La Sala I de la Cámara Federal confirmó esta semana el sobreseimiento de la hija de Hebe de Bonafini, María Alejandra Bonafini, de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, y Viviana Sala, ex mujer de Sergio Schoklender, y otras personas más. Es por la causa conocida como Sueños Compartidos. En diciembre del año pasado, el juez Marcelo Martínez De Giorgi (famoso por recibir licores de regalos) había sobreseído a la hija de Bonafini y a otras veinte personas pero el caso llegó a la Cámara tras las apelaciones parciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la fiscal Paloma Ochoa.
María Alejandra Bonafini estaba sospechada por la adquisición de un semipiso, en la avenida 44 de la ciudad de La Plata. Lo compró sin un crédito bancario, para luego venderlo a la empresa Meldorek, de Sergio Schoklender. El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe de Bonafini. Llamativamente, la Justicia entendió que los fondos estaban justificados. Además tuvo en cuenta que la hija de Bonafini tuvo responsabilidades en la Fundación (en su papel de apoderada de las cuentas) recién un año después de la operación inmobiliaria.
Hebe de Bonafini y Sergio Shocklender
María Alejandra Bonafini tuvo un paso muy breve por la administración de la Fundación, en el año 2011, luego de la salida de Sergio y Pablo Schoklender, con quienes nunca congenió. Luego del escándalo, se fue a trabajar al Senado de la provincia de Buenos Aires, tras una gestión de Gabriel Mariotto.
Previo al cambio de gestión, la UIF apeló el sobreseimiento de la hija de Bonafini y de otras personas investigadas advirtiendo que el juez intentaba “ordenar el proceso”. “No correspondería sobreseer a los acusados que no están en condiciones de ser elevados a juicio y poner fin al proceso. Esta parte entiende que correspondería mantener en instrucción a quienes requieran la producción de diligencias adicionales”, sostuvo el organismo cuando todavía estaba al frente Mariano Federici.
Pese a esto, la Sala I de la Cámara Federal -con firma de Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi- confirmó la mayoría de los sobreseimientos. En el caso de Felisa Miceli estaba siendo investigada a partir de un supuesto asesoramiento a la Fundación. La ex funcionaria reconoció que Schoklender le exhibió un informe económico financiero pero sostuvo que no había participado en su elaboración y que nunca había tenido relación laboral concreta con las Madres.
Aparecen entre los beneficiados la ex mujer de Schoklender, Viviana Sala; Guillermo Gillert; el contador Sergio Brajterman; y Claudio Garbet, entre otros. En cambio, la Cámara revocó el sobreseimiento de Walter Cavagliatto y Leonardo Hubscher, uno de los empresarios vinculados a varias de las sociedades que se utilizaron para el desvío de los fondos.
El caso principal de “Sueños Compartidos” fue elevado a juicio oral en mayo del año pasado, cuando se cumplieron ocho años del escándalo. La Justicia pudo probar que hubo un desvío de más de 200 de los $750 millones destinados al plan de viviendas.
En el curso de la investigación, que comenzó en el juzgado del ex juez Norberto Oyarbide, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.
Hebe de Bonafini y Felisa Miceli
El centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127).
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigadas en Los Sauces y Hotesur.
Entre los acusados estarán los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala, y el financista Fernando Caparrós Gómez, entre otros.
Bonafini será juzgada como partícipe de la defraudación por avalar el accionar de los Schoklender. Además, la Justicia dio por probado que “aprobó la contratación de la firma Meldorek S.A., perteneciente a Sergio Schoklender, para la realización de trabajos para los que la Fundación había sido contratada”.
A mediados de agosto del año 2016, la titular de las Madres fue declarada en rebeldía y tuvo un pedido de detención porque no se presentó a la indagatoria. Finalmente, el juez le tomó declaración en la sede de Madres.
El escándalo de Sueños Compartidos arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los Schoklender y a sus allegados. Pero esa investigación terminó siendo un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.
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La Sala I de la Cámara Federal confirmó esta semana el sobreseimiento de la hija de Hebe de Bonafini, María Alejandra Bonafini, de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, y Viviana Sala, ex mujer de Sergio Schoklender, y otras personas más. Es por la causa conocida como Sueños Compartidos. En diciembre del año pasado, el juez Marcelo Martínez De Giorgi (famoso por recibir licores de regalos) había sobreseído a la hija de Bonafini y a otras veinte personas pero el caso llegó a la Cámara tras las apelaciones parciales de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la fiscal Paloma Ochoa.
María Alejandra Bonafini estaba sospechada por la adquisición de un semipiso, en la avenida 44 de la ciudad de La Plata. Lo compró sin un crédito bancario, para luego venderlo a la empresa Meldorek, de Sergio Schoklender. El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo declaró varias veces que fue una operación ficticia, a pedido de Hebe de Bonafini. Llamativamente, la Justicia entendió que los fondos estaban justificados. Además tuvo en cuenta que la hija de Bonafini tuvo responsabilidades en la Fundación (en su papel de apoderada de las cuentas) recién un año después de la operación inmobiliaria.
María Alejandra Bonafini tuvo un paso muy breve por la administración de la Fundación, en el año 2011, luego de la salida de Sergio y Pablo Schoklender, con quienes nunca congenió. Luego del escándalo, se fue a trabajar al Senado de la provincia de Buenos Aires, tras una gestión de Gabriel Mariotto.
Previo al cambio de gestión, la UIF apeló el sobreseimiento de la hija de Bonafini y de otras personas investigadas advirtiendo que el juez intentaba “ordenar el proceso”. “No correspondería sobreseer a los acusados que no están en condiciones de ser elevados a juicio y poner fin al proceso. Esta parte entiende que correspondería mantener en instrucción a quienes requieran la producción de diligencias adicionales”, sostuvo el organismo cuando todavía estaba al frente Mariano Federici.
Pese a esto, la Sala I de la Cámara Federal -con firma de Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi- confirmó la mayoría de los sobreseimientos. En el caso de Felisa Miceli estaba siendo investigada a partir de un supuesto asesoramiento a la Fundación. La ex funcionaria reconoció que Schoklender le exhibió un informe económico financiero pero sostuvo que no había participado en su elaboración y que nunca había tenido relación laboral concreta con las Madres.
Aparecen entre los beneficiados la ex mujer de Schoklender, Viviana Sala; Guillermo Gillert; el contador Sergio Brajterman; y Claudio Garbet, entre otros. En cambio, la Cámara revocó el sobreseimiento de Walter Cavagliatto y Leonardo Hubscher, uno de los empresarios vinculados a varias de las sociedades que se utilizaron para el desvío de los fondos.
El caso principal de “Sueños Compartidos” fue elevado a juicio oral en mayo del año pasado, cuando se cumplieron ocho años del escándalo. La Justicia pudo probar que hubo un desvío de más de 200 de los $750 millones destinados al plan de viviendas.
En el curso de la investigación, que comenzó en el juzgado del ex juez Norberto Oyarbide, la Justicia constató que no se realizaron licitaciones para adjudicar las obras y que se saltearon los controles estatales.
El centro de la estafa fue el descuento de los cheques oficiales en cuevas de la City para obtener efectivo. Parte del dinero terminó en cuentas de los Schoklender y sus allegados, en empresarios agropecuarios ($100.565.644) o en empresas bursátiles o financieras ($22.286.127).
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 5, el mismo que juzgará a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigadas en Los Sauces y Hotesur.
Entre los acusados estarán los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, la titular de las Madres Hebe de Bonafini, los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Julio De Vido, José López y Abel Fatala, y el financista Fernando Caparrós Gómez, entre otros.
Bonafini será juzgada como partícipe de la defraudación por avalar el accionar de los Schoklender. Además, la Justicia dio por probado que “aprobó la contratación de la firma Meldorek S.A., perteneciente a Sergio Schoklender, para la realización de trabajos para los que la Fundación había sido contratada”.
A mediados de agosto del año 2016, la titular de las Madres fue declarada en rebeldía y tuvo un pedido de detención porque no se presentó a la indagatoria. Finalmente, el juez le tomó declaración en la sede de Madres.
El escándalo de Sueños Compartidos arrancó el 25 de mayo de 2011, a partir de una investigación periodística, y fue un cimbronazo político en plena campaña electoral. Al comienzo, el ex juez Norberto Oyarbide se encargó de investigar sólo a los Schoklender y a sus allegados. Pero esa investigación terminó siendo un fracaso. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 16, 2020