Amigos, seré breve para dar la palabra a nuestro abogado insignia, el Dr. Ricardo Saint Jean.
Hace quince años un numeroso grupo de abogados nos agrupamos y fundamos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que tengo el honor de presidir. Lo hicimos para enfrentar la brutal violación del orden jurídico, fruto del más gigantesco prevaricato que registra la historia judicial argentina, cometido por la Corte Suprema instalada por el régimen kirchnerista. Esa Corte rompió el principio de legalidad, cimiento del derecho que rige en todas las comunidades civilizadas desde hace siglos. Su inexistencia nos pone a todos los ciudadanos en libertad condicional, a merced de los poderes de turno. Esta ruptura fue patética. Hago un racconto histórico .Mediante las leyes de punto final y obediencia debida, verdaderas leyes de amnistía, sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín, más los indultos presidenciales, de los gobiernos posteriores de Menem y de la Rua, se puso punto final a los procesos derivados de la guerra de los setenta, y del ataque al cuartel de la Tablada. Todos los involucrados incluso las cúpulas del terrorismo guerrillero, quedaron en libertad. Las leyes de amnistía fueron sancionadas por el Congreso en un gobierno democrático y fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de entonces, lo mismo que los indultos presidenciales. Cabe agregar que el primer apartamiento del derecho se produjo con el juzgamiento de las Juntas militares, la conocida causa 13, bajo un Tribunal Civil y no bajo los jueces naturales, de acuerdo al Código de Justicia Militar entonces vigente, luego derogado bajo ese mismo gobierno.
El Congreso, apenas iniciado el gobierno de Kirchner, sumiso al poder político, casi por unanimidad, resolvió anular las leyes de amnistía en un acto tan infame como absurdo, ya que las leyes no se anulan sino que se derogan. Pero este esperpento tuvo como propósito declarar la inexistencia de esas leyes, con lo que se obviaba la aplicación de la ley más benigna, la cosa juzgada, y en definitiva el principio de legalidad. A su vez la nueva Corte dio la puntada final aprobando las nulidades de las leyes que tiempo atrás habían sido declaradas constitucionales por la propia Corte, consumando así el más brutal prevaricato.
Así se inició en la Argentina la etapa más oscura de la historia reciente, en la que la justicia desapareció, y dio comienzo a la persecución feroz, implacable y vengativa contra quienes habían combatido contra el terrorismo marxista. Se reabrieron las causas contra aquellos, no así para los terroristas. Se inauguró en la Argentina un derecho de dos velocidades, una incalificable discriminación. Por una parte quienes son indefectiblemente calificados como genocidas, mientras que los terroristas son castos y puros idealistas. Muchos jueces, por miedo o fuertemente ideologizados, -cualquier caso, todos corruptos-, se pusieron al servicio de la denominada “política de derechos humanos” que sustituyó al derecho y, mediante procesos viciados, violatorios de todas las garantías constitucionales, mantienen aún en las cárceles a cientos de presos, cuyo promedio de edad supera los 78 años, soportando ilegales y prolongadísimas prisiones preventivas, algunos con más de 16 años en esa situación, 864 ya han muerto en cautiverio, la mayoría sin condena, es decir inocentes.
Para los ojos de cualquier argentino de bien, que no esté fanatizado ni corrompido, la demostración más contundente de la barbarie y estado de indefensión jurídica y política en que nos encontramos, la tienen en los llamados juicios de lesa humanidad, promovidos contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, jueces, clérigos y otros, en nombre de los ‘derechos humanos’.
La afirmación de que el derecho desapareció y fue sustituido por una difusa política de derechos humanos no es retórica. Lorenzetti, siendo Presidente de la Corte Suprema, presentó un libro sobre esta materia, en la Facultad de Derecho de la UBA, en presencia de las Madres de Plaza de Mayo, Las Abuelas, el CELS, y como invitado especial el ex Juez Garzón, expulsado por el Tribunal Supremo de España por corrupto. En esa oportunidad dijo Lorenzetti que “la política de derechos humanos es política de estado”. Días pasados, lo escuche decir a este personaje, en un reportaje radial, evidenciando un cinismo insoportable, que “un juez de la Corte debe ser coherente con sus opiniones y no debe modificar las conclusiones de sus fallos, debe ser una garantía en el apego a la Constitución”. Otro impresentable, el doctor Rozanski, , afirmó que un Juez debe ser militante, recibió el doctorado honoris causae por la facultad de Facultad de Periodismo y Comunicación Social , una conocida cueva de marxistas, de la Universidad de La Plata, “reconocido por su trayectoria y por su integridad ética y moral en el desempeño de sus tareas como Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, al frente del
cual protagonizó, junto a sus equipos de trabajo, los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, realizando un aporte indiscutible a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se desarrollan en nuestro país desde el año 2003.”
Durante estos 15 años hemos visitado las cárceles de aquí y del interior, resulta lacerante ver a quienes permanecen encerrados, conscientes de que son como muertos civiles, marcados como los esclavos de antaño, con el sello de “lesa humanidad” y que están condenados a muerte, una muerte lenta. No merecen la menor compasión. Hace pocos días la visita de los diputados a los presos acusados de crímenes llamados de lesa humanidad, levantó una insólita polvareda y sigue recibiendo diatribas desde distintos sectores, aquí y en el mundo, incluso eclesiásticos. Como muestra del odio y sed de venganza, un personaje que destila la mayor dosis de odio es la señora Estela de Carlotto que en un reportaje en Pagina 12, dijo “que estos diputados que fueron a ver a ver a esos criminales, que merecen estar eternamente en la cárcel por que no son humanos, no pueden quedar sin sanción.”
A lo largo de estos años, estos jueces corruptos han cometido verdaderos asesinatos, cuya lista no puedo citar por cuanto excedería el espacio de esta exposición. Voy a citar solo dos de los muchos casos de asesinatos, tratos crueles e inhumanos por parte de la justicia federal a personas juzgadas por los llamados delitos de lesa humanidad:
Hoy se cumplen 12 años del asesinato del General Ibérico Saint Jean por parte de tres jueces de La Plata y la inacción de muchos otros. Detenido en domiciliaria a los 85 años, era cardíaco, había sido operado de cáncer, padecía Alzhaimer y se desplazaba en silla de ruedas. Tenía diez informes médicos tanto privados como forenses que le indicaron al Tribunal que no estaba capacitado para estar en juicio y que esa situación pondría en riesgo su vida. Lo llevaron igual a juicio oral y público y no sólo eso, sino que poco antes de cumplir 91 años y sin que incumpliera ninguna de las condiciones establecidas para su detención, se le revocó la domiciliaria y fue enviado a la cárcel de Ezeiza. A los cinco días se descompensó, fue trasladado a un hospital y, tal como lo habían predicho los médicos, pocos días después falleció.
La causa iniciada contra los tres jueces asesinos fue sobreseída por sus pares.
La crueldad alcanza todos los niveles. El señor Juan Carlos Cociña, de 77 años de edad, fue detenido el 1 de diciembre de 2021 por orden del impúdico Juez Rafecas, imputado de participar en supuestos delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido hace 45 años cuando era Ayudante de Cuarta del Servicio Penitenciario Federal. Padecía graves problemas de salud. Entre otras, hipertensión, EPOC, cardíaco sometido a varias intervenciones y antecedentes de ACV.
Juez Rafecas
Su defensor solicitó la detención domiciliaria provisoria, la que fue denegada por Rafecas. La víctima fue encerrada en una unidad carcelaria en medio de la nueva ola de Covid que padecía el país. El Sr. Cociña, contrajo COVID 19 en la U 34 y falleció el 8 de enero de 2022 en la unidad de terapia intensiva del hospital Muñiz.
El art. 18 de la CN señala que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. No obstante, la denuncia contra Rafecas por su evidente delito de homicidio, fue desestimada en forma inmediata.
Podemos afirmar que hoy no existe en la Argentina un sistema de justicia, los últimos gobiernos, los medios y la mayor parte de la dirigencia política, es responsable de lo ocurrido. Avalaron el prevaricato de los jueces federales y de la mayoría de los integrantes de la Corte, como consintieron la infamia de hacer héroes nacionales a terroristas y asesinos. Consintieron que jueces de todas las instancias y miembros del ministerio público se convirtieran en títeres del poder ejecutivo. Todo lo cual, para mayor sarcasmo, en nombre de una ideología llamada de los derechos humanos, que impide discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. El P. Leonardo Castellani decía que la corrupción de la justicia legal es el mal más grande que puede caer sobre una Nación. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar, de restablecer la justicia verdadera y poner punto final a esta ignominia, que denigra a nuestra generación. Sin su plena vigencia es imposible e inviable la República. Queda claro que esta tragedia es de orden político, fue una decisión política la que derrumbó a la Justicia para impulsar la más terrible y odiosa persecución contra un solo sector de la contienda, por
hechos ocurridos 50 años atrás. A partir de esa decisión, salvo excepciones, la Corte, los jueces, el Ministerio Público, empezando por el Procurador General, todos se encolumnaron para llevar adelante ese escabroso proyecto delineado por Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky
El actual gobierno debe saber que sanear la economía, si bien es indispensable y urgente, no es suficiente. Sin el restablecimiento de la Justicia verdadera la Republica no es viable. Cualquier “cambio” que se produzca en lo económico y político, sin justicia verdadera, será como fuego de artificio. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y del instrumento político del odio que caracterizaron a los años precedentes, constituye una esperanza y es indispensable que restaure la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del Estado de Derecho. Esa demolición del derecho es origen de la tragedia que hoy padece la Argentina. De aquellos polvos, estos lodos.
Javier Milei y Victoria Villarruel
El Presidente como distintos funcionarios, ante cualquier requerimiento vinculado a la necesaria solución de esta tragedia, contestan “que no es su agenda”, no está entre sus prioridades, prefiero decir. Acaso ignora el Señor Presidente que hay cientos de ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte en medio del silencio cómplice de la política y una sociedad que ha optado por olvidarlos, después de haber clamado por su intervención cuando el terrorismo asolaba la Republica? Ignora acaso el Señor Presidente que esos jueces corruptos siguen abriendo causas y procesando a quienes ostentaban los grados más subalternos por los hechos ocurridos hace más de cincuenta años? Ignora el Señor Presidente que la Secretaria de Derechos Humanos sigue presentándose como querellante en las falsas causas que los fiscales y jueces corruptos inician permanentemente, para que este circo no acabe nunca? Es decir no se trata de hechos y discusiones que ya no existen. Siguen en plena vigencia.
Es condición esencial superar esa distorsionada mirada hacia el pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo.
El Presidente se ha enfrentado a los poderosos que impulsan la revolución cultural que infecta a occidente, en sus propias madrigueras, Davos y las Naciones Unidas. Con el mismo coraje y claridad debe promover el cierre definitivo de esta tragedia para posibilitar la concordia política entre los argentinos.
Dios nos ayude
1)Fue un evento que se llevó a cabo el 5 de octubre pasado en el Auditorio Belgrano, ubicado en Virrey Loreto 2348, CABA, reuniendo a numerosos personajes que en el ámbito político y social, defiende a todas las personas que luchan por un pensamiento tradicional y conservador.
Nota 79 de ALBERTO SOLANET en este portal (Hacer Clic)
Enviado por la Doctora Andrea Palomas Alarcón, miembro de la asociación de abogados “Justicia y Concordia”.
Mediante el Decreto 359 del 4 del mes en curso, el presidente Alberto Fernández prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), extendiendo por 180 días el cargo de interventora de la doctora Cristina Liliana Caamaño. Esta designación carece del acuerdo parlamentario que requiere. Por la vía de insistir con la intervención se elude el tratamiento parlamentario para la cobertura de un cargo que implica acceso a la información reservada del servicio de inteligencia más importante del Estado nacional.
CaamañoAlberto FernándezGils Carbó
La interventora Caamaño fue Fiscal y dirigió el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones de la Procuración General en la época de Alejandra Gils Carbó. Desde el año 2019 preside la Asociación Civil “Justicia Legitima”, cuyos integrantes, no obstante su condición de funcionarios del Poder Judicial, operan como militantes políticos con la finalidad principal de ideologizar la gestión de justicia y preservar la impunidad de quienes enfrentan los más importantes cargos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Las declaraciones y opiniones de Caamaño están siempre teñidas con fuertes colores ideológicos. Se declara “atea militante”. Creer o no en Dios queda reservado al ámbito íntimo. Pero si Dios no existe no puede obviamente lucharse contra El. La militancia es una expresión idiomática que refleja su vocación. Caamaño expone también sus relaciones de amistad solidaria con personas y organizaciones acusadas públicamente de corrupción. Estas actitudes reflejan fehacientemente la misión político ideológica de Justicia Legítima
La reunión de estas dos actividades o funciones en una misma persona, supone una manifiesta incompatibilidad e implica la posibilidad de utilizar la información reservada – que debe ser limitada a la defensa de los intereses del Estado – con fines partidarios, para ponerla al servicio de una entidad privada y de reconocida tendencia política en la línea del “vamos por todo”. PrisioneroEnArgentina.com
Esa información reservada tiene una importancia vital y debe ser preservada, ya que sus referentes carecen de la posibilidad de desmentirla. Su uso debe estar absolutamente limitado a la defensa de los más altos intereses del Estado. ¿Cómo hará la presidente de Justicia Legítima para deslindar su desempeño militante como titular de Justicia Legítima de la información que como interventora en la AFI debe mantener en reserva? No se requiere mucha imaginación para vislumbrar el peligro que entraña para la República este doble carácter de la interventora en la agencia de inteligencia. ¿Podemos sentirnos seguros de que esta doble función no favorecerá la impunidad ni facilitará el ataque a los jueces independientes bajo la amenaza velada o explícita de la utilización de datos obtenidos subrepticiamente? Difícil es no pensarlo cuando el oficialismo encabezado por la dupla Fernández está involucrado en una campaña de cooptación del Poder Judicial, cambiando o destituyendo a los jueces que demuestren independencia de criterio frente a la corrupción y otros desmanes.
En la historia del país y desde su creación, el Servicio de Inteligencia nunca tuvo un jefe que ejerciera otras funciones con influencia directa sobre el Poder Judicial. Tampoco los jefes de inteligencia desempeñaron simultáneamente funciones en asociaciones civiles, por encomiables que ellas fueran. Estamos pues frente a un caso único de injerencia de un poder en otro poder del Estado.
La Justicia no puede ni debe tener un discurso. Los jueces hablan por sus sentencias, sean o no equivocadas. Son públicas, por definición no son herméticas. Se debaten libremente en los medios y en los tribunales superiores. En cuanto al carácter endogámico y corporativo que Justicia Legítima –y, por ende, la Dra. Caamaño – achaca a la judicatura, basta con recordar que el poder político ha designado a los jueces de todas las jerarquías mediante concurso.
La renovación de la intervención de la AFI bajo la dirección de la abogada Caamaño es otra vuelta de tuerca que se agrega al plan en marcha que tiene como objetivo lograr la impunidad de quienes se enriquecieron escandalosamente desde el poder y hoy han retornado a él.
Con verdadero estupor leí la nota firmada por el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández, titulada “Encuentro Nacional de Mujeres”, publicada el martes pasado. De sus términos se infiere que ignora los antecedentes de estos encuentros y la perversa ideología que los moviliza, que se pone de manifiesto en cada oportunidad, en donde arremeten contra los templos católicos, apuntando generalmente a la Catedral. Aparecen como hordas violentas, profiriendo toda clase de injurias de la peor especie, muchas con atuendos estrafalarios o semidesnudas. En la nota hace una referencia sesgada de la historia cuando pone el acento en la “leyenda negra” en alusión a la conquista y evangelización de América. Cita a Santa Catalina de Siena como si su lucha tuviese alguna similitud con la emprendida por estas manifestantes, cuando si hoy viviese esa gran santa, con seguridad estaría, con todo vigor, a la cabeza de la defensa de los valores de la Iglesia y de sus templos, contrariamente a lo que hoy dispone el arzobispo.
Por último, cuando se refiere a la lucha por la igualdad, incluye la “orientación sexual”, quebrando de este modo la recta moral que la Iglesia ha sostenido desde siempre.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia denuncia la gravísima decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los Jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el Comisario Miguel Angel Etchecolatz, de 90 años, quien además de las dolencias propias de la edad, padece una grave enfermedad que lo mantiene en silla de ruedas y a una permanente asistencia por parte de terceros, generalmente sus propios compañeros de encierro.
El grado de ensañamiento que informa la Resolución revela la profundidad de la corrupción de estos jueces, que impúdicamente prevarican con tal de mantener a este hombre encarcelado hasta que se muera, si es posible lentamente. A ese fin sostienen que “es necesario evocar que el acceso al beneficio de arresto domiciliario se presenta como la solución más aceptable para aquellos casos en los que el encarcelamiento trae aparejado un desmedro que va más allá de sus restricciones inherentes al encierro”.
La traducción de este cínico galimatías al lenguaje de todos los días es que hay una clase hombres, entre los cuales se encuentra el Comisario Etchecolatz, que deben tenerse por parias, expelidos del orden jurídico, indignos de merecer cualquier especie de garantía o de reconocerles el más elemental de los derechos humanos. Para ellos ni justicia.
Es condición necesaria para la prosperidad de la Nación un nivel de Seguridad que garantice el orden, la libertad de sus habitantes y el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
La Seguridad, objetivo de naciones, sectores e individuos, es una responsabilidad indelegable del Estado y contiene la Defensa y la denominada Seguridad Ciudadana, como capítulos principales, que deben considerar los riesgos y amenazas según sus características específicas en el mundo actual.
Las decisiones en materia de Seguridad deberían ser políticas de Estado, que superen los límites de los intereses partidarios, sectoriales o de facción.
Para considerar el presente y las perspectivas de la situación de Seguridad, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia invitan a Ud. a participar en la Jornada sobre Seguridad y Política de Defensa que se desarrollará en Uruguay 1037 1er.piso, el 1º de noviembre de 2018 de 9.30 a 13.30, según el Programa adjunto.
Esperando contar con su presencia, saludamos a Ud. con atenta consideración.
Ya de regreso nuestra delegación, conformada por los Dres. Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, completamos la información sobre el resultado de nuestro viaje a Denver, EEUU.
Como sabemos, fuimos allí, con nuestros amigos de Puentes para la Legalidad, para cumplir con la citación a una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, citación que obedeció a nuestras reiteradas denuncias y pedidos de audiencia referidos tanto a la ilegalidad de los juicios dirigidos contra las fuerzas armadas, de seguridad (y también civiles) que en los setenta salvaron al país de la subversión marxista, como al trato inhumano y discriminatorio que reciben.
Lamentablemente, la citación limitó formalmente el temario a la situación de las personas mayores de 65 años privadas de libertad. De este modo, preparamos con Puentes para la Legalidad una exposición conjunta referida a la denegatoria de detenciones domiciliarias de los mayores y al exceso del plazo máximo de prisión preventiva y denegación de excarcelaciones que sufre este grupo (en violación de la CADH y de la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las Personas Mayores) con estadísticas que demuestran el trato discriminatorio con relación al de aquel acusado de delitos comunes.
Estuvieron presentes los Comisionados Luis Erenesto Vargas Silva, Relator para Argentina y Joel Hernandez García, titular de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, así como el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva adjunta y otros funcionarios y auxiliares.
Por el Estado argentino concurrieron nuestra embajadora ante la OEA, Paula Bertol, Ramiro Badía de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH y Agustina Durruty del Ministerio de Justicia.
En el curso de la audiencia, de trato amable y atento, cumplimos plenamente nuestro objetivo dentro del cauce señalado. Proyectamos allí un video e imágenes que mostraron con impactante claridad la inhumanidad del trato a estas personas encarceladas, escenas que manifiestamente impresionaron a los presentes. La exposición fue acompañada también con gráficos estadísticos que mostraban las diferencias con la población juzgada por delitos comunes. Acusamos de acción y de omisión al Estado argentino, señalando que ya han muerto detenidos 431 personas. Pedimos a la Comisión la adopción de urgentes medidas cautelares para hacer cesar los males denunciados.
El representante del Estado argentino, pese a señalar que continuarían el programa “Memoria Verdad y Justicia”, precisó que lo harían respetando los ddhh de los imputados. Pero reconoció que disponían de informes del Servicio Penitenciario que señalaban que no estaban en condiciones de alojar a internos de esa edad, que poblaron las cárceles como consecuencia de estos juicios. Y también admitió que estaban excedidos los límites máximos de prisión preventiva en muchos casos, reconociendo también, respecto de nuestra imputación de discriminación, que la ley argentina no hace distingos por razones del delito que se investiga.
Les fue recordado en la audiencia que en más de 13 años de juicios solo se completaron el 34% de las causas por lo que, de mantenerse como en los últimos 13 años el 60% de la Justicia Federal abocada a estos procesos, se necesitarían 28 años para completar las causas existentes; ello sin seguir sumando causas nuevas. Y que la inacción del gobierno no es inocua ya que desde que asumieron el gobierno han muerto 115 personas detenidas.
Al término de la audiencia, el representante del gobierno argentino pidió por su parte que la Comisión le diera traslado de los múltiples pedidos de medidas cautelares formulados en nombre de los presos políticos.
La Embajadora argentina ante la OEA felicitó a las delegaciones de ambas asociaciones por la claridad y contundencia de las exposiciones.
En resumen, estimamos que la realización de esta audiencia, la primera que se obtiene en un ámbito que manifiestamente no es favorable, constituye, pese a su objetivo parcial, un paso muy importante en la lucha que nuestra Asociación decidió emprender, contra viento y marea, hace ya ocho años.
Veremos ahora si ella se traduce en resultados objetivos.
Envío y Colaboración: DRA . ANDREA PALOMAS ALARCÓN
La vida del argentino Aníbal Guevara se “congeló” cuando acusaron a su padre de delitos de lesa humanidad. Convencido de su inocencia, pidió sin éxito a las autoridades argentinas y a organismos internacionales que le escucharan, hasta que anoche consiguió una reunión con la CIDH.
Guevara y familiares de otros imputados durante la última dictadura de Argentina (1976-1983) se encontraron en la noche del miércoles con funcionarios argentinos y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Boulder (Colorado, EE.UU.), donde el organismo celebra su periodo de sesiones.
De 35 años, Aníbal Guevara representa a Puentes para la Legalidad, una asociación formada por hijos y nietos de acusados de crímenes de lesa humanidad que considera que el Poder Judicial argentino no respeta el principio de debido proceso con juicios que se hacen “mal” y el uso excesivo de la prisión preventiva.
“Es muy fácil respetar los derechos de quienes nos causan empatía y, ante una situación de un delito como el que se nos acusa a nosotros, es muy fácil perderla”, dice a Efe.
“Pero -añade-, incluso con aquellos que son responsables de delitos atroces, corresponde y nos corresponde a nosotros ser distintos de ellos y respetar hasta el último de sus derechos”.
Guevara pidió a la Comisión que otorgue medidas cautelares de protección para los 730 imputados por delitos de lesa humanidad que supuestamente han pasado en prisión preventiva más de tres años y para los 240 que tienen más de 65 años con el fin de que, debido a su edad, puedan pasar a arresto domiciliario.
En 2006, las autoridades argentinas acusaron de crímenes contra la humanidad a su padre, también con el nombre de Aníbal Guevara y que era teniente del Ejército cuando se produjo el golpe de estado de 1976 que instauró una brutal dictadura con miles de muertos y desaparecidos.
Verónica Schaller y Aníbal Guevara, de Puentes para laLegalidad; Alberto Solanet, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, de Justicia y Concordia.
El juicio llegó en 2010 y, entonces, padre e hijo tuvieron una de las conversaciones más duras de su vida.
“Cuando estaba por comenzar el juicio, pasé un par de días con él de manera muy inquisidora, diciéndole mira, si yo voy a hablar, necesito saber qué me puedo encontrar, necesito saber qué hiciste vos y qué no hiciste, y que vos me lo digas porque no quiero enterarme de nada en el juicio”, recuerda.
Su padre fue sentenciado a cadena perpetua por la desaparición de cuatro hombres, sucesos que ocurrieron entre marzo y setiembre de 1976 en el municipio de San Rafael, en la provincia de Mendoza.
El hijo rechaza esa sentencia y asegura que, lo único que hizo su progenitor fue detener a dos personas.
Esos arrestos se produjeron “a la luz del día, mientras iba vestido con uniforme e informando a los sujetos de dónde iban a ser retenidos”, una versión que según Guevara han ratificado las mismas personas que fueron arrestadas.
Considera que hubo fallos en el proceso y que a su padre se le hizo responsable como “participe necesario” de unos delitos que, en ese momento, no sabía que se estaban produciendo.
“Yo no voy a decir que no hay responsables de crímenes atroces de la dictadura, pero en estos procesos no se ha separado la paja del trigo. Se ha puesto a todos en la misma bolsa y se ha entregado a las víctimas de la dictadura, en muchos casos, culpables que no lo son”, subraya.
Critica, además, que la justicia haya impuesto pesadas penas a quienes, como su padre, ocupaban mandos bajos o intermedios; mientras que, por ejemplo, el brigadier general Orlando Ramón Agosti, parte de la cúpula militar de la dictadura, solo cumplió tres años y nueve meses de cárcel.
“Estoy plenamente convencido -asegura- de que nuestro reclamo tiene pies y cabeza, no pedimos nada que la Comisión no haya hecho antes, solo pedimos el estricto respeto a los derechos humanos”.
Los familiares, entre los que había más miembros de Puentes para la Legalidad e integrantes de la Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia, solicitaron a la Comisión que mantenga abierta la puerta del diálogo y que vuelva a reunirse con ellos, algo que llevaban reclamando desde 2014.
En la cita, según Guevara, participaron, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y los comisionados Luis Ernesto Vargas y Joel Hernández; mientras que la delegación del Estado argentino estuvo liderada por su embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Paula María Bertol.
DEBERÁ RESPONDER POR LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO Y CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO DE LOS PRESOS POLÍTICOS
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia hace saber a sus socios y amigos, así como también al público en general, que ha sido convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una reunión de trabajo, para tratar cuestiones vinculadas con el tema relativo a “Personas mayores privadas de libertad – los casos de acusación por lesa humanidad”.
Dicha reunión tendrá lugar el próximo miércoles 3 de octubre en el Salón “Seminar 421”, en Wolf Law Building, University of Colorado Law School, ubicado en 2450 Kittredge Loop Road, Boulder, Colorado, Estados Unidos.
Esta es la primera vez que la CIDH responde positivamente a las innumerables denuncias y peticiones presentadas por nuestra Asociación a lo largo de casi diez años y que, en un hecho sin precedentes, los imputados por los llamados delitos de lesa humanidad serán escuchados en su condición de víctimas del Estado.
Por nuestra parte hemos resuelto aceptar la convocatoria, no obstante el marco muy acotado establecido por la CIDH como objeto de la reunión.
A este último respecto, hacemos saber que las normas impuestas por la CIDH no permiten que las entidades convocadas a una reunión de trabajo como esta incursionen en temas no incluidos en los específicamente señalados como objeto de la convocatoria. A sabiendas, pues, de que nuestra ponencia no podrá agotar el repertorio de los gravísimos ilícitos cometidos por el Estado argentino en perjuicio de las personas vilmente sometidas a los llamados “juicios de lesa humanidad”, hemos entendido que aun así es conveniente no dejar pasar esta oportunidad para ser escuchados.
Es obvio que ello no será obstáculo para que continuemos sosteniendo contra viento y marea que, más allá de los agravios humanitarios causados por los sucesivos gobiernos a los que con propiedad consideramos presos políticos, la causa principal de lo acaecido en la Argentina ha sido y continúa siendo la violación sistemática, continuada y profunda por el Estado argentino del orden jurídico en sus principios más básicos y universales, cuya herramienta han sido y son esos infames “juicios de lesa humanidad”.
El doctor Alberto Solanet, junto al doctor Ricardo Saint Jean y la doctora María Laura Olea se aprestan para viajar a Estados Unidos, donde se reunirán con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudadde Boeulder, estado de Colorado y allí exponer y denunciar las flagrantes violaciones de las garantías fundamentales a las que son sometidos los detenidos por delitos de lesa humanidad. Por vez primera, la CIDH accedió a recibir a las asociaciones defensoras de los detenidos. Para examinar un problema que ha superado una década, convocó a representantes de dos de esos grupos, Justicia y Concordia y Puentes para la Legalidad, y a un delegado del gobierno. La reunión tendrá lugar el próximo miércoles 3 de octubre a las 19 horas, en el Salón Seminar 421 del Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado donde tendrán 45 minutos para informar y evidenciar la problemática. El doctor Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, dejó sus impresiones ante el diario La Prensa.
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– ¿Qué pedirán a la CIDH y por qué acudieron a ella?
– La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, así como otras tantas entidades, viene reclamando hace muchos años ante las autoridades nacionales por la ilegalidad tanto de la génesis como del desarrollo de los procesos judiciales en los que se investigan hechos ocurridos hace cuarenta años. Estos esfuerzos han sido infructuosos y con enorme pesadumbre hemos tenido que recurrir a un organismo internacional a denunciar a nuestro propio Estado por la violación de las garantías fundamentales y la grave discriminación, ya indisimulable, a la que son sometidos los imputados en los procesos por los denominados delitos de lesa humanidad. La CIDH nos ha citado a esta reunión de trabajo con el Estado, aunque limitando el tema al tratamiento de la violación de los derechos humanos de los detenidos mayores de 65 años de conformidad con la Convención Interamericana para la protección del DDHH de las Personas Mayores, recientemente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno. De este modo celebramos esta convocatoria, pero asistiremos conscientes de que la denuncia deberá circunscribirse al rechazo de las prisiones domiciliarias de ancianos y enfermos, que ha llevado a la vergonzosa cifra del fallecimiento de casi medio millar de imputados, y a las arbitrarias denegatorias de excarcelaciones como también a las prisiones preventivas excedidas en el plazo máximo de duración que fija la ley, 3 años. Con relación a esto último llevaremos a conocimiento de la CIDH la escandalosa estadística que indica la existencia, exclusivamente en respecto de este sector vulnerable, de prisiones preventivas que superan los 10 años sin sentencia.
– ¿Es posible que el Estado argentino no pueda resolver este tema? ¿A qué lo atribuye?
– El Estado argentino no ha querido resolver este tema. No se atreve. Hacer lo correcto requiere mucho coraje. Desde el gobierno de Néstor Kirchner se ha impuesto la llamada política de derechos humanos como “política de Estado”, en palabras del ex presidente de la Corte Suprema, que demolió el derecho y dio comienzo a una feroz persecución penal contra quienes defendieron al estado contra la invasión terrorista durante la guerra que padecimos en los años 70. Como consecuencia de ello hay más de 2000 presos políticos y ya 460 muertos en cautiverio. El injusto encarcelamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales se extendió también a civiles, sacerdotes, funcionarios, jueces y periodistas. Indudablemente para llevar adelante esta política de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos que, sumisos a los dictados y presiones del gobierno, dictaron fallos que constituyen gigantescos prevaricatos, sentando doctrinas que les resultan difíciles de revertir sin reconocer la arbitrariedad y absoluta ilegalidad que las inspiró. Esta “política de Estado” también abarca la tergiversación de la historia reciente de nuestro país y el consiguiente engaño a las nuevas generaciones a través de un relato, como parte de una estrategia que trasciende el hecho concreto de aquel conflicto armado para alcanzar todo el ámbito cultural. Lo que señalo no significa desconocer la ocurrencia durante esos años de violencia de hechos que merezcan reproche. Sin embargo, como dijo Héctor Ricardo Leis (ex integrante de Montoneros) en su libro “Un testamento de los años 70”: “La memoria mal resuelta se traduce en resentimientos de fuerte potencial destructivo para el futuro de la comunidad política”; “la justicia que no se subordina a la verdad está lejos de serlo, por el contrario, crea más enemistad en el interior del cuerpo político…”.
– ¿Es la primera vez que la CIDH recibe a una entidad defensora de los llamados presos políticos?
– Sí. Se trata de un hecho inédito, pues por primera vez los acusados por los llamados delitos de lesa humanidad van a ser escuchados por la CIDH en su condición de víctimas del Estado.
– ¿Quiénes acuden a la cita?
– Fue citada la Asociación que presido y me acompañarán en esta ocasión dos abogados penalistas prestigiosos, integrantes de la mesa directiva. Los doctores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, quienes tendrán a su cargo sostener las denuncias contra el estado argentino por violación a las normas del debido proceso. También fue citada Puentes para la Legalidad, una asociación constituida por los hijos y nietos de estos presos políticos que vienen luchando con enormes esfuerzos y sacrificios en defensa de los derechos humanos de sus padres a quienes ven morir encerrados en las cárceles sin poder acceder a un juicio justo y respetuoso del debido proceso legal.
– ¿Qué significa que hayan decidido recibirlos? ¿Qué expectativas hay sobre esta reunión?
– Para nosotros importa una enorme responsabilidad, llevar con esperanza la voz de quienes hace más de una década viven en un grito silencioso que nadie ha querido escuchar hasta ahora. Esperamos que se abran las puertas a un diálogo fecundo a través del cual se encuentre una solución para la restitución del Estado de Derecho, el reencuentro, la concordia y la paz que tanto necesitamos como Nación.
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia pretendía constituirse como “amiga del tribunal” para apoyar el pedido de prisión domiciliaria del prisionero Tadeo Bettolli, condenado en dos causas por delitos de lesa humanidad, procesado en una tercera y a la espera del juicio oral en otra. En julio pasado, la jueza Zunilda Niremperger le revocó el beneficio que le había concedido el Tribunal Oral de Resistencia.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia decidió no hacer lugar al pedido de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de intervenir como “amiga del tribunal” a favor del exoficial de Inteligencia del Ejército, Tadeo Bettolli, de 72 años, quién se encuentra detenido en la cárcel federal de Campo de Mayo cumpliendo dos condenas por delitos de lesa humanidad, procesado con prisión preventiva en el tercer tramo de la causa Caballero y a la espera de un tercer juicio oral por la desaparición de un dirigente de las Ligas Agrarias del Chaco.
La resolución fue dictada el jueves 13 de septiembre y lleva las firmas de los jueces José Luis Aguilar, Rocío Alcalá y el conjuez Simón Getzel. Vale recordar que, en julio pasado, la titular del Juzgado federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, revocó la prisión domiciliaria que el Tribunal Oral Federal de Resistencia le había concedido a Bettolli un mes antes, más precisamente el 22 de junio pasado.
Los abogados Alberto Solanet, Gerardo Palacios Hardy y Carlos Bosch, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, solicitaron que se les confiera intervención en la condición de “amigos del tribunal” en defensa de los derechos de José Tadeo Luis Bettolli y declararon que no habían recibido del mismo ningún financiamiento ni ayuda económica y que el resultado del litigio no representaba directa ni indirectamente beneficio patrimonial alguno para esa entidad.
En sus fundamentos, los camaristas advirtieron que el imputado Bettolli se encuentra “debidamente asistido técnicamente” y que la mencionada Asociación no logró acreditar que sea “una persona física o jurídica con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito”.
En nombre de nuestra asociación, cuyo objetivo es luchar por la vigencia de la justicia y la concordia, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a V.E. por su carta publicada en La Nación. Sus términos testimonian el compromiso con la verdad, pues nada es mas cierto que su denuncia acerca de la situación que viven los detenidos por delitos de “lesa humanidad” que resulta, como usted afirma, una vergüenza para la República, víctimas de una discriminación “nunca vista en democracia”, como lo expresa con toda claridad, cuya responsabilidad inmediata le cabe a jueces corruptos que actuaron sumisos al poder político. Estos Jueces y la Corte Suprema de Justicia, para posibilitar esta política denominada de “Derechos Humanos”, demolieron la justicia en la argentina, arrasando con los principios mas básicos del Derecho y contaron, ciertamente , con el silencio cómplice de gran parte de la dirigencia nacional.
Nada es más cierto también, que la manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia. Como consecuencia de esta obra siniestra hay más de 2000 presos políticos y ya 450 muertos en cautiverio, olvidados de la sociedad. La voz de la Iglesia debe estimular a quienes gobiernan la república para que cumplan acabadamente con la obligación de proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista. Quiera Dios que el ejemplo de VE cunda y sirva para deponer falsos temores y propalar la verdad, lo que ayudará, sin duda, a suturar la llaga que divide a los argentinos.
Que Dios lo guarde y la Virgen de Lujan lo proteja en el ejercicio de su sagrado Ministerio. Lo saludamos cordialmente
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia adhiere e invita a sus socios y amigos al acto que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de Abril, a las 19hs. frente al Palacio de Tribunales, para manifestar nuestro repudio a los jueces prevaricadores pertenecientes a la Justicia Federal, responsables de los juicios ilegales que mantienen en injusta prisión a los acusados de delitos llamados de “lesa Humanidad”
“El Foro de Convergencia Empresarial presento un documento denominado“El rol del Estado y el buen gobierno republicano”. Si bien cabe ponderar el esfuerzo, es necesario señalar que entre las materias que se consideran Políticas de Estado, se omite consignar la defensa nacional, como parte de esas prioridades.
Ningún país importante deja de lado este asunto – menos debería el nuestro invadido por el narcotráfico-, que supera el control que puedan ejercer las fuerzas de seguridad-lleno de potencialidades naturales, extenso con vasto litoral marítimo, capaz de dotar de alimentos a gran parte del mundo, y hoy a merced de quien lo quiera depredar.
La defensa nacional debe ser preocupación de todos nosotros y para su vigencia es necesario contar con fuerzas armadas eficientes. Hoy prácticamente no existen, en virtud de un plan sistemático de desguace al que han sido sometidas, que, si bien no se inició con este gobierno, podemos afirmar que para este ha sido una prioridad.
Esta gravísima realidad no puede ser soslayada en un foro que tiene el encomiable propósito de colaborar en la reconstrucción de la República.” (sic.) Alberto SOLANET. TIEMPO MILITAR Julio 2015. Este no es el fin de la cita, hay un último párrafo que reservamos para expandirlo en virtud de su importancia para recuperar nuestras capacidades para la Defensa Nacional.
EL ESTADO FALLIDO
Si ningún país importante como es el nuestro deja de lado proveer a la defensa común, como también lo prescribe nuestra Constitución Nacional, surge sin lugar a dudas que omitir esa prevención, nos deja a merced de las nuevas amenazas -el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado-que van demoliendo los cimientos mismos de la Nación hasta convertirla en un Estado Fallido.
LAS DOS COLUMNAS DEL CRISTIANISMO
Si las dos columnas donde se asienta el cristianismo son las Bienaventuranzas y Mateo 25, bastaría con releer en Mateo las parábolas que sintetizan el deber ser del comportamiento humano que prioriza la prevención y condena el descuido y la hipocresía, para discernir qué rumbo llevamos.
COMO PREVENIR LA DISOLUCION DEL ESTADO
Si queremos volver a ser la Nación bendecida por Dios y permanecer bajo su protección como fuente de toda razón y justicia, tenemos que respetar nuestras tradiciones y el legado de nuestros próceres civiles y militares Constructores de la Patria, con el mismo espíritu y la misma Fe puestos en cuanta amenaza supimos enfrentar y derechos defender, al límite de las capacidades y hasta perder la vida. El video sobre la Batalla de Malvinas librada en 1982 es un testimonio histórico de esa fidelidad y esos valores. (*)
Con ese propósito tenemos que cumplir cada uno desde su posición los postulados del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, comenzando por reconstituir la UNIÓN NACIONAL, AFIANZAR LA JUSTICIA y PROVEER A LA DEFENSA COMÚN, para lograr los objetivos fundamentales de toda Nación Justa, Libre, y Soberana: SEGURIDADy DESARROLLO.
DIRECTRICES PROPUESTAS PARA LOGRARLO
Con la premisa de que no se puede rehacer de la noche a la mañana una situación desfavorable potencialmente grave, y habida cuenta de transitar los últimos tramos de la nueva compulsa electoral 2015, proponemos comenzar por ejercer nuestra condición de ciudadanos apoyando a los candidatos a ocupar la presidencia de la Nación que se dispongan a cambiar la actual situación de crisis política, económica, y defensiva “creada por un modelo sustentado en la confrontación permanente y en la lógica amigo-enemigo.”
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Dicha lógica es la madre del estado de guerra interno y externo que vivimos, clima hostil que nos enfrenta a una doble amenaza, la primera el terrorismo en todas sus vertientes y la segunda la militarización del área de las islas Malvinas que el Gobierno inglés realiza preventivamente por la amenaza eventual que representa la construcción e instalación de la base satelital china en Neuquén dirigida por un general en actividad perteneciente al Ejército Popular de Liberación Chino. (**)
Esta doble amenaza presupone adoptar los recaudos para disuadirla y enfrentarla mediante la debida preparación y el despliegue operacional tanto de las FFAA como de las FFSS y FFPP, acciones que no se llevan a cabo en ninguno de los frentes ,– en el caso de las amenazas externas de fuerzas iguales uniformadas, por la absoluta obsolescencia y precariedad del equipamiento existente en las FFAA y en el caso del narcotráfico por la falta de un empleo conjunto de todas las Fuerzas a disposición como lo prescribe la Ley 23554/88- y esto simplemente porque en su artículo 4°, dispone que se debe diferenciar la Defensa Nacional de la Seguridad Interior.
Esta concepción dualista de la defensa, a la luz de la cambiante naturaleza de la guerra, que ya no se libra solamente en los campos de batalla de los teatros de operaciones convencionales, sino que se desarrolla en el seno de las sociedades agredidas por elementos que atraviesan nuestras fronteras, resulta una discusión bizantina que conduce a la indefensión y la inseguridad del Estado frente a estas amenazas, como es el caso del narcotráfico y del narcoterrorismo cuyo origen es claramente externo.
La misma Ley dispone en su Art.2°: “La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la Soberanía e Independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.”
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LA CARTA DEL ADIÓS
El formoseño Ramón Acosta fue un gendarme que dejó su vida en las islas. Ni siquiera llegó a despedirse de su hijo. Sólo pudo hacerlo desde el archipiélago, con unas líneas escritas tras un ataque británico. Hoy, Diego Acosta, que pronto será papá, lo evoca desde Puerto Deseado.
Malvinas, 2 de junio de 1982.
Querido hijo Diego:
¿Qué tal muchacho? ¿Cómo te encuentras?
Perdoname que no me haya despedido de ti, pero es que no tuve tiempo, por eso te escribo, para que sepas que te quiero mucho y te considero todo un hombrecito y sabrás ocupar mi lugar en casa, cuando yo no estoy.
Te escribo desde mi posición y te cuento que hace dos días iba en un helicóptero y me bombardearon, cayó el helicóptero y se incendió. Murieron varios compañeros míos, pero yo me salvé y ahora estamos esperando el ataque final.
Yo salvé a tres compañeros de entre las llamas. Te cuento para que sepas que tienes un padre del que puedes sentirte orgulloso y quiero que guardes esta carta como un documento, por si yo no vuelvo, o, si vuelvo, para que el día de mañana, cuando estemos juntos, me la leas en casa.
Nosotros no nos entregaremos, pelearemos hasta el final y, si Dios y la Virgen permiten, nos salvaremos.
En estos momentos, estamos rodeados y será lo que Dios y la Virgen quieran. Recen por nosotros y fuerza. Hasta la victoria final.
Un gran abrazo a tu madre y a tu hermana, cuidalas mucho, como un verdadero Acosta.
Estudiá mucho.
Papá.
No hubo reencuentro para el sargento ayudante Ramón Gumercindo Acosta y su hijo.
El gendarme, que heroicamente había sobrevivido al ataque del 30 de mayo de 1982, cuando estalló el helicóptero Puma donde se desplazaba con una patrulla, dejó su vida el 10 de junio, cerca de las 11, en proximidades del Monte Dos Hermanos y a raíz de un proyectil de mortero.
Murió muy lejos de la formoseña colonia Santa Rosa, donde había nacido el 13 de enero de 1940. Estaba casado con Virginia Quiñonez, con quien tuvo dos hijos: Sandra, hoy de 42 años, y Diego, de 45.
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La visión de quien contribuyó con su prédica al derrumbe del muro de Berlín y a la unión de las dos Alemanias, lo llevo a prevenir al mundo contra lo que a la postre resultaron las llamadas NUEVAS AMENAZAS:
“Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Juan Pablo II.
La Iglesia viene alertando en los últimos años sobre el avance del narcotráfico y en 2013 difundió un documento advirtiendo que:
“si la dirigencia no toma medidas, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar las mafias del narcotráfico”.(***)
Esta situación nos imponesalir del estado de indefensión que es impropio de los estados soberanos, mediante la reorganización y conducción a nivel político de las FFAA, que tienen por misión constitucional la defensa nacional adecuándolas, jurídica, doctrinaria y tecnológicamente a las nuevas amenazas, cumpliendo con la Constitución y la Ley vigente con la enmienda de su artículo 4° por otro que ponga de resalto la necesidad de unCONCEPTO INTEGRADOR DE LA DEFENSA NACIONAL
Atentos a la gravedad de la situación someramente descripta, las propuestas sugeridas en el marco de la C.N., podrán ser simultaneas o no con las medidas iniciales de cambio con equidad y justicia social a tomar por el nuevo gobierno, pero nunca desconocidas ni postergadas para cuando “se pueda” porque la política, cuando se trata de losintereses nacionales, de la vida, el honor y la fortuna de los argentinos, no es el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo que es necesario.
Julio 2015,Comodoro (R) Esteban Cavallero
SI QUEREMOS PAZ Y DESARROLLO NECESITAMOS PROTEGER NUESTROS RECURSOS NATURALES Y DISUADIR LAS AMENAZAS DEL ENEMIGO INTERNO Y EXTERNO CAPACIDADES QUE HOY
BRILLAN POR SU AUSENCIA.
EL DESARROLLO ES FRUTO DEL TRABAJO Y LAS INVERSIONES GENUINAS QUE NO PROSPERARAN EN UN CONTEXTO DE
INDEFENSION E INSEGURIDAD
EL ESPIRITU LIBERTADOR DE SAN MARTIN Y BELGRANO QUE SIMBOLIZAN LA BANDERA DEL EJERCITO DE LOS ANDES Y LA BANDERA NACIONAL
Mariano De Vedia publicó en La Nación su comentario acerca de la situación de beneficio humanitario que recibió el ex Canciller (Ultra Kirchnerista?) Héctor Timerman y el trato amoral de aquellos ex uniformados y civiles acusados por los mal llamados casos de lesa humanidad. Claudio Kussman ofrece aquí también, su parecer.
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Tras el caso Timerman, militares detenidos piden un trato similar
La intervención del Gobierno por el excanciller reaviva los reclamos de familiares
Por Mariano De Vedia para el diario La Nación.
Los esfuerzos del Gobierno, que intercedió para que la Justicia otorgara la libertad al excanciller Héctor Timerman por razones humanitarias, para que pueda someterse a un tratamiento médico en Estados Unidos reavivaron los reclamos de los familiares de militares mayores de 70 años y enfermos, que enfrentan presos -en muchos casos sin condena- los procesos en causas de lesa humanidad.
“Mi padre no tuvo ese beneficio. Murió a los 91 años, en silla de ruedas, con cáncer, mal de Alzheimer y una crisis cardíaca, mientras el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata le negaba la detención domiciliaria por peligro de fuga”, objetó el abogado Ricardo Saint Jean, al recordar el caso de su padre, el general Ibérico Saint Jean, fallecido en prisión en octubre de 2012.
Unos 168 militares, policías y civiles mayores de 70 años están detenidos en unidades penales, y se les niega la detención domiciliaria, denunció a LA NACION el abogado Saint Jean. De ellos hay 11 que tienen entre 80 y 89 años.
Según datos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, los militares y el personal de seguridad implicados en causas de lesa humanidad ascienden a 2229, de los cuales 428 fallecieron. “En muchos casos, por falta de atención a su salud”, describió su presidente, Alberto Solanet.
Si bien la situación llegó a su máxima tensión durante el gobierno de Cristina Kirchner, 88 fallecieron desde que asumió Mauricio Macri. La Unión de Promociones, una asociación civil creada en 2005 tras la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, los considera “muertos en cautiverio”.
Procesos extensos
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a fines de diciembre se contabilizaban 1038 detenidos y 1305 imputados en libertad. Al margen de los fallecidos, hay 37 prófugos.
El promedio de edad de los militares presos es de 74,6 años y se estima que más de 340 permanecen con prisión preventiva por más de seis años, cuando el tiempo máximo previsto en el Código Penal es de dos años. El exoficial de inteligencia Juan Carlos Rolón, que integró los grupos de tareas de la ex-ESMA, cumple prisión preventiva desde hace 16 años.
“En diciembre pasado concluyó su tarea el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, creado por las Naciones Unidas para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la Guerra de los Balcanes. A lo largo de 24 años condenó a 90 responsables de genocidio, crímenes de guerra y otros delitos de lesa humanidad e interrogó a 5000 testigos. Acá, más de 2200 militares pasaron por procesos que juzgan hechos de hace más de 40 años y todavía sigue”, se lamentó el abogado Saint Jean.
El letrado señaló casos preocupantes, como los de 11 suboficiales que hace seis años esperan un juicio y dos cabos que “fallecieron en prisión mientras la Justicia trataba de dilucidar a cuál de los dos le decían Pajarito”, precisó Saint Jean, defensor de varios militares investigados por delitos de lesa humanidad. A diferencia de otros casos penales, los militares detenidos en dichos procesos -aunque no tengan condena- no acceden a beneficios procesales, como salidas transitorias y libertad condicional, y tampoco se les permite trabajar en la cárcel.
“A los pocos que acceden a la detención domiciliaria se les abren procesos por nuevos casos y nunca terminan de acceder al beneficio”, ejemplificó Saint Jean, al diferenciar los casos de los militares de otros procesados, como el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, quien había sido enviado a la casa de su hija, y el propio Timerman.
El 2×1
Respecto del fallo de la Corte Suprema que otorgó el cómputo del 2×1 al represor Luis Muiña, en mayo de 2017, Saint Jean estimó que la Cámara Federal y los jueces lo desconocen. “Aplican a rajatabla la jurisprudencia de la Corte en otros temas, como la eliminación de la prescripción y la amnistía en los delitos de lesa humanidad, pero ese fallo del 2×1 no lo consideran”, precisó.
A partir del caso Muiña hubo 118 planteos para lograr la aplicación del 2×1, a través del reclamo de la excarcelación o de un nuevo cómputo de la pena.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que existen 593 causas en trámites. De ellas, 278 están en etapa de instrucción, 200 obtuvieron ya sentencias, 17 se encuentran en juicio y 98 con elevación a juicio. De las 200 sentencias, unas 135 están en instancia de revisión.
De los imputados por delitos de lesa humanidad hay 856 condenados, 701 procesados, 524 imputados, 26 indagados y 37 prófugos. Además hubo 499 fallecidos, 62 sobreseídos, 110 absueltos y 164 con falta de mérito.
Presos por delitos de lesa humanidad
168
Unos 168 militares, policías y civiles mayores de 70 años están detenidos en unidades penales y no acceden a la detención domiciliaria
1038
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad contabilizó a fines de diciembre 1038 detenidos y 1305 imputados en libertad
Plazos
El mismo organismo fiscal estimó que el promedio de tiempo en la tramitación de causas de lesa humanidad es de 5,5 años para las que tienen sentencia firme y de 4,4 años para las causas en trámite, a partir del requerimiento de elevación a juicio. No se computan las que están en etapa de instrucción y las archivadas
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Respondiendo al señor Mariano De Vedia
La guerra perdida
Por Claudio Kussman
La guerra contra el terrorismo de los años 60 y 70 se perdió. Sé que puede sonar cruel esta frase pero es la realidad que no se quiere reconocer, disimulándola en círculos cerrados ya que los medios no se hacen eco, con palabras como heroísmo, sacrificio, honor, patria, etc. Lo hechos así lo demuestran, hoy el país está anarquizado y dividido por una profunda grieta que no cierra. Se impone un relato sesgado de los dramáticos hechos vividos en los años de plomo y los que defendieron al país y muchos que no lo hicieron, están muriendo en prisión.
Sometidos a una justicia que no es tal, con jueces que actúan como delincuentes asesinos, manteniendo tras las rejas gente de avanzada edad y graves enfermedades. Allí, no hay razones humanitarias que valgan. Mientras los políticos DE TODOS LOS COLORES, se hacen los ciegos, sordos y mudos, al igual que la iglesia y el mismo periodismo.
Ni hablar de amplios sectores de la sociedad que hipócritamente aclaman a esos terroristas que en el pasado pedían se les diera muerte. Las fuerzas, vista el uniforme que vista, perdieron su mística. Huyen de quienes estamos en prisión ante el temor de perder sus prebendas en caso de estar en actividad, o ser involucrados si son retirados y fueron miembros activos durante los gobiernos militares. Nosotros, para ellos somos leprosos, mientras siguen repitiendo palabras huecas como: “Dios, Patria o Muerte” y “¡o juremos con gloria morir!”.
Los terroristas del pasado mutaron en jóvenes idealistas, fueron indemnizados, ocupan cargos gubernamentales y tienen acceso a los medios de comunicación casi sin límite para seguir adoctrinando con su relato. Lo propio hacen en los centros de educación de todos los niveles. Para ellos su guerra no terminó en el siglo pasado, continuó y hoy está más vigente que nunca, con nuevas generaciones que supieron formar. Seguramente nada de esto será gratis para la sociedad de este territorio llamado Argentina.
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 17, 2018
“La guerra es una masacre entre gentes que no se conocen,
para provecho de gentes que si se conocen pero que no se masacran”.
Otra Navidad en la cárcel y ello se sufre, los años que pasan no producen acostumbramiento, máxime cuando su encierro obedece a una tremenda injusticia y son víctimas de una política de odio y venganza. Si bien son más de 2000 los presos políticos, y ya han muerto 430 en cautiverio, hay un caso por demás emblemático, el del doctor Jaime Smart, de 83 años, persona íntegra, perseguido porque no le perdonan haber pertenecido a la Cámara Federal en los años 70, donde demostró todas sus capacidades de juez probo y exigente en el cumplimiento de los derechos y garantías para con los terroristas detenidos, por más aberrantes que fueran los crímenes cometidos. En tres oportunidades le fue concedida la prisión domiciliaria, pero siempre, a último momento, un juez corrupto se lo impidió inventando una nueva causa, agregando una tortura adicional a este sufrido patriota.
Alberto Solanet
*El doctor Solanet es miembro activo de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia.
Advierten sobre abusos de la prisión preventiva. El Colegio de Abogados de la Ciudad propuso reglamentar las causales.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a través de un comunicado de su titular, Guillermo Lipera, realizó una advertencia sobre el abuso del recurso de la prisión preventiva, una medida que se aplicó recientemente con cierta polémica en los casos de Julio De Vido y Amado Boudou.“A fin de evitar abusos de discrecionalidad judicial que afecten el principio de legalidad penal y la división de poderes, los recientes hechos de público conocimiento plantean la necesidad de reanalizar los límites de la restricción de la libertad durante el trámite del proceso”, dejó saber Lipera.
Dr. Guillermo Lipera Dr. Martín Irurzum
La entidad expone allí que como principio rector rige la libertad del imputado durante el desarrollo del proceso penal. La privación de la libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental y cautelar. En las últimas semanas el tema de la prisión preventiva se transformó en una cuestión de debate jurídico porque empezó a utilizarse en forma más frecuente a partir de un fallo del camarista Martín Irurzun. En un fallo que sentó una jurisprudencia más flexible para aplicar la prisión domiciliaria, Irurzun, con el acompañamiento de su colega Leopoldo Bruglia, dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar un “escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito”.
En este sentido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó que “la prisión preventiva es una grave restricción a la libertad personal, pues implica una detención sin condena que sólo podrá ser admisible si se fundamenta debidamente en que el imputado intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecerá la investigación”. A partir de ese diagnóstico, la institución señaló “la necesidad de que el Congreso de la Nación reglamente las causales que, objetivamente, puedan configurar los supuestos de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, para lo cual deberá ponderar no sólo la ley procesal, sino también la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos, en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
La Ley y el temor. Cuando “La Justicia” Obstruye a la Justicia.
En agosto de este año, el titular de Justicia y Concordia, Alberto Solanet, deslizó su descontento con la actuación del Colegio de Abogados respecto a la verdadera tragedia que viven más de 2.000 presos políticos encerrados ilegalmente, víctimas de una política de persecución sistemática originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y de los jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como ustedes saben, 418 presos ya han muerto en cautiverio, de los cuales los últimos 77 corresponden al período que lleva andado el nuevo gobierno.
No me corresponde decir que actitud ha tomado hasta ahora el Colegio de Abogados, pero es sorprendente que no se hayan percatado de presos que bajo la nube de lesa humanidad deambulan por los pasillos de las cárceles argentinas con cinco, diez o más años de prisión preventiva. Tal vez estos, poseedores del mote de sub-raza, tengan una Constitución Nacional aparte. No soy abogado, pero de serlo, estaría al tanto de algunas leyes y derechos.
Es curioso que los elementos recurrentes para imponer una prisión preventiva son el peligro de fuga o el entorpecimiento de una investigación. En el caso que me afecta como hijo de un prisionero de esta categoría, mi padre se presentó voluntariamente ante la justicia, así haya sido un rumor que un pseudo-periodista quiso implantar para inculparlo. Decenas de pedidos de indagatorias con interrogatorio de fiscales de la causa y careos fueron solicitados por nuestros representantes legales y también por derecho propio. Nunca respondidos, lo que lleva a una sola conclusión: Es el Poder Judicial quien está en fuga y el mismo Poder quien obstruye la investigación.
Dr. Alberto Solanet Dr. Germán Garavano
Habiendo mencionado esto, siempre es más impactante sacar un comunicado cuando se trata de estrellas del rock and roll político argentino. Si es solo una estrategia para que abarque a todo ciudadano y se hace lentamente y en silencio, es otra desilusión más que cae sobre nosotros desde lo más alto de la función de abogado, que debería hacerlo a gritos, ya que tienen a la ley de su lado.
Algunas instituciones parecen estar -después de más de una década- despertando, pero siguen encerrados en una creativa destrucción. Tenemos el control automático puesto para contestar preguntas con preguntas. El Ministro Garavano (Para tratar de sortear la prisión preventiva de Milagro Sala) señalo: ¿Qué pueden entonces decir los militares, que tienen cinco o seis años de preventivas vencidas? Se dice que ningún abogado debe lanzar una pregunta sin conocer la respuesta. En este caso, aclarada la situación, la pregunta sería: ¿Entonces, Germán? ¿Comenzamos a respetar la Ley o nos acobardamos ante las hordas militantes?
A las 18 horas del día 22 del corriente, momento del cierre de urnas electorales, subiremos esta nota sobre la señora Carrió. Más allá de su errónea verborragia de los últimos días, en el caso Maldonado, Imagino que se habrá impuesto por amplio margen en las elecciones. Lo propio con “Cambiemos”, si se cumplen las encuestas. Esto traerá a la mayoría de los prisioneros adultos mayores y sus respectivas familias, alegría y nuevas esperanzas de cambio, como así también a gran parte de la sociedad. Justamente por respeto a ellos no publicamos antes esta nota. De no imponerse por amplia mayoría se habrá dado un paso más hacia el abismo, de cuyo borde es tan difícil alejarse. Con mi familia no votamos y nuestras expectativas, son nulas. Lo concreto y palpable, es que ningún funcionario responde a nuestras peticiones, las muertes de prisioneros se suceden igual que siempre y sigo entrampado como otros muchos, en este mundo paralelo de sombras, en donde la justicia no se deja ver.
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Por supuesto, la doctora Carrió tiene otra teoría sobre el estado de los restos del creador de un ratón que habla. Todo es posible.
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Con respecto a esta influyente diputada, las experiencias que tuvimos con mi familia han sido lamentables por sus crueles mentiras. Aclaremos que en eso, no se diferenció ni diferencia del resto de los políticos. Antes que nosotros ya habían recurrido a ella mujeres luchadoras como la Dra. María Monguillot, Ana Barreiro, y el doctor Alberto Solanet, quienes nos habían advertido, al igual que la doctora Andrea Palomas Alarcón sobre “la Lilita”. Como la experiencia no se trasmite, igual lo intentamos. Hoy advierto a amigos esperanzados que planean ir a verla. Lo hago sin éxito, porque como lo expresara, la experiencia no se trasmite.
PRIMER CONTACTO PERSONAL 31/05/2015
Mi esposa viaja a SANTA TERESITA donde la entrevista exponiéndole sobre mi situación. CARRIÓ manifiesta tener conocimiento de los abusos cometidos por el gobierno del “vamos por todo” y que de ganar MACRI las elecciones, este tenía la gente preparada para la revisión de causas. Que quede tranquila, que están trabajando.
Me dedica un ejemplar de “HUMANISMO Y LIBERTAD” escrito por ella con un dulce y cristiano texto que dice: “UN BESO GRANDE PARA CLAUDIO LLEVA CON DIGNIDAD EL PESO DE LA CRUZ”. María se quiebra hasta las lágrimas y “LILITA” la contiene tomándola de las manos. Pasa el tiempo se le envía cartas que no son respondidas. Si mi fin está en un féretro arrojado frente a la casa de gobierno ese libro que iba a tirar a la basura, me acompañará.
SEGUNDO CONTACTO PERSONAL 06/12/2016
FABIAN viaja de Orlando a MIAMI, donde la entrevista gracias a la mediación del periodista AGUSTIN RANGUGNI, propietario de TV Radio Miami. Destaco el gesto y apoyo de este excelente y valiente profesional de los medios, por quien sentimos verdadero respeto, gran aprecio y eterno agradecimiento. Allí vuelve a manifestar sobre el conocimiento que tiene sobre las causas a los adultos mayores y vuelve a repetir: < estamos trabajando>.
Estos términos serian esperanzadores, sino fuera porque el tiempo transcurre y mientras ellos “trabajan y se ocupan” nosotros seguimos muriendo en cautiverio. Al finalizar la entrevista, “LILITA” ordena a su ayudante entregar a FABIAN los números de dos teléfonos celulares para que la llame en treinta días. Motivo de expectativa y esperanza de él, de AGUSTÍN, de mi esposa y mío por supuesto. Estos teléfonos: 011 15 39240925 y 011 15 49513528 nunca fueron respondidos.
CARRIÓ EN IMAGEN Y SONIDO
La mostramos en este breve video a Carrió , cambiando de opinión y dándose vuelta en el aire “como un panqueque” acorde a una sola cosa: su conveniencia personal. Fue Fiscal de Estado de la provincia de Chaco, desde el 1978 a 1980, con el gobierno militar, Diputada por el Chaco (1995-2003) y por la Ciudad de Buenos Aires (2003-2015).
Gracias a nuestra frágil memoria e inmoral forma de ser como sociedad, subsiste a través del tiempo y diferentes gobiernos con gran cantidad de fieles seguidores. ¿Quién dijo que la mentira nunca triunfa?
Claudio Kussman
www.PrisioneroEnArgentina.com
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
@PrisioneroA
Octubre 22, 2017
“Nunca se miente tanto como antes de las elecciones,
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, presentó un escrito ante la doctora Adriana Donato, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, solicitando juicio político a Alejo Ramos Padilla por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
En nombre de nuestra asociación, cuyo objetivo es luchar por la vigencia de la justicia y la concordia, expresamos nuestra gratitud al arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, por su permanente testimonio y compromiso con la verdad, predicada mediante un mensaje claro, “a tiempo y a destiempo” en el ejercicio de su sagrado ministerio. Su carta “Justicia o venganza” expresa con nitidez la tragedia que vivimos los argentinos. Nada más cierto que “la manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia”. Es que en la Argentina se demolió el derecho, que ha sido sustituido por la llamada “política de derechos humanos”, en una obra siniestra originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como consecuencia de ello, hay más de 2000 presos políticos y ya 420 muertos en cautiverio, olvidados de la sociedad. La voz de la Iglesia debe estimular a quienes gobiernan la república para que cumplan acabadamente con la obligación de proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista. Quiera Dios que su ejemplo cunda y sirva para deponer falsos temores y propalar la verdad, lo que ayudará, sin duda, a suturar la llaga que divide a los argentinos.
Alberto Solanet
Presidente
Carlos Bosch
Secretario
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
La carta al diario La Nación de Monseñor Aguer y sus repercusiones.
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¿Justicia o venganza?
En LA NACION del sábado pasado leí que el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a diez ex policías y militares por delitos cometidos durante el Operativo Independencia, en 1975. ¡Cuarenta y dos años después! El título de la noticia expresaba la causa de la condena: “Represión ilegal”. Habrá sido ilegítima, injusta, abusiva, inmoral, pero no ilegal, ya que el mismo escrito recuerda que la presidenta, señora de Perón, “firmó los decretos de aniquilación de las fuerzas subversivas, que dieron origen al operativo”.
La manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia. Un interrogante: ¿por qué el enriquecimiento de los funcionarios del Estado a costa del empobrecimiento del pueblo no ha de considerarse también delito de lesa humanidad? Por lo visto, cuando quiere, la “Justicia” se demora, se distrae o se presta al servicio de los ideólogos.
Héctor Aguer
Arzobispo de La Plata
Colaboración: Dra, Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 20, 2017
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S.E.R. Mons. Héctor Aguer
Arzobispo de La Plata
Excelencia:
En nombre de nuestra Asociación, cuyo objetivo es luchar por la vigencia de la Justicia y la Concordia, expresamos nuestra gratitud por su permanente testimonio y compromiso con la verdad, predicada mediante un mensaje claro, “a tiempo y a destiempo” en el ejercicio de su Sagrado Ministerio.
La carta de su autoría, publicada en el diario La Nación bajo el título de “Justicia o Venganza”, expresa con nitidez la tragedia que vivimos los argentinos. Nada más cierto que“La manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia”. Es que en la Argentina se demolió el derecho, que ha sido sustituido por la llamada “política de derechos humanos”, en una obra siniestra originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como consecuencia de ello hay más de 2.000 presos políticos y ya 420 muertos en cautiverio, olvidados de la sociedad.
La voz de la Iglesia debe estimular a quienes gobiernan la república para que cumplan acabadamente con la obligación de proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista.
Quiera Dios que su ejemplo cunda y sirva para deponer falsos temores y propalar la verdad, lo que ayudará, sin duda, a suturar la llaga que divide a los argentinos.
Nuevamente agradecidos, lo saludamos con afecto en Cristo y María.
No quiero dejar de manifestar por escrito, a fin de que la hagas conocer a los miembros del Directorio, mi absoluta disconformidad con la actuación del Colegio respecto a la verdadera tragedia que viven más de 2.000 presos políticos encerrados ilegalmente, víctimas de una política de persecución sistemática originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y de los jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como ustedes saben, 418 presos ya han muerto en cautiverio, de los cuales los últimos 77 corresponden al período que lleva andado el nuevo gobierno.
Somos todos conscientes de que para llevar adelante esta política se demolió el derecho en sus principios más básicos, como jamás se había registrado en nuestra historia, así como que la persecución odiosa y los absurdos encarcelamientos continúan en el presente. La última detención, ocurrida hace pocos días, fue la del Almirante Rodolfo Luchetta – ¡91 años de edad cumplidos! -, realizada con despliegue circense por el Ministerio de Seguridad de la Nación, cual si se tratase de una banda de narcotraficantes.
Hace un año nos reunimos algunos socios de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia contigo y con miembros del Directorio del Colegio, a los fines de proyectar una acción conjunta con miras de conjurar este escándalo, que avergüenza a nuestra generación. Como primera medida nuestra Asociación aportó un Manifiesto firmado por trece Académicos del Derecho, en el que se denunciaba, sin eufemismos, esta gravísima situación que agravia a la justicia argentina. Quisimos darle la máxima difusión que la materia y la firma de tan destacados juristas merecía, pero el Directorio que presidís, luego de idas y vueltas, negó cualquier clase de participación.
Hace dos meses la Corte, en su nueva composición, luego de doce años de haber incurrido en el más gigantesco prevaricato de la historia, emitió dos fallos ajustados a derecho: el primero, ordenando la prisión domiciliaria de un detenido, en razón de tener más de 70 años; y el segundo – caso “Muiña” –disponiendo la aplicación de la ley penal más benigna. La reacción de los Verbitzky, Carlotto y compañía, así como la de la izquierda más extrema, aturdió a un gobierno tembloroso, el cual, pese a sus continuas protestas de respeto por las competencias de los jueces, promovió y obtuvo en 24 horas la sanción de una ley “interpretativa”. Casi de inmediato, tanto aquella convulsa reacción, cuanto el mamarracho legislativo, merecieron la grave réplica de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas, así como la de otras Asociaciones (incluida ésta que presido). El Colegio de Abogados, en cambio, esperó una semana para emitir un comunicado que, para calificarlo de alguna manera, resultó por lo menos no demasiado explícito.
En el acto frente a Tribunales del último jueves, pergeñado por Enrique Avogadro con la colaboración de Alejandro Fargosi, cuyo objetivo era denunciar el prevaricato, la corrupción y la desidia de los jueces por su público desempeño en casos de pública notoriedad y en los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, estos últimos ni siquiera fueron mencionados, como tampoco lo fueron las miles de víctimas que causó el terrorismo entre nosotros y que hace años vienen clamando por salir de la invisibilidad en que han sido sumidas, también ahora por la actitud complaciente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestra Asociación concurrió al acto llevando el cartel que la identifica y mediante un megáfono hizo escuchar diversas consignas sobre la inmoral conducta de los jueces. Sobre el palco montado o muy cerca de éste pudimos ver a algunos integrantes del Directorio y al mismo Alejandro Fargosi, quienes, cumpliendo un papel claramente protagónico, eludieron cuidadosamente toda referencia a los presos políticos y a las víctimas del terrorismo.
En representación de esta Asociación y en mi propio nombre como antiguo socio del Colegio, deploro francamente la reiterada falta de interés puesta de manifiesto por el Directorio ante la gravísima situación que viven los presos políticos, las víctimas del terrorismo y sus familiares, quienes, como los esclavos de antaño o los pertenecientes a la casta de los parias, no son merecedores de las elementales garantías y derechos que prescribe la Constitución para todos los habitantes de la República.
Creo interpretar de esta forma a una gran parte de los socios del Colegio, que ante situaciones de menor entidad siempre supo colocarse a la vanguardia en la defensa de las instituciones, del orden jurídico y de la justicia, pilares de la República.
Desearía tener confianza en que tanto vos cuanto tus pares en el Directorio sabrán interpretar el sentido de estas reflexiones y hago votos para que así sea, con la ayuda de Dios.
Escribe Alberto Solanet en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Tribunales populares
El doctor Ricardo Lorenzetti, en una conferencia realizada en Madrid, cuestionó el reciente fallo recaído en el caso “Muiña” (conocido como el “2 x 1”) entre otras razones, por no estar de acuerdo en que la decisión obedezca “a mayorías circunstanciales”. Adujo además que “en casos relevantes es muy importante escuchar a la mayor cantidad de partes involucradas y por eso se deben incrementar las audiencias públicas con mucha participación social” (sic), Consideramos de extrema gravedad estas expresiones, vertidas nada menos que por el presidente de la Corte Suprema. La primera afirmación, además de despreciar los votos de los otros ministros que no coincidieron con él, desconoce la esencia de tan trascendente cuerpo colegiado. Por otra parte, le recordamos a Lorenzetti que los fallos en las causas “Arancibia Clavel” y “Simón”, que avasallaron principios liminares del derecho, fueron resultado de “mayorías circunstanciales” y dieron pie a que jueces corruptos, al servicio de una política de venganza y persecución, encarcelaran a más de 2000 presos políticos, de los cuales han muerto 412 en cautiverio. Con la segunda afirmación, Lorenzetti proclama, sin eufemismos, su preferencia por los “tribunales populares”, antítesis de las normas y tradición sobre las que se asienta nuestra justicia.
Alberto Solanet
Presidente Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
El 23 de setiembre del año pasado, la organización Justicia y Concordia le presentó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un detallado reporte/denuncia de 63 páginas en las que con claridad establecía, enumeraba y educaba a esa secretaría sobre las aberraciones jurídicas de las cuales los presos políticos o prisioneros ilegales en Argentina eran víctimas.
El informe fue a parar a las manos del doctor Schapira, quien seguramente, ocupado en otros rompecabezas más importantes, solo esgrimió sobre las facultades reales de esa secretaría de presentarse como querellantes, mientras que los abogados de Justicia y Concordia denunciaban y probaban el desarrollo de los procesos sin las mínimas garantías constitucionales ni merecimiento de los elementales derechos humanos. Ante esta -creo- confusión lingüística, Justicia y Concordia vuelve a elaborar un informe. esta vez en marzo del corriente año, tratando de cubrir posibles malos entendidos o interpretaciones dejadas al azar.
La doctora Andrea Palomas Alarcón nos acerca este nuevo capítulo que podemos leer a la izquierda de esta pantalla.
Nuestra asociación adhiere y estará presente en la manifestación que tendrá lugar mañana frente a los tribunales de Comodoro Py a las 15:00 horas reclamando el cese de la corrupción de los jueces.
DISCURSO DEL DR. ALBERTO SOLANET EN “LA DERECHA FEST” (1)
○
Amigos, seré breve para dar la palabra a nuestro abogado insignia, el Dr. Ricardo Saint Jean.
Hace quince años un numeroso grupo de abogados nos agrupamos y fundamos la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que tengo el honor de presidir. Lo hicimos para enfrentar la brutal violación del orden jurídico, fruto del más gigantesco prevaricato que registra la historia judicial argentina, cometido por la Corte Suprema instalada por el régimen
kirchnerista. Esa Corte rompió el principio de legalidad, cimiento del derecho que rige en todas las comunidades civilizadas desde hace siglos. Su inexistencia nos pone a todos los ciudadanos en libertad condicional, a merced de los poderes de turno. Esta ruptura fue patética. Hago un racconto histórico .Mediante las leyes de punto final y obediencia debida, verdaderas leyes de amnistía, sancionadas bajo el gobierno de Alfonsín, más los indultos presidenciales, de los gobiernos posteriores de Menem y de la Rua, se puso punto final a los procesos derivados de la guerra de los setenta, y del ataque al cuartel de la Tablada. Todos los involucrados incluso las cúpulas del terrorismo guerrillero, quedaron en libertad. Las leyes de amnistía fueron sancionadas por el Congreso en un gobierno democrático y fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema de entonces, lo mismo que los indultos presidenciales. Cabe agregar que el primer apartamiento del derecho se produjo con el juzgamiento de las Juntas militares, la conocida causa 13, bajo un Tribunal Civil y no bajo los jueces naturales, de acuerdo al Código de Justicia Militar entonces vigente, luego derogado bajo ese mismo gobierno.
El Congreso, apenas iniciado el gobierno de Kirchner, sumiso al poder político, casi por unanimidad, resolvió anular las leyes de amnistía en un acto tan infame como absurdo, ya que las leyes no se anulan sino que se derogan. Pero este esperpento tuvo como propósito declarar la inexistencia de esas leyes, con lo que se obviaba la aplicación de la ley más benigna, la cosa juzgada, y en definitiva el principio de legalidad. A su vez la nueva Corte dio la puntada final aprobando las nulidades de las leyes que tiempo atrás habían sido declaradas constitucionales por la propia Corte, consumando así el más brutal prevaricato.
Para los ojos de cualquier argentino de bien, que no esté fanatizado ni corrompido, la demostración más contundente de la barbarie y estado de indefensión jurídica y política en que nos encontramos, la tienen en los llamados juicios de lesa humanidad, promovidos contra militares, miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios, jueces, clérigos y otros, en nombre de los ‘derechos humanos’.
La afirmación de que el derecho desapareció y fue sustituido por una difusa política de derechos humanos no es retórica. Lorenzetti, siendo Presidente de la Corte Suprema, presentó un libro sobre esta materia, en la Facultad de Derecho de la UBA, en presencia de las Madres de Plaza de Mayo, Las Abuelas, el CELS, y como invitado especial el ex Juez Garzón, expulsado por el Tribunal Supremo de España por corrupto. En esa oportunidad dijo Lorenzetti que “la política de derechos humanos es política de estado”. Días pasados, lo escuche decir a este personaje, en un reportaje radial, evidenciando un cinismo insoportable, que “un juez de la Corte debe ser coherente con sus opiniones y no debe modificar las conclusiones de sus fallos, debe ser una garantía en el apego a la Constitución”. Otro impresentable, el doctor Rozanski, , afirmó que un Juez debe ser militante, recibió el doctorado honoris causae por la facultad de Facultad de Periodismo y Comunicación Social , una conocida cueva de marxistas, de la Universidad de La Plata, “reconocido por su trayectoria y por su integridad ética y moral en el desempeño de sus tareas como Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, al frente del
cual protagonizó, junto a sus equipos de trabajo, los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, realizando un aporte indiscutible a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se desarrollan en nuestro país desde el año 2003.”
Durante estos 15 años hemos visitado las cárceles de aquí y del interior, resulta lacerante ver a quienes permanecen encerrados, conscientes de que son como muertos civiles, marcados como los esclavos de antaño, con el sello de “lesa humanidad” y que están condenados a muerte, una muerte lenta. No merecen la menor compasión. Hace pocos días la visita de los diputados a los presos acusados de crímenes llamados de lesa humanidad, levantó una insólita polvareda y sigue recibiendo diatribas desde distintos sectores, aquí y en el mundo, incluso eclesiásticos. Como muestra del odio y sed de venganza, un personaje que destila la mayor dosis de odio es la señora Estela de Carlotto que en un reportaje en Pagina 12, dijo “que estos diputados que fueron a ver a ver a esos criminales, que merecen estar eternamente en la cárcel por que no son humanos, no pueden quedar sin sanción.”
A lo largo de estos años, estos jueces corruptos han cometido verdaderos asesinatos, cuya lista no puedo citar por cuanto excedería el espacio de esta exposición. Voy a citar solo dos de los muchos casos de asesinatos, tratos crueles e inhumanos por parte de la justicia federal a personas juzgadas por los llamados delitos de lesa humanidad:
Hoy se cumplen 12 años del asesinato del General Ibérico Saint Jean por parte de tres jueces de La Plata y la inacción de muchos otros. Detenido en domiciliaria a los 85 años, era cardíaco, había sido operado de cáncer, padecía Alzhaimer y se desplazaba en silla de ruedas. Tenía diez informes médicos tanto privados como forenses que le indicaron al Tribunal que no estaba capacitado para estar en juicio y que esa situación pondría en riesgo su vida. Lo llevaron igual a juicio oral y público y no sólo eso, sino que poco antes de cumplir 91 años y sin que incumpliera ninguna de las condiciones establecidas para su detención, se le revocó la domiciliaria y fue enviado a la cárcel de Ezeiza. A los cinco días se descompensó, fue trasladado a un hospital y, tal como lo habían predicho los médicos, pocos días después falleció.
La causa iniciada contra los tres jueces asesinos fue sobreseída por sus pares.
La crueldad alcanza todos los niveles. El señor Juan Carlos Cociña, de 77 años de edad, fue detenido el 1 de diciembre de 2021 por orden del impúdico Juez Rafecas, imputado de participar en supuestos delitos de lesa humanidad que habrían ocurrido hace 45 años cuando era Ayudante de Cuarta del Servicio Penitenciario Federal. Padecía graves problemas de salud. Entre otras, hipertensión, EPOC, cardíaco sometido a varias intervenciones y antecedentes de ACV.
Su defensor solicitó la detención domiciliaria provisoria, la que fue denegada por Rafecas. La víctima fue encerrada en una unidad carcelaria en medio de la nueva ola de Covid que padecía el país. El Sr. Cociña, contrajo COVID 19 en la U 34 y falleció el 8 de enero de 2022 en la unidad de terapia intensiva del hospital Muñiz.
El art. 18 de la CN señala que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”. No obstante, la denuncia contra Rafecas por su evidente delito de homicidio, fue desestimada en forma inmediata.
Podemos afirmar que hoy no existe en la Argentina un sistema de justicia, los últimos gobiernos, los medios y la mayor parte de la dirigencia política, es responsable de lo ocurrido. Avalaron el prevaricato de los jueces federales y de la mayoría de los integrantes de la Corte, como consintieron la infamia de hacer héroes nacionales a terroristas y asesinos. Consintieron que jueces de todas las instancias y miembros del ministerio público se convirtieran en títeres del poder ejecutivo. Todo lo cual, para mayor sarcasmo, en nombre de una ideología llamada de los derechos humanos, que impide discernir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo. El P. Leonardo Castellani decía que la corrupción de la justicia legal es el mal más grande que puede caer sobre una Nación. Ningún ciudadano debiera consentirlo y ningún hombre de derecho dejar de denunciarlo.
Ha llegado la hora de poner las cosas en su lugar, de restablecer la justicia verdadera y poner punto final a esta ignominia, que denigra a nuestra generación. Sin su plena vigencia es imposible e inviable la República. Queda claro que esta tragedia es de orden político, fue una decisión política la que derrumbó a la Justicia para impulsar la más terrible y odiosa persecución contra un solo sector de la contienda, por
hechos ocurridos 50 años atrás. A partir de esa decisión, salvo excepciones, la Corte, los jueces, el Ministerio Público, empezando por el Procurador General, todos se encolumnaron para llevar adelante ese escabroso proyecto delineado por Néstor Kirchner y Horacio Verbitsky
El actual gobierno debe saber que sanear la economía, si bien es indispensable y urgente, no es suficiente. Sin el restablecimiento de la Justicia verdadera la Republica no es viable. Cualquier “cambio” que se produzca en lo económico y político, sin justicia verdadera, será como fuego de artificio. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y del instrumento político del odio que caracterizaron a los años precedentes, constituye una esperanza y es indispensable que restaure la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del Estado de Derecho. Esa demolición del derecho es origen de la tragedia que hoy padece la Argentina. De aquellos polvos, estos lodos.
El Presidente como distintos funcionarios, ante cualquier requerimiento vinculado a la necesaria solución de esta tragedia, contestan “que no es su agenda”, no está entre sus prioridades, prefiero decir. Acaso ignora el Señor Presidente que hay cientos de ancianos con gravísimas dolencias, que esperan la muerte en medio del silencio cómplice de la política y una sociedad que ha optado por olvidarlos, después de haber clamado por su intervención cuando el terrorismo asolaba la Republica? Ignora acaso el Señor Presidente que esos jueces corruptos siguen abriendo causas y procesando a quienes ostentaban los grados más subalternos por los hechos ocurridos hace más de cincuenta años? Ignora el Señor Presidente que la Secretaria de Derechos Humanos sigue presentándose como querellante en las falsas causas que los fiscales y jueces corruptos inician permanentemente, para que este circo no acabe nunca? Es decir no se trata de hechos y discusiones que ya no existen. Siguen en plena vigencia.
Es condición esencial superar esa distorsionada mirada hacia el pasado, teñida de una interpretación sesgada, asimétrica y vengativa. Esto no se logrará pretendiendo reconstruir la historia según el color de un dogmatismo faccioso del presente, que interpreta los hechos según su particular ideología e intereses. Menos aún podrá cultivarse la paz interior si esta historia hemipléjica y plagada de odios, se introduce en las aulas escolares, en las universidades, en el cine, en los medios masivos de comunicación, hasta el hartazgo.
El Presidente se ha enfrentado a los poderosos que impulsan la revolución cultural que infecta a occidente, en sus propias madrigueras, Davos y las Naciones Unidas. Con el mismo coraje y claridad debe promover el cierre definitivo de esta tragedia para posibilitar la concordia política entre los argentinos.
Dios nos ayude
Nota 79 de ALBERTO SOLANET en este portal (Hacer Clic)
Enviado por la Doctora Andrea Palomas Alarcón, miembro de la asociación de abogados “Justicia y Concordia”.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 11, 2024
Espionaje y ataque a la Justicia
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Mediante el Decreto 359 del 4 del mes en curso, el presidente Alberto Fernández prorrogó la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), extendiendo por 180 días el cargo de interventora de la doctora Cristina Liliana Caamaño. Esta designación carece del acuerdo parlamentario que requiere. Por la vía de insistir con la intervención se elude el tratamiento parlamentario para la cobertura de un cargo que implica acceso a la información reservada del servicio de inteligencia más importante del Estado nacional.
La interventora Caamaño fue Fiscal y dirigió el Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones de la Procuración General en la época de Alejandra Gils Carbó. Desde el año 2019 preside la Asociación Civil “Justicia Legitima”, cuyos integrantes, no obstante su condición de funcionarios del Poder Judicial, operan como militantes políticos con la finalidad principal de ideologizar la gestión de justicia y preservar la impunidad de quienes enfrentan los más importantes cargos de corrupción en el ejercicio de la función pública. Las declaraciones y opiniones de Caamaño están siempre teñidas con fuertes colores ideológicos. Se declara “atea militante”. Creer o no en Dios queda reservado al ámbito íntimo. Pero si Dios no existe no puede obviamente lucharse contra El. La militancia es una expresión idiomática que refleja su vocación. Caamaño expone también sus relaciones de amistad solidaria con personas y organizaciones acusadas públicamente de corrupción. Estas actitudes reflejan fehacientemente la misión político ideológica de Justicia Legítima
La reunión de estas dos actividades o funciones en una misma persona, supone una manifiesta incompatibilidad e implica la posibilidad de utilizar la información reservada – que debe ser limitada a la defensa de los intereses del Estado – con fines partidarios, para ponerla al servicio de una entidad privada y de reconocida tendencia política en la línea del “vamos por todo”. PrisioneroEnArgentina.com
Esa información reservada tiene una importancia vital y debe ser preservada, ya que sus referentes carecen de la posibilidad de desmentirla. Su uso debe estar absolutamente limitado a la defensa de los más altos intereses del Estado. ¿Cómo hará la presidente de Justicia Legítima para deslindar su desempeño militante como titular de Justicia Legítima de la información que como interventora en la AFI debe mantener en reserva? No se requiere mucha imaginación para vislumbrar el peligro que entraña para la República este doble carácter de la interventora en la agencia de inteligencia. ¿Podemos sentirnos seguros de que esta
doble función no favorecerá la impunidad ni facilitará el ataque a los jueces independientes bajo la amenaza velada o explícita de la utilización de datos obtenidos subrepticiamente? Difícil es no pensarlo cuando el oficialismo encabezado por la dupla Fernández está involucrado en una campaña de cooptación del Poder Judicial, cambiando o destituyendo a los jueces que demuestren independencia de criterio frente a la corrupción y otros desmanes.
En la historia del país y desde su creación, el Servicio de Inteligencia nunca tuvo un jefe que ejerciera otras funciones con influencia directa sobre el Poder Judicial. Tampoco los jefes de inteligencia desempeñaron simultáneamente funciones en asociaciones civiles, por encomiables que ellas fueran. Estamos pues frente a un caso único de injerencia de un poder en otro poder del Estado.
La Justicia no puede ni debe tener un discurso. Los jueces hablan por sus sentencias, sean o no equivocadas. Son públicas, por definición no son herméticas. Se debaten libremente en los medios y en los tribunales superiores. En cuanto al carácter endogámico y corporativo que Justicia Legítima –y, por ende, la Dra. Caamaño – achaca a la judicatura, basta con recordar que el poder político ha designado a los jueces de todas las jerarquías mediante concurso.
La renovación de la intervención de la AFI bajo la dirección de la abogada Caamaño es otra vuelta de tuerca que se agrega al plan en marcha que tiene como objetivo lograr la impunidad de quienes se enriquecieron escandalosamente desde el poder y hoy han retornado a él.
Carlos Bosch- Secretario
Alberto Solanet- Presidente
Buenos Aires
Envío y Colaboración: Dra. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 28, 2021
Encuentro de mujeres
Con verdadero estupor leí la nota firmada por el arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Fernández, titulada “Encuentro Nacional de Mujeres”, publicada el martes pasado. De sus términos se infiere que ignora los antecedentes de estos encuentros y la perversa ideología que los moviliza, que se pone de manifiesto en cada oportunidad, en donde arremeten contra los templos
católicos, apuntando generalmente a la Catedral. Aparecen como hordas violentas, profiriendo toda clase de injurias de la peor especie, muchas con atuendos estrafalarios o semidesnudas. En la nota hace una referencia sesgada de la historia cuando pone el acento en la “leyenda negra” en alusión a la conquista y evangelización de América. Cita a Santa Catalina de Siena como si su lucha tuviese alguna similitud con la emprendida por estas manifestantes, cuando si hoy viviese esa gran santa, con seguridad estaría, con todo vigor, a la cabeza de la defensa de los valores de la Iglesia y de sus templos, contrariamente a lo que hoy dispone el arzobispo.
Por último, cuando se refiere a la lucha por la igualdad, incluye la “orientación sexual”, quebrando de este modo la recta moral que la Iglesia ha sostenido desde siempre.
Alberto Solanet
asolanet@estudiosolanet.com.ar
Envío: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 3, 2019
JUSTICIA Y CONCORDIA DENUNCIA LA DECISIÓN DE LA “justicia” CONTRA MIGUEL ETCHECOLATZ
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia denuncia la gravísima decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los Jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, que rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por el Comisario Miguel Angel Etchecolatz, de 90 años, quien además de las dolencias propias de la edad, padece una grave enfermedad que lo mantiene en silla de ruedas y a una permanente asistencia por parte de terceros, generalmente sus propios compañeros de encierro.
El grado de ensañamiento que informa la Resolución revela la profundidad de la corrupción de estos jueces, que impúdicamente prevarican con tal de mantener a este hombre encarcelado hasta que se muera, si es posible lentamente. A ese fin sostienen que “es necesario evocar que el acceso al beneficio de arresto domiciliario se presenta como la solución más aceptable para aquellos casos en los que el encarcelamiento trae aparejado un desmedro que va más allá de sus restricciones inherentes al encierro”.
La traducción de este cínico galimatías al lenguaje de todos los días es que hay una clase hombres, entre los cuales se encuentra el Comisario Etchecolatz, que deben tenerse por parias, expelidos del orden jurídico, indignos de merecer cualquier especie de garantía o de reconocerles el más elemental de los derechos humanos. Para ellos ni justicia.
Carlos Bosch –Secretario;
PrisioneroEnArgentina.com
Jornada sobre Seguridad y Política de Defensa
Presente y Perspectiva
Es condición necesaria para la prosperidad de la Nación un nivel de Seguridad que garantice el orden, la libertad de sus habitantes y el cumplimiento de sus compromisos internacionales.
La Seguridad, objetivo de naciones, sectores e individuos, es una responsabilidad indelegable del Estado y contiene la Defensa y la denominada Seguridad Ciudadana, como capítulos principales, que deben considerar los riesgos y amenazas según sus características específicas en el mundo actual.
Las decisiones en materia de Seguridad deberían ser políticas de Estado, que superen los límites de los intereses partidarios, sectoriales o de facción.
Para considerar el presente y las perspectivas de la situación de Seguridad, el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales y la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia invitan a Ud. a participar en la Jornada sobre Seguridad y Política de Defensa que se desarrollará en Uruguay 1037 1er.piso, el 1º de noviembre de 2018 de 9.30 a 13.30, según el Programa adjunto.
Esperando contar con su presencia, saludamos a Ud. con atenta consideración.
Adalberto Rodríguez Giavarini Alberto Solanet
CARI Abogados por la Justicia y la Concordia
Presidente Presidente
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 27, 2018
Justicia y Concordia y su reunión en la OEA
Comunicado de Justicia y Concordia
Ya de regreso nuestra delegación, conformada por los Dres. Alberto Solanet, Laura Olea y Ricardo Saint Jean, completamos la información sobre el resultado de nuestro viaje a Denver, EEUU.
Como sabemos, fuimos allí, con nuestros amigos de Puentes para la Legalidad, para cumplir con la citación a una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, citación que obedeció a nuestras reiteradas denuncias y pedidos de audiencia referidos tanto a la ilegalidad de los juicios dirigidos contra las fuerzas armadas, de seguridad (y también civiles) que en los setenta salvaron al país de la subversión marxista, como al trato inhumano y discriminatorio que reciben.
Lamentablemente, la citación limitó formalmente el temario a la situación de las personas mayores de 65 años privadas de libertad. De este modo, preparamos con Puentes para la Legalidad una exposición conjunta referida a la denegatoria de detenciones domiciliarias de los mayores y al exceso del plazo máximo de prisión preventiva y denegación de excarcelaciones que sufre este grupo (en violación de la CADH y de la Convención Interamericana de Protección de los DDHH de las Personas Mayores) con estadísticas que demuestran el trato discriminatorio con relación al de aquel acusado de delitos comunes.
Estuvieron presentes los Comisionados Luis Erenesto Vargas Silva, Relator para Argentina y Joel Hernandez García, titular de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, así como el secretario ejecutivo de la Comisión, Paulo Abrao, María Claudia Pulido Secretaria Ejecutiva adjunta y otros funcionarios y auxiliares.
Por el Estado argentino concurrieron nuestra embajadora ante la OEA, Paula Bertol, Ramiro Badía de la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la secretaria de DDHH y Agustina Durruty del Ministerio de Justicia.
En el curso de la audiencia, de trato amable y atento, cumplimos plenamente nuestro objetivo dentro del cauce señalado. Proyectamos allí un video e imágenes que mostraron con impactante claridad la inhumanidad del trato a estas personas encarceladas, escenas que manifiestamente impresionaron a los presentes. La exposición fue acompañada también con gráficos estadísticos que mostraban las diferencias con la población juzgada por delitos comunes. Acusamos de acción y de omisión al Estado argentino, señalando que ya han muerto detenidos 431 personas. Pedimos a la Comisión la adopción de urgentes medidas cautelares para hacer cesar los males denunciados.
El representante del Estado argentino, pese a señalar que continuarían el programa “Memoria Verdad y Justicia”, precisó que lo harían respetando los ddhh de los imputados. Pero reconoció que disponían de informes del Servicio Penitenciario que señalaban que no estaban en condiciones de alojar a internos de esa edad, que poblaron las cárceles como consecuencia de estos juicios. Y también admitió que estaban excedidos los límites máximos de prisión preventiva en muchos casos, reconociendo también, respecto de nuestra imputación de discriminación, que la ley argentina no hace distingos por razones del delito que se investiga.
Les fue recordado en la audiencia que en más de 13 años de juicios solo se completaron el 34% de las causas por lo que, de mantenerse como en los últimos 13 años el 60% de la Justicia Federal abocada a estos procesos, se necesitarían 28 años para completar las causas existentes; ello sin seguir sumando causas nuevas. Y que la inacción del gobierno no es inocua ya que desde que asumieron el gobierno han muerto 115 personas detenidas.
Al término de la audiencia, el representante del gobierno argentino pidió por su parte que la Comisión le diera traslado de los múltiples pedidos de medidas cautelares formulados en nombre de los presos políticos.
La Embajadora argentina ante la OEA felicitó a las delegaciones de ambas asociaciones por la claridad y contundencia de las exposiciones.
En resumen, estimamos que la realización de esta audiencia, la primera que se obtiene en un ámbito que manifiestamente no es favorable, constituye, pese a su objetivo parcial, un paso muy importante en la lucha que nuestra Asociación decidió emprender, contra viento y marea, hace ya ocho años.
Veremos ahora si ella se traduce en resultados objetivos.
Envío y Colaboración: DRA . ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 5, 2018
Acusados de delitos de lesa humanidad en Argentina logran el oído de la CIDH
La vida del argentino Aníbal Guevara se “congeló” cuando acusaron a su padre de delitos de lesa humanidad. Convencido de su inocencia, pidió sin éxito a las autoridades argentinas y a organismos internacionales que le escucharan, hasta que anoche consiguió una reunión con la CIDH.
Guevara y familiares de otros imputados durante la última dictadura de Argentina (1976-1983) se encontraron en la noche del miércoles con funcionarios argentinos y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Boulder (Colorado, EE.UU.), donde el organismo celebra su periodo de sesiones.
De 35 años, Aníbal Guevara representa a Puentes para la Legalidad, una asociación formada por hijos y nietos de acusados de crímenes de lesa humanidad que considera que el Poder Judicial argentino no respeta el principio de debido proceso con juicios que se hacen “mal” y el uso excesivo de la prisión preventiva.
“Es muy fácil respetar los derechos de quienes nos causan empatía y, ante una situación de un delito como el que se nos acusa a nosotros, es muy fácil perderla”, dice a Efe.
“Pero -añade-, incluso con aquellos que son responsables de delitos atroces, corresponde y nos corresponde a nosotros ser distintos de ellos y respetar hasta el último de sus derechos”.
Guevara pidió a la Comisión que otorgue medidas cautelares de protección para los 730 imputados por delitos de lesa humanidad que supuestamente han pasado en prisión preventiva más de tres años y para los 240 que tienen más de 65 años con el fin de que, debido a su edad, puedan pasar a arresto domiciliario.
En 2006, las autoridades argentinas acusaron de crímenes contra la humanidad a su padre, también con el nombre de Aníbal Guevara y que era teniente del Ejército cuando se produjo el golpe de estado de 1976 que instauró una brutal dictadura con miles de muertos y desaparecidos.
Verónica Schaller y Aníbal Guevara, de Puentes para laLegalidad; Alberto Solanet, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, de Justicia y Concordia.
El juicio llegó en 2010 y, entonces, padre e hijo tuvieron una de las conversaciones más duras de su vida.
“Cuando estaba por comenzar el juicio, pasé un par de días con él de manera muy inquisidora, diciéndole mira, si yo voy a hablar, necesito saber qué me puedo encontrar, necesito saber qué hiciste vos y qué no hiciste, y que vos me lo digas porque no quiero enterarme de nada en el juicio”, recuerda.
Su padre fue sentenciado a cadena perpetua por la desaparición de cuatro hombres, sucesos que ocurrieron entre marzo y setiembre de 1976 en el municipio de San Rafael, en la provincia de Mendoza.
El hijo rechaza esa sentencia y asegura que, lo único que hizo su progenitor fue detener a dos personas.
Esos arrestos se produjeron “a la luz del día, mientras iba vestido con uniforme e informando a los sujetos de dónde iban a ser retenidos”, una versión que según Guevara han ratificado las mismas personas que fueron arrestadas.
Considera que hubo fallos en el proceso y que a su padre se le hizo responsable como “participe necesario” de unos delitos que, en ese momento, no sabía que se estaban produciendo.
Critica, además, que la justicia haya impuesto pesadas penas a quienes, como su padre, ocupaban mandos bajos o intermedios; mientras que, por ejemplo, el brigadier general Orlando Ramón Agosti, parte de la cúpula militar de la dictadura, solo cumplió tres años y nueve meses de cárcel.
“Estoy plenamente convencido -asegura- de que nuestro reclamo tiene pies y cabeza, no pedimos nada que la Comisión no haya hecho antes, solo pedimos el estricto respeto a los derechos humanos”.
Los familiares, entre los que había más miembros de Puentes para la Legalidad e integrantes de la Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia, solicitaron a la Comisión que mantenga abierta la puerta del diálogo y que vuelva a reunirse con ellos, algo que llevaban reclamando desde 2014.
En la cita, según Guevara, participaron, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y los comisionados Luis Ernesto Vargas y Joel Hernández; mientras que la delegación del Estado argentino estuvo liderada por su embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Paula María Bertol.
Fuente: Agencia EFE
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 4, 2018
El ESTADO ARGENTINO CITADO POR LA CIDH
DEBERÁ RESPONDER POR LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS DEL DEBIDO PROCESO Y CONDICIONES DE ENCARCELAMIENTO DE LOS PRESOS POLÍTICOS
Dicha reunión tendrá lugar el próximo miércoles 3 de octubre en el Salón “Seminar 421”, en Wolf Law Building, University of Colorado Law School, ubicado en 2450 Kittredge Loop Road, Boulder, Colorado, Estados Unidos.
Esta es la primera vez que la CIDH responde positivamente a las innumerables denuncias y peticiones presentadas por nuestra Asociación a lo largo de casi diez años y que, en un hecho sin precedentes, los imputados por los llamados delitos de lesa humanidad serán escuchados en su condición de víctimas del Estado.
Por nuestra parte hemos resuelto aceptar la convocatoria, no obstante el
marco muy acotado establecido por la CIDH como objeto de la reunión.
A este último respecto, hacemos saber que las normas impuestas por la CIDH no permiten que las entidades convocadas a una reunión de trabajo como esta incursionen en temas no incluidos en los específicamente señalados como objeto de la convocatoria. A sabiendas, pues, de que nuestra ponencia no podrá agotar el repertorio de los gravísimos ilícitos cometidos por el Estado argentino en perjuicio de las personas vilmente sometidas a los llamados “juicios de lesa humanidad”, hemos entendido que aun así es conveniente no dejar pasar esta oportunidad para ser escuchados.
Es obvio que ello no será obstáculo para que continuemos sosteniendo contra viento y marea que, más allá de los agravios humanitarios causados por los sucesivos gobiernos a los que con propiedad consideramos presos políticos, la causa principal de lo acaecido en la Argentina ha sido y continúa siendo la violación sistemática, continuada y profunda por el Estado argentino del orden jurídico en sus principios más básicos y universales, cuya herramienta han sido y son esos infames “juicios de lesa humanidad”.
Buenos Aires, 1º de octubre de 2018.
Carlos Bosch
Secretario
Colaboración: Dra. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 1, 2018
La CIDH revisará la situación de presos de “Lesa Humanidad” argentinos
El doctor Alberto Solanet, junto al doctor Ricardo Saint Jean y la doctora María Laura Olea se aprestan para viajar a Estados Unidos, donde se reunirán con miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudadde Boeulder, estado de Colorado y allí exponer y denunciar las flagrantes violaciones de las garantías fundamentales a las que son sometidos los detenidos por delitos de lesa humanidad. Por vez primera, la CIDH accedió a recibir a las asociaciones defensoras de los detenidos. Para examinar un problema que ha superado una década, convocó a representantes de dos de esos grupos, Justicia y Concordia y Puentes para la Legalidad, y a un delegado del gobierno. La reunión tendrá lugar el próximo miércoles 3 de octubre a las 19 horas, en el Salón Seminar 421 del Wolf Law Building, de la facultad de Derecho de la Universidad de Colorado donde tendrán 45 minutos para informar y evidenciar la problemática. El doctor Solanet, presidente de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, dejó sus impresiones ante el diario La Prensa.
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– ¿Qué pedirán a la CIDH y por qué acudieron a ella?
– La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, así como otras tantas entidades, viene reclamando hace muchos años ante las autoridades nacionales por la ilegalidad tanto de la génesis como del desarrollo de los procesos judiciales en los que se investigan hechos ocurridos hace cuarenta años. Estos esfuerzos han sido infructuosos y con enorme pesadumbre hemos tenido que recurrir a un organismo internacional a denunciar a nuestro propio Estado por la violación de las garantías fundamentales y la grave discriminación, ya indisimulable, a la que son sometidos los imputados en los procesos por los denominados delitos de lesa humanidad. La CIDH nos ha citado a esta reunión de trabajo con el Estado, aunque limitando el tema al tratamiento de la violación de los derechos humanos de los detenidos mayores de 65 años de conformidad con la Convención Interamericana para la protección del DDHH de las Personas Mayores, recientemente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno. De este modo celebramos esta convocatoria, pero asistiremos conscientes de que la denuncia deberá
circunscribirse al rechazo de las prisiones domiciliarias de ancianos y enfermos, que ha llevado a la vergonzosa cifra del fallecimiento de casi medio millar de imputados, y a las arbitrarias denegatorias de excarcelaciones como también a las prisiones preventivas excedidas en el plazo máximo de duración que fija la ley, 3 años. Con relación a esto último llevaremos a conocimiento de la CIDH la escandalosa estadística que indica la existencia, exclusivamente en respecto de este sector vulnerable, de prisiones preventivas que superan los 10 años sin sentencia.
– ¿Es posible que el Estado argentino no pueda resolver este tema? ¿A qué lo atribuye?
– El Estado argentino no ha querido resolver este tema. No se atreve. Hacer lo correcto requiere mucho coraje. Desde el gobierno de Néstor Kirchner se ha impuesto la llamada política de derechos humanos como “política de Estado”, en palabras del ex presidente de la Corte Suprema, que demolió el derecho y dio comienzo a una feroz persecución penal contra quienes defendieron al estado contra la invasión terrorista durante la guerra que padecimos en los años 70. Como consecuencia de ello hay más de 2000 presos políticos y ya 460 muertos en cautiverio. El injusto encarcelamiento de integrantes de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Policiales se extendió también a civiles, sacerdotes, funcionarios, jueces y periodistas. Indudablemente para llevar adelante esta política de venganza se hizo necesaria la complicidad de jueces corruptos que, sumisos a los dictados y presiones del gobierno, dictaron fallos que constituyen gigantescos prevaricatos, sentando doctrinas que les resultan difíciles de revertir sin reconocer la arbitrariedad y absoluta ilegalidad que las inspiró. Esta “política de Estado” también abarca la tergiversación de la historia reciente de nuestro país y el consiguiente engaño a las nuevas generaciones a través de un relato, como parte de una estrategia que trasciende el hecho concreto de aquel conflicto armado para alcanzar todo el ámbito cultural. Lo que señalo no significa desconocer la ocurrencia durante esos años de violencia de hechos que merezcan reproche. Sin embargo, como dijo Héctor Ricardo Leis (ex integrante de Montoneros) en su libro “Un testamento de los años 70”: “La memoria mal resuelta se traduce en resentimientos de fuerte potencial destructivo para el futuro de la comunidad política”; “la justicia que no se subordina a la verdad está lejos de serlo, por el contrario, crea más enemistad en el interior del cuerpo político…”.
– ¿Es la primera vez que la CIDH recibe a una entidad defensora de los llamados presos políticos?
– Sí. Se trata de un hecho inédito, pues por primera vez los acusados por los llamados delitos de lesa humanidad van a ser escuchados por la CIDH en su condición de víctimas del Estado.
– ¿Quiénes acuden a la cita?
– Fue citada la Asociación que presido y me acompañarán en esta ocasión dos abogados penalistas prestigiosos, integrantes de la mesa directiva. Los doctores María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, quienes tendrán a su cargo sostener las denuncias contra el estado argentino por violación a las normas del debido proceso. También fue citada Puentes para la Legalidad, una asociación constituida por los hijos y nietos de estos presos políticos que vienen luchando con enormes esfuerzos y sacrificios en defensa de los derechos humanos de sus padres a quienes ven morir encerrados en las cárceles sin poder acceder a un juicio justo y respetuoso del debido proceso legal.
– ¿Qué significa que hayan decidido recibirlos? ¿Qué expectativas hay sobre esta reunión?
– Para nosotros importa una enorme responsabilidad, llevar con esperanza la voz de quienes hace más de una década viven en un grito silencioso que nadie ha querido escuchar hasta ahora. Esperamos que se abran las puertas a un diálogo fecundo a través del cual se encuentre una solución para la restitución del Estado de Derecho, el reencuentro, la concordia y la paz que tanto necesitamos como Nación.
Fuente: La Prensa
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 30, 2018
A LOS ADULTOS MAYORES EN PRISIÓN TAMBIEN LE PROHÍBEN TENER “AMICUS CURIAE”
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia pretendía constituirse como “amiga del tribunal” para apoyar el pedido de prisión domiciliaria del prisionero Tadeo Bettolli, condenado en dos causas por delitos de lesa humanidad, procesado en una tercera y a la espera del juicio oral en otra. En julio pasado, la jueza Zunilda Niremperger le revocó el beneficio que le había concedido el Tribunal Oral de Resistencia.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia decidió no hacer lugar al pedido de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia de intervenir como “amiga del tribunal” a favor del exoficial de Inteligencia del Ejército, Tadeo Bettolli, de 72 años, quién se encuentra detenido en la
cárcel federal de Campo de Mayo cumpliendo dos condenas por delitos de lesa humanidad, procesado con prisión preventiva en el tercer tramo de la causa Caballero y a la espera de un tercer juicio oral por la desaparición de un dirigente de las Ligas Agrarias del Chaco.
La resolución fue dictada el jueves 13 de septiembre y lleva las firmas de los jueces José Luis Aguilar, Rocío Alcalá y el conjuez Simón Getzel. Vale recordar que, en julio pasado, la titular del Juzgado federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, revocó la prisión domiciliaria que el Tribunal Oral Federal de Resistencia le había concedido a Bettolli un mes antes, más precisamente el 22 de junio pasado.
Los abogados Alberto Solanet, Gerardo Palacios Hardy y Carlos Bosch, de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, solicitaron que se les confiera intervención en la condición de “amigos del tribunal” en defensa de los derechos de José Tadeo Luis Bettolli y declararon que no habían recibido del mismo ningún financiamiento ni ayuda económica y que el resultado del litigio no representaba directa ni indirectamente beneficio patrimonial alguno para esa entidad.
En sus fundamentos, los camaristas advirtieron que el imputado Bettolli se encuentra “debidamente asistido técnicamente” y que la mencionada Asociación no logró acreditar que sea “una persona física o jurídica con reconocida competencia sobre la cuestión debatida en el pleito”.
Colaboración y envío: DRA. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 18, 2018
JUSTICIA y CONCORDIA. Carta a Monseñor Olivera
S.E.R. Mons. Santiago Olivera
Estimado Monseñor.
En nombre de nuestra asociación, cuyo objetivo es luchar por la vigencia de la justicia y la concordia, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a V.E. por su carta publicada en La Nación. Sus términos testimonian el compromiso con la verdad, pues nada es mas cierto que su denuncia acerca de la situación que viven los detenidos por delitos de “lesa humanidad” que resulta, como usted afirma, una vergüenza para la República, víctimas de una discriminación “nunca vista en democracia”, como lo expresa con toda claridad, cuya responsabilidad inmediata le cabe a jueces corruptos que actuaron sumisos al poder político. Estos Jueces y la Corte Suprema de
Justicia, para posibilitar esta política denominada de “Derechos Humanos”, demolieron la justicia en la argentina, arrasando con los principios mas básicos del Derecho y contaron, ciertamente , con el silencio cómplice de gran parte de la dirigencia nacional.
Nada es más cierto también, que la manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia. Como consecuencia de esta obra siniestra hay más de 2000 presos políticos y ya 450 muertos en cautiverio, olvidados de la sociedad. La voz de la Iglesia debe estimular a quienes gobiernan la república para que cumplan acabadamente con la obligación de proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista. Quiera Dios que el ejemplo de VE cunda y sirva para deponer falsos temores y propalar la verdad, lo que ayudará, sin duda, a suturar la llaga que divide a los argentinos.
Que Dios lo guarde y la Virgen de Lujan lo proteja en el ejercicio de su sagrado Ministerio. Lo saludamos cordialmente
Carlos Bosch Alberto Solanet
Secretario Presidente
Envío: DRA ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 18, 2018
JUSTICIA y CONCORDIA adhiere al acto del 12 de abril.
Amigos,
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia adhiere e invita a sus socios y amigos al acto que se llevará a cabo el próximo jueves 12 de Abril, a las 19hs. frente al Palacio de Tribunales, para manifestar nuestro repudio a los jueces prevaricadores pertenecientes a la Justicia Federal, responsables de los juicios ilegales que mantienen en injusta prisión a los acusados de delitos llamados de “lesa Humanidad”
Carlos Bosch- Secretario
Alberto Solanet- Presidente
Envío y colaboración
Dra. ANDREA PALOMAS ALARCÓN
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 10, 2018
DEFENSA NACIONAL Primera Parte . ESTAMOS RODEADOS PERO PELEAREMOS HASTA EL FINAL
Por Comodoro (R) Esteban Cavallero.
“El Foro de Convergencia Empresarial presento un documento denominado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”. Si bien cabe ponderar el esfuerzo, es necesario señalar que entre las materias que se consideran Políticas de Estado, se omite consignar la defensa nacional, como parte de esas prioridades.
La defensa nacional debe ser preocupación de todos nosotros y para su vigencia es necesario contar con fuerzas armadas eficientes. Hoy prácticamente no existen, en virtud de un plan sistemático de desguace al que han sido sometidas, que, si bien no se inició con este gobierno, podemos afirmar que para este ha sido una prioridad.
Esta gravísima realidad no puede ser soslayada en un foro que tiene el encomiable propósito de colaborar en la reconstrucción de la República.” (sic.) Alberto SOLANET. TIEMPO MILITAR Julio 2015. Este no es el fin de la cita, hay un último párrafo que reservamos para expandirlo en virtud de su importancia para recuperar nuestras capacidades para la Defensa Nacional.
EL ESTADO FALLIDO
Si ningún país importante como es el nuestro deja de lado proveer a la defensa común, como también lo prescribe nuestra Constitución Nacional, surge sin lugar a dudas que omitir esa prevención, nos deja a merced de las nuevas amenazas -el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado-que van demoliendo los cimientos mismos de la Nación hasta convertirla en un Estado Fallido.
LAS DOS COLUMNAS DEL CRISTIANISMO
Si las dos columnas donde se asienta el cristianismo son las Bienaventuranzas y Mateo 25, bastaría con releer en Mateo las parábolas que sintetizan el deber ser del comportamiento humano que prioriza la prevención y condena el descuido y la hipocresía, para discernir qué rumbo llevamos.
COMO PREVENIR LA DISOLUCION DEL ESTADO
Con ese propósito tenemos que cumplir cada uno desde su posición los postulados del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, comenzando por reconstituir la UNIÓN NACIONAL, AFIANZAR LA JUSTICIA y PROVEER A LA DEFENSA COMÚN, para lograr los objetivos fundamentales de toda Nación Justa, Libre, y Soberana: SEGURIDAD y DESARROLLO.
DIRECTRICES PROPUESTAS PARA LOGRARLO
Con la premisa de que no se puede rehacer de la noche a la mañana una situación desfavorable potencialmente grave, y habida cuenta de transitar los últimos tramos de la nueva compulsa electoral 2015, proponemos comenzar por ejercer nuestra condición de ciudadanos apoyando a los candidatos a ocupar la presidencia de la Nación que se dispongan a cambiar la actual situación de crisis política, económica, y defensiva “creada por un modelo sustentado en la confrontación permanente y en la lógica amigo-enemigo.”
[ezcol_3fifth]Dicha lógica es la madre del estado de guerra interno y externo que vivimos, clima hostil que nos enfrenta a una doble amenaza, la primera el terrorismo en todas sus vertientes y la segunda la militarización del área de las islas Malvinas que el Gobierno inglés realiza preventivamente por la amenaza eventual que representa la construcción e instalación de la base satelital china en Neuquén dirigida por un general en actividad perteneciente al Ejército Popular de Liberación Chino. (**)
Esta doble amenaza presupone adoptar los recaudos para disuadirla y enfrentarla mediante la debida preparación y el despliegue operacional tanto de las FFAA como de las FFSS y FFPP, acciones que no se llevan a cabo en ninguno de los frentes ,– en el caso de las amenazas externas de fuerzas iguales uniformadas, por la absoluta obsolescencia y precariedad del equipamiento existente en las FFAA y en el caso del narcotráfico por la falta de un empleo conjunto de todas las Fuerzas a disposición como lo prescribe la Ley 23554/88- y esto simplemente porque en su artículo 4°, dispone que se debe diferenciar la Defensa Nacional de la Seguridad Interior.
Esta concepción dualista de la defensa, a la luz de la cambiante naturaleza de la guerra, que ya no se libra solamente en los campos de batalla de los teatros de operaciones convencionales, sino que se desarrolla en el seno de las sociedades agredidas por elementos que atraviesan nuestras fronteras, resulta una discusión bizantina que conduce a la indefensión y la inseguridad del Estado frente a estas amenazas, como es el caso del narcotráfico y del narcoterrorismo cuyo origen es claramente externo.
La misma Ley dispone en su Art.2°: “La Defensa Nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la Soberanía e Independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación; proteger la vida y la libertad de sus habitantes.”
[/ezcol_3fifth] [ezcol_2fifth_end] [/ezcol_2fifth_end]La visión de quien contribuyó con su prédica al derrumbe del muro de Berlín y a la unión de las dos Alemanias, lo llevo a prevenir al mundo contra lo que a la postre resultaron las llamadas NUEVAS AMENAZAS:
“Que nadie se haga ilusiones de que la simple ausencia de guerra, aun siendo tan deseada, sea sinónimo de una paz verdadera si no viene acompañada de equidad, verdad, justicia y solidaridad”. Juan Pablo II.
La Iglesia viene alertando en los últimos años sobre el avance del narcotráfico y en 2013 difundió un documento advirtiendo que:
“si la dirigencia no toma medidas, costará mucho tiempo y mucha sangre erradicar las mafias del narcotráfico”.(***)
Esta situación nos impone salir del estado de indefensión que es impropio de los estados soberanos, mediante la reorganización y conducción a nivel político de las FFAA, que tienen por misión constitucional la defensa nacional adecuándolas, jurídica, doctrinaria y tecnológicamente a las nuevas amenazas, cumpliendo con la Constitución y la Ley vigente con la enmienda de su artículo 4° por otro que ponga de resalto la necesidad de un CONCEPTO INTEGRADOR DE LA DEFENSA NACIONAL
Atentos a la gravedad de la situación someramente descripta, las propuestas sugeridas en el marco de la C.N., podrán ser simultaneas o no con las medidas iniciales de cambio con equidad y justicia social a tomar por el nuevo gobierno, pero nunca desconocidas ni postergadas para cuando “se pueda” porque la política, cuando se trata de los intereses nacionales, de la vida, el honor y la fortuna de los argentinos, no es el arte de lo posible, sino el arte de hacer posible lo que es necesario.
Julio 2015,Comodoro (R) Esteban Cavallero
SI QUEREMOS PAZ Y DESARROLLO NECESITAMOS PROTEGER NUESTROS RECURSOS NATURALES Y DISUADIR LAS AMENAZAS DEL ENEMIGO INTERNO Y EXTERNO CAPACIDADES QUE HOY
BRILLAN POR SU AUSENCIA.
EL DESARROLLO ES FRUTO DEL TRABAJO Y LAS INVERSIONES GENUINAS QUE NO PROSPERARAN EN UN CONTEXTO DE
INDEFENSION E INSEGURIDAD
EL ESPIRITU LIBERTADOR DE SAN MARTIN Y BELGRANO QUE SIMBOLIZAN LA BANDERA DEL EJERCITO DE LOS ANDES Y LA BANDERA NACIONAL
SIEMPRE PREVALECERA
(*) https://www.youtube.com/watch?v=4uxMYyObklc
(**) http://www.infobae.com/2014/09/08/1593351-criticas-y-pedido–
(***) http://diariohoy.net/politica/nuevo-reclamo-de-la-iglesia-por-avance-narco-49721
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 3, 2018
El Caso Timerman y los casos de los Prisioneros Ilegales
Mariano De Vedia publicó en La Nación su comentario acerca de la situación de beneficio humanitario que recibió el ex Canciller (Ultra Kirchnerista?) Héctor Timerman y el trato amoral de aquellos ex uniformados y civiles acusados por los mal llamados casos de lesa humanidad. Claudio Kussman ofrece aquí también, su parecer.
[ezcol_1half]Tras el caso Timerman, militares detenidos piden un trato similar
Por Mariano De Vedia para el diario La Nación.
Los esfuerzos del Gobierno, que intercedió para que la Justicia otorgara la libertad al excanciller Héctor Timerman por razones humanitarias, para que pueda someterse a un tratamiento médico en Estados Unidos reavivaron los reclamos de los familiares de militares mayores de 70 años y enfermos, que enfrentan presos -en muchos casos sin condena- los procesos en causas de lesa humanidad.
“Mi padre no tuvo ese beneficio. Murió a los 91 años, en silla de ruedas, con cáncer, mal de Alzheimer y una crisis cardíaca, mientras el Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata le negaba la detención domiciliaria por peligro de fuga”, objetó el abogado Ricardo Saint Jean, al recordar el caso de su padre, el general Ibérico Saint Jean, fallecido en prisión en octubre de 2012.
Unos 168 militares, policías y civiles mayores de 70 años están detenidos en unidades penales, y se les niega la detención domiciliaria, denunció a LA NACION el abogado Saint Jean. De ellos hay 11 que tienen entre 80 y 89 años.
Según datos de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, los militares y el personal de seguridad implicados en causas de lesa humanidad ascienden a 2229, de los cuales 428 fallecieron. “En muchos casos, por falta de atención a su salud”, describió su presidente, Alberto Solanet.
Si bien la situación llegó a su máxima tensión durante el gobierno de Cristina Kirchner, 88 fallecieron desde que asumió Mauricio Macri. La Unión de Promociones, una asociación civil creada en 2005 tras la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, los considera “muertos en cautiverio”.
Procesos extensos
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a fines de diciembre se contabilizaban 1038 detenidos y 1305 imputados en libertad. Al margen de los fallecidos, hay 37 prófugos.
El promedio de edad de los militares presos es de 74,6 años y se estima que más de 340 permanecen con prisión preventiva por más de seis años, cuando el tiempo máximo previsto en el Código Penal es de dos años. El exoficial de inteligencia Juan Carlos Rolón, que integró los grupos de tareas de la ex-ESMA, cumple prisión preventiva desde hace 16 años.
“En diciembre pasado concluyó su tarea el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, creado por las Naciones Unidas para juzgar a los responsables de los crímenes cometidos durante la Guerra de los Balcanes. A lo largo de 24 años condenó a 90 responsables de genocidio, crímenes de guerra y otros delitos de lesa humanidad e interrogó a 5000 testigos. Acá, más de 2200 militares pasaron por procesos que juzgan hechos de hace más de 40 años y todavía sigue”, se lamentó el abogado Saint Jean.
El letrado señaló casos preocupantes, como los de 11 suboficiales que hace seis años esperan un juicio y dos cabos que “fallecieron en prisión mientras la Justicia trataba de dilucidar a cuál de los dos le decían Pajarito”, precisó Saint Jean, defensor de varios militares investigados por delitos de lesa humanidad. A diferencia de otros casos penales, los militares detenidos en dichos procesos -aunque no tengan condena- no acceden a beneficios procesales, como salidas transitorias y libertad condicional, y tampoco se les permite trabajar en la cárcel.
“A los pocos que acceden a la detención domiciliaria se les abren procesos por nuevos casos y nunca terminan de acceder al beneficio”, ejemplificó Saint Jean, al diferenciar los casos de los militares de otros procesados, como el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, quien había sido enviado a la casa de su hija, y el propio Timerman.
El 2×1
Respecto del fallo de la Corte Suprema que otorgó el cómputo del 2×1 al represor Luis Muiña, en mayo de 2017, Saint Jean estimó que la Cámara Federal y los jueces lo desconocen. “Aplican a rajatabla la jurisprudencia de la Corte en otros temas, como la eliminación de la prescripción y la amnistía en los delitos de lesa humanidad, pero ese fallo del 2×1 no lo consideran”, precisó.
A partir del caso Muiña hubo 118 planteos para lograr la aplicación del 2×1, a través del reclamo de la excarcelación o de un nuevo cómputo de la pena.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad informó que existen 593 causas en trámites. De ellas, 278 están en etapa de instrucción, 200 obtuvieron ya sentencias, 17 se encuentran en juicio y 98 con elevación a juicio. De las 200 sentencias, unas 135 están en instancia de revisión.
De los imputados por delitos de lesa humanidad hay 856 condenados, 701 procesados, 524 imputados, 26 indagados y 37 prófugos. Además hubo 499 fallecidos, 62 sobreseídos, 110 absueltos y 164 con falta de mérito.
Presos por delitos de lesa humanidad
168
Unos 168 militares, policías y civiles mayores de 70 años están detenidos en unidades penales y no acceden a la detención domiciliaria
1038
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad contabilizó a fines de diciembre 1038 detenidos y 1305 imputados en libertad
Plazos
El mismo organismo fiscal estimó que el promedio de tiempo en la tramitación de causas de lesa humanidad es de 5,5 años para las que tienen sentencia firme y de 4,4 años para las causas en trámite, a partir del requerimiento de elevación a juicio. No se computan las que están en etapa de instrucción y las archivadas
Respondiendo al señor Mariano De Vedia
Por Claudio Kussman
La guerra contra el terrorismo de los años 60 y 70 se perdió. Sé que puede sonar cruel esta frase pero es la realidad que no se quiere reconocer, disimulándola en círculos cerrados ya que los medios no se hacen eco, con palabras como heroísmo, sacrificio, honor, patria, etc. Lo hechos así lo demuestran, hoy el país está anarquizado y dividido por una profunda grieta que no cierra. Se impone un relato sesgado de los dramáticos hechos vividos en los años de plomo y los que defendieron al país y muchos que no lo hicieron, están muriendo en prisión.
Sometidos a una justicia que no es tal, con jueces que actúan como delincuentes asesinos, manteniendo tras las rejas gente de avanzada edad y graves enfermedades. Allí, no hay razones humanitarias que valgan. Mientras los políticos DE TODOS LOS COLORES, se hacen los ciegos, sordos y mudos, al igual que la iglesia y el mismo periodismo.
Ni hablar de amplios sectores de la sociedad que hipócritamente aclaman a esos terroristas que en el pasado pedían se les diera muerte. Las fuerzas, vista el uniforme que vista, perdieron su mística. Huyen de quienes estamos en prisión ante el temor de perder sus prebendas en caso de estar en actividad, o ser involucrados si son retirados y fueron miembros activos durante los gobiernos militares. Nosotros, para ellos somos leprosos, mientras siguen repitiendo palabras huecas como: “Dios, Patria o Muerte” y “¡o juremos con gloria morir!”.
Los terroristas del pasado mutaron en jóvenes idealistas, fueron indemnizados, ocupan cargos gubernamentales y tienen acceso a los medios de comunicación casi sin límite para seguir adoctrinando con su relato. Lo propio hacen en los centros de educación de todos los niveles. Para ellos su guerra no terminó en el siglo pasado, continuó y hoy está más vigente que nunca, con nuevas generaciones que supieron formar. Seguramente nada de esto será gratis para la sociedad de este territorio llamado Argentina.
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 17, 2018
[/ezcol_1half_end]Smart
Escribe Alberto Solanet.
Smart
Otra Navidad en la cárcel y ello se sufre, los años que pasan no producen acostumbramiento, máxime cuando su encierro obedece a una tremenda injusticia y son víctimas de una política de odio y venganza. Si bien son más de 2000 los presos políticos, y ya han muerto 430 en cautiverio, hay un caso por demás emblemático, el del doctor Jaime Smart, de 83 años, persona íntegra, perseguido porque no le perdonan haber pertenecido a la Cámara Federal en los años 70, donde demostró todas sus capacidades de juez probo y exigente en el cumplimiento de los derechos y garantías para con los terroristas detenidos, por más aberrantes que fueran los crímenes cometidos. En tres oportunidades le fue concedida la prisión domiciliaria, pero siempre, a último momento, un juez corrupto se lo impidió inventando una nueva causa, agregando una tortura adicional a este sufrido patriota.
Alberto Solanet
*El doctor Solanet es miembro activo de la Asociación de Abogados para la Justicia y la Concordia.
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 30, 2017
Prisión Preventiva. Cuando “La Justicia” obstruye a la Justicia
[ezcol_1half]La Nación
Advierten sobre abusos de la prisión preventiva. El Colegio de Abogados de la Ciudad propuso reglamentar las causales.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires a través de un comunicado de su titular, Guillermo Lipera, realizó una advertencia sobre el abuso del recurso de la prisión preventiva, una medida que se aplicó recientemente con cierta polémica en los casos de Julio De Vido y Amado Boudou . “A fin de evitar abusos de discrecionalidad judicial que afecten el principio de legalidad penal y la división de poderes, los recientes hechos de público conocimiento plantean la necesidad de reanalizar los límites de la restricción de la libertad durante el trámite del proceso”, dejó saber Lipera.
Dr. Guillermo Lipera Dr. Martín Irurzum
La entidad expone allí que como principio rector rige la libertad del imputado durante el desarrollo del proceso penal. La privación de la libertad no es un fin en sí mismo, sino un medio instrumental y cautelar. En las últimas semanas el tema de la prisión preventiva se transformó en una cuestión de debate jurídico porque empezó a utilizarse en forma más frecuente a partir de un fallo del camarista Martín Irurzun. En un fallo que sentó una jurisprudencia más flexible para aplicar la prisión domiciliaria, Irurzun, con el acompañamiento de su colega Leopoldo Bruglia, dijo que no sólo se debe analizar si hay arraigo del acusado para decidir si existe riesgo de fuga o de entorpecimiento. Se debe considerar un “escenario formado por conductas que involucrarían serias irregularidades en el manejo de los fondos públicos por parte de funcionarios de distintas áreas del Estado y que, se presume, han tenido un desarrollo temporal extenso, lo que implica, a su vez, que se ha contado con las complicidades necesarias para garantizar su sostenido éxito”.
En este sentido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó que “la prisión preventiva es una grave restricción a la libertad personal, pues implica una detención sin condena que sólo podrá ser admisible si se fundamenta debidamente en que el imputado intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecerá la investigación”. A partir de ese diagnóstico, la institución señaló “la necesidad de que el Congreso de la Nación reglamente las causales que, objetivamente, puedan configurar los supuestos de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga, para lo cual deberá ponderar no sólo la ley procesal, sino también la Constitución Nacional y los pactos de derechos humanos, en especial el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica y la Convención Americana de Derechos Humanos”.
http://www.lanacion.com.ar/2081382-advierten-sobre-abusos-de-la-prision-preventiva
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]PrisioneroEnArgentina.com
La Ley y el temor. Cuando “La Justicia” Obstruye a la Justicia.
No me corresponde decir que actitud ha tomado hasta ahora el Colegio de Abogados, pero es sorprendente que no se hayan percatado de presos que bajo la nube de lesa humanidad deambulan por los pasillos de las cárceles argentinas con cinco, diez o más años de prisión preventiva. Tal vez estos, poseedores del mote de sub-raza, tengan una Constitución Nacional aparte. No soy abogado, pero de serlo, estaría al tanto de algunas leyes y derechos.
Es curioso que los elementos recurrentes para imponer una prisión preventiva son el peligro de fuga o el entorpecimiento de una investigación. En el caso que me afecta como hijo de un prisionero de esta categoría, mi padre se presentó voluntariamente ante la justicia, así haya sido un rumor que un pseudo-periodista quiso implantar para inculparlo. Decenas de pedidos de indagatorias con interrogatorio de fiscales de la causa y careos fueron solicitados por nuestros representantes legales y también por derecho propio. Nunca respondidos, lo que lleva a una sola conclusión: Es el Poder Judicial quien está en fuga y el mismo Poder quien obstruye la investigación.
Dr. Alberto Solanet Dr. Germán Garavano
Habiendo mencionado esto, siempre es más impactante sacar un comunicado cuando se trata de estrellas del rock and roll político argentino. Si es solo una estrategia para que abarque a todo ciudadano y se hace lentamente y en silencio, es otra desilusión más que cae sobre nosotros desde lo más alto de la función de abogado, que debería hacerlo a gritos, ya que tienen a la ley de su lado.
Algunas instituciones parecen estar -después de más de una década- despertando, pero siguen encerrados en una creativa destrucción. Tenemos el control automático puesto para contestar preguntas con preguntas. El Ministro Garavano (Para tratar de sortear la prisión preventiva de Milagro Sala) señalo: ¿Qué pueden entonces decir los militares, que tienen cinco o seis años de preventivas vencidas? Se dice que ningún abogado debe lanzar una pregunta sin conocer la respuesta. En este caso, aclarada la situación, la pregunta sería: ¿Entonces, Germán? ¿Comenzamos a respetar la Ley o nos acobardamos ante las hordas militantes?
[/ezcol_1half_end]PrisioneroEnArgentina.com
Noviembre 12, 2017
ELISA MARÍA AVELINA CARRIÓ PREELECTORAL
Por Claudio Kussman.
NO TAN HONESTA COMO SE DICE
A las 18 horas del día 22 del corriente, momento del cierre de urnas electorales, subiremos esta nota sobre la señora Carrió. Más allá de su errónea verborragia de los últimos días, en el caso Maldonado, Imagino que se habrá impuesto por amplio margen en las elecciones. Lo propio con “Cambiemos”, si se cumplen las encuestas. Esto traerá a la mayoría de los prisioneros adultos mayores y sus respectivas familias, alegría y nuevas esperanzas de cambio, como así también a gran parte de la sociedad. Justamente por respeto a ellos no publicamos antes esta nota. De no imponerse por amplia mayoría se habrá dado un paso más hacia el abismo, de cuyo borde es tan difícil alejarse. Con mi familia no votamos y nuestras expectativas, son nulas. Lo concreto y palpable, es que ningún funcionario responde a nuestras peticiones, las muertes de prisioneros se suceden igual que siempre y sigo entrampado como otros muchos, en este mundo paralelo de sombras, en donde la justicia no se deja ver.
[ezcol_1half]Por supuesto, la doctora Carrió tiene otra teoría sobre el estado de los restos del creador de un ratón que habla. Todo es posible.
[/ezcol_1half_end]Con respecto a esta influyente diputada, las experiencias que tuvimos con mi familia han sido lamentables por sus crueles mentiras. Aclaremos que en eso, no se diferenció ni diferencia del resto de los políticos. Antes que nosotros ya habían recurrido a ella mujeres luchadoras como la Dra. María Monguillot, Ana Barreiro, y el doctor Alberto Solanet, quienes nos habían advertido, al igual que la doctora Andrea Palomas Alarcón sobre “la Lilita”. Como la experiencia no se trasmite, igual lo intentamos. Hoy advierto a amigos esperanzados que planean ir a verla. Lo hago sin éxito, porque como lo expresara, la experiencia no se trasmite.
PRIMER CONTACTO PERSONAL 31/05/2015
Mi esposa viaja a SANTA TERESITA donde la entrevista exponiéndole sobre mi situación. CARRIÓ manifiesta tener conocimiento de los abusos cometidos por el gobierno del “vamos por todo” y que de ganar MACRI las elecciones, este tenía la gente preparada para la revisión de causas. Que quede tranquila, que están trabajando.
Me dedica un ejemplar de “HUMANISMO Y LIBERTAD” escrito por ella con un dulce y cristiano texto que dice: “UN BESO GRANDE PARA CLAUDIO LLEVA CON DIGNIDAD EL PESO DE LA CRUZ”. María se quiebra hasta las lágrimas y “LILITA” la contiene tomándola de las manos. Pasa el tiempo se le envía cartas que no son respondidas. Si mi fin está en un féretro arrojado frente a la casa de gobierno ese libro que iba a tirar a la basura, me acompañará.
SEGUNDO CONTACTO PERSONAL 06/12/2016
FABIAN viaja de Orlando a MIAMI, donde la entrevista gracias a la mediación del periodista AGUSTIN RANGUGNI, propietario de TV Radio Miami. Destaco el gesto y apoyo de este excelente y valiente profesional de los medios, por quien sentimos verdadero respeto, gran aprecio y eterno agradecimiento. Allí vuelve a manifestar sobre el conocimiento que tiene sobre las causas a los adultos mayores y vuelve a repetir: < estamos trabajando>.
Estos términos serian esperanzadores, sino fuera porque el tiempo transcurre y mientras ellos “trabajan y se ocupan” nosotros seguimos muriendo en cautiverio. Al finalizar la entrevista, “LILITA” ordena a su ayudante entregar a FABIAN los números de dos teléfonos celulares para que la llame en treinta días. Motivo de expectativa y esperanza de él, de AGUSTÍN, de mi esposa y mío por supuesto. Estos teléfonos: 011 15 39240925 y 011 15 49513528 nunca fueron respondidos.
CARRIÓ EN IMAGEN Y SONIDO
La mostramos en este breve video a Carrió , cambiando de opinión y dándose vuelta en el aire “como un panqueque” acorde a una sola cosa: su conveniencia personal. Fue Fiscal de Estado de la provincia de Chaco, desde el 1978 a 1980, con el gobierno militar, Diputada por el Chaco (1995-2003) y por la Ciudad de Buenos Aires (2003-2015).
Gracias a nuestra frágil memoria e inmoral forma de ser como sociedad, subsiste a través del tiempo y diferentes gobiernos con gran cantidad de fieles seguidores. ¿Quién dijo que la mentira nunca triunfa?
Claudio Kussman
www.PrisioneroEnArgentina.com
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
@PrisioneroA
Octubre 22, 2017
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Juicio político a ALEJO RAMOS PADILLA solicitado por JUSTICIA y CONCORDIA
La Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, presentó un escrito ante la doctora Adriana Donato, presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación, solicitando juicio político a Alejo Ramos Padilla por mal desempeño y posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
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Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
Alejo Ramos Padilla en PrisioneroEnArgentina.com
[ezcol_1quarter]El Ejemplo de Ramos Padilla
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Ramos Padilla, Banda de Delincuentes
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Engaños y Mentiras Maquiélicas
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Crítica Situación Judicial
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Farsantes
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Robo de Tiempo Biológico
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Esbirros y Seacuaces
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Justicia “Fellinesca”
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Justicia Condicionada
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Mentiras de la “Justicia” Argentina
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[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]Estos son los Verdaderos Delincuentes
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Santiago Ulpiano Martínez en su Propio Laberinto
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Irreverente
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]Carta Abierta al Doctor Guillermo Jesús Fanego
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]El último día: 9 de Diciembre del 2015
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]¿Ecografía igual a Tomografía?
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Desmesura
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]De Cortapastos, Semidioses, Igualdades y Desconciertos
[/ezcol_1quarter_end] [ezcol_1quarter]“Justicia” Argentina o ver a un Juez Nueve Meses Después
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Nota Poco Convencional al Juez Ramos Padilla
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]Alejo Ramos Padilla Finalmente Recusado
[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]8 Transistorios Jueces 8
[/ezcol_1quarter_end]SUTURAR LA LLAGA
Escriben Carlos Bosch y Alberto Solanet.
Suturar la llaga
En nombre de nuestra asociación, cuyo objetivo es luchar por la vigencia de la justicia y la concordia, expresamos nuestra gratitud al arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, por su permanente testimonio y compromiso con la verdad, predicada mediante un mensaje claro, “a tiempo y a destiempo” en el ejercicio de su sagrado ministerio. Su carta “Justicia o venganza” expresa con nitidez la tragedia que vivimos los argentinos. Nada más cierto que “la manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia”. Es que en la Argentina se demolió el derecho, que ha sido sustituido por la llamada “política de derechos humanos”, en una obra siniestra originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como consecuencia de ello, hay más de 2000 presos políticos y ya 420 muertos en cautiverio, olvidados de la sociedad. La voz de la Iglesia debe estimular a quienes gobiernan la república para que cumplan acabadamente con la obligación de proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista. Quiera Dios que su ejemplo cunda y sirva para deponer falsos temores y propalar la verdad, lo que ayudará, sin duda, a suturar la llaga que divide a los argentinos.
Alberto Solanet
Presidente
Carlos Bosch
Secretario
Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 24, 2017
Opinión de JUSTICIA y CONCORDIA ante la carta de Monseñor Aguer
La carta al diario La Nación de Monseñor Aguer y sus repercusiones.
[ezcol_1half]¿Justicia o venganza?
En LA NACION del sábado pasado leí que el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a prisión perpetua a diez ex policías y militares por delitos cometidos durante el Operativo Independencia, en 1975. ¡Cuarenta y dos años después! El título de la noticia expresaba la causa de la condena: “Represión ilegal”. Habrá sido ilegítima, injusta, abusiva, inmoral, pero no ilegal, ya que el mismo escrito recuerda que la presidenta, señora de Perón, “firmó los decretos de aniquilación de las fuerzas subversivas, que dieron origen al operativo”.
La manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia. Un interrogante: ¿por qué el enriquecimiento de los funcionarios del Estado a costa del empobrecimiento del pueblo no ha de considerarse también delito de lesa humanidad? Por lo visto, cuando quiere, la “Justicia” se demora, se distrae o se presta al servicio de los ideólogos.
Héctor Aguer
Arzobispo de La Plata
Colaboración: Dra, Andrea Palomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 20, 2017
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
S.E.R. Mons. Héctor Aguer
Arzobispo de La Plata
Excelencia:
En nombre de nuestra Asociación, cuyo objetivo es luchar por la vigencia de la Justicia y la Concordia, expresamos nuestra gratitud por su permanente testimonio y compromiso con la verdad, predicada mediante un mensaje claro, “a tiempo y a destiempo” en el ejercicio de su Sagrado Ministerio.
La carta de su autoría, publicada en el diario La Nación bajo el título de “Justicia o Venganza”, expresa con nitidez la tragedia que vivimos los argentinos. Nada más cierto que“La manipulación del concepto de lesa humanidad permite que la venganza continúe camuflándose como justicia”. Es que en la Argentina se demolió el derecho, que ha sido sustituido por la llamada “política de derechos humanos”, en una obra siniestra originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como consecuencia de ello hay más de 2.000 presos políticos y ya 420 muertos en cautiverio, olvidados de la sociedad.
La voz de la Iglesia debe estimular a quienes gobiernan la república para que cumplan acabadamente con la obligación de proveer el bien común de los argentinos y consolidar la paz interior, por encima de cualquier especulación electoralista.
Quiera Dios que su ejemplo cunda y sirva para deponer falsos temores y propalar la verdad, lo que ayudará, sin duda, a suturar la llaga que divide a los argentinos.
Nuevamente agradecidos, lo saludamos con afecto en Cristo y María.
Carlos Bosch (Presidente)
Alberto Solanet (Secretario)
[/ezcol_1half_end]Justicia y Concordia: Carta al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Señor Presidente del
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Dr. Guillermo Lipera
P r e s e n t e
Estimado Guillermo:
No quiero dejar de manifestar por escrito, a fin de que la hagas conocer a los miembros del Directorio, mi absoluta disconformidad con la actuación del Colegio respecto a la verdadera tragedia que viven más de 2.000 presos políticos encerrados ilegalmente, víctimas de una política de persecución sistemática originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y de los jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como ustedes saben, 418 presos ya han muerto en cautiverio, de los cuales los últimos 77 corresponden al período que lleva andado el nuevo gobierno.
Somos todos conscientes de que para llevar adelante esta política se demolió el derecho en sus principios más básicos, como jamás se había registrado en nuestra historia, así como que la persecución odiosa y los absurdos encarcelamientos continúan en el presente. La última detención, ocurrida hace pocos días, fue la del Almirante Rodolfo Luchetta – ¡91 años de edad cumplidos! -, realizada con despliegue circense por el Ministerio de Seguridad de la Nación, cual si se tratase de una banda de narcotraficantes.
Hace un año nos reunimos algunos socios de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia contigo y con miembros del Directorio del Colegio, a los fines de proyectar una acción conjunta con miras de conjurar este escándalo, que avergüenza a nuestra generación. Como primera medida nuestra Asociación aportó un Manifiesto firmado por trece Académicos del Derecho, en el que se denunciaba, sin eufemismos, esta gravísima situación que agravia a la justicia argentina. Quisimos darle la máxima difusión que la materia y la firma de tan destacados juristas merecía, pero el Directorio que presidís, luego de idas y vueltas, negó cualquier clase de participación.
Hace dos meses la Corte, en su nueva composición, luego de doce años de haber incurrido en el más gigantesco prevaricato de la historia, emitió dos fallos ajustados a derecho: el primero, ordenando la prisión domiciliaria de un detenido, en razón de tener más de 70 años; y el segundo – caso “Muiña” –disponiendo la aplicación de la ley penal más benigna. La reacción de los Verbitzky, Carlotto y compañía, así como la de la izquierda más extrema, aturdió a un gobierno tembloroso, el cual, pese a sus continuas protestas de respeto por las competencias de los jueces, promovió y obtuvo en 24 horas la sanción de una ley “interpretativa”. Casi de inmediato, tanto aquella convulsa reacción, cuanto el mamarracho legislativo, merecieron la grave réplica de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas, así como la de otras Asociaciones (incluida ésta que presido). El Colegio de Abogados, en cambio, esperó una semana para emitir un comunicado que, para calificarlo de alguna manera, resultó por lo menos no demasiado explícito.
En el acto frente a Tribunales del último jueves, pergeñado por Enrique Avogadro con la colaboración de Alejandro Fargosi, cuyo objetivo era denunciar el prevaricato, la corrupción y la desidia de los jueces por su público desempeño en casos de pública notoriedad y en los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, estos últimos ni siquiera fueron mencionados, como tampoco lo fueron las miles de víctimas que causó el terrorismo entre nosotros y que hace años vienen clamando por salir de la invisibilidad en que han sido sumidas, también ahora por la actitud complaciente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestra Asociación concurrió al acto llevando el cartel que la identifica y mediante un megáfono hizo escuchar diversas consignas sobre la inmoral conducta de los jueces. Sobre el palco montado o muy cerca de éste pudimos ver a algunos integrantes del Directorio y al mismo Alejandro Fargosi, quienes, cumpliendo un papel claramente protagónico, eludieron cuidadosamente toda referencia a los presos políticos y a las víctimas del terrorismo.
En representación de esta Asociación y en mi propio nombre como antiguo socio del Colegio, deploro francamente la reiterada falta de interés puesta de manifiesto por el Directorio ante la gravísima situación que viven los presos políticos, las víctimas del terrorismo y sus familiares, quienes, como los esclavos de antaño o los pertenecientes a la casta de los parias, no son merecedores de las elementales garantías y derechos que prescribe la Constitución para todos los habitantes de la República.
Creo interpretar de esta forma a una gran parte de los socios del Colegio, que ante situaciones de menor entidad siempre supo colocarse a la vanguardia en la defensa de las instituciones, del orden jurídico y de la justicia, pilares de la República.
Desearía tener confianza en que tanto vos cuanto tus pares en el Directorio sabrán interpretar el sentido de estas reflexiones y hago votos para que así sea, con la ayuda de Dios.
Atentamente,
Alberto Solanet
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 10, 2017
Tribunales Populares
Escribe Alberto Solanet en Cartas de Lectores del diario La Nación.
Tribunales populares
El doctor Ricardo Lorenzetti, en una conferencia realizada en Madrid, cuestionó el reciente fallo recaído en el caso “Muiña” (conocido como el “2 x 1”) entre otras razones, por no estar de acuerdo en que la decisión obedezca “a mayorías circunstanciales”. Adujo además que “en casos relevantes es muy importante escuchar a la mayor cantidad de partes involucradas y por eso se deben incrementar las audiencias públicas con mucha participación social” (sic), Consideramos de extrema gravedad estas expresiones, vertidas nada menos que por el presidente de la Corte Suprema. La primera afirmación, además de despreciar los votos de los otros ministros que no coincidieron con él, desconoce la esencia de tan trascendente cuerpo colegiado. Por otra parte, le recordamos a Lorenzetti que los fallos en las causas “Arancibia Clavel” y “Simón”, que avasallaron principios liminares del derecho, fueron resultado de “mayorías circunstanciales” y dieron pie a que jueces corruptos, al servicio de una política de venganza y persecución, encarcelaran a más de 2000 presos políticos, de los cuales han muerto 412 en cautiverio. Con la segunda afirmación, Lorenzetti proclama, sin eufemismos, su preferencia por los “tribunales populares”, antítesis de las normas y tradición sobre las que se asienta nuestra justicia.
Alberto Solanet
Presidente Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 3, 2017
Teléfono descompuesto (La respuesta de Avruj a Justicia y Concordia)
[ezcol_3fifth]Download [2.13 MB]
El 23 de setiembre del año pasado, la organización Justicia y Concordia le presentó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un detallado reporte/denuncia de 63 páginas en las que con claridad establecía, enumeraba y educaba a esa secretaría sobre las aberraciones jurídicas de las cuales los presos políticos o prisioneros ilegales en Argentina eran víctimas.
El informe fue a parar a las manos del doctor Schapira, quien seguramente, ocupado en otros rompecabezas más importantes, solo esgrimió sobre las facultades reales de esa secretaría de presentarse como querellantes, mientras que los abogados de Justicia y Concordia denunciaban y probaban el desarrollo de los procesos sin las mínimas garantías constitucionales ni merecimiento de los elementales derechos humanos. Ante esta -creo- confusión lingüística, Justicia y Concordia vuelve a elaborar un informe. esta vez en marzo del corriente año, tratando de cubrir posibles malos entendidos o interpretaciones dejadas al azar.
La doctora Andrea Palomas Alarcón nos acerca este nuevo capítulo que podemos leer a la izquierda de esta pantalla.
[/ezcol_2fifth_end]PrisioneroEnArgentina.com
Junio 24, 2017
Adhesión de Justicia y Concordia a la marcha anti corrupción
[ezcol_1quarter].[/ezcol_1quarter] [ezcol_1half]Nuestra asociación adhiere y estará presente en la manifestación que tendrá lugar mañana frente a los tribunales de Comodoro Py a las 15:00 horas reclamando el cese de la corrupción de los jueces.
Alberto Solanet (Presidente)
Carlos Bosch (Secretario)
[/ezcol_1half] [ezcol_1quarter_end].[/ezcol_1quarter_end]Colaboración: AndreaPalomas Alarcón
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 19, 2017