Con respecto a la lamentable muerte del artesano Santiago Maldonado, que estaba desaparecido dese el 1º de agosto, en Esquel, Chubut, y fue encontrado por los buzos de la Prefectura Naval, en el día de ayer (19 del actual) a 400 metros río arriba en el territorio usurpado por los dos grupos antagónicos mapuches por cuestiones territoriales, en un supuesto “reservorio sagrado“, quienes vigilaban a los bomberos que buscaban al desafortunado Maldonado encapuchados y armados con cuchillos, siendo encontrado el cuerpo de una persona -que luego fue reconocido por sus familiares- por la Prefectura Naval, que afirmó que ese era el primer rastrillaje y no el cuarto como afirmaban voces interesadas o mitómanas, es oportuno que el juez federal Gustavo Lleral, que según versiones sabía por un testigo encubierto el lugar donde estaba el cuerpo, y por ello dio instrucciones con respecto al envío de perros entrenados para descubrir cadáveres sumergidos en agua; la Argentina se encuentra en un serio problema de naturaleza legal y soberano, desde la Campaña del Desierto (1878/1879) por Avellaneda y Roca, cesando el problema araucano/mapuche, pues nadie puede- y menos ese pueblo originario chileno pretender la posesión de territorio nacional en la provincia de Chubut -, siendo conocido el prurito independista de los mapuches a costa de Argentina y la exhibición de mapas mostrando a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut como territorio mapuche, es decir chileno, que el Estado a través de sus autoridades -los poderes judicial y Ejecutivo- tomar las medidas pertinentes, el primero investigar y descubrir a los responsables del asesinato del desafortunado Santiago Maldonado; y el último ejercer su autoridad para poner coto a todo ese desvarío insólito, inaceptable e improcedente.
Como la desaparición se produjo en el sedicente “reservorio sagrado” (¿?) de ese pueblo chileno en territorio nacional argentino, urge actuar con toda energía a fin de investigar -repito- quienes lo mataron en ese territorio usurpado por ellos, de propiedad de la empresa Benetton, aplicándoles todo el peso de la ley y las sanciones penales que cupiere, ya que a todas luces estaríamos ante un asesinato.
La administración del presidente Mauricio Macri ejercer su autoridad a fin de que se acoten las andanzas de los mapuches en territorio nacional, creando serios problemas, abusos e intranquilizando a nuestra población en la Patagonia, y que sepan que no se tolerará ninguna violación a la ley y menos la usurpación de tierras privadas o provinciales, en cuyo caso serán imputados, procesados, juzgados y condenados ante cualquier conato de usurpación de territorio nacional.
El viernes 21 del actual, un sedicente grupo autodenominado “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, incendió un puesto de una estancia de la Compañia Tierras del Sud Argentino, perteneciente al grupo Benetton, en la localidad chubutense de Epuyén, golpeando cuatro individuos encapuchados al hombre que cuidada el lugar, esparciendo los agresores panfletos que pedían la libertad de Facundo Jones Huala, un activista que está detenido en Chubut y con pedido de captura de la justicia chilena, a quien los agresores consideran como “preso político mapuche de los Estados argentino y chileno”. Jones Huala ratificó su aval a “la violencia” buscando compensación para los pueblos originarios de Chile y reiterando que “Nuestro enemigo es el capitalismo” y que sus seguidores se reivindican “como anti-imperialista, anti-oligárquicos, anti-capitalistas, anti-colonialistas”, pero sobre todo parte de una humanidad que debe levantar los valores humanos” (sic).
Como la nota gráfica del diario “La Prensa” del 23 del corriente muestra un cartel que dice “TERRITORIO MAPUCHE” en Chubut, es oportuno aclarar a esos impenitentes desabridos y pretendidos dueños del territorio argentino, que el mapuche no es pueblo originario argentino sino chileno, en virtud de que los araucanos/mapuches que habrían cruzado el estrecho de Bering y que de Chile, a partir de 1830, haciéndose llamar también huilliches, pehuelches y picunches, etc., llegaron a la Argentina siendo ya una nación libre, soberana e independiente. Se asentaron en los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut, habitados por los guenaken o guinecas, a los que llamaron tehuelches -“gente del sur”-, que es un híbrido de pampas y mapuches, quienes en sus guerras invasivas diezmaron y desalojaron a aquéllos, hacia el sur, hasta Tierra del Fuego. Los araucanos/mapuches fueron empujados por el general Julio Argentino Roca a su país, Chile.
Es pertinente consignar que los araucanos/mapuches, que fueron expulsados por las fuerzas patrióticas chilenas por “realistas”, estableciéndose definitivamente en Carhué, con la autorización de Buenos Aires. El 18 de octubre de 1824, el cacique principal, Mariano Caniullán, se bautizó y tomó el apellido de su padrino, el general José Rondeau; y fijó su residencia en Chiloé (1), voz mapuche que significa “lugar de chilenos”, Calfacurá, en 1834, recién llegado de Chile.
He mencionado particularidades de los mapuches, que con sus malones -que desnudan su naturaleza- llegaban hasta Bahía Blanca, tomaban mujeres y niñas cautivas que “indianizaban”, al tiempo que mataban todo hombre mayor de 14 años, y arrastraban hasta 200 mil cabezas de ganado bovino a Chile; para destacar el gravísimo error que cometió la Convención Constituyente de Neuquén en febrero de 2006, bajo la presidencia del ex gobernador Jorge Sobisch, que bajo la presión del inefable y marxista premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y del ideologismo indigenista cometió la torpeza de reconocer a los mapuches “derechos de pueblo originario”, por no ser -repito- pueblo originario argentino sino chileno. Tampoco, tuvo en cuenta el mapa de la Argentina, donde las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut aparecen remarcadas como territorio mapuche -por sus ínfulas independistas-, que con el título de “Lo que faltaba“, señalaba “La Prensa” el 13 de octubre de 1988, preguntando: “¿Qué dice el gobierno argentino?“…; y lo que hizo Sobisch fue echar leña al fuego, como queda dicho ut supra.
Destaco que Roca impidiendo que los mapuches tomaran posesión de los territorios de las provincias aludidas, aseguró a la Patagonia como territorio nacional.
1) Lugar en La Pampa, próximo a Salinas Grandes, no confundir con la isla homónima.
No se entiende que la empresa Ppsico, que cerró su fábrica de Florida Oeste, partido de Vicente López, haya incumplido con los términos del “procedimiento preventivo de crisis” que invocó para cesantear únicamente a 10 despedidos, que presentaron una medida cautelar, según la Sala Sexta del Tribunal, integrada por los jueces Luis Aníbal Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, que la obliga a reincorporar únicamente a esas diez personas. La empresa está en su derecho de “ejercer toda industria lícita” y cerrar esa fuente de trabajo por factores económicos y para ello cumpliendo con las disposiciones legales les ofreció a su personal -unos 600 trabajadores-, a unos aceptaron trasladarse a una nueva fábrica en Mar del Plata, a otros les pagó doble indemnización legal (entre 600 mil y 5 millones de pesos), a otros trabajo administrativo, que aceptaron, y del total del personal unos 90 rechazaron todo acuerdo y ocuparon ilegalmente el predio del establecimiento que fue desalojado por la orden de juez Andrea Rodríguez Mentaste, quienes, incitados por la izquierda política vernácula provocaron tumultos, desacataron y desobedecieron la manda judicial y la autoridad policial, como también resultaron heridos 15 trabajadores, 15 efectivos del orden, y a una agente le causaron una fractura expuesta de la tibia y peroné de una pierna, con cascotes arrojados desde el techo del edificio usurpado.
A la luz de los hechos sucintamente expuestos, no se entiende la lógica judicial del tribunal de marras que dispuso la medida contra Pepsico y la aplicación de “sanciones conminatorias a razón de cinco mil pesos por cada día de demora”.
Está en la empresa ejercer su defensa y derechos constitucionales, apelando a una instancia judicial superior.
No se debió llegar a extremo de que la Cámara de Diputados por unanimidad haya convertido en ley la protección a las víctimas de asesinatos, creando un Centro de Protección y Asistencia a las Víctimas de delitos, los cuales deberán permanecer abiertos las 24 horas y tendrán que contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados, por tratarse de la función del Ministerio Público, es decir del Estado de tutelar a las víctimas de delitos (sin necesidad de crear más burocracia).
Lamentablemente, durante el “kirchnerato” de 12 años y medio, el Estado abjuró de su deber de tutelar a la sociedad, y, por el contrario, estaba obligada ésta de facto de proveer a la delincuencia lo que requerían, en lugar de trabajar, es decir que de hecho se protegía a la delincuencia, y por el colectivo “Justicia (i)legítima”, en el Poder Judicial (jueces y fiscales), llegamos al extremo de que se liberara a condenados por delitos de violación, quienes por portarse bien en las cárceles, y transformando los victimarios en víctimas, les concedían la libertad condicional para que siguieran cometiendo ese execrable delito, violando y matando a nuevas víctimas, como sucedió reiteradamente.
En buena hora, que los legisladores depusieran sus intereses partidarios y personales y hayan sancionado la ley que protegerá de ahora en más, a las víctimas de crímenes, entre tantos otros, de Matías Bagnato, Paulina Lebbos, asesinada hace 10 años en Tucumán, Axel Blumberg en el año 2004.
Lo que falta es que se haga una reforma del Código Penal a fin de que la lábil legislación penal no siga siendo aplicada con lenidad por los jueces garantistas, en la peor acepción, émulos del abolicionista del Código Penal, el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni.
LAMENTABLE MUERTE
Por Alfredo Nobre Leite
Con respecto a la lamentable muerte del artesano Santiago Maldonado, que estaba desaparecido dese el 1º de agosto, en Esquel, Chubut, y fue encontrado por los buzos de la Prefectura Naval, en el día de ayer (19 del actual) a 400 metros río arriba en el territorio usurpado por los dos grupos antagónicos mapuches por cuestiones territoriales, en un supuesto “reservorio sagrado“, quienes vigilaban a los bomberos que buscaban al desafortunado Maldonado encapuchados y armados con cuchillos, siendo encontrado el cuerpo de una persona -que luego fue reconocido por sus familiares- por la Prefectura Naval, que afirmó que ese era el primer rastrillaje y no el cuarto como afirmaban voces interesadas o mitómanas, es oportuno que el juez federal Gustavo Lleral, que según versiones sabía por un testigo encubierto el lugar donde estaba el cuerpo, y por ello dio instrucciones con respecto al envío de perros entrenados para descubrir cadáveres sumergidos en agua; la Argentina se encuentra en un serio problema de naturaleza legal y soberano, desde la Campaña del Desierto (1878/1879) por Avellaneda y Roca, cesando el problema araucano/mapuche, pues nadie puede- y menos ese pueblo originario chileno pretender la posesión de territorio nacional en la provincia de Chubut -, siendo conocido el prurito independista de los mapuches a costa de Argentina y la exhibición de mapas mostrando a las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut como territorio mapuche, es decir chileno, que el Estado a través de sus autoridades -los poderes judicial y Ejecutivo- tomar las medidas pertinentes, el primero investigar y descubrir a los responsables del asesinato del desafortunado Santiago Maldonado; y el último ejercer su autoridad para poner coto a todo ese desvarío insólito, inaceptable e improcedente.
Como la desaparición se produjo en el sedicente “reservorio sagrado” (¿?) de ese pueblo chileno en territorio nacional argentino, urge actuar con toda energía a fin de investigar -repito- quienes lo mataron en ese territorio usurpado por ellos, de propiedad de la empresa Benetton, aplicándoles todo el peso de la ley y las sanciones penales que cupiere, ya que a todas luces estaríamos ante un asesinato.
La administración del presidente Mauricio Macri ejercer su autoridad a fin de que se acoten las andanzas de los mapuches en territorio nacional, creando serios problemas, abusos e intranquilizando a nuestra población en la Patagonia, y que sepan que no se tolerará ninguna violación a la ley y menos la usurpación de tierras privadas o provinciales, en cuyo caso serán imputados, procesados, juzgados y condenados ante cualquier conato de usurpación de territorio nacional.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 21, 2017
EL MAPUCHE NO ES UN PUEBLO ORIGINARIO ARGENTINO
Escribe Alfredo Nobre Leite.
El viernes 21 del actual, un sedicente grupo autodenominado “Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, incendió un puesto de una estancia de la Compañia Tierras del Sud Argentino, perteneciente al grupo Benetton, en la localidad chubutense de Epuyén, golpeando cuatro individuos encapuchados al hombre que cuidada el lugar, esparciendo los agresores panfletos que pedían la libertad de Facundo Jones Huala, un activista que está detenido en Chubut y con pedido de captura de la justicia chilena, a quien los agresores consideran como “preso político mapuche de los Estados argentino y chileno”. Jones Huala ratificó su aval a “la violencia” buscando compensación para los pueblos originarios de Chile y reiterando que “Nuestro enemigo es el capitalismo” y que sus seguidores se reivindican “como anti-imperialista, anti-oligárquicos, anti-capitalistas, anti-colonialistas”, pero sobre todo parte de una humanidad que debe levantar los valores humanos” (sic).
Como la nota gráfica del diario “La Prensa” del 23 del corriente muestra un cartel que dice “TERRITORIO MAPUCHE” en Chubut, es oportuno aclarar a esos impenitentes desabridos y pretendidos dueños del territorio argentino, que el mapuche no es pueblo originario argentino sino chileno, en virtud de que los araucanos/mapuches que habrían cruzado el estrecho de Bering y que de Chile, a partir de 1830, haciéndose llamar también huilliches, pehuelches y picunches, etc., llegaron a la Argentina siendo ya una nación libre, soberana e independiente. Se asentaron en los territorios de Neuquén, Río Negro y Chubut, habitados por los guenaken o guinecas, a los que llamaron tehuelches -“gente del sur”-, que es un híbrido de pampas y mapuches, quienes en sus guerras invasivas diezmaron y desalojaron a aquéllos, hacia el sur, hasta Tierra del Fuego. Los araucanos/mapuches fueron empujados por el general Julio Argentino Roca a su país, Chile.
Es pertinente consignar que los araucanos/mapuches, que fueron expulsados por las fuerzas patrióticas chilenas por “realistas”, estableciéndose definitivamente en Carhué, con la autorización de Buenos Aires. El 18 de octubre de 1824, el cacique principal, Mariano Caniullán, se bautizó y tomó el apellido de su padrino, el general José Rondeau; y fijó su residencia en Chiloé (1), voz mapuche que significa “lugar de chilenos”, Calfacurá, en 1834, recién llegado de Chile.
He mencionado particularidades de los mapuches, que con sus malones -que desnudan su naturaleza- llegaban hasta Bahía Blanca, tomaban mujeres y niñas cautivas que “indianizaban”, al tiempo que mataban todo hombre mayor de 14 años, y arrastraban hasta 200 mil cabezas de ganado bovino a Chile; para destacar el gravísimo error que cometió la Convención Constituyente de Neuquén en febrero de 2006, bajo la presidencia del ex gobernador Jorge Sobisch, que bajo la presión del inefable y marxista premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y del ideologismo indigenista cometió la torpeza de reconocer a los mapuches “derechos de pueblo originario”, por no ser -repito- pueblo originario argentino sino chileno. Tampoco, tuvo en cuenta el mapa de la Argentina, donde las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut aparecen remarcadas como territorio mapuche -por sus ínfulas independistas-, que con el título de “Lo que faltaba“, señalaba “La Prensa” el 13 de octubre de 1988, preguntando: “¿Qué dice el gobierno argentino?“…; y lo que hizo Sobisch fue echar leña al fuego, como queda dicho ut supra.
Destaco que Roca impidiendo que los mapuches tomaran posesión de los territorios de las provincias aludidas, aseguró a la Patagonia como territorio nacional.
1) Lugar en La Pampa, próximo a Salinas Grandes, no confundir con la isla homónima.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 23, 2017
ILÓGICA LEGAL
Escribe Alfredo Nobre Leite.
Opinión
No se entiende que la empresa Ppsico, que cerró su fábrica de Florida Oeste, partido de Vicente López, haya incumplido con los términos del “procedimiento preventivo de crisis” que invocó para cesantear únicamente a 10 despedidos, que presentaron una medida cautelar, según la Sala Sexta del Tribunal, integrada por los jueces Luis Aníbal Raffaghelli y Néstor Rodríguez Brunengo, que la obliga a reincorporar únicamente a esas diez personas. La empresa está en su derecho de “ejercer toda industria lícita” y cerrar esa fuente de trabajo por factores económicos y para ello cumpliendo con las disposiciones legales les ofreció a su personal -unos 600 trabajadores-, a unos aceptaron trasladarse a una nueva fábrica en Mar del Plata, a otros les pagó doble indemnización legal (entre 600 mil y 5 millones de pesos), a otros trabajo administrativo, que aceptaron, y del total del personal unos 90 rechazaron todo acuerdo y ocuparon ilegalmente el predio del establecimiento que fue desalojado por la orden de juez Andrea Rodríguez Mentaste, quienes, incitados por la izquierda política vernácula provocaron tumultos, desacataron y desobedecieron la manda judicial y la autoridad policial, como también resultaron heridos 15 trabajadores, 15 efectivos del orden, y a una agente le causaron una fractura expuesta de la tibia y peroné de una pierna, con cascotes arrojados desde el techo del edificio usurpado.
A la luz de los hechos sucintamente expuestos, no se entiende la lógica judicial del tribunal de marras que dispuso la medida contra Pepsico y la aplicación de “sanciones conminatorias a razón de cinco mil pesos por cada día de demora”.
Está en la empresa ejercer su defensa y derechos constitucionales, apelando a una instancia judicial superior.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 15, 2017
PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS
Escribe Alfredo Nobre Leite.
Señor Director:
No se debió llegar a extremo de que la Cámara de Diputados por unanimidad haya convertido en ley la protección a las víctimas de asesinatos, creando un Centro de Protección y Asistencia a las Víctimas de delitos, los cuales deberán permanecer abiertos las 24 horas y tendrán que contar con médicos, psicólogos, asistentes sociales e investigadores especializados, por tratarse de la función del Ministerio Público, es decir del Estado de tutelar a las víctimas de delitos (sin necesidad de crear más burocracia).
Lamentablemente, durante el “kirchnerato” de 12 años y medio, el Estado abjuró de su deber de tutelar a la sociedad, y, por el contrario, estaba obligada ésta de facto de proveer a la delincuencia lo que requerían, en lugar de trabajar, es decir que de hecho se protegía a la delincuencia, y por el colectivo “Justicia (i)legítima”, en el Poder Judicial (jueces y fiscales), llegamos al extremo de que se liberara a condenados por delitos de violación, quienes por portarse bien en las cárceles, y transformando los victimarios en víctimas, les concedían la libertad condicional para que siguieran cometiendo ese execrable delito, violando y matando a nuevas víctimas, como sucedió reiteradamente.
En buena hora, que los legisladores depusieran sus intereses partidarios y personales y hayan sancionado la ley que protegerá de ahora en más, a las víctimas de crímenes, entre tantos otros, de Matías Bagnato, Paulina Lebbos, asesinada hace 10 años en Tucumán, Axel Blumberg en el año 2004.
Lo que falta es que se haga una reforma del Código Penal a fin de que la lábil legislación penal no siga siendo aplicada con lenidad por los jueces garantistas, en la peor acepción, émulos del abolicionista del Código Penal, el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni.
Con cordiales saludos,
Alfredo Nobre Leite
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 22, 2017