La vida del argentino Aníbal Guevara se “congeló” cuando acusaron a su padre de delitos de lesa humanidad. Convencido de su inocencia, pidió sin éxito a las autoridades argentinas y a organismos internacionales que le escucharan, hasta que anoche consiguió una reunión con la CIDH.
Guevara y familiares de otros imputados durante la última dictadura de Argentina (1976-1983) se encontraron en la noche del miércoles con funcionarios argentinos y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Boulder (Colorado, EE.UU.), donde el organismo celebra su periodo de sesiones.
De 35 años, Aníbal Guevara representa a Puentes para la Legalidad, una asociación formada por hijos y nietos de acusados de crímenes de lesa humanidad que considera que el Poder Judicial argentino no respeta el principio de debido proceso con juicios que se hacen “mal” y el uso excesivo de la prisión preventiva.
“Es muy fácil respetar los derechos de quienes nos causan empatía y, ante una situación de un delito como el que se nos acusa a nosotros, es muy fácil perderla”, dice a Efe.
“Pero -añade-, incluso con aquellos que son responsables de delitos atroces, corresponde y nos corresponde a nosotros ser distintos de ellos y respetar hasta el último de sus derechos”.
Guevara pidió a la Comisión que otorgue medidas cautelares de protección para los 730 imputados por delitos de lesa humanidad que supuestamente han pasado en prisión preventiva más de tres años y para los 240 que tienen más de 65 años con el fin de que, debido a su edad, puedan pasar a arresto domiciliario.
En 2006, las autoridades argentinas acusaron de crímenes contra la humanidad a su padre, también con el nombre de Aníbal Guevara y que era teniente del Ejército cuando se produjo el golpe de estado de 1976 que instauró una brutal dictadura con miles de muertos y desaparecidos.
Verónica Schaller y Aníbal Guevara, de Puentes para laLegalidad; Alberto Solanet, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, de Justicia y Concordia.
El juicio llegó en 2010 y, entonces, padre e hijo tuvieron una de las conversaciones más duras de su vida.
“Cuando estaba por comenzar el juicio, pasé un par de días con él de manera muy inquisidora, diciéndole mira, si yo voy a hablar, necesito saber qué me puedo encontrar, necesito saber qué hiciste vos y qué no hiciste, y que vos me lo digas porque no quiero enterarme de nada en el juicio”, recuerda.
Su padre fue sentenciado a cadena perpetua por la desaparición de cuatro hombres, sucesos que ocurrieron entre marzo y setiembre de 1976 en el municipio de San Rafael, en la provincia de Mendoza.
El hijo rechaza esa sentencia y asegura que, lo único que hizo su progenitor fue detener a dos personas.
Esos arrestos se produjeron “a la luz del día, mientras iba vestido con uniforme e informando a los sujetos de dónde iban a ser retenidos”, una versión que según Guevara han ratificado las mismas personas que fueron arrestadas.
Considera que hubo fallos en el proceso y que a su padre se le hizo responsable como “participe necesario” de unos delitos que, en ese momento, no sabía que se estaban produciendo.
“Yo no voy a decir que no hay responsables de crímenes atroces de la dictadura, pero en estos procesos no se ha separado la paja del trigo. Se ha puesto a todos en la misma bolsa y se ha entregado a las víctimas de la dictadura, en muchos casos, culpables que no lo son”, subraya.
Critica, además, que la justicia haya impuesto pesadas penas a quienes, como su padre, ocupaban mandos bajos o intermedios; mientras que, por ejemplo, el brigadier general Orlando Ramón Agosti, parte de la cúpula militar de la dictadura, solo cumplió tres años y nueve meses de cárcel.
“Estoy plenamente convencido -asegura- de que nuestro reclamo tiene pies y cabeza, no pedimos nada que la Comisión no haya hecho antes, solo pedimos el estricto respeto a los derechos humanos”.
Los familiares, entre los que había más miembros de Puentes para la Legalidad e integrantes de la Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia, solicitaron a la Comisión que mantenga abierta la puerta del diálogo y que vuelva a reunirse con ellos, algo que llevaban reclamando desde 2014.
En la cita, según Guevara, participaron, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y los comisionados Luis Ernesto Vargas y Joel Hernández; mientras que la delegación del Estado argentino estuvo liderada por su embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Paula María Bertol.
Aníbal Guevara, hijo del teniente coronel del mismo nombre, y Ricardo Mikulan, nieto del teniente coronel Cayetano Fiorini comentan sistemáticas irregularidades y graves violaciones varias en los casos de Lesa Humanidad.
Guevara, cuyo padre fue imputado en el año 2006, con once años en prisión preventiva y Mikulan, nieto de Cayetano Fiorini -fallecido en pleno juicio, teniendo recomendaciones de los médicos sobre su delicado estado de salud.
El año pasado, un Tribunal Oral Federal decidió condenar a ANÍBAL ALBERTO GUEVARA, a la pena de PRISIÓN PERPETUA e INHABILITACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADA por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en concurso real con HOMICIDIO CALIFICADO por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, por cuatro hechos, en relación a las desapariciones forzadas de personas, calificándolos como delitos de lesa humanidad.
Guevara ya ha pasado más de una década en prisión, cansado de aberraciones judiciales e indefensión.
En el día de hoy, al preso político Aníbal Guevara lo volvieron a trasladar a Marcos Paz por orden de la juez, esposa de un montonero, Fátima Ruiz López.
Evidentemente esta “señora” deglute con fruición el sobreviviente pasquín fundado por Gorriarán Merlo, Página 12.
Allí se presenta al Centro de Detención Campo de Mayo como una especie de club de campo en donde los presos políticos van a pasar sus
vacaciones. No tiene en cuenta la montonera consorte que el Centro de Detención de Campo de Mayo fue destruído por el hijo bobo del gran abogado Eduardo Hortel. Este hijo bobo, Victor, afiliado espamentoso a la pléyade de bailanteros llamada en lo general “La Cámpora” y en lo particular “Negros de Mierda” castigó a TODOS los presos políticos, al mejor estilo de la “avivada” militar, cuando los prófugos Olivera y DeMarchi se fugaron del Hospital Militar Central. Hortel, el “tamboril” del pabellón trans (lo que entienden va por su cuenta pero no es ni la mitad de la verdad) trasladó a todos los detenidos de Campo de Mayo a Marcos Paz y destruyó las instalaciones para que los jueces no acudieran a ningún amparo o hábeas corpus. Hoy, el Centro de Detención Campo de Mayo es apenas un lugar de tránsito donde muchos de los presos políticos no quieren ir y son llevados por la fuerza.
Sin embargo, como la esposa del montonero pensó que alguna vez Página 12 podía decir la verdad, quiso recastigar al preso político volviendo a trasladarlo a Marcos Paz. Dos traslados en menos de diez días.
Comunistas infieles, ella y su marido el montonero Ernesto Villanueva, tienen en común una “sociedad de hecho” que se dedica al poco proletario negocio de la explotación agropecuaria de soja. Actividad prohibida para un juez pues implica el comercio, lo que se encuentra directamente prohibido por la Constitución Nacional y el Decreto ley 1285/58.
Acusados de delitos de lesa humanidad en Argentina logran el oído de la CIDH
La vida del argentino Aníbal Guevara se “congeló” cuando acusaron a su padre de delitos de lesa humanidad. Convencido de su inocencia, pidió sin éxito a las autoridades argentinas y a organismos internacionales que le escucharan, hasta que anoche consiguió una reunión con la CIDH.
Guevara y familiares de otros imputados durante la última dictadura de Argentina (1976-1983) se encontraron en la noche del miércoles con funcionarios argentinos y miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Boulder (Colorado, EE.UU.), donde el organismo celebra su periodo de sesiones.
De 35 años, Aníbal Guevara representa a Puentes para la Legalidad, una asociación formada por hijos y nietos de acusados de crímenes de lesa humanidad que considera que el Poder Judicial argentino no respeta el principio de debido proceso con juicios que se hacen “mal” y el uso excesivo de la prisión preventiva.
“Es muy fácil respetar los derechos de quienes nos causan empatía y, ante una situación de un delito como el que se nos acusa a nosotros, es muy fácil perderla”, dice a Efe.
“Pero -añade-, incluso con aquellos que son responsables de delitos atroces, corresponde y nos corresponde a nosotros ser distintos de ellos y respetar hasta el último de sus derechos”.
Guevara pidió a la Comisión que otorgue medidas cautelares de protección para los 730 imputados por delitos de lesa humanidad que supuestamente han pasado en prisión preventiva más de tres años y para los 240 que tienen más de 65 años con el fin de que, debido a su edad, puedan pasar a arresto domiciliario.
En 2006, las autoridades argentinas acusaron de crímenes contra la humanidad a su padre, también con el nombre de Aníbal Guevara y que era teniente del Ejército cuando se produjo el golpe de estado de 1976 que instauró una brutal dictadura con miles de muertos y desaparecidos.
Verónica Schaller y Aníbal Guevara, de Puentes para laLegalidad; Alberto Solanet, María Laura Olea y Ricardo Saint Jean, de Justicia y Concordia.
El juicio llegó en 2010 y, entonces, padre e hijo tuvieron una de las conversaciones más duras de su vida.
“Cuando estaba por comenzar el juicio, pasé un par de días con él de manera muy inquisidora, diciéndole mira, si yo voy a hablar, necesito saber qué me puedo encontrar, necesito saber qué hiciste vos y qué no hiciste, y que vos me lo digas porque no quiero enterarme de nada en el juicio”, recuerda.
Su padre fue sentenciado a cadena perpetua por la desaparición de cuatro hombres, sucesos que ocurrieron entre marzo y setiembre de 1976 en el municipio de San Rafael, en la provincia de Mendoza.
El hijo rechaza esa sentencia y asegura que, lo único que hizo su progenitor fue detener a dos personas.
Esos arrestos se produjeron “a la luz del día, mientras iba vestido con uniforme e informando a los sujetos de dónde iban a ser retenidos”, una versión que según Guevara han ratificado las mismas personas que fueron arrestadas.
Considera que hubo fallos en el proceso y que a su padre se le hizo responsable como “participe necesario” de unos delitos que, en ese momento, no sabía que se estaban produciendo.
“Yo no voy a decir que no hay responsables de crímenes atroces de la dictadura, pero en estos procesos no se ha separado la paja del trigo. Se ha puesto a todos en la misma bolsa y se ha entregado a las víctimas de la dictadura, en muchos casos, culpables que no lo son”, subraya.
Critica, además, que la justicia haya impuesto pesadas penas a quienes, como su padre, ocupaban mandos bajos o intermedios; mientras que, por ejemplo, el brigadier general Orlando Ramón Agosti, parte de la cúpula militar de la dictadura, solo cumplió tres años y nueve meses de cárcel.
“Estoy plenamente convencido -asegura- de que nuestro reclamo tiene pies y cabeza, no pedimos nada que la Comisión no haya hecho antes, solo pedimos el estricto respeto a los derechos humanos”.
Los familiares, entre los que había más miembros de Puentes para la Legalidad e integrantes de la Asociación Civil de Abogados por la Justicia y la Concordia, solicitaron a la Comisión que mantenga abierta la puerta del diálogo y que vuelva a reunirse con ellos, algo que llevaban reclamando desde 2014.
En la cita, según Guevara, participaron, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão y los comisionados Luis Ernesto Vargas y Joel Hernández; mientras que la delegación del Estado argentino estuvo liderada por su embajadora ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Paula María Bertol.
Fuente: Agencia EFE
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 4, 2018
Ricardo Mikulan y Aníbal Guevara en La Nación TV
Aníbal Guevara, hijo del teniente coronel del mismo nombre, y Ricardo Mikulan, nieto del teniente coronel Cayetano Fiorini comentan sistemáticas irregularidades y graves violaciones varias en los casos de Lesa Humanidad.
Guevara, cuyo padre fue imputado en el año 2006, con once años en prisión preventiva y Mikulan, nieto de Cayetano Fiorini -fallecido en pleno juicio, teniendo recomendaciones de los médicos sobre su delicado estado de salud.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 22, 2017
Huelga de Hambre del Preso Político Aníbal Guevara. Basta!
El año pasado, un Tribunal Oral Federal decidió condenar a ANÍBAL ALBERTO GUEVARA, a la pena de PRISIÓN PERPETUA e INHABILITACIÓN ABSOLUTA y PERPETUA por encontrarlo coautor penalmente responsable de los delitos de PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LA LIBERTAD, IMPOSICIÓN DE TORMENTOS AGRAVADA por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, en concurso real con HOMICIDIO CALIFICADO por alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas, por cuatro hechos, en relación a las desapariciones forzadas de personas, calificándolos como delitos de lesa humanidad.
Guevara ya ha pasado más de una década en prisión, cansado de aberraciones judiciales e indefensión.
Hoy, ha dicho Basta!
Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 4, 2017
La Ruta de Guevara (Aníbal)
Por Andrea Palomas Alarcón.
En el día de hoy, al preso político Aníbal Guevara lo volvieron a trasladar a Marcos Paz por orden de la juez, esposa de un montonero, Fátima Ruiz López.
Evidentemente esta “señora” deglute con fruición el sobreviviente pasquín fundado por Gorriarán Merlo, Página 12.
Allí se presenta al Centro de Detención Campo de Mayo como una especie de club de campo en donde los presos políticos van a pasar sus
vacaciones. No tiene en cuenta la montonera consorte que el Centro de Detención de Campo de Mayo fue destruído por el hijo bobo del gran abogado Eduardo Hortel. Este hijo bobo, Victor, afiliado espamentoso a la pléyade de bailanteros llamada en lo general “La Cámpora” y en lo particular “Negros de Mierda” castigó a TODOS los presos políticos, al mejor estilo de la “avivada” militar, cuando los prófugos Olivera y DeMarchi se fugaron del Hospital Militar Central. Hortel, el “tamboril” del pabellón trans (lo que entienden va por su cuenta pero no es ni la mitad de la verdad) trasladó a todos los detenidos de Campo de Mayo a Marcos Paz y destruyó las instalaciones para que los jueces no acudieran a ningún amparo o hábeas corpus. Hoy, el Centro de Detención Campo de Mayo es apenas un lugar de tránsito donde muchos de los presos políticos no quieren ir y son llevados por la fuerza.
Sin embargo, como la esposa del montonero pensó que alguna vez Página 12 podía decir la verdad, quiso recastigar al preso político volviendo a trasladarlo a Marcos Paz. Dos traslados en menos de diez días.
Comunistas infieles, ella y su marido el montonero Ernesto Villanueva, tienen en común una “sociedad de hecho” que se dedica al poco proletario negocio de la explotación agropecuaria de soja. Actividad prohibida para un juez pues implica el comercio, lo que se encuentra directamente prohibido por la Constitución Nacional y el Decreto ley 1285/58.
Dra. Andrea Palomas Alarcón.
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Diciembre 17, 2016