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  Por Tom Heffernan.
El 2 de junio de 1919, un anarquista militante llamado Carlo Valdinoci hizo estallar la fachada de la casa del recién nombrado Fiscal General A. Mitchell Palmer en Washington, D.C., y se hizo volar a sí mismo en el proceso cuando la bomba explotó demasiado pronto.
Un joven Franklin y Eleanor Roosevelt, que vivían al otro lado de la calle, también se vieron afectados por la explosión. El atentado con bomba fue solo uno de una serie de ataques coordinados ese día contra jueces, políticos, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y otras personas en ocho ciudades de todo el país. Un mes antes, los radicales también habían enviado bombas al alcalde de Seattle y a un senador de los Estados Unidos, y habían volado las manos de la empleada doméstica del senador. Al día siguiente, un empleado de correos de la ciudad de Nueva York interceptó 16 paquetes más dirigidos a líderes políticos y empresariales, incluido John D. Rockefeller.
Palmer

Ya era una época de gran ansiedad en Estados Unidos, impulsada por una ola mortal de gripe pandémica, la revolución bolchevique en Rusia y la subsiguiente y exagerada “pánico rojo”, y huelgas laborales a veces violentas en todo el país. La nación exigía una respuesta a los atentados, y el Fiscal General, que tenía la mirada puesta en la Casa Blanca en 1920, estaba dispuesto a complacerla. Palmer creó una pequeña división para reunir información sobre la amenaza radical y puso a cargo a un joven abogado del Departamento de Justicia llamado J. Edgar Hoover. Hoover recopiló y organizó cada fragmento de información recopilada por la Oficina de Investigación (el predecesor del FBI) ​​y por otras agencias para identificar a los anarquistas con más probabilidades de estar involucrados en actividades violentas.

Hoover

Mientras tanto, el joven Buró siguió investigando a los responsables de los atentados. Más tarde, ese mismo otoño, el Departamento de Justicia comenzó a arrestar, en virtud de leyes recientemente aprobadas como la Ley de Sedición, a presuntos radicales y extranjeros identificados por el grupo de Hoover, incluidos los conocidos líderes Emma Goldman y Alexander Berkman. En diciembre, con gran fanfarria pública, varios radicales fueron embarcados en un barco apodado por la prensa el “Arca Roja” o “Arca Soviética” y deportados a Rusia. En ese momento, sin embargo, la política, la inexperiencia y la reacción exagerada pudieron con el Fiscal General Palmer y su departamento.

Hoover, con el apoyo de Palmer y la ayuda del Departamento de Trabajo, comenzó a planificar una redada masiva de radicales. A principios de enero de 1920, los planes estaban listos. El departamento organizó redadas simultáneas en las principales ciudades, y se pidió a la policía local que arrestara a miles de presuntos anarquistas. Pero las “redadas Palmer” que siguieron se convirtieron en una pesadilla, caracterizada por la mala comunicación, la mala planificación y la falta de información sobre quiénes debían ser los objetivos y cuántas órdenes de arresto serían necesarias. Se cuestionó la constitucionalidad de toda la operación, y Palmer y Hoover fueron duramente criticados por el plan y por sus esfuerzos excesivamente entusiastas en materia de seguridad interna. Las “redadas Palmer” ciertamente no fueron un punto positivo para el joven FBI, pero sí le permitieron adquirir una valiosa experiencia en investigaciones sobre terrorismo y trabajo de inteligencia y aprender lecciones importantes sobre la necesidad de proteger las libertades civiles y los derechos constitucionales.