Pese a que la autopsia determinó que un bebé recién nacido encontrado en el placard tuvo “una muerte violenta”, la jueza Romina Martini rechazó la formulación de cargos contra su madre, una joven de 18 años.
La jueza consideró la nulidad del acto de la inspección domiciliaria en la calle Monteverde, en el barrio San Francisco IV, ya que se realizó sin autorización judicial. “El pedido para ingresar fue dentro de la casa. Eso surge del audio grabado. Nunca le dijeron a la hermana de M el motivo de la diligencia que iban a realizar. En un momento, le dijeron que la pena que le cabía a su hermana era perpetua“, mencionó la jueza sobre el incidente ocurrido en San Carlos de Bariloche, a mediados de mayo del año en curso.
Cuando la mujer aun permanecía internada en el hospital Ramón Carrillo, una policía le habría insistido para que indique a dónde estaba el bebé y la mujer confesó “en el placard”. Martini también excluyó como prueba este “interrogatorio ilegal policial que terminó con la autoincriminación de la mujer”.
La fiscal Betiana Cendón avisó que impugnará la decisión de la jueza Romina Martini de rechazar la formulación de cargos contra la mujer de 18 años cuyo bebé recién nacido falleció en su domicilio del barrio San Francisco IV.
”Una audiencia no es juicio. Pedimos que nos dejen investigar. Mientras tanto, tenemos un bebé tirado en la morgue. Entonces, vamos a impugnar en respeto de la institución en la que trabajo, la policía y los médicos del hospital”, expresó la profesional.
Sobre la acusación de haber ”allanado ilegalmente”, se defendió: ”No fue allanamiento. Fuimos a buscar a buscar a un bebé vivo. Golpeamos puertas y preguntamos. La familia completa de la chica nos autorizó. El testimonio de la policía que dijo que el bebé estaba en el placar no lo tenemos como prueba”.
Cabe destacar que el abogado defensor había apuntado contra la fiscalía por ello. En aquella ocasión, este habia manifestado: ”Esto fue un allanamiento ilegal sin orden judicial, continuo, casi nocturno y sin la presencia del juez. Así como el estado no puede meterse en tu casa sin orden tampoco puede conminarte a que confieses un delito”.
En cuanto a la ”perspectiva de género” impuesta en el caso, Cendón opinó: ”Se da cuando hay una mujer involucrada como víctima. Además, la mujer fue asistida en el hospital y recibió asistencia psiquiátrica. Pregunté si estaba en condiciones de ser sometida a audiencia y me dijeron que sí”.
Estas imágenes y sonidos son el fiel reflejo de la mala e ilegal actuación de la erróneamente considerada hoy como “justicia independiente”. Esa que a pesar de lo expresado por RICARDO LORENZETTI no siguió ni sigue el ejemplo del hombre sabio y justo que en vida fuera el Doctor CARLOS FAYT. Tras estos repudiables actos donde al permitirse la ilegalidad y la mentira en los juicios de los mal llamados delitos de lesa humanidad hay víctimas. Casi 400 de ellas ya fallecieron, otros, por ser adultos mayores septuagenarios y octogenarios en prisión, aguardamos turno en el corredor de la muerte. Pero el mayor daño por acción u omisión se le hizo y hace a los 3 poderes del estado que al no actuar acorde a la Constitución y las leyes vigentes, hoy abusa de nosotros, pero seguramente mañana lo hará con Usted, porque: SIN JUSTICIA NO HAY FUTURO.
“Si sufres injusticias, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas”.
Como es de público conocimiento, al día de hoy 2.175 Presos Políticos integrantes de las distintas Fuerzas -mujeres y hombres, uniformados y civiles- cuyas edades van de los 54 a los 96 años, han atravesado -y continúan haciéndolo- por distintas situaciones procesales. Ya hemos lamentado el fallecimiento de 385 de ellos, es decir el 17,70 % del total.
Dentro de ese frío número, hoy se encuentran en cárceles comunes, casi 500 Presos Políticos en condiciones extremas de hacinamiento, precariedad y hasta de abandono. A los problemas lógicos de salud propios de la edad, se suman las enfermedades adquiridas dentro de los penales. Las Autoridades Penitenciarias han expresado que no están en condiciones de cubrir las mínimas necesidades de un hombre de más de 50 años, menos aún de personas que en la mayoría de los casos superan largamente los 70 y 80 años de edad.
A partir de lo expresado, se presenta un Informe titulado ” Imágenes de la crueldad estatal “, donde quedan clara y crudamente expuestos 31 (treinta y un) “casos testigos” acaecidos en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde se continúan repitiendo en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.
Conferencia en el “Ateneo de la República” el 22 de Junio de 2016
Derechos Humanos y “Política de Derechos Humanos”.
La “Política de Derechos Humanos” como instrumento estratégico.
La sigilosa maniobra estratégica británica: de pinzas y combinada.
El brazo jurídico de la maniobra estratégica.
El brazo psico-político y psico-social de la maniobra estratégica.
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Por El General
Heriberto Justo Auel
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En Síntesis.
• Derechos Humanos y “Política de Derechos Humanos”.
Entender que la “política de derechos humanos” -PDH- ha sido elaborada en nuestra Patria por la democracia emergente de la Guerra del Atlántico Sur -en 1982- para defender los genuinos y verdaderos derechos humanos, en su acepción legítima, sería incurrir en un grave pecado de alta ingenuidad política.
Una cosa son “los derechos humanos” y otra muy distinta es la PDH.
La ONU ha definido con toda claridad lo qué debemos entender por “derechos humanos”:
“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.
Eduardo Luis Duhalde (1) -máximo epígono de ésta política K- nos hizo saber desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, qué debemos entender por PDH:
“La demorada exigencia de la sociedad argentina de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en acciones concretas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), fruto de la confluencia entre el compromiso político del gobierno nacional y la incansable lucha de los Organismos de Derechos Humanos contra la impunidad”.
Los dos conceptos quedan así perfectamente diferenciados. El primero, abarca a “todos los seres humanos” y el segundo está dirigido exclusivamente -“con acciones concretas”- a quienes lucharon contra el terrorismo revolucionario y son señalados por los “Organismos de Derechos Humanos” como “impunes genocidas” y los acusan como criminales de “lesa humanidad”, por el “compromiso político del gobierno nacional”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- lo ha expresado reiteradamente -de otro modo-: “es una Política de Estado”.
Sin embargo, no es así. Ésta fue y es la matriz de todos los “relatos”. Ha sido y es un mero “compromiso político del gobierno nacional” K, asumido al acceder al poder, habida cuenta de su extrema debilidad. Por otra parte, el Dr. Lorenzetti no está en la CSJN para hacer cumplir “políticas de estado”, sino para hacer cumplir con la Constitución Nacional.
Kirchner reemplazó a la “Corte menemista” para llevar adelante, con “su” nueva Corte y “tras esta cortina de humo de la PDH” -Dr. Adolfo Vázquez dixit (2)-, el latrocinio más grande que registra nuestra historia contra las arcas del Estado Nacional Argentino. PDH y corrupción son interdependientes y paralelos, por ello si terminamos con la corrupción K, retener la PDH es no entender la razón de su existencia.
El profuso e intercambiable empleo -coloquial y/o periodístico- de ambos conceptos, ha llegado a su actual uso indiferenciado -como sinónimos- y así una gran mayoría ciudadana fue llevada a la grave y peligrosa confusión interpretativa de estos términos.
Cuando el Estado Nacional -con un gobierno constitucional- movilizó a las FFAA y abrió la guerra civil contrarrevolucionaria de 1974/88, lo hizo en defensa de la Constitución Nacional y ella contiene a nuestros derechos humanos, ya fueren civiles, políticos, económicos, sociales o culturales y también contiene a nuestras obligaciones o deberes.
El objetivo que defendieron las FFAA en los ´70/80 fue el de preservar la Constitución Nacional -que reiteramos, contenía a nuestros derechos humanos- frente a una agresión revolucionaria conducida desde el exterior, que expresamente postulaba el cambio de la Constitución Argentina por la Cubana y con ello eliminar a nuestros derechos humanos.
¿Qué Estado o constitución comunista reconoce a nuestros derechos humanos?
¿Cómo se explica -entonces- que hoy nuestros “derechos humanos” -mimetizados equívocamente como “PDH”- estén en las manos marxistas de quienes fueron derrotados en combate, guerrilleros revolucionarios que nunca han respetado una Constitución liberal -como lo es la nuestra- y a nuestros derechos humanos, en ella contenidos? ¿Cómo se explica que gran parte de los argentinos, aun hoy, no se aperciban de semejante contradicción?
Cabe explicar -consecuentemente- qué es en verdad la “PDH” y porque “nuestros derechos humanos” quedaron en manos del neo-marxismo “progresista” y del Reino Unido (RU) -en una extraña y solapada colusión totalmente ignorada- contra la débil Argentina emergente de ambas guerras, a partir del año 1984, convirtiendo a dicha “política” en el muro más alto a superar por el actual gobierno nacional.
• La “PDH” como instrumento estratégico.
No es una novedad que los derechos humanos, instrumentados como política o estrategia, han sido empleados recientemente en el amplio espectro de las guerras de la “tercera especie” o de “cuarta/quinta generación” (3). Reagan y SS Juan Pablo II lo hicieron, logrando la implosión de la URSS sin abrir el fuego. Pero lo hicieron coherentemente, con el empleo de los valores de sus culturas y para la preservación de estas. En el caso argentino -e iberoamericano- se dio y se continúa dando todo lo contrario -nuestros valores están en manos neo marxistas- y sufrimos una fuerte transculturización, con su natural consecuencia: la corrupción generalizada.
La población aún no comprende ni asume éste fenómeno psico-social desarrollado a través de las nuevas formas de comunicación -la infoesfera- y nuestra dirigencia política le teme. La “PDH” se ha erigido en una “vaca sagrada”, un tema “tabú” y, de “ella no se habla” (4).
¿Cuál es -sino- la razón del “olvido y perdón” ante el saqueo de la magna ópera “Sueños Compartidos”? Los dramáticos efectos sigilosos de la maniobra estratégica instrumentada por la “PDH” indican que su planeamiento ha sido muy eficiente y que, por tratarse de una desconocida estrategia de aproximación indirecta (5) -ajena a nuestra simple lectura de los hechos superficiales- su resultado continúa perdurando en el tiempo.
Trastocó la victoria en combate de las FFAA en una derrota política y estratégica de la Argentina, cuyos efectos recién salen a la luz después del 10 Dic 15.
El RU, en la guerra del Atlántico Sur de 1982 provocada por la OTAN a través de un señuelo -los chatarreros de Dividoff, por exclusivas necesidades de la guerra fría- comprobó que su incursión agresiva no fue un picnic. Así lo han reconocido algunos de sus altos mandos. Consecuentemente, pocos meses después Londres encontró una estrategia de ínfimo costo y altísimo rendimiento para dejar a la Argentina sin la más mínima capacidad estratégica militar: logró la neutralización y autodestrucción de sus FFAA, en brevísimo tiempo y casi sin costos.
El pensamiento militar occidental -y en particular el pensamiento militar argentino- están fundados en Clausewitz y, a su vez el del prusiano en Napoleón. Su característica central es la lectura lineal de los hechos y la resolución del conflicto por aniquilamiento, cuando éste deriva al empleo de la fuerza.
Contrariamente, en éste aspecto el RU es una excepción en Occidente. Como Imperio Naval Talasocrático -con el dominio periférico de los océanos- encontró más aptas para su débil posición frente a los más fuertes -las potencias centrales europeas-, las ideas estratégicas de Sun-Tsu, en particular el concepto de estrategia por aproximación indirecta. El Cap Liddell Hart (5) elaboró esa doctrina convencional en la primera mitad del siglo XX, mientras Mao Tse Tung (6) -contemporáneamente- lo hacía en el área no convencional, durante la “larga marcha”.
Entendido este trasfondo teórico, abarcaremos mejor a los pasos que se dieron en los hechos, a partir del año 1983. El Dr. Carlos Nino fue un prestigioso y progresista filósofo del derecho, penalista, profesor de la UBA. Periódicamente visitaba la Universidad de Oxford, en la que se había doctorado en leyes en 1977. En 1983, pocos meses después de la derrota militar argentina en el Atlántico Sur, regresó de aquella Universidad -donde se forman las elites de los servicios de inteligencia británicos- y asumió como asesor jurídico del nuevo presidente argentino -junto al Dr. Jaime Malamud Goti (7), Coordinador del “Consejo para la Consolidación de la Democracia”.
A las cuarenta y ocho horas de asumir el cargo Raúl Alfonsín, Nino presentó a la firma del Poder Ejecutivo dos decretos, cuyos borradores traía desde Londres -el 157/83 y el 158/83- Ambos fueron firmados el 13 Dic 83 y contenían “el huevo de la serpiente”.
El Decreto 157/83 llevaba a la Justicia Penal Federal a los agresores terroristas revolucionarios y el 158/83 al Consejo Supremo de las FFAA -CSFFAA- a quienes el Estado Nacional había movilizado en su defensa: las FFAA, las de Seguridad y las Policiales. Todo ello bajo la motivación del posible atropello a los “derechos humanos” -de los cuales los asesores jurídicos eran férreos defensores- en las operaciones de la guerra civil contrarrevolucionaria desarrolladas en el país entre los años 1976 y 1983.
Seis meses después, a mediados de 1984, el Decreto 157/83 fue “cajoneado”. El fiscal a cargo de esa investigación fue ascendido, para sacarlo de la causa, que había avanzado aceleradamente. El CSFFAA había recibido más de 22.000 denuncias y no había llegado a fallar. Por esa razón se le retiraba la causa, que era entregada a la Justicia Penal Federal.
Se iniciaba así el torpe atropello a todos los principios del derecho penal y se alcanzaba el punto culminante de la maniobra estratégica elaborada por la inteligencia británica -que homologaba a la de Stalin del 1921, conocida como “la purga del Ejército del Zar” (8)-.
Éste fue el paso central de una exitosa maniobra estratégica de aproximación indirecta, aun en plena ejecución -33 años después- a través de la Justicia Penal Federal, con la que se obtuvo la ya lograda autodestrucción de la Política de Defensa Argentina y su reemplazo por la perversa “PDH” K.
Llama la atención que se haya limitado la investigación judicial solo al período 76/83, cuando la agresión cubana se inició en 1959 y la respuesta del Gobierno Constitucional Argentino se decretó recién en 1973/74, pero ese “recorte” fue lo que la hizo posible ante la oposición.
¿La dirigencia política necesitó casi quince años para entender que la Argentina estaba siendo agredida por una revolución estalinista que empleaba tácticas terroristas, rurales y más tarde urbanas? Sin embargo, a pesar de esa larga inacción de más de una década, en 1973/74, se improvisó y se pidieron resultados “cuanto antes”, ante el caos sangriento que asolaba al país (4).
• La sigilosa maniobra estratégica británica: de pinzas y combinada.
Contemporáneamente con la firma de los mencionados decretos, un grupo de Oficiales Superiores del Ejército fuimos destinados al Estado Mayor Conjunto de las FFAA -EMCFFAA- convocados por su nuevo Jefe, el Tte Grl Fernández Torres. Me correspondió ocupar la Jefatura del Departamento Políticas y Estrategias y desde esta función impulsar las reformas estructurales de la Defensa Nacional que las experiencias recientes nos habían proporcionado, dramáticamente y a raudales.
Para llevar a buen fin este objetivo autoimpuesto, detectamos a mediados de 1984 el grave obstáculo que nos creaban las consecuencias del Decreto 158/83. Las expuse ante el JEMCFFAA, el Grl Sánchez, el Almte Grondona y el Brig González, quienes conformaban la cúpula del EMCFFAA y ese mismo día recibí la orden de repetir esa exposición ante el Ministro de Defensa, Sr Borrás. Al hacerlo, señalé que el decreto llevaba el embrión de la destrucción de la autoestima de las FFAA y a la vez la licuación de la Justicia Federal. Además, adelanté que con él el gobierno se auto-defenestraba, por no entender que la guerra es un fenómeno socio-político y, como tal, no judiciable. Borrás, al terminar mi detallada exposición, dijo: “A esto hay que ponerle un punto final. Estos Dres…no pisaron nunca un comité”.
Años después, en un almuerzo en el Círculo Militar ante tres testigos, quien había sido asesor jurídico del Ministro en aquellos días, el Dr. Jaunarena, nos dijo que luego de aquella exposición el ministro Borrás le pidió al presidente una reunión en Olivos con Nino y Malamud Goti. Borrás y Jaunarena llegaron tarde a ella, por un incidente en el viaje desde Pergamino. La reunión para tratar una salida a éste grave problema no se hizo. Es cuando comienza a gestarse un conflicto entre el Comandante en Jefe de las FFAA y la masa de las FFAA, que estalla al poco tiempo, en Semana Santa de 1987.
El brazo jurídico de la maniobra estratégica.
Poco tiempo después de la fallida reunión en Olivos, Raúl Borrás falleció y los efectos del Decreto 158/83 se fueron agravando día tras día, acompañando a una inflación creciente y a los conflictos institucionales que se multiplicaban. El “punto final” estaba elaborado como anteproyecto de ley, pero no había voluntad política para llevarlo adelante. Además, los dos asesores jurídicos del presidente -autores del Decreto 158/83- solicitaban una ley complementaria, la de “obediencia debida”, que a todas luces buscaba dilatar los tiempos para alcanzar su subrogación.
El Dr. Facundo Suarez -Señor 5- me comentaba telefónica o personalmente- acerca de estas trabas y dilaciones, estando yo destinado en Neuquén -1986- y Río Gallegos -1987-. Siempre le advertí -como lo había hecho en 1984 ante Borrás- que tarde o temprano “la olla iba a estallar”.
Ésta misma advertencia se la hice llegar por escrito al Grl Ríos Erenú -JEMGE- en Enero de 1987, a través del Sub-JEMGE, Grl Sánchez. En la nota le señalaba que la “batalla jurídica”, que él postulaba, era imposible en los hechos. La copia de dicha nota manuscrita llegó nuevamente a mis manos hace poco tiempo. El Cnl Vivas, mi compañero y amigo, en ese entonces Inspector de Infantería, fue depositario de ella y me la devolvió antes de partir a la Casa del Señor.
En Semana Santa de 1987 “la ola estalló” y el presidente Alfonsín negoció y aprobó, “bajo palabra de honor”, tres puntos -que se cumplieron a medias- con los “caras pintadas” de la Escuela de Infantería:
1) En quince días el Congreso aprobaría la demorada ley de Obediencia Debida.
2) Los Tcnl(s) Rico y Venturino quedaban a disposición de la Justicia Militar.
3) El resto del personal que había adherido al movimiento, regresaba a sus destinos, sin recibir sanción alguna.
Los negociadores por parte de la Escuela de Infantería fueron Monseñor Medina y el Tcnl Vila Melo y por parte del presidente los Dres. Facundo Suárez y Jaunarena. Ésta reunión se desarrolló en el Edificio Cóndor y fue detalladamente relatada -tiempo después- por uno de sus actores, el Tcnl D. Julio Enrique Vila Melo, en un largo artículo -con su firma- en el diario La Nación. Allí se aclaraban muchos hechos que se estaban tergiversando, para no cumplir con lo acordado.
La autodestrucción había tomado el nombre de “batalla jurídica” -por la miopía de los altos mandos- y ello, desde nuestro punto de vista consolidaba el éxito de la estrategia de aproximación indirecta lanzada el 13 Dic 83. El brazo jurídico de la maniobra estratégica británica, instrumentada como operación de pinzas, había inducido eficazmente la auto-destrucción de las FFAA, quintaesencia de una estrategia de aproximación indirecta.
El incumplimiento del punto 3) del acuerdo por parte del nuevo JEMGE -Grl Caridi- y de sus asesores, trajeron nuevos movimientos en diferentes Guarniciones Militares -Tcnl Rico y Cnl Seineldin-, pero estos ya no eran por el Decreto 158/83, sino por problemas derivados de Semana Santa, específicamente internos de la Fuerza. NUNCA se pensó en un golpe de estado, pero esa fue la perversa lectura de quienes apoyaban conscientemente o inconscientemente la “PDH”. En 1989/90 el presidente Menem dicta la Amnistía para militares encausados y para los terroristas revolucionarios. Creíamos que se alcanzaba definitivamente la ansiada pacificación nacional.
El brazo psico-político y psico-social de la maniobra estratégica.
Veamos ahora cómo se instrumentó el otro brazo de la operación de pinzas pergeñada en Oxford y ejecutada ésta por el triple agente de inteligencia -de la FAA, de Montoneros y del RU- Horacio Verbitsky, asesor presidencial desde el año 2003 y presidente del CELS. Su rol le exigía operar sobre la ciudadanía y lograr el apoyo de la opinión pública a la PDH. Ésta operación era central, para sostener en el tiempo a la encubierta maniobra colusiva.
Las izquierdas -comprometidas o simpatizantes con la revolución neo-marxista- llegaron nuevamente al poder, “colados” en la inaudita Alianza. El presidente De la Rúa -1999/2001- debió renunciar por efecto de un golpe de estado civil, provocado desde la intimidad de su gobierno. La anarquía consecuente llevará a la presidencia, dos años después, a Néstor Kirchner -2003/2007-. Un presidente sin votos y sin ideas políticas. El neo marxismo volvía a homologar lo logrado -por unos días- en el gobierno Cámpora.
Al hacerse cargo de la presidencia Kirchner necesitó construir poder y cierta gobernabilidad. Su asesor, Horacio Verbitsky, le señaló que algunos de los últimos gobiernos le habían tendido la mesa: dos décadas de continua propaganda “progresista” desde los medios de comunicación del Estado, habían transformado los “usos y costumbres” de la sociedad urbana, en las grandes ciudades. La transculturación se percibía en las calles, en el lenguaje, en las escuelas y hasta en los muros de la ciudad.
Ergo, aquel desconocido santacruceño, considerado en su pueblo natal como usurero, sin un posicionamiento político firme, audaz, autoritario y desprolijo, debía abrazarse al símbolo de la “PDH”: las “Madres de Plaza de Mayo” y dar continuidad de inmediato a los “Juicios por la Verdad”. Había que anular las “Leyes de la Impunidad”.
La interrumpida maniobra británica en su brazo jurídico, continuaría en el 2003 con un gobierno “pseudo revolucionario”, “nacional y popular”, adscripto subrepticiamente al “chavismo”. La extraña colusión británica/elementos revolucionarios neo marxistas, iniciada tras la firma del Decreto 158/83, se consolidaba, pivoteando ahora sobre el CELS de Verbitsky.
La operación psico-política, no era sencilla. Para empezar, había que reemplazar y obtener una mayoría de votos en la CSJN (2) para lograr la aprobación de la nulidad de las “leyes del perdón” y, además, modificar el concepto de “lesa humanidad” enunciado por el Estatuto de Roma, para acondicionarlo a la maniobra en curso. Los terroristas revolucionarios -en la Argentina- no serían comprendidos por ésta figura y continuarían “amnistiados”, la “PDH” se consideraría una “política de Estado” y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, “conduciría” elípticamente a la Justicia Federal, para llevar en masa a las FFAA a los Tribunales y considerarlos “asesinos” o “genocidas” y encuadrarlos en el Código Penal, como delincuentes comunes.
Esta nueva CSJN fue considerada por los “formadores de opinión”, durante años, como la ópera magna del nuevo gobierno. En el “haber” de K, la nueva Corte figuraba en primer término. (9)
También se hizo necesario modificar la constitución del Consejo de la Magistratura en favor del oficialismo, para domesticar a los Jueces y a los Fiscales comandarlos desde la Procuraduría General, que terminaría en las manos K de Gils Carbó, hasta la fecha. El torpe atropello a los principios del derecho penal y a su jurisprudencia, exigió la creación de “militantes” dentro del sistema y así surgió “Justicia Legítima” (9).
El último intento -acompañado por el exonerado juez español Garzón- de subordinar totalmente el Poder Judicial al Ejecutivo, fue el de la “democratización de la Justicia”, ley aprobada por el Congreso -considerado una “escribanía de la presidencia”- en el año 2013 y rechazada por una Jueza Federal y la CSJN, por inconstitucional, con la natural disidencia del “prostibulario” Zaffaroni.
Con esta serie de atrocidades jurídicas nuestro país se encaminaba aceleradamente -hasta el 10 Dic 15- a la categoría de “Estado fallido”. La cortina de humo que debía ocultar a estos escándalos institucionales, acompañados por una fenomenal corrupción económica-financiera, simultánea y rampante, exigía operaciones psico-sociales de encubrimiento de una intensidad y un nivel nunca antes conocida. Quienes la analizaban, citaban a Goebbels.
Se necesitaba un gran “relato” para encubrir tanto desatino, durante tantos años. Esa necesidad de una gruesa cortina de humo llevó al gobierno a asociarse con algunos medios privados y estatizó el 80% de los medios escritos, radiales y televisivos. Gallup Argentina informaba en los 2000 que el 72% del periodismo argentino era de “izquierda”. Millones de dólares eran destinados a pseudo-intelectuales, “periodistas” y actores para sostener increíbles falacias.
El éxito de Verbitsky, como director de la operación de esta narrativa falaz, que se reconstruía permanentemente, estuvo y está acompañada por antiguos comunicadores simpatizantes o pertenecientes a las izquierdas revolucionarias y por jóvenes “despistados”, formados en las aulas del “progresismo relativista”. Son quienes crearon y custodian en los medios a la “vaca sagrada” de la “PDH” -homologándola, aun hoy, con nuestros derechos humanos-. Para la mayoría de nuestros conciudadanos, el único terrorismo abominable es el “terrorismo de Estado”. Otros no existen.
Llevamos quince años involucrados en una nueva guerra mundial, conocida universalmente como “contraterrorista global”; ¿cuántos argentinos conocen su existencia, aunque fuere superficialmente? (10) “De eso no se habla” y en consecuencia se continúa con el “garantismo jurídico” que apunta al “abolicionismo penal”, con el 2×1, con un record mundial de causas que no reciben sanción y un sinfín de etcéteras. Además, existe una inconsciencia generalizada acerca del desequilibrio estratégico provocado por el desarme unilateral argentino.
Aquella sentencia de Séneca -S II d.C.- continúa brillando entre nosotros con todo esplendor: “Peor que la guerra, es el temor a la guerra”. Y allí está la clave de nuestra imparable Inseguridad Nacional. Toda la legislación de Seguridad Nacional ha sido dictada bajo el espíritu que acompañó a la operación estratégica de pinzas que hemos descripto, por elementos cercanos a las organizaciones armadas revolucionarias, pero no sabemos que haya hasta hoy una mínima reacción política, ante la absoluta y creciente indefensión e inseguridad pública.
Está de por medio “el muro más alto que debe superar el actual gobierno”, construido en las últimas décadas desde el Estado, para licuarlo y transformarlo en el santuario del crimen organizado y sobre la sociedad, alienada por una comunicación perversa que la llevó a su transculturación. Los dos brazos de la maniobra estratégica por aproximación indirecta -el jurídico y el comunicacional- fueron eficaces, pero su consecuencia colateral, la corrupción que actualmente desborda al muro, es decir, a la cortina de humo de la “PDH”, está llegando a su fin (8) (11).
Si hubiere decisión política para terminar con la absurda auto-destrucción, roguemos que haya lucidez para iluminar el sendero que conduce a la salida del cerco. Años de una falsa narrativa retiene a gran parte de la ciudadanía en la irrealidad de un espejismo, si bien ésta se está resquebrajando, día a día.
• En Síntesis.
1. En la inmediata posguerra del Atlántico Sur, en 1983, la inteligencia británica en colusión con el neo-marxismo, logró la inducción -por aproximación indirecta- de la autodestrucción institucional y la transculturación social de la Argentina.
2. El instrumento seleccionado fue la “PDH”, que permitió trastocar la victoria táctica argentina -en la guerra contra-revolucionaria- en una derrota política y estratégica, quedando nuestros derechos humanos en manos del terrorismo revolucionario.
3. Los decretos 157 y 158/83 fueron el puntapié inicial de una maniobra de pinzas que aseguró al Foreing Office la imposibilidad operacional militar de la Argentina y dio a la pseudo-revolución continuidad, a pesar de su derrota en el terreno.
4. Un brazo de la maniobra fue ejecutado por la Justicia Penal Federal -sobre el modelo de “la purga leninista del Ejército Zarista” en 1921-. El otro fue conducido por un triple agente de inteligencia, desde una ONG, que operó la conducción sigilosa de los Ministerios de Defensa y de Justicia (12), desde las bambalinas.
5. Esta exitosa operación estratégica logró levantar -infoesfera de por medio-un muro intocable, el de la “PDH”, “vaca sagrada” que logró ocultar durante quince años el mayor asalto K a las cajas de los bienes públicos y la impunidad de terroristas, narcotraficantes y ladrones de guante blanco.
6. El 10 Dic 15 la ciudadanía cambió el rumbo “pseudo-revolucionario” que en las posguerras había transitado diferentes etapas “democráticas”. La corrupción encubierta está saliendo -en el 2016- a superficie y agrieta al muro. Aun no ha llegado a conmover sus cimientos, pero si ello no ocurriera en los próximos meses podríamos volver a la violencia revolucionaria que prometen los remanentes duros del kirchnerismo y la “Declaración Final del XXII Encuentro del Foro de San Pablo en El Salvador” del 27Jun16, cuyo último párrafo vale la pena transcribir, para leer sus entrelíneas:
“América Latina y el Caribe está en estos momentos y seguirá estando al frente de la lucha de los pueblos por una sociedad con justicia y libertad, sin explotación ni opresión; una lucha en la cual los pueblos, sus organizaciones políticas y sociales, y los gobiernos que defienden los intereses populares, se enfrentan a las más poderosas fuerzas del mundo, pero cuyo poderío económico y militar no podrá contra el poder de la razón, de las ideas, y de los más altos valores de la humanidad, que como proclamaba la Revolución Cubana en la Segunda Declaración de La Habana, “ha dicho BASTA y ha echado a andar…” Seguiremos construyendo el poder popular para asegurar las transformaciones económicas, sociales y políticas de los pueblos de América Latina y El Caribe”.
6. Nuestro futuro -y el de la región- está en manos de la ciudadanía argentina y del Gobierno Nacional. Hay indicios de que la sociedad ha despertado de su ensueño, que retiene esperanzas y que esta vez actúa con mayor prudencia. No sabemos aún si la dirigencia política ha asimilado a esa circunstancia. El “socialismo siglo XXI” está en retirada y el BREXIT ha puesto a parir al RU. Los ocupantes de las Islas usurpadas están conmovidos. Es el momento -oportunidad- que tiene el Presidente Macri para clausurar los dos “estados de guerra” que mantenemos abiertos y nos cierran el camino hacia el progreso (4).
CITAS:
(1). El Dr. Luis Eduardo Duhalde fue asesor del “peronismo revolucionario”, profesor en la “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” -como se llamó la UBA durante el gobierno de Cámpora-, defensor de los “fugados de Trelew”. Cuando asume Kirchner es nombrado Secretario de Derechos Humanos -SDH- y postula la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Transformó a la SDH -cuyo presupuesto aumentó de 1 a 100 millones de pesos- en querellante del “terrorismo de estado” y, como tal, celebraba como un gran “triunfo revolucionario” la lectura de los fallos de los TTOOFF, de pie sobre una mesa y agitando a las barras con banderas rojas, bombos y redoblantes, dentro y fuera de las salas del tribunal, transformando a ellos en “tribunales populares” similares a los bolcheviques que “purgaron” a los oficiales blancos en Rusia, en 1921. (2). Adolfo Vázquez. “Asalto a la Justicia”. Ed. Sudamericana. Mar 16. (3). Heriberto J. Auel. “El Pensamiento Estratégico en el Siglo XXI”. 12Oct14, www.ieeba.com.ar (4) Heriberto J. Auel. “La larga guerra civil argentina y el actual estado de guerra civil revolucionario”. O9Jul13. www.ieeba-com.ar (5) L. B. Hart. “La estrategia de aproximación indirecta”. Biblioteca del Oficial Nro 500/501. Círculo Militar. Sep 60. (6) Mao Tse Tung. “El Libro Rojo de Mao Tse Tung”. Abr 64. Ed Edo Chino. 900 Millones de ejemplares. (7). El Dr. Jaime Malamud Goti, autor de “Terror y Justicia en la Argentina”, vivió durante una década en los EEUU. Citó en sus trabajos a la Guerra del Atlántico Sur como “media guerra” por las “Is. Flalkland/Malvinas”. Penalista de la UBA con pensamiento próximo al del Dr Zaffaroni. Fue parte de un grupo de abogados radicales que, con los Dres. D´Alessio, Gil Lavedra, Enrique Paixao, Leopoldo Schifrin y otros (luego funcionarios del Estado), sugerían llevar a los militares a la Justicia “como causantes de los golpes de estado”, para proyectar la figura de Alfonsín al plano internacional, “aunque ello implicara un severo apartamiento del Derecho”. Éste mismo grupo produjo la reforma del Código de Justicia Militar, que dejó al “jus in bello” en manos legas y que traerá -en el futuro- gravísimos problemas de disciplina en las FFAA. Malamud Goti fue el enlace de éste grupo con el Dr. Nino y conformará el “Centro de Investigaciones Especiales” -CEI- presidido por Zaffaroni y conformado por Nilda Garré, Alicia Oliveira y Diana Conti. (8) Heriberto J. Auel. “Escándalo Judicial en Tucumán”. 25May16. www.ieeba.com.ar (9) La Nación. Editoral. “Nuestros jueces penales federales”. 26 Jun 16. (“De este grupo de magistrados, nacidos de lo peor de la política para juzgar a la política, sólo cabe esperar que sigan haciendo, precisamente, política y no justicia”). (10) Heriberto J. Auel. “La guerra mundial Contra-terrorista Global, ¿Híbrida o Nuclear? Abr 15. www.ieeba.com.ar ( ) El Dr. Alfredo Bisordi fue el fiscal que tomó al Decreto 157/83 y en consideración al enorme acopio de pruebas que reunió, para llevar a juicio oral a los terroristas, fue ascendido y con ello separado de su cargo. Esta causa, como lo hemos señalado, fue “cajoneada”. Pero como era un magistrado honesto y trabajador, continuaba molestando. Aníbal Fernández llegará a pedirle públicamente su “renuncia patriótica”. Como titular de la Cámara de Casación dijo el 26 Abr 87: … “El supuesto retraso de causas contra los militares es una excusa para sacar jueces, con miras a asegurar a Kirchner (y familia) la impunidad en los presuntos delitos de corrupción”. En un escrito de fuerte contenido político, con el que acompañó su presentación ante el Consejo de la Magistratura, tildó a Kirchner de “traidor a la patria”, de “incipiente tirano” y de “aprendiz de déspota no ilustrado”, acusándolo además de encabezar una “venganza” de la organización Montoneros, de haberse refugiado y haber hecho “buena letra” durante la dictadura y de haber apoyado las privatizaciones del gobierno del Dr. Carlos Ménem. El Cronista Comercial, 27Abr87. (12) Carlos Manuel Acuña. “Los Traidores, Intimidades de la Guerra Revolucionaria”. Ed. Buen Combate. 2012. “Verbistky: De La Habana a la Fundación Ford”. Ed. El Pórtico. 2003.
¿Por qué la Justicia federal funciona mal? ¿Qué factores demoran las causas de corrupción durante décadas o directamente las congelan? ¿Los jueces pueden hacer lo que quieran? “El sistema argentino divorció la ley de la justicia”, resume el fiscal federal Federico Delgado, cautor con la periodista Catalina De Elía de “La cara injusta de la justicia”, que acaba de ser editado por Paidós. “Empezamos a mirar al poder judicial desde las ciencias políticas”, aclara De Elía que, como Delgado, también es politóloga.
¿Cómo cambia la mirada cuando se inserta a jueces y fiscales dentro del universo de la política?
Delgado: En el diseño institucional presidencialista como el de Argentina, para compensar los posibles desbordes del Presidente y el Congreso hay un poder judicial que está para ser árbitro, y por eso tiene un montón de protecciones. A lo largo de la historia argentina, y por ahí más exacerbado en el último tiempo, el sistema judicial era y es parte del poder político. No funciona como un contrapoder.
¿Cómo probaron esa hipótesis?
De Elía: Nos preguntamos por qué la justicia funciona como funciona. Seleccionamos unos indicadores como para evaluar. El primero fue el de los tiempos judiciales. Nos preocupa por qué duran tanto las causas de corrupción, por qué no hay sentencias. Otro indicador es el de la burocracia judicial; cómo están formados los jueces y bajo qué paradigmas se aproximan a los casos. Otro es la palabra judicial; por qué utilizan un vocabulario cerrado y expulsivo en sus sentencias. El último indicador nos involucra a todos: la tolerancia que tiene la sociedad civil ante el mal funcionamiento de la justicia. Después analizamos fallos según estos indicadores.
¿Por qué funciona mal la justicia?
De Elía: Porque los jueces buscan ser “simpáticos” a los gobiernos.
Delgado: El proceso de designación de los jueces está muy politizado, muy influido por intereses particulares. Entonces los jueces y fiscales son leales a la ley que juraron pero también a la facción que los puso. Una de las principales metas de cualquier juez o fiscal es conservar su puesto. Y el pasaje para sobrevivir es la “simpatía” por acompañar los vientos de ese poder instituido. Eso a veces tiene que ver con tolerar la corrupción cuando está en el poder esa facción y cuando viene otra entregar las cabezas que hagan falta.
De Elía: El poder judicial es como la “bella durmiente”, que se levanta cuando un príncipe le da un beso. El príncipe puede ser el gobierno, o un empresario. La justicia federal acaricia a los poderosos y aplasta a los débiles.
¿Qué casos eligieron?
De Elía: Cinco. José López, Lázaro Báez, María Ovando (la mujer pobre de Misiones que estuvo presa porque su hija murió desnutrida y lo enterró en su casa), Belén (la chica que abortó y estuvo presa por asesinato) y un caso que no trascendió, de un chico que se robó un tablón de madera en la estación de Retiro para quemarlo y calentarse y lo metieron preso, peritaron el tablón y se movió todo el aparato judicial. Sin embargo, ahí el juez actuó súper rápido. Y es el mismo que actuó muy despacio y acumuló muchos expedientes en la causa Báez, Sebastián Casanello.
Se percibe que el juez puede apurar, demorar o hasta congelar los casos sin violar ninguna regla.
Delgado: En aras de evitar cualquier interferencia sobre el ánimo de los jueces, el diseño institucional les brinda muchas protecciones: no se les puede tocar el salario, no pagan algunos impuestos, no se los puede remover sin un juicio político. Y las leyes de procedimiento se hacen eco de esas protecciones: conservan la soberanía casi absoluta de los jueces a la hora de administrar los procesos. Esa facultad, y la ausencia de rendición de cuentas, consagran que si un tipo es desleal al sistema tenga casi la inmunidad de un rey. El aparato institucional también deforma las leyes. Por ejemplo, el Código establece plazos para algunas medidas. Tres días, cinco días. Pero nunca se cumplen, porque los jueces hacen una distinción: hay plazos “ordenatorios” y “perentorios”. El ordenatorio es como un indicador. Si no lo cumplís, no pasa nada. Esos pequeños mecanismos sutiles, que hacen al gobierno de un expediente, son los que permiten procesos de diez o quince años sin violar ninguna ley.
¿Entonces si sólo se remueven algunas personas no vamos a tener un mejor servicio de justicia?
De Elía: No. El problema trasciende a los gobiernos y a los jueces.
Pero los jueces también podrían usar esa soberanía para actuar de otra manera, ¿o no?
Ambos: Totalmente.
Delgado: Es que si vos querés mantenerte en el sistema y ascender, ser camarista o juez de la Corte, tenés que amoldarte a las prácticas que gobiernan ese universo. Y esas prácticas son ferozmente disciplinantes.
¿Cuál podría ser la ventana de salida para empezar a desandar el camino cuyos resultados describen ustedes?
Delgado: Primero; claramente es un problema colectivo. Segundo; es un proceso de echar luz pública sobre los tribunales. Y tercero; es un tema de transformación cultural. Discutir qué sistema de justicia queremos.
De Elía: Exacto. Es necesario que la gente tome conciencia que si la justicia federal funciona mal, la afecta en su vida cotidiana.
Delgado: Un problema grave es la indiferencia ciudadana hacia el sistema. Porque el sistema la aprovecha para alejarse.
¿Con qué mirada “entran” los jueces a los casos?
Delgado: Bajo una filosofía positivista, que separa la moral del derecho. Entonces pasa lo que se dice en las mesas familiares: las cosas pueden ser legales, pero no son justas. El sistema argentino divorció la ley de la justicia. Y así la verdad del sentido común es diferente a la verdad judicial.
¿Qué es la videocracia?
De Elía: Usamos ese término para explicar cómo la televisión a veces mueve más a los jueces que las pruebas. Veamos el caso Ovando: ella estuvo más de dos años presa, y cuando el programa de Lanata la encontró y contó su historia la liberaron en un mes. Y lo hicieron con tecnicismos, tampoco hubo medidas que repararan su daño. Por otro lado hubo videocracia en el caso de José López (con las imágenes de él con los bolsos en el monasterio) y en el caso de la ruta del dinero K, con el video de la Rosadita y los imputados contando plata. Tras esas pruebas irrefutables, a la justicia no le quedaba otra que empezar a mover el expediente.
Delgado: La videocracia refleja cómo un estímulo externo es lo que hace mover a la maquinaria judicial. Y que también tiene que ver con la “simpatía”, porque ahí el príncipe es otro, el público que ejerce presión social sobre los jueces tras haberse indignado o sensibilizado con las historias.
Si el cambio cultural es lo primero -y lo más complejo de producir- tampoco es suficiente: luego tiene que traducirse en cambios institucionales y en cambios de personas.
Delgado: Claro. Lo que tiene de bueno un momento crítico como este es que permite iniciar un proceso de transformación cultural, que tiene que ser individual, colectivo y sostenido en el tiempo. El desafío de la sociedad es que después eso sea receptado por la ley y se sedimente en las instituciones.
La “simpatía” de los magistrados por el poder político, ¿no es mutua? Los políticos también quieren quedar bien con los jueces que podrían investigarlos.
Delgado: Es cierto. Y eso ocurre porque no hemos sabido construir una institucionalidad fuerte. Es porosa a los intereses privados. Y eso genera esos “pactos de camaradería” entre jueces y políticos.
También ocurre entre los propios jueces: aunque haya denuncias fuertes, es casi imposible que se investiguen entre ellos.
Delgado: Ahí hay una parte de convicción personal. Pero además hay muchos incentivos en el sistema institucional que favorecen esos comportamientos. Es lo de siempre: está el camino de la ley, pero también la diagonal. Y es mucho más remunerativo tomar la diagonal.
Hablemos de los casos que analizaron
Delgado: Analizamos cómo estalló el caso con Fariña y Elaskar, losdispositivos institucionales de salvataje (la intervención del titular de la Procelac, Carlos Gonella, para desviar la investigación lejos de Báez y Cristina, por ejemplo), cómo los pocos avances que había aran gracias a sucesivas investigaciones de los medios (factores externos a la causa): es una aproximación al caso a través del delito y no del hecho. Explicamos qué es el lavado de dinero, el verso del delito precedente, y cómo éso funciona como una forma de recorte para no ir más allá o más arriba.
De Elía: Y todo vuelve a acelerarse cuando Telenoche muestra el video de La Rosadita. Casanello termina deteniendo a Báez porque se toma un avión. Y sólo con esto, y un cambio de gobierno, hay procesamientos en la causa.
Delgado: Otro mecanismo de impunidad es el de partir lo casos, como analizamos con López. Lo más grave de su caso es que López tenía la plata en la casa. El caso empezó en 2008. El juez Rafecas le encargó un informe a la Prefectura, para investigar en el territorio los bienes de López y poder contrastar eso con sus declaraciones. Algo sencillo. Para empezar, se hace el primer recorte, no importaba la manguera que alimentó el patrimonio. Se limita a la contratación. El 14 de junio de este año lo agarraron a López revoleando los bolsos, y aquel informe no había terminado. Es tragicómico. Pasan las mil y una tonterías que van retrasando todo. Lo concreto es que desde 2008 hasta 2016 la Prefectura no habia logrado terminar un informe sobre el patrimonio de López, su mujer, su suegra y sus hijos. Y el tipo tenía la plata en un tanque de agua del altillo en su casa de Tigre! Eso da para un seminario sobre cómo funciona la justicia argentina. Porque los jueces se aproximan de esa misma forma a todos los casos.
Hay como una pasión por el procedimiento que a veces sirve como excusa para no avanzar hacia el fondo de los temas.
Delgado: Sí, es orgásmico. Aunque estén a tres metros, separados por un pasillo, los jueces se comunican por notas, hasta para pedirse ver un expediente.
También es inexplicable para la gente cómo se pueden hacer cosas opuestas invocando a la misma ley.
Delgado: Eso ocurre porque la ley está divorciada de la justicia. Todo es legal, pero no se percibe como justo. Y si la sociedad no percibe lo legal como justo, automáticamente la justicia se transforma en parte del problema.
¿Sirve para algo la auditoría sobre los juzgados federales que ordenó el Consejo de la Magistratura?
Delgado:Todo lo que sea luz es bienvenido. A nosotros nadie nos mide productividad. Es lo mismo un fiscal que mandó mil causas a juicio oral en un año, que aquel que mandó cero.
También está la asignación y la falta de recurso como excusa para justificar la inacción judicial.
Delgado: El sistema medieval de hacer justicia e incorporar pruebas también tiene que ver con la temporalidad. La tecnología casi no existe en los Tribunales. En caso Time Warp, por ejemplo, buscamos toda la información por Internet, rapidísimo. Después la fuimos chequeando. Pero no hay un hábito en el sistema judicial de incorporar la tecnología. Seguimos citando por telegrama, por cédula, por oficio. Yesas prácticas también le dan ventaja a los delincuentes, sobre todo a los económicos. En la justicia argentina, la forma supera al contenido. La clave es la administración del proceso, los tiempos. No tanto cómo se aplica la ley. Y en el manejo de los tiempos el juez tiene un dominio absoluto. Incluso las cámaras de apelaciones pueden analizar la forma en que el juez aplicó el derecho, pero no cómo el juez gobernó el expediente. La ley sólo le permite a las instancias de revisión analizar el punto que está en disputa, pero no puede analizar el camino que recorrió. Por eso fue extraordinario lo que hizo la sala II de la Cámara en el caso Báez, cuestionando la forma y la orientación que Casanello le había dado a la causa. Y además nos dice a los jueces y fiscales “por favor charlen” entre ustedes. Despacito, algo está cambiando. Además de aplicar la ley, los jueces deben tener la responsabilidad de administrar los procesos. Y tener un costo si lo hacen mal. O un premio si lo hacen bien, claro.
El Caso del Bebé de Bariloche
Pese a que la autopsia determinó que un bebé recién nacido encontrado en el placard tuvo “una muerte violenta”, la jueza Romina Martini rechazó la formulación de cargos contra su madre, una joven de 18 años.
La jueza consideró la nulidad del acto de la inspección domiciliaria en la calle Monteverde, en el barrio San Francisco IV, ya que se realizó sin autorización judicial. “El pedido para ingresar fue dentro de la casa. Eso surge del audio grabado. Nunca le
dijeron a la hermana de M el motivo de la diligencia que iban a realizar. En un momento, le dijeron que la pena que le cabía a su hermana era perpetua“, mencionó la jueza sobre el incidente ocurrido en San Carlos de Bariloche, a mediados de mayo del año en curso.
Cuando la mujer aun permanecía internada en el hospital Ramón Carrillo, una policía le habría insistido para que indique a dónde estaba el bebé y la mujer confesó “en el placard”. Martini también excluyó como prueba este “interrogatorio ilegal policial que terminó con la autoincriminación de la mujer”.
La fiscal Betiana Cendón avisó que impugnará la decisión de la jueza Romina Martini de rechazar la formulación de cargos contra la mujer de 18 años cuyo bebé recién nacido falleció en su domicilio del barrio San Francisco IV.
”Una audiencia no es juicio. Pedimos que nos dejen investigar. Mientras tanto, tenemos un bebé tirado en la morgue. Entonces, vamos a impugnar en respeto de la institución en la que trabajo, la policía y los médicos del hospital”, expresó la profesional.
Sobre la acusación de haber ”allanado ilegalmente”, se defendió: ”No fue allanamiento. Fuimos a buscar a buscar a un bebé vivo. Golpeamos puertas y preguntamos. La familia completa de la chica nos autorizó. El testimonio de la policía que dijo que el bebé estaba en el placar no lo tenemos como prueba”.
Cabe destacar que el abogado defensor había apuntado contra la fiscalía por ello. En aquella ocasión, este habia manifestado: ”Esto fue un allanamiento ilegal sin orden judicial, continuo, casi nocturno y sin la presencia del juez. Así como el estado no puede meterse en tu casa sin orden tampoco puede conminarte a que confieses un delito”.
En cuanto a la ”perspectiva de género” impuesta en el caso, Cendón opinó: ”Se da cuando hay una mujer involucrada como víctima. Además, la mujer fue asistida en el hospital y recibió asistencia psiquiátrica. Pregunté si estaba en condiciones de ser sometida a audiencia y me dijeron que sí”.
Colaboración : DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 28, 2019
Luz, Cámara, Acción III. El circo de los juicios: El video
SIN JUSTICIA NO HAY FUTURO
Estas imágenes y sonidos son el fiel reflejo de la mala e ilegal actuación de la erróneamente considerada hoy como “justicia independiente”. Esa que a pesar de lo expresado por RICARDO LORENZETTI no siguió ni sigue el ejemplo del hombre sabio y justo que en vida fuera el Doctor CARLOS FAYT. Tras estos repudiables actos donde al permitirse la ilegalidad y la mentira en los juicios de los mal llamados delitos de lesa humanidad hay víctimas. Casi 400 de ellas ya fallecieron, otros, por ser adultos mayores septuagenarios y octogenarios en prisión, aguardamos turno en el corredor de la muerte. Pero el mayor daño por acción u omisión se le hizo y hace a los 3 poderes del estado que al no actuar acorde a la Constitución y las leyes vigentes, hoy abusa de nosotros, pero seguramente mañana lo hará con Usted, porque: SIN JUSTICIA NO HAY FUTURO.
Claudio Kussman
Fabian Kussman
PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 25, 2016
Más Circo…
[ezcol_1half] [/ezcol_1half] [ezcol_1half_end] [/ezcol_1half_end]PrisionerEnArgentina.com
Noviembre 25, 2016
Imágenes de la Crueldad Estatal
Como es de público conocimiento, al día de hoy 2.175 Presos Políticos integrantes de las distintas Fuerzas -mujeres y hombres, uniformados y civiles- cuyas edades van de los 54 a los 96 años, han atravesado -y continúan haciéndolo- por distintas situaciones procesales. Ya hemos lamentado el fallecimiento de 385 de ellos, es decir el 17,70 % del total.
Dentro de ese frío número, hoy se encuentran en cárceles comunes, casi 500 Presos Políticos en condiciones extremas de hacinamiento, precariedad y hasta de abandono. A los problemas lógicos de salud propios de la edad, se suman las enfermedades adquiridas dentro de los penales. Las Autoridades Penitenciarias han expresado que no están en condiciones de cubrir las mínimas necesidades de un hombre de más de 50 años, menos aún de personas que en la mayoría de los casos superan largamente los 70 y 80 años de edad.
A partir de lo expresado, se presenta un Informe titulado ” Imágenes de la crueldad estatal “, donde quedan clara y crudamente expuestos 31 (treinta y un) “casos testigos” acaecidos en el marco de este proceso de persecución, venganza y exterminio, donde se continúan repitiendo en forma sistemática infinidad de irregularidades jurídicas, instrumentadas en el ámbito de una justicia prevaricadora.
Coronel (R) Guillermo César Viola.
Unión de Promociones.
LA POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS: EL MURO MÁS ALTO A SUPERAR POR EL ACTUAL GOBIERNO
Escribe el General Heriberto Justo Auel.
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Conferencia en el “Ateneo de la República” el 22 de Junio de 2016
Derechos Humanos y “Política de Derechos Humanos”.
[/one_half]La “Política de Derechos Humanos” como instrumento estratégico.
La sigilosa maniobra estratégica británica: de pinzas y combinada.
El brazo jurídico de la maniobra estratégica.
El brazo psico-político y psico-social de la maniobra estratégica.
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Por El General
Heriberto Justo Auel
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En Síntesis.
• Derechos Humanos y “Política de Derechos Humanos”.
Entender que la “política de derechos humanos” -PDH- ha sido elaborada en nuestra Patria por la democracia emergente de la Guerra del Atlántico Sur -en 1982- para defender los genuinos y verdaderos derechos humanos, en su acepción legítima, sería incurrir en un grave pecado de alta ingenuidad política.
Una cosa son “los derechos humanos” y otra muy distinta es la PDH.
La ONU ha definido con toda claridad lo qué debemos entender por “derechos humanos”:
“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”.
Eduardo Luis Duhalde (1) -máximo epígono de ésta política K- nos hizo saber desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, qué debemos entender por PDH:
“La demorada exigencia de la sociedad argentina de Memoria, Verdad y Justicia se tradujo en acciones concretas de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), fruto de la confluencia entre el compromiso político del gobierno nacional y la incansable lucha de los Organismos de Derechos Humanos contra la impunidad”.
Los dos conceptos quedan así perfectamente diferenciados. El primero, abarca a “todos los seres humanos” y el segundo está dirigido exclusivamente -“con acciones concretas”- a quienes lucharon contra el terrorismo revolucionario y son señalados por los “Organismos de Derechos Humanos” como “impunes genocidas” y los acusan como criminales de “lesa humanidad”, por el “compromiso político del gobierno nacional”. El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -CSJN- lo ha expresado reiteradamente -de otro modo-: “es una Política de Estado”.
Sin embargo, no es así. Ésta fue y es la matriz de todos los “relatos”. Ha sido y es un mero “compromiso político del gobierno nacional” K, asumido al acceder al poder, habida cuenta de su extrema debilidad. Por otra parte, el Dr. Lorenzetti no está en la CSJN para hacer cumplir “políticas de estado”, sino para hacer cumplir con la Constitución Nacional.
Kirchner reemplazó a la “Corte menemista” para llevar adelante, con “su” nueva Corte y “tras esta cortina de humo de la PDH” -Dr. Adolfo Vázquez dixit (2)-, el latrocinio más grande que registra nuestra historia contra las arcas del Estado Nacional Argentino. PDH y corrupción son interdependientes y paralelos, por ello si terminamos con la corrupción K, retener la PDH es no entender la razón de su existencia.
El profuso e intercambiable empleo -coloquial y/o periodístico- de ambos conceptos, ha llegado a su actual uso indiferenciado -como sinónimos- y así una gran mayoría ciudadana fue llevada a la grave y peligrosa confusión interpretativa de estos términos.
Cuando el Estado Nacional -con un gobierno constitucional- movilizó a las FFAA y abrió la guerra civil contrarrevolucionaria de 1974/88, lo hizo en defensa de la Constitución Nacional y ella contiene a nuestros derechos humanos, ya fueren civiles, políticos, económicos, sociales o culturales y también contiene a nuestras obligaciones o deberes.
El objetivo que defendieron las FFAA en los ´70/80 fue el de preservar la Constitución Nacional -que reiteramos, contenía a nuestros derechos humanos- frente a una agresión revolucionaria conducida desde el exterior, que expresamente postulaba el cambio de la Constitución Argentina por la Cubana y con ello eliminar a nuestros derechos humanos.
¿Qué Estado o constitución comunista reconoce a nuestros derechos humanos?
¿Cómo se explica -entonces- que hoy nuestros “derechos humanos” -mimetizados equívocamente como “PDH”- estén en las manos marxistas de quienes fueron derrotados en combate, guerrilleros revolucionarios que nunca han respetado una Constitución liberal -como lo es la nuestra- y a nuestros derechos humanos, en ella contenidos? ¿Cómo se explica que gran parte de los argentinos, aun hoy, no se aperciban de semejante contradicción?
Cabe explicar -consecuentemente- qué es en verdad la “PDH” y porque “nuestros derechos humanos” quedaron en manos del neo-marxismo “progresista” y del Reino Unido (RU) -en una extraña y solapada colusión totalmente ignorada- contra la débil Argentina emergente de ambas guerras, a partir del año 1984, convirtiendo a dicha “política” en el muro más alto a superar por el actual gobierno nacional.
• La “PDH” como instrumento estratégico.
No es una novedad que los derechos humanos, instrumentados como política o estrategia, han sido empleados recientemente en el amplio espectro de las guerras de la “tercera especie” o de “cuarta/quinta generación” (3). Reagan y SS Juan Pablo II lo hicieron, logrando la implosión de la URSS sin abrir el fuego. Pero lo hicieron coherentemente, con el empleo de los valores de sus culturas y para la preservación de estas. En el caso argentino -e iberoamericano- se dio y se continúa dando todo lo contrario -nuestros valores están en manos neo marxistas- y sufrimos una fuerte transculturización, con su natural consecuencia: la corrupción generalizada.
La población aún no comprende ni asume éste fenómeno psico-social desarrollado a través de las nuevas formas de comunicación -la infoesfera- y nuestra dirigencia política le teme. La “PDH” se ha erigido en una “vaca sagrada”, un tema “tabú” y, de “ella no se habla” (4).
¿Cuál es -sino- la razón del “olvido y perdón” ante el saqueo de la magna ópera “Sueños Compartidos”? Los dramáticos efectos sigilosos de la maniobra estratégica instrumentada por la “PDH” indican que su planeamiento ha sido muy eficiente y que, por tratarse de una desconocida estrategia de aproximación indirecta (5) -ajena a nuestra simple lectura de los hechos superficiales- su resultado continúa perdurando en el tiempo.
Trastocó la victoria en combate de las FFAA en una derrota política y estratégica de la Argentina, cuyos efectos recién salen a la luz después del 10 Dic 15.
El RU, en la guerra del Atlántico Sur de 1982 provocada por la OTAN a través de un señuelo -los chatarreros de Dividoff, por exclusivas necesidades de la guerra fría- comprobó que su incursión agresiva no fue un picnic. Así lo han reconocido algunos de sus altos mandos. Consecuentemente, pocos meses después Londres encontró una estrategia de ínfimo costo y altísimo rendimiento para dejar a la Argentina sin la más mínima capacidad estratégica militar: logró la neutralización y autodestrucción de sus FFAA, en brevísimo tiempo y casi sin costos.
El pensamiento militar occidental -y en particular el pensamiento militar argentino- están fundados en Clausewitz y, a su vez el del prusiano en Napoleón. Su característica central es la lectura lineal de los hechos y la resolución del conflicto por aniquilamiento, cuando éste deriva al empleo de la fuerza.
Contrariamente, en éste aspecto el RU es una excepción en Occidente. Como Imperio Naval Talasocrático -con el dominio periférico de los océanos- encontró más aptas para su débil posición frente a los más fuertes -las potencias centrales europeas-, las ideas estratégicas de Sun-Tsu, en particular el concepto de estrategia por aproximación indirecta. El Cap Liddell Hart (5) elaboró esa doctrina convencional en la primera mitad del siglo XX, mientras Mao Tse Tung (6) -contemporáneamente- lo hacía en el área no convencional, durante la “larga marcha”.
Entendido este trasfondo teórico, abarcaremos mejor a los pasos que se dieron en los hechos, a partir del año 1983. El Dr. Carlos Nino fue un prestigioso y progresista filósofo del derecho, penalista, profesor de la UBA. Periódicamente visitaba la Universidad de Oxford, en la que se había doctorado en leyes en 1977. En 1983, pocos meses después de la derrota militar argentina en el Atlántico Sur, regresó de aquella Universidad -donde se forman las elites de los servicios de inteligencia británicos- y asumió como asesor jurídico del nuevo presidente argentino -junto al Dr. Jaime Malamud Goti (7), Coordinador del “Consejo para la Consolidación de la Democracia”.
A las cuarenta y ocho horas de asumir el cargo Raúl Alfonsín, Nino presentó a la firma del Poder Ejecutivo dos decretos, cuyos borradores traía desde Londres -el 157/83 y el 158/83- Ambos fueron firmados el 13 Dic 83 y contenían “el huevo de la serpiente”.
El Decreto 157/83 llevaba a la Justicia Penal Federal a los agresores terroristas revolucionarios y el 158/83 al Consejo Supremo de las FFAA -CSFFAA- a quienes el Estado Nacional había movilizado en su defensa: las FFAA, las de Seguridad y las Policiales. Todo ello bajo la motivación del posible atropello a los “derechos humanos” -de los cuales los asesores jurídicos eran férreos defensores- en las operaciones de la guerra civil contrarrevolucionaria desarrolladas en el país entre los años 1976 y 1983.
Seis meses después, a mediados de 1984, el Decreto 157/83 fue “cajoneado”. El fiscal a cargo de esa investigación fue ascendido, para sacarlo de la causa, que había avanzado aceleradamente. El CSFFAA había recibido más de 22.000 denuncias y no había llegado a fallar. Por esa razón se le retiraba la causa, que era entregada a la Justicia Penal Federal.
Se iniciaba así el torpe atropello a todos los principios del derecho penal y se alcanzaba el punto culminante de la maniobra estratégica elaborada por la inteligencia británica -que homologaba a la de Stalin del 1921, conocida como “la purga del Ejército del Zar” (8)-.
Éste fue el paso central de una exitosa maniobra estratégica de aproximación indirecta, aun en plena ejecución -33 años después- a través de la Justicia Penal Federal, con la que se obtuvo la ya lograda autodestrucción de la Política de Defensa Argentina y su reemplazo por la perversa “PDH” K.
Llama la atención que se haya limitado la investigación judicial solo al período 76/83, cuando la agresión cubana se inició en 1959 y la respuesta del Gobierno Constitucional Argentino se decretó recién en 1973/74, pero ese “recorte” fue lo que la hizo posible ante la oposición.
¿La dirigencia política necesitó casi quince años para entender que la Argentina estaba siendo agredida por una revolución estalinista que empleaba tácticas terroristas, rurales y más tarde urbanas? Sin embargo, a pesar de esa larga inacción de más de una década, en 1973/74, se improvisó y se pidieron resultados “cuanto antes”, ante el caos sangriento que asolaba al país (4).
• La sigilosa maniobra estratégica británica: de pinzas y combinada.
Contemporáneamente con la firma de los mencionados decretos, un grupo de Oficiales Superiores del Ejército fuimos destinados al Estado Mayor Conjunto de las FFAA -EMCFFAA- convocados por su nuevo Jefe, el Tte Grl Fernández Torres. Me correspondió ocupar la Jefatura del Departamento Políticas y Estrategias y desde esta función impulsar las reformas estructurales de la Defensa Nacional que las experiencias recientes nos habían proporcionado, dramáticamente y a raudales.
Para llevar a buen fin este objetivo autoimpuesto, detectamos a mediados de 1984 el grave obstáculo que nos creaban las consecuencias del Decreto 158/83. Las expuse ante el JEMCFFAA, el Grl Sánchez, el Almte Grondona y el Brig González, quienes conformaban la cúpula del EMCFFAA y ese mismo día recibí la orden de repetir esa exposición ante el Ministro de Defensa, Sr Borrás. Al hacerlo, señalé que el decreto llevaba el embrión de la destrucción de la autoestima de las FFAA y a la vez la licuación de la Justicia Federal. Además, adelanté que con él el gobierno se auto-defenestraba, por no entender que la guerra es un fenómeno socio-político y, como tal, no judiciable. Borrás, al terminar mi detallada exposición, dijo: “A esto hay que ponerle un punto final. Estos Dres…no pisaron nunca un comité”.
Años después, en un almuerzo en el Círculo Militar ante tres testigos, quien había sido asesor jurídico del Ministro en aquellos días, el Dr. Jaunarena, nos dijo que luego de aquella exposición el ministro Borrás le pidió al presidente una reunión en Olivos con Nino y Malamud Goti. Borrás y Jaunarena llegaron tarde a ella, por un incidente en el viaje desde Pergamino. La reunión para tratar una salida a éste grave problema no se hizo. Es cuando comienza a gestarse un conflicto entre el Comandante en Jefe de las FFAA y la masa de las FFAA, que estalla al poco tiempo, en Semana Santa de 1987.
El brazo jurídico de la maniobra estratégica.
Poco tiempo después de la fallida reunión en Olivos, Raúl Borrás falleció y los efectos del Decreto 158/83 se fueron agravando día tras día, acompañando a una inflación creciente y a los conflictos institucionales que se multiplicaban. El “punto final” estaba elaborado como anteproyecto de ley, pero no había voluntad política para llevarlo adelante. Además, los dos asesores jurídicos del presidente -autores del Decreto 158/83- solicitaban una ley complementaria, la de “obediencia debida”, que a todas luces buscaba dilatar los tiempos para alcanzar su subrogación.
El Dr. Facundo Suarez -Señor 5- me comentaba telefónica o personalmente- acerca de estas trabas y dilaciones, estando yo destinado en Neuquén -1986- y Río Gallegos -1987-. Siempre le advertí -como lo había hecho en 1984 ante Borrás- que tarde o temprano “la olla iba a estallar”.
Ésta misma advertencia se la hice llegar por escrito al Grl Ríos Erenú -JEMGE- en Enero de 1987, a través del Sub-JEMGE, Grl Sánchez. En la nota le señalaba que la “batalla jurídica”, que él postulaba, era imposible en los hechos. La copia de dicha nota manuscrita llegó nuevamente a mis manos hace poco tiempo. El Cnl Vivas, mi compañero y amigo, en ese entonces Inspector de Infantería, fue depositario de ella y me la devolvió antes de partir a la Casa del Señor.
En Semana Santa de 1987 “la ola estalló” y el presidente Alfonsín negoció y aprobó, “bajo palabra de honor”, tres puntos -que se cumplieron a medias- con los “caras pintadas” de la Escuela de Infantería:
1) En quince días el Congreso aprobaría la demorada ley de Obediencia Debida.
2) Los Tcnl(s) Rico y Venturino quedaban a disposición de la Justicia Militar.
3) El resto del personal que había adherido al movimiento, regresaba a sus destinos, sin recibir sanción alguna.
Los negociadores por parte de la Escuela de Infantería fueron Monseñor Medina y el Tcnl Vila Melo y por parte del presidente los Dres. Facundo Suárez y Jaunarena. Ésta reunión se desarrolló en el Edificio Cóndor y fue detalladamente relatada -tiempo después- por uno de sus actores, el Tcnl D. Julio Enrique Vila Melo, en un largo artículo -con su firma- en el diario La Nación. Allí se aclaraban muchos hechos que se estaban tergiversando, para no cumplir con lo acordado.
La autodestrucción había tomado el nombre de “batalla jurídica” -por la miopía de los altos mandos- y ello, desde nuestro punto de vista consolidaba el éxito de la estrategia de aproximación indirecta lanzada el 13 Dic 83. El brazo jurídico de la maniobra estratégica británica, instrumentada como operación de pinzas, había inducido eficazmente la auto-destrucción de las FFAA, quintaesencia de una estrategia de aproximación indirecta.
El incumplimiento del punto 3) del acuerdo por parte del nuevo JEMGE -Grl Caridi- y de sus asesores, trajeron nuevos movimientos en diferentes Guarniciones Militares -Tcnl Rico y Cnl Seineldin-, pero estos ya no eran por el Decreto 158/83, sino por problemas derivados de Semana Santa, específicamente internos de la Fuerza. NUNCA se pensó en un golpe de estado, pero esa fue la perversa lectura de quienes apoyaban conscientemente o inconscientemente la “PDH”. En 1989/90 el presidente Menem dicta la Amnistía para militares encausados y para los terroristas revolucionarios. Creíamos que se alcanzaba definitivamente la ansiada pacificación nacional.
El brazo psico-político y psico-social de la maniobra estratégica.
Veamos ahora cómo se instrumentó el otro brazo de la operación de pinzas pergeñada en Oxford y ejecutada ésta por el triple agente de inteligencia -de la FAA, de Montoneros y del RU- Horacio Verbitsky, asesor presidencial desde el año 2003 y presidente del CELS. Su rol le exigía operar sobre la ciudadanía y lograr el apoyo de la opinión pública a la PDH. Ésta operación era central, para sostener en el tiempo a la encubierta maniobra colusiva.
Las izquierdas -comprometidas o simpatizantes con la revolución neo-marxista- llegaron nuevamente al poder, “colados” en la inaudita Alianza. El presidente De la Rúa -1999/2001- debió renunciar por efecto de un golpe de estado civil, provocado desde la intimidad de su gobierno. La anarquía consecuente llevará a la presidencia, dos años después, a Néstor Kirchner -2003/2007-. Un presidente sin votos y sin ideas políticas. El neo marxismo volvía a homologar lo logrado -por unos días- en el gobierno Cámpora.
Al hacerse cargo de la presidencia Kirchner necesitó construir poder y cierta gobernabilidad. Su asesor, Horacio Verbitsky, le señaló que algunos de los últimos gobiernos le habían tendido la mesa: dos décadas de continua propaganda “progresista” desde los medios de comunicación del Estado, habían transformado los “usos y costumbres” de la sociedad urbana, en las grandes ciudades. La transculturación se percibía en las calles, en el lenguaje, en las escuelas y hasta en los muros de la ciudad.
Ergo, aquel desconocido santacruceño, considerado en su pueblo natal como usurero, sin un posicionamiento político firme, audaz, autoritario y desprolijo, debía abrazarse al símbolo de la “PDH”: las “Madres de Plaza de Mayo” y dar continuidad de inmediato a los “Juicios por la Verdad”. Había que anular las “Leyes de la Impunidad”.
La interrumpida maniobra británica en su brazo jurídico, continuaría en el 2003 con un gobierno “pseudo revolucionario”, “nacional y popular”, adscripto subrepticiamente al “chavismo”. La extraña colusión británica/elementos revolucionarios neo marxistas, iniciada tras la firma del Decreto 158/83, se consolidaba, pivoteando ahora sobre el CELS de Verbitsky.
La operación psico-política, no era sencilla. Para empezar, había que reemplazar y obtener una mayoría de votos en la CSJN (2) para lograr la aprobación de la nulidad de las “leyes del perdón” y, además, modificar el concepto de “lesa humanidad” enunciado por el Estatuto de Roma, para acondicionarlo a la maniobra en curso. Los terroristas revolucionarios -en la Argentina- no serían comprendidos por ésta figura y continuarían “amnistiados”, la “PDH” se consideraría una “política de Estado” y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, como querellante, “conduciría” elípticamente a la Justicia Federal, para llevar en masa a las FFAA a los Tribunales y considerarlos “asesinos” o “genocidas” y encuadrarlos en el Código Penal, como delincuentes comunes.
Esta nueva CSJN fue considerada por los “formadores de opinión”, durante años, como la ópera magna del nuevo gobierno. En el “haber” de K, la nueva Corte figuraba en primer término. (9)
También se hizo necesario modificar la constitución del Consejo de la Magistratura en favor del oficialismo, para domesticar a los Jueces y a los Fiscales comandarlos desde la Procuraduría General, que terminaría en las manos K de Gils Carbó, hasta la fecha. El torpe atropello a los principios del derecho penal y a su jurisprudencia, exigió la creación de “militantes” dentro del sistema y así surgió “Justicia Legítima” (9).
El último intento -acompañado por el exonerado juez español Garzón- de subordinar totalmente el Poder Judicial al Ejecutivo, fue el de la “democratización de la Justicia”, ley aprobada por el Congreso -considerado una “escribanía de la presidencia”- en el año 2013 y rechazada por una Jueza Federal y la CSJN, por inconstitucional, con la natural disidencia del “prostibulario” Zaffaroni.
Con esta serie de atrocidades jurídicas nuestro país se encaminaba aceleradamente -hasta el 10 Dic 15- a la categoría de “Estado fallido”. La cortina de humo que debía ocultar a estos escándalos institucionales, acompañados por una fenomenal corrupción económica-financiera, simultánea y rampante, exigía operaciones psico-sociales de encubrimiento de una intensidad y un nivel nunca antes conocida. Quienes la analizaban, citaban a Goebbels.
Se necesitaba un gran “relato” para encubrir tanto desatino, durante tantos años. Esa necesidad de una gruesa cortina de humo llevó al gobierno a asociarse con algunos medios privados y estatizó el 80% de los medios escritos, radiales y televisivos. Gallup Argentina informaba en los 2000 que el 72% del periodismo argentino era de “izquierda”. Millones de dólares eran destinados a pseudo-intelectuales, “periodistas” y actores para sostener increíbles falacias.
El éxito de Verbitsky, como director de la operación de esta narrativa falaz, que se reconstruía permanentemente, estuvo y está acompañada por antiguos comunicadores simpatizantes o pertenecientes a las izquierdas revolucionarias y por jóvenes “despistados”, formados en las aulas del “progresismo relativista”. Son quienes crearon y custodian en los medios a la “vaca sagrada” de la “PDH” -homologándola, aun hoy, con nuestros derechos humanos-. Para la mayoría de nuestros conciudadanos, el único terrorismo abominable es el “terrorismo de Estado”. Otros no existen.
Llevamos quince años involucrados en una nueva guerra mundial, conocida universalmente como “contraterrorista global”; ¿cuántos argentinos conocen su existencia, aunque fuere superficialmente? (10) “De eso no se habla” y en consecuencia se continúa con el “garantismo jurídico” que apunta al “abolicionismo penal”, con el 2×1, con un record mundial de causas que no reciben sanción y un sinfín de etcéteras. Además, existe una inconsciencia generalizada acerca del desequilibrio estratégico provocado por el desarme unilateral argentino.
Aquella sentencia de Séneca -S II d.C.- continúa brillando entre nosotros con todo esplendor: “Peor que la guerra, es el temor a la guerra”. Y allí está la clave de nuestra imparable Inseguridad Nacional. Toda la legislación de Seguridad Nacional ha sido dictada bajo el espíritu que acompañó a la operación estratégica de pinzas que hemos descripto, por elementos cercanos a las organizaciones armadas revolucionarias, pero no sabemos que haya hasta hoy una mínima reacción política, ante la absoluta y creciente indefensión e inseguridad pública.
Está de por medio “el muro más alto que debe superar el actual gobierno”, construido en las últimas décadas desde el Estado, para licuarlo y transformarlo en el santuario del crimen organizado y sobre la sociedad, alienada por una comunicación perversa que la llevó a su transculturación. Los dos brazos de la maniobra estratégica por aproximación indirecta -el jurídico y el comunicacional- fueron eficaces, pero su consecuencia colateral, la corrupción que actualmente desborda al muro, es decir, a la cortina de humo de la “PDH”, está llegando a su fin (8) (11).
Si hubiere decisión política para terminar con la absurda auto-destrucción, roguemos que haya lucidez para iluminar el sendero que conduce a la salida del cerco. Años de una falsa narrativa retiene a gran parte de la ciudadanía en la irrealidad de un espejismo, si bien ésta se está resquebrajando, día a día.
• En Síntesis.
1. En la inmediata posguerra del Atlántico Sur, en 1983, la inteligencia británica en colusión con el neo-marxismo, logró la inducción -por aproximación indirecta- de la autodestrucción institucional y la transculturación social de la Argentina.
2. El instrumento seleccionado fue la “PDH”, que permitió trastocar la victoria táctica argentina -en la guerra contra-revolucionaria- en una derrota política y estratégica, quedando nuestros derechos humanos en manos del terrorismo revolucionario.
3. Los decretos 157 y 158/83 fueron el puntapié inicial de una maniobra de pinzas que aseguró al Foreing Office la imposibilidad operacional militar de la Argentina y dio a la pseudo-revolución continuidad, a pesar de su derrota en el terreno.
4. Un brazo de la maniobra fue ejecutado por la Justicia Penal Federal -sobre el modelo de “la purga leninista del Ejército Zarista” en 1921-. El otro fue conducido por un triple agente de inteligencia, desde una ONG, que operó la conducción sigilosa de los Ministerios de Defensa y de Justicia (12), desde las bambalinas.
5. Esta exitosa operación estratégica logró levantar -infoesfera de por medio-un muro intocable, el de la “PDH”, “vaca sagrada” que logró ocultar durante quince años el mayor asalto K a las cajas de los bienes públicos y la impunidad de terroristas, narcotraficantes y ladrones de guante blanco.
6. El 10 Dic 15 la ciudadanía cambió el rumbo “pseudo-revolucionario” que en las posguerras había transitado diferentes etapas “democráticas”. La corrupción encubierta está saliendo -en el 2016- a superficie y agrieta al muro. Aun no ha llegado a conmover sus cimientos, pero si ello no ocurriera en los próximos meses podríamos volver a la violencia revolucionaria que prometen los remanentes duros del kirchnerismo y la “Declaración Final del XXII Encuentro del Foro de San Pablo en El Salvador” del 27Jun16, cuyo último párrafo vale la pena transcribir, para leer sus entrelíneas:
“América Latina y el Caribe está en estos momentos y seguirá estando al frente de la lucha de los pueblos por una sociedad con justicia y libertad, sin explotación ni opresión; una lucha en la cual los pueblos, sus organizaciones políticas y sociales, y los gobiernos que defienden los intereses populares, se enfrentan a las más poderosas fuerzas del mundo, pero cuyo poderío económico y militar no podrá contra el poder de la razón, de las ideas, y de los más altos valores de la humanidad, que como proclamaba la Revolución Cubana en la Segunda Declaración de La Habana, “ha dicho BASTA y ha echado a andar…” Seguiremos construyendo el poder popular para asegurar las transformaciones económicas, sociales y políticas de los pueblos de América Latina y El Caribe”.
6. Nuestro futuro -y el de la región- está en manos de la ciudadanía argentina y del Gobierno Nacional. Hay indicios de que la sociedad ha despertado de su ensueño, que retiene esperanzas y que esta vez actúa con mayor prudencia. No sabemos aún si la dirigencia política ha asimilado a esa circunstancia. El “socialismo siglo XXI” está en retirada y el BREXIT ha puesto a parir al RU. Los ocupantes de las Islas usurpadas están conmovidos. Es el momento -oportunidad- que tiene el Presidente Macri para clausurar los dos “estados de guerra” que mantenemos abiertos y nos cierran el camino hacia el progreso (4).
CITAS:
(1). El Dr. Luis Eduardo Duhalde fue asesor del “peronismo revolucionario”, profesor en la “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” -como se llamó la UBA durante el gobierno de Cámpora-, defensor de los “fugados de Trelew”. Cuando asume Kirchner es nombrado Secretario de Derechos Humanos -SDH- y postula la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Transformó a la SDH -cuyo presupuesto aumentó de 1 a 100 millones de pesos- en querellante del “terrorismo de estado” y, como tal, celebraba como un gran “triunfo revolucionario” la lectura de los fallos de los TTOOFF, de pie sobre una mesa y agitando a las barras con banderas rojas, bombos y redoblantes, dentro y fuera de las salas del tribunal, transformando a ellos en “tribunales populares” similares a los bolcheviques que “purgaron” a los oficiales blancos en Rusia, en 1921.
(2). Adolfo Vázquez. “Asalto a la Justicia”. Ed. Sudamericana. Mar 16.
(3). Heriberto J. Auel. “El Pensamiento Estratégico en el Siglo XXI”. 12Oct14, www.ieeba.com.ar
(4) Heriberto J. Auel. “La larga guerra civil argentina y el actual estado de guerra civil revolucionario”. O9Jul13. www.ieeba-com.ar
(5) L. B. Hart. “La estrategia de aproximación indirecta”. Biblioteca del Oficial Nro 500/501. Círculo Militar. Sep 60.
(6) Mao Tse Tung. “El Libro Rojo de Mao Tse Tung”. Abr 64. Ed Edo Chino. 900 Millones de ejemplares.
(7). El Dr. Jaime Malamud Goti, autor de “Terror y Justicia en la Argentina”, vivió durante una década en los EEUU. Citó en sus trabajos a la Guerra del Atlántico Sur como “media guerra” por las “Is. Flalkland/Malvinas”. Penalista de la UBA con pensamiento próximo al del Dr Zaffaroni. Fue parte de un grupo de abogados radicales que, con los Dres. D´Alessio, Gil Lavedra, Enrique Paixao, Leopoldo Schifrin y otros (luego funcionarios del Estado), sugerían llevar a los militares a la Justicia “como causantes de los golpes de estado”, para proyectar la figura de Alfonsín al plano internacional, “aunque ello implicara un severo apartamiento del Derecho”. Éste mismo grupo produjo la reforma del Código de Justicia Militar, que dejó al “jus in bello” en manos legas y que traerá -en el futuro- gravísimos problemas de disciplina en las FFAA. Malamud Goti fue el enlace de éste grupo con el Dr. Nino y conformará el “Centro de Investigaciones Especiales” -CEI- presidido por Zaffaroni y conformado por Nilda Garré, Alicia Oliveira y Diana Conti.
(8) Heriberto J. Auel. “Escándalo Judicial en Tucumán”. 25May16. www.ieeba.com.ar
(9) La Nación. Editoral. “Nuestros jueces penales federales”. 26 Jun 16. (“De este grupo de magistrados, nacidos de lo peor de la política para juzgar a la política, sólo cabe esperar que sigan haciendo, precisamente, política y no justicia”).
(10) Heriberto J. Auel. “La guerra mundial Contra-terrorista Global, ¿Híbrida o Nuclear? Abr 15. www.ieeba.com.ar
( ) El Dr. Alfredo Bisordi fue el fiscal que tomó al Decreto 157/83 y en consideración al enorme acopio de pruebas que reunió, para llevar a juicio oral a los terroristas, fue ascendido y con ello separado de su cargo. Esta causa, como lo hemos señalado, fue “cajoneada”. Pero como era un magistrado honesto y trabajador, continuaba molestando. Aníbal Fernández llegará a pedirle públicamente su “renuncia patriótica”. Como titular de la Cámara de Casación dijo el 26 Abr 87: … “El supuesto retraso de causas contra los militares es una excusa para sacar jueces, con miras a asegurar a Kirchner (y familia) la impunidad en los presuntos delitos de corrupción”. En un escrito de fuerte contenido político, con el que acompañó su presentación ante el Consejo de la Magistratura, tildó a Kirchner de “traidor a la patria”, de “incipiente tirano” y de “aprendiz de déspota no ilustrado”, acusándolo además de encabezar una “venganza” de la organización Montoneros, de haberse refugiado y haber hecho “buena letra” durante la dictadura y de haber apoyado las privatizaciones del gobierno del Dr. Carlos Ménem. El Cronista Comercial, 27Abr87.
(12) Carlos Manuel Acuña. “Los Traidores, Intimidades de la Guerra Revolucionaria”. Ed. Buen Combate. 2012. “Verbistky: De La Habana a la Fundación Ford”. Ed. El Pórtico. 2003.
Desde “adentro”: Situación de los Prisioneros Políticos, hoy, en la República Argentina
Escribe: René Juan Langlois.
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Fiscal Federico Delgado: “Los jueces son leales a la ley, y también a la facción que los puso”
Nota del diario Clarín. Aberraciones judiciales.
¿Por qué la Justicia federal funciona mal? ¿Qué factores demoran las causas de corrupción durante décadas o directamente las congelan? ¿Los jueces pueden hacer lo que quieran? “El sistema argentino divorció la ley de la justicia”, resume el fiscal federal Federico Delgado, cautor con la periodista Catalina De Elía de “La cara injusta de la justicia”, que acaba de ser editado por Paidós. “Empezamos a mirar al poder judicial desde las ciencias políticas”, aclara De Elía que, como Delgado, también es politóloga.
¿Cómo cambia la mirada cuando se inserta a jueces y fiscales dentro del universo de la política?
Delgado: En el diseño institucional presidencialista como el de Argentina, para compensar los posibles desbordes del Presidente y el Congreso hay un poder judicial que está para ser árbitro, y por eso tiene un montón de protecciones. A lo largo de la historia argentina, y por ahí más exacerbado en el último tiempo, el sistema judicial era y es parte del poder político. No funciona como un contrapoder.
¿Cómo probaron esa hipótesis?
De Elía: Nos preguntamos por qué la justicia funciona como funciona. Seleccionamos unos indicadores como para evaluar. El primero fue el de los tiempos judiciales. Nos preocupa por qué duran tanto las causas de corrupción, por qué no hay sentencias. Otro indicador es el de la burocracia judicial; cómo están formados los jueces y bajo qué paradigmas se aproximan a los casos. Otro es la palabra judicial; por qué utilizan un vocabulario cerrado y expulsivo en sus sentencias. El último indicador nos involucra a todos: la tolerancia que tiene la sociedad civil ante el mal funcionamiento de la justicia. Después analizamos fallos según estos indicadores.
¿Por qué funciona mal la justicia?
De Elía: Porque los jueces buscan ser “simpáticos” a los gobiernos.
De Elía: El poder judicial es como la “bella durmiente”, que se levanta cuando un príncipe le da un beso. El príncipe puede ser el gobierno, o un empresario. La justicia federal acaricia a los poderosos y aplasta a los débiles.
¿Qué casos eligieron?
De Elía: Cinco. José López, Lázaro Báez, María Ovando (la mujer pobre de Misiones que estuvo presa porque su hija murió desnutrida y lo enterró en su casa), Belén (la chica que abortó y estuvo presa por asesinato) y un caso que no trascendió, de un chico que se robó un tablón de madera en la estación de Retiro para quemarlo y calentarse y lo metieron preso, peritaron el tablón y se movió todo el aparato judicial. Sin embargo, ahí el juez actuó súper rápido. Y es el mismo que actuó muy despacio y acumuló muchos expedientes en la causa Báez, Sebastián Casanello.
Se percibe que el juez puede apurar, demorar o hasta congelar los casos sin violar ninguna regla.
Delgado: En aras de evitar cualquier interferencia sobre el ánimo de los jueces, el diseño institucional les brinda muchas protecciones: no se les puede tocar el salario, no pagan algunos impuestos, no se los puede remover sin un juicio político. Y las leyes de procedimiento se hacen eco de esas protecciones: conservan la soberanía casi absoluta de los jueces a la hora de administrar los procesos. Esa facultad, y la ausencia de rendición de cuentas, consagran que si un tipo es desleal al sistema tenga casi la inmunidad de un rey. El aparato institucional también deforma las leyes. Por ejemplo, el Código establece plazos para algunas medidas. Tres días, cinco días. Pero nunca se cumplen, porque los jueces hacen una distinción: hay plazos “ordenatorios” y “perentorios”. El ordenatorio es como un indicador. Si no lo cumplís, no pasa nada. Esos pequeños mecanismos sutiles, que hacen al gobierno de un expediente, son los que permiten procesos de diez o quince años sin violar ninguna ley.
¿Entonces si sólo se remueven algunas personas no vamos a tener un mejor servicio de justicia?
De Elía: No. El problema trasciende a los gobiernos y a los jueces.
Pero los jueces también podrían usar esa soberanía para actuar de otra manera, ¿o no?
Delgado: Es que si vos querés mantenerte en el sistema y ascender, ser camarista o juez de la Corte, tenés que amoldarte a las prácticas que gobiernan ese universo. Y esas prácticas son ferozmente disciplinantes.
¿Cuál podría ser la ventana de salida para empezar a desandar el camino cuyos resultados describen ustedes?
Delgado: Primero; claramente es un problema colectivo. Segundo; es un proceso de echar luz pública sobre los tribunales. Y tercero; es un tema de transformación cultural. Discutir qué sistema de justicia queremos.
De Elía: Exacto. Es necesario que la gente tome conciencia que si la justicia federal funciona mal, la afecta en su vida cotidiana.
Delgado: Un problema grave es la indiferencia ciudadana hacia el sistema. Porque el sistema la aprovecha para alejarse.
¿Con qué mirada “entran” los jueces a los casos?
Delgado: Bajo una filosofía positivista, que separa la moral del derecho. Entonces pasa lo que se dice en las mesas familiares: las cosas pueden ser legales, pero no son justas. El sistema argentino divorció la ley de la justicia. Y así la verdad del sentido común es diferente a la verdad judicial.
¿Qué es la videocracia?
De Elía: Usamos ese término para explicar cómo la televisión a veces mueve más a los jueces que las pruebas. Veamos el caso Ovando: ella estuvo más de dos años presa, y cuando el programa de Lanata la encontró y contó su historia la liberaron en un mes. Y lo hicieron con tecnicismos, tampoco hubo medidas que repararan su daño. Por otro lado hubo videocracia en el caso de José López (con las imágenes de él con los bolsos en el monasterio) y en el caso de la ruta del dinero K, con el video de la Rosadita y los imputados contando plata. Tras esas pruebas irrefutables, a la justicia no le quedaba otra que empezar a mover el expediente.
Delgado: La videocracia refleja cómo un estímulo externo es lo que hace mover a la maquinaria judicial. Y que también tiene que ver con la “simpatía”, porque ahí el príncipe es otro, el público que ejerce presión social sobre los jueces tras haberse indignado o sensibilizado con las historias.
Si el cambio cultural es lo primero -y lo más complejo de producir- tampoco es suficiente: luego tiene que traducirse en cambios institucionales y en cambios de personas.
Delgado: Claro. Lo que tiene de bueno un momento crítico como este es que permite iniciar un proceso de transformación cultural, que tiene que ser individual, colectivo y sostenido en el tiempo. El desafío de la sociedad es que después eso sea receptado por la ley y se sedimente en las instituciones.
La “simpatía” de los magistrados por el poder político, ¿no es mutua? Los políticos también quieren quedar bien con los jueces que podrían investigarlos.
Delgado: Es cierto. Y eso ocurre porque no hemos sabido construir una institucionalidad fuerte. Es porosa a los intereses privados. Y eso genera esos “pactos de camaradería” entre jueces y políticos.
También ocurre entre los propios jueces: aunque haya denuncias fuertes, es casi imposible que se investiguen entre ellos.
Delgado: Ahí hay una parte de convicción personal. Pero además hay muchos incentivos en el sistema institucional que favorecen esos comportamientos. Es lo de siempre: está el camino de la ley, pero también la diagonal. Y es mucho más remunerativo tomar la diagonal.
Hablemos de los casos que analizaron
Delgado: Analizamos cómo estalló el caso con Fariña y Elaskar, losdispositivos institucionales de salvataje (la intervención del titular de la Procelac, Carlos Gonella, para desviar la investigación lejos de Báez y Cristina, por ejemplo), cómo los pocos avances que había aran gracias a sucesivas investigaciones de los medios (factores externos a la causa): es una aproximación al caso a través del delito y no del hecho. Explicamos qué es el lavado de dinero, el verso del delito precedente, y cómo éso funciona como una forma de recorte para no ir más allá o más arriba.
De Elía: Y todo vuelve a acelerarse cuando Telenoche muestra el video de La Rosadita. Casanello termina deteniendo a Báez porque se toma un avión. Y sólo con esto, y un cambio de gobierno, hay procesamientos en la causa.
Delgado: Otro mecanismo de impunidad es el de partir lo casos, como analizamos con López. Lo más grave de su caso es que López tenía la plata en la casa. El caso empezó en 2008. El juez Rafecas le encargó un informe a la Prefectura, para investigar en el territorio los bienes de López y poder contrastar eso con sus declaraciones. Algo sencillo. Para empezar, se hace el primer recorte, no importaba la manguera que alimentó el patrimonio. Se limita a la contratación. El 14 de junio de este año lo agarraron a López revoleando los bolsos, y aquel informe no había terminado. Es tragicómico. Pasan las mil y una tonterías que van retrasando todo. Lo concreto es que desde 2008 hasta 2016 la Prefectura no habia logrado terminar un informe sobre el patrimonio de López, su mujer, su suegra y sus hijos. Y el tipo tenía la plata en un tanque de agua del altillo en su casa de Tigre! Eso da para un seminario sobre cómo funciona la justicia argentina. Porque los jueces se aproximan de esa misma forma a todos los casos.
Hay como una pasión por el procedimiento que a veces sirve como excusa para no avanzar hacia el fondo de los temas.
Delgado: Sí, es orgásmico. Aunque estén a tres metros, separados por un pasillo, los jueces se comunican por notas, hasta para pedirse ver un expediente.
También es inexplicable para la gente cómo se pueden hacer cosas opuestas invocando a la misma ley.
Delgado: Eso ocurre porque la ley está divorciada de la justicia. Todo es legal, pero no se percibe como justo. Y si la sociedad no percibe lo legal como justo, automáticamente la justicia se transforma en parte del problema.
¿Sirve para algo la auditoría sobre los juzgados federales que ordenó el Consejo de la Magistratura?
Delgado: Todo lo que sea luz es bienvenido. A nosotros nadie nos mide productividad. Es lo mismo un fiscal que mandó mil causas a juicio oral en un año, que aquel que mandó cero.
También está la asignación y la falta de recurso como excusa para justificar la inacción judicial.
Delgado: El sistema medieval de hacer justicia e incorporar pruebas también tiene que ver con la temporalidad. La tecnología casi no existe en los Tribunales. En caso Time Warp, por ejemplo, buscamos toda la información por Internet, rapidísimo. Después la fuimos chequeando. Pero no hay un hábito en el sistema judicial de incorporar la tecnología. Seguimos citando por telegrama, por cédula, por oficio. Y esas prácticas también le dan ventaja a los delincuentes, sobre todo a los económicos. En la justicia argentina, la forma supera al contenido. La clave es la administración del proceso, los tiempos. No tanto cómo se aplica la ley. Y en el manejo de los tiempos el juez tiene un dominio absoluto. Incluso las cámaras de apelaciones pueden analizar la forma en que el juez aplicó el derecho, pero no cómo el juez gobernó el expediente. La ley sólo le permite a las instancias de revisión analizar el punto que está en disputa, pero no puede analizar el camino que recorrió. Por eso fue extraordinario lo que hizo la sala II de la Cámara en el caso Báez, cuestionando la forma y la orientación que Casanello le había dado a la causa. Y además nos dice a los jueces y fiscales “por favor charlen” entre ustedes. Despacito, algo está cambiando. Además de aplicar la ley, los jueces deben tener la responsabilidad de administrar los procesos. Y tener un costo si lo hacen mal. O un premio si lo hacen bien, claro.
Claudio Savoia
Diario Clarín
Noviembre 18, 2016
http://www.clarin.com/politica/Fiscal-Delgado-jueces-leales-faccion_0_1687631381.html