No quiero dejar de manifestar por escrito, a fin de que la hagas conocer a los miembros del Directorio, mi absoluta disconformidad con la actuación del Colegio respecto a la verdadera tragedia que viven más de 2.000 presos políticos encerrados ilegalmente, víctimas de una política de persecución sistemática originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y de los jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como ustedes saben, 418 presos ya han muerto en cautiverio, de los cuales los últimos 77 corresponden al período que lleva andado el nuevo gobierno.
Somos todos conscientes de que para llevar adelante esta política se demolió el derecho en sus principios más básicos, como jamás se había registrado en nuestra historia, así como que la persecución odiosa y los absurdos encarcelamientos continúan en el presente. La última detención, ocurrida hace pocos días, fue la del Almirante Rodolfo Luchetta – ¡91 años de edad cumplidos! -, realizada con despliegue circense por el Ministerio de Seguridad de la Nación, cual si se tratase de una banda de narcotraficantes.
Hace un año nos reunimos algunos socios de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia contigo y con miembros del Directorio del Colegio, a los fines de proyectar una acción conjunta con miras de conjurar este escándalo, que avergüenza a nuestra generación. Como primera medida nuestra Asociación aportó un Manifiesto firmado por trece Académicos del Derecho, en el que se denunciaba, sin eufemismos, esta gravísima situación que agravia a la justicia argentina. Quisimos darle la máxima difusión que la materia y la firma de tan destacados juristas merecía, pero el Directorio que presidís, luego de idas y vueltas, negó cualquier clase de participación.
Hace dos meses la Corte, en su nueva composición, luego de doce años de haber incurrido en el más gigantesco prevaricato de la historia, emitió dos fallos ajustados a derecho: el primero, ordenando la prisión domiciliaria de un detenido, en razón de tener más de 70 años; y el segundo – caso “Muiña” –disponiendo la aplicación de la ley penal más benigna. La reacción de los Verbitzky, Carlotto y compañía, así como la de la izquierda más extrema, aturdió a un gobierno tembloroso, el cual, pese a sus continuas protestas de respeto por las competencias de los jueces, promovió y obtuvo en 24 horas la sanción de una ley “interpretativa”. Casi de inmediato, tanto aquella convulsa reacción, cuanto el mamarracho legislativo, merecieron la grave réplica de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas, así como la de otras Asociaciones (incluida ésta que presido). El Colegio de Abogados, en cambio, esperó una semana para emitir un comunicado que, para calificarlo de alguna manera, resultó por lo menos no demasiado explícito.
En el acto frente a Tribunales del último jueves, pergeñado por Enrique Avogadro con la colaboración de Alejandro Fargosi, cuyo objetivo era denunciar el prevaricato, la corrupción y la desidia de los jueces por su público desempeño en casos de pública notoriedad y en los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, estos últimos ni siquiera fueron mencionados, como tampoco lo fueron las miles de víctimas que causó el terrorismo entre nosotros y que hace años vienen clamando por salir de la invisibilidad en que han sido sumidas, también ahora por la actitud complaciente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestra Asociación concurrió al acto llevando el cartel que la identifica y mediante un megáfono hizo escuchar diversas consignas sobre la inmoral conducta de los jueces. Sobre el palco montado o muy cerca de éste pudimos ver a algunos integrantes del Directorio y al mismo Alejandro Fargosi, quienes, cumpliendo un papel claramente protagónico, eludieron cuidadosamente toda referencia a los presos políticos y a las víctimas del terrorismo.
En representación de esta Asociación y en mi propio nombre como antiguo socio del Colegio, deploro francamente la reiterada falta de interés puesta de manifiesto por el Directorio ante la gravísima situación que viven los presos políticos, las víctimas del terrorismo y sus familiares, quienes, como los esclavos de antaño o los pertenecientes a la casta de los parias, no son merecedores de las elementales garantías y derechos que prescribe la Constitución para todos los habitantes de la República.
Creo interpretar de esta forma a una gran parte de los socios del Colegio, que ante situaciones de menor entidad siempre supo colocarse a la vanguardia en la defensa de las instituciones, del orden jurídico y de la justicia, pilares de la República.
Desearía tener confianza en que tanto vos cuanto tus pares en el Directorio sabrán interpretar el sentido de estas reflexiones y hago votos para que así sea, con la ayuda de Dios.
Justicia y Concordia: Carta al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Señor Presidente del
Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires
Dr. Guillermo Lipera
P r e s e n t e
Estimado Guillermo:
No quiero dejar de manifestar por escrito, a fin de que la hagas conocer a los miembros del Directorio, mi absoluta disconformidad con la actuación del Colegio respecto a la verdadera tragedia que viven más de 2.000 presos políticos encerrados ilegalmente, víctimas de una política de persecución sistemática originada en la tiranía de los Kirchner con la complicidad del Congreso y de los jueces corruptos, desde la Corte Suprema para abajo. Como ustedes saben, 418 presos ya han muerto en cautiverio, de los cuales los últimos 77 corresponden al período que lleva andado el nuevo gobierno.
Somos todos conscientes de que para llevar adelante esta política se demolió el derecho en sus principios más básicos, como jamás se había registrado en nuestra historia, así como que la persecución odiosa y los absurdos encarcelamientos continúan en el presente. La última detención, ocurrida hace pocos días, fue la del Almirante Rodolfo Luchetta – ¡91 años de edad cumplidos! -, realizada con despliegue circense por el Ministerio de Seguridad de la Nación, cual si se tratase de una banda de narcotraficantes.
Hace un año nos reunimos algunos socios de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia contigo y con miembros del Directorio del Colegio, a los fines de proyectar una acción conjunta con miras de conjurar este escándalo, que avergüenza a nuestra generación. Como primera medida nuestra Asociación aportó un Manifiesto firmado por trece Académicos del Derecho, en el que se denunciaba, sin eufemismos, esta gravísima situación que agravia a la justicia argentina. Quisimos darle la máxima difusión que la materia y la firma de tan destacados juristas merecía, pero el Directorio que presidís, luego de idas y vueltas, negó cualquier clase de participación.
Hace dos meses la Corte, en su nueva composición, luego de doce años de haber incurrido en el más gigantesco prevaricato de la historia, emitió dos fallos ajustados a derecho: el primero, ordenando la prisión domiciliaria de un detenido, en razón de tener más de 70 años; y el segundo – caso “Muiña” –disponiendo la aplicación de la ley penal más benigna. La reacción de los Verbitzky, Carlotto y compañía, así como la de la izquierda más extrema, aturdió a un gobierno tembloroso, el cual, pese a sus continuas protestas de respeto por las competencias de los jueces, promovió y obtuvo en 24 horas la sanción de una ley “interpretativa”. Casi de inmediato, tanto aquella convulsa reacción, cuanto el mamarracho legislativo, merecieron la grave réplica de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas, así como la de otras Asociaciones (incluida ésta que presido). El Colegio de Abogados, en cambio, esperó una semana para emitir un comunicado que, para calificarlo de alguna manera, resultó por lo menos no demasiado explícito.
En el acto frente a Tribunales del último jueves, pergeñado por Enrique Avogadro con la colaboración de Alejandro Fargosi, cuyo objetivo era denunciar el prevaricato, la corrupción y la desidia de los jueces por su público desempeño en casos de pública notoriedad y en los llamados ‘juicios de lesa humanidad’, estos últimos ni siquiera fueron mencionados, como tampoco lo fueron las miles de víctimas que causó el terrorismo entre nosotros y que hace años vienen clamando por salir de la invisibilidad en que han sido sumidas, también ahora por la actitud complaciente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestra Asociación concurrió al acto llevando el cartel que la identifica y mediante un megáfono hizo escuchar diversas consignas sobre la inmoral conducta de los jueces. Sobre el palco montado o muy cerca de éste pudimos ver a algunos integrantes del Directorio y al mismo Alejandro Fargosi, quienes, cumpliendo un papel claramente protagónico, eludieron cuidadosamente toda referencia a los presos políticos y a las víctimas del terrorismo.
En representación de esta Asociación y en mi propio nombre como antiguo socio del Colegio, deploro francamente la reiterada falta de interés puesta de manifiesto por el Directorio ante la gravísima situación que viven los presos políticos, las víctimas del terrorismo y sus familiares, quienes, como los esclavos de antaño o los pertenecientes a la casta de los parias, no son merecedores de las elementales garantías y derechos que prescribe la Constitución para todos los habitantes de la República.
Creo interpretar de esta forma a una gran parte de los socios del Colegio, que ante situaciones de menor entidad siempre supo colocarse a la vanguardia en la defensa de las instituciones, del orden jurídico y de la justicia, pilares de la República.
Desearía tener confianza en que tanto vos cuanto tus pares en el Directorio sabrán interpretar el sentido de estas reflexiones y hago votos para que así sea, con la ayuda de Dios.
Atentamente,
Alberto Solanet
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 10, 2017