EL USO EXCESIVO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA CONSTITUYE UNO DE LOS SIGNOS MÁS EVIDENTES DEL FRACASO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y ES UN PROBLEMA ESTRUCTURAL INACEPTABLE EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA QUE RESPETA EL DERECHO DE TODA PERSONA A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DESTACÓ UN RECIENTE INFORME DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH).
El documento, fue emitido por la CIDH, de julio de este año, y se titula “Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas”.
En ese documento, destaca que “la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región”, e hicieron un llamado a tomar en cuenta que la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida; igualmente, debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El uso no excepcional de la detención preventiva, es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señala el documento.
Por otra parte, en Panamá, activistas por los derechos humanos, sectores políticos opositores al gobierno de Juan Carlos Varela, y abogados litigantes han denunciando un abuso en las medidas cautelares de detención preventiva, las que han recaído principalmente en figuras a las que se le siguen procesos en caso de alto perfil.
Los mismos abogados y activistas locales señalan que cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá, dan cuenta que para julio de 2017, había en las cárceles del país 8947 personas, las cuales estaban detenidas preventivamente, es decir sin tener condena en firma y ejecutoriada, cifra que constituye el 55% del total de los presos.
La detención preventiva, por largo tiempo, en condiciones de hacinamiento, constituye una violación al derecho que tiene toda persona, a recibir cumplida justicia en tiempo oportuno, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria.
Detención preventiva es, fracaso de la justicia
EL USO EXCESIVO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA CONSTITUYE UNO DE LOS SIGNOS MÁS EVIDENTES DEL FRACASO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, Y ES UN PROBLEMA ESTRUCTURAL INACEPTABLE EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA QUE RESPETA EL DERECHO DE TODA PERSONA A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, DESTACÓ UN RECIENTE INFORME DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH).
El documento, fue emitido por la CIDH, de julio de este año, y se titula “Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas”.
En ese documento, destaca que “la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en la región”, e hicieron un llamado a tomar en cuenta que la prisión preventiva debe partir de la consideración al derecho a la presunción de inocencia y tener en cuenta la naturaleza excepcional de esta medida; igualmente, debe aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El uso no excepcional de la detención preventiva, es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA), señala el documento.
Por otra parte, en Panamá, activistas por los derechos humanos, sectores políticos opositores al gobierno de Juan Carlos Varela, y abogados litigantes han denunciando un abuso en las medidas cautelares de detención preventiva, las que han recaído principalmente en figuras a las que se le siguen procesos en caso de alto perfil.
Los mismos abogados y activistas locales señalan que cifras de la Dirección General del Sistema Penitenciario de Panamá, dan cuenta que para julio de 2017, había en las cárceles del país 8947 personas, las cuales estaban detenidas preventivamente, es decir sin tener condena en firma y ejecutoriada, cifra que constituye el 55% del total de los presos.
La detención preventiva, por largo tiempo, en condiciones de hacinamiento, constituye una violación al derecho que tiene toda persona, a recibir cumplida justicia en tiempo oportuno, consagrado en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria.
Colaboración: Cnel Osvaldo Guarnaccia
PrisioneroEnArgentina.com
Septiembre 28, 2017