil; en cambio, bajo Stroessner, la penetración brasileña en el Paraguay fue extensiva como resultado del Tratado de Itaipú, lo que favoreció la entrada de más de 250.000 colonos brasileños en la región fronteriza del Este del Paraguay. De todas maneras, a pesar de que estas contradicciones estaban incrustadas en el mito de Stroessner, el régimen fue exitoso al apelar a los profundos sentimientos nacionalistas de la cultura paraguaya para obtener una marcada ventaja. Tan fuerte resultó esta identificación del partido con la identidad nacional que en el discurso del régimen, la expresión “ser colorado es la mejor manera de ser paraguayo” fue profusamente empleada en la propaganda oficialista.
El régimen también fue hábil en manipular los arraigados sentimientos populares contra la “invasión extranjera”, como legado de la derrota en la Guerra de la Triple Alianza, con miras a promover sus propias credenciales nacionalistas. Durante el periodo 1958-1963, los propagandistas del régimen se refirieron a los guerrilleros del Movimiento 14 de Mayo y del FULNA como legionarios, término peyorativo utilizado para referirse a los paraguayos que pelearon en las filas enemigas durante la mencionada guerra. Desde 1920, una generación de ideólogos nacionalistas, como Juan O’Leary, Manuel Domínguez e Ignacio A. Pane, ampliaron el término para referirse, sin ninguna moderación, a los miembros del Partido Liberal en general, debido a su hostilidad hacia Francisco Solano López. Este discurso patriótico se convirtió en una potente fuerza para obtener el apoyo de los pynandi a favor de los colorados durante la Guerra Civil de 1947. Al “capturar” de esta manera el sentido del nacionalismo, el discurso del régimen fue igualmente exitoso en la redefinición de los movimientos armados contra Stroessner, tildándolos de mezcla diabólica de liberalismo legionario y del comunismo internacional, cuyo elemento en común era la funesta amenaza que significaban para la nación. En consecuencia, el apoyo popular al Movimiento 14 de Mayo y al FULNA resultó muy débil. Al mismo tiempo, reforzando el compromiso de los pynandi, la extensa red de milicia colorada heredada de la guerra civil, el discurso apuntaló grandemente al esfuerzo de contrainsurgencia del régimen.
La postura ferozmente anticomunista del régimen –tal como lo demuestra la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional y su participación en el Plan Cóndor– no fue una simple estrategia oportunista diseñada para acceder a la ayuda norteamericana. La guerra entre el Paraguay (Estado y sociedad) y la subversión nacional e internacional, del “bien contra el mal”, permitió al stronato justificar y legitimar la represión doméstica. No fue solamente que el conflicto de clases, en particular, e incluso el conflicto político, en general, violaran los principios de la unidad granítica, tal como lo señalaba la letra de la Constitución –el artículo 71 de la Constitución de 1967 prohibía “el odio entre los paraguayos o la lucha de clases”–, sino que esto le permitió a Stroessner proclamar la defensa de la nación y lo autóctono contra la (mítica) amenaza del extranjero, el traidor y lo exótico, en una repetición de los conflictos pasados del Paraguay.
El régimen empleó la identidad nacional como una herramienta fundamentalmente conservadora, diseñada para fortalecer el statu quo autoritario. No fue utilizada para promover la modernización y la industrialización, sino que, por el contrario, se esgrimió como un mecanismo de control que sirvió para movilizar y unir las élites y las masas tras el régimen, suavizando las inherentes tensiones de clase, género y otras identidades en competencia. El énfasis en el discurso sobre la tradición e aislamiento condujo a un síndrome defensivo, a una mentalidad sitiada y a una hostilidad hacia el cambio y las nuevas ideas, a la vez que los postigos ideológicos aumentaban, para excluir los puntos de referencia externos que podrían minar la paraguayidad.
Estados Unidos fue cómplice en la génesis del gobierno colorado después de la Guerra Civil de 1947 y en la preparación del terreno para el régimen de Stroessner, pues los militares norteamericanos lo “alimentaron” desde principios de la década de 1950. En mayo de 1953, menos de un año antes de su ascenso al poder, Stroessner hizo su primera visita a los EEUU y a la zona del canal de Panamá por invitación del Ejército estadounidense. Días después del golpe de mayo de 1954 que derrocó a Chaves, Stroessner viajó a Lima, donde se reunió con los jefes del Comando Estratégico de los EEUU. Desde entonces, dicho Gobierno tuvo un rol central en el mantenimiento del régimen durante su fase de consolidación a cambio de su postura anticomunista en el fragor de la Guerra Fría. Durante la fase comprendida entre 1954 y 1960, Paraguay se convirtió en el tercer destinatario de la ayuda norteamericana en Latinoamérica bajo el programa Alianza para el Progreso. Sin embargo, Estados Unidos hizo la vista gorda al hecho de que mucha de esta ayuda se desvió como resultado de la corrupción desenfrenada. Por ejemplo, aunque la construcción de caminos se anunció como uno de los mayores logros, solamente se pavimentaron 12 kilómetros anuales entre 1954 y 1968.
Estados Unidos también fue cómplice en el establecimiento de una unidad de inteligencia contrainsurgente especializada dentro de la Policía paraguaya. Como parte de un programa de asistencia técnica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), aparentemente dirigido a “la reforma de la Administración Pública”, entre 1956 y 1958 el coronel norteamericano Robert Thierry organizó la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos (DNAT). Bajo la etiqueta de “lucha contra el comunismo”, la Técnica –tal como se hizo conocida–, estableció una red extensiva de informantes de la Policía y pasó a ser el principal centro de tortura de los detenidos políticos a lo largo del stronato.
Luego de décadas de silencio durante la Guerra Fría, no fue sino durante la fase de descomposición del régimen que el Gobierno de los Estados Unidos comenzó a apoyar la democratización en el Paraguay. Sin embargo, las sugerencias hechas por Mora y Cooney, de que los oficiales de EEUU lideraron la lucha por los derechos humanos en las últimas décadas del régimen, son altamente cuestionables. Irónicamente, las revelaciones de la prensa de que el general Rodríguez, brazo derecho de Stroessner, estaba envuelto en el tráfico de drogas, condujeron a su prohibición para entrar en el país norteamericano desde 1974. Sin embargo, en noviembre de 1988, esta prohibición terminó abruptamente cuando el general Woerner, comandante en jefe del Comando Sur, se reunió con él en Paraguay. Dos meses después, el 2-3 de febrero de 1989, Rodríguez dirigió el golpe que derrocó a Stroessner y el Gobierno de Estados Unidos lo reconoció rápidamente como nuevo presidente, sin dar nunca una explicación oficial por esta flagrante contradicción: rehabilitar a un general vinculado con el tráfico de drogas con miras a la democratización. De hecho, el apoyo de EEUU a Rodríguez demoró el proceso de democratización al prolongar el gobierno corrupto del Partido Colorado por otros veinte años más.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 3, 2026