Del Dicho de periodistas, al “Hecho” de los funcionarios…
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Una oportunidad perdida para el Gobierno
Ocurrió en estos días un combate soterrado entre el derecho y la oportunidad. En la superficie de ese combate, asiduo e incómodo, reapareció el conflicto por los derechos humanos violados en la década del 70. El derecho en su concepción más liberal y estricta es la que aplicó una mayoría de jueces de la Corte Suprema de Justicia, que hizo valer tal legalidad para dar por cumplida la pena de un condenado por delitos de lesa humanidad, Luis Muiña. La oportunidad es el momento en que el Gobierno estaba buscando un mecanismo jurídico o legislativo para resolver los casos de militares ancianos y enfermos que están presos en cárceles comunes. El escándalo político que provocó aquella decisión de la Corte Suprema, y la multitudinaria manifestación social en contra de ella, dejó sin margen al Gobierno y al máximo tribunal para avanzar en esa solución. Cuarenta y un año después del golpe de Estado de 1976, el país no ha podido elaborar un modo de superar ese pasado y suturar las viejas heridas.
El péndulo de la revisión del pasado osciló entre extremos en los últimos 33 años de democracia. Sólo Raúl Alfonsín intentó en los primeros cuatro años de su mandato, cuando era un presidente fuerte, juzgar a los militares que violaron los derechos humanos y a los guerrilleros que también lo hicieron. Carlos Menem decidió mediante un indulto personalísimo liberar a todos de culpa y cargo. La era kirchnerista colocó el péndulo en el otro extremo. Juzgamiento a todos los militares acusados de delitos de lesa humanidad, aun desconociendo en muchos casos las garantías procesales. Al mismo tiempo, convirtió a los jefes guerrilleros de los años 70 en héroes cargados de crímenes. El gobierno de Macri aspiraba a colocar el péndulo en el medio: ni impunidad ni venganza. La prisión domiciliaria de los militares ancianos y enfermos no significaría una disminución de la condena, sino otra manera de cumplir la prisión. Colocaría el derecho humanitario en armonía con el Código Penal, que prevé la prisión domiciliaria para los presos enfermos o con más de 70 años.
La decisión de la mayoría de la Corte es legal. El artículo 2 del Código Penal es muy claro: siempre se aplicará la ley más benigna en el momento del fallo, aun cuando hayan estado vigentes otras leyes. La más benigna es, sin duda, la que beneficia a los condenados con el “dos por uno” mientras estuvieron en prisión preventiva. Es una ley que responde a los preceptos del garantismo zaffaroniano. La hipocresía del kirchnerismo radica, sobre todo, en su inacción. En doce años de poder, no le agregó al artículo 2 del Código Penal una excepción para los delitos de lesa humanidad ni cubrió el vacío legal que dejó la ley del “dos por uno”, que el Congreso acaba de resolver.
Los dos jueces que votaron en contra de ese beneficio, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, también se respaldaron en argumentos legales. Los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución en 1994, declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y prohíben la reducción de las penas. De hecho, Maqueda había firmado hace poco una resolución de la Corte que otorgó la prisión domiciliaria a un militar de 85 años, muy enfermo. No pasó nada entonces.
En medio del fárrago, la primera pregunta que surge es qué pasó para que la interpretación estricta del derecho derrumbara la oportunidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó semanas atrás a todos los miembros de la Corte. Ninguno le anticipó nada sobre aquella resolución del “dos por uno”. Sólo al anochecer del día anterior a la firma de la resolución, Lorenzetti lo llamó por teléfono al ministro para advertirle vagamente de que algo pasaría al día siguiente sobre un asunto vinculado con delitos de lesa humanidad. Por eso, Garavano fue el primero en salir, tal vez enojado y decepcionado, a manifestarse en contra de la ley del “dos por uno”. Es una opinión sincera. “Yo soy más conservador para la interpretación de la ley; no me gusta el excesivo garantismo”, suele decir en privado.
Pero ¿qué pasó dentro de la Corte? Primero los hechos, después las interpretaciones. El grupo de tres jueces liderado por Carlos Rosenkrantz, e integrado por Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, sorprendió a Lorenzetti y Maqueda con un voto redactado sobre el beneficio a Muiña con la ley del “dos por uno”. Acordaron a duras penas un plazo no mayor de 15 días para que los otros dos elaboraran sus votos. Muiña es sólo un caso entre 20 más que tiene la Corte. Así empezó todo.
Una interpretación, que circula por el oficialismo, señala que Lorenzetti, que maneja la agenda de la Corte, dejó que el caso prosperara porque imaginó el desgaste de Rosatti, su eterno rival. En efecto, Rosatti les comentó a varios interlocutores (incluidos algunos funcionarios del Gobierno) que después del juicio político planteado por Elisa Carrió, la gestión de Lorenzetti como presidente del tribunal debía concluir en diciembre próximo, aunque le quedara un año más de mandato. “La situación no da para más”, les dijo. Rosatti supone que él podría ser el sucesor de Lorenzetti al frente del tribunal. Lorenzetti los habría dejado avanzar sabiendo que Rosatti se quemaría en el camino.
Otras versiones indican que fueron los tres firmantes de la resolución los que presionaron a Lorenzetti para que se tratara el tema. En tal caso, sería Rosenkrantz, y no Rosatti, quien tomó el liderazgo de una parte importante de la Corte. Luego del estrépito político y social por la resolución, Rosatti y Highton de Nolasco se mostraron dubitativos. Rosatti debió cancelar dos disertaciones por el temor a escraches. Rosenkrantz, que es un jurista sin experiencia política, se mantuvo en sus trece. “No cambiaría ni una coma por la presión política y mediática”, confirmó.
Carrió salió otra vez en auxilio del Gobierno. Será ella la que presentará en Diputados un proyecto para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan cumplir prisión domiciliaria a partir de los 75 años. “El derecho humanitario debe ser respetado por la democracia”, señaló. Carrió tiene autoridad moral para hacerlo. Ella escribió como constituyente la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución y fue la voz que defendió en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Se entusiasmó cuando escuchó a Carlos Kunkel, que participó del grupo guerrillero Montoneros, exclamar en el recinto de los Diputados: “Enfrentar a la fuerza con la fuerza fue un error”. Fueron las primeras palabras de tibia autocrítica.
Para que el país deje de habitar en el pasado son necesarios la verdad y el pedido de perdón. Ni militares ni guerrilleros mostraron nunca gestos de remordimiento. Aunque la responsabilidad del Estado es siempre mayor cuando se violan derechos humanos, la culpa de los grupos insurgentes en aquella ordalía de sangre no puede seguir sumergida bajo un relato de supuesta heroicidad. Definitivamente, no fueron héroes ni mártires. Es cierto, por otro lado, que lo que Norma Morandini llama el “insoportable patrullaje ideológico” impide el debate para llegar a la verdad. Ese “patrullaje” llegó a descalificar a Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido y luchadora infatigable por los derechos humanos. Fernández Meijide había dicho sólo una frase con sentido común: “Nos guste o no, es un fallo de la Corte Suprema y hay que respetarlo”. En efecto, la Corte no tiene la culpa. Es el pasado irresuelto el que interpela a la dirigencia argentina y a los viejos protagonistas de la entera tragedia.
Mis respeto por su excelente escrito. Pero mientras este y otros cientos se confeccionan y leen, transcurre el tiempo, el que me están robando ilegalmente a mí, a mi familia y muchos otros. En lo personal la ideología, la política y las ambiciones funcionales personales y el país todo, me importan absolutamente nada. Sabe por qué? Porque me “engarronaron”* Verdaderos delincuentes del poder judicial con la indiferencia y el silencio cómplice, de funcionarios de otros poderes, políticos, miembros de la iglesia y de ustedes los periodistas, se han dedicado a fraguar pruebas, para producir detenciones ilegales. Al mismo tiempo, a dejar verdaderos responsables de delitos, no sé si bien llamados de lesa humanidad, en libertad. Todo esto produce una impotencia extrema. Las maniobras realizadas y los delitos cometidos para imputar gente, son burdos y en muchos casos están a la vista. Eso si, no a la de todos, ya que como República estamos llenos de ciegos, sordos y mudos, instalados en cómodos despachos oficiales, cuyas mentiras están amparadas por ustedes los periodistas. No sigo escribiendo, realmente es perder el tiempo. De cualquier forma el concepto de la realidad que oculta este “gobierno democrático para algunos”, está expresado en estas breves líneas.
Lo que nunca podré exponer ni mínimamente, es la repulsión que siento ante tanta ilegalidad e hipocresía generalizada de tanto cobarde que circula en inmerecida libertad, por el territorio que se llama Argentina.
“Nadie se convierte en cómplice de un crimen si no tiene un interés personal”.
Donato Carrisi (1973- )
Cordialmente
Claudio Kussman
Mayo 14, 2017
*”engarronar” – hacer comer un garrón, culpar un inocente – jerga policial
“Mientras en la calle imperan el caos, el olvido, la prisa, la guerra contra el pasado y,
sobre todo, está esa gente ilusionada con un cambio, desbordada de júbilo, diría que
hasta muy contenta con lo que confían recibir por su fervorosa credulidad,
sin pensar que pronto les llegarán las exigencias terribles de la fe que ahora profesan”.
Leonardo Padura
La Argentina política decidió esta semana castigar a los presuntos caníbales comiéndoselos. Confirmó así su siniestra selección de un grupo de dos mil ancianos para que asuman la culpa general de toda sociedad por haber apoyado la revolución militar de 1976 y así lograr el perdón.
Para preparar el adefesio que cocinó por unanimidad –salvo la honrosa y valiente actitud del Diputado Alfredo Olmedo- el ¿Honorable? Congreso de la Nación utilizó varios ingredientes, todos en descomposición, lo cual facilitó la cocción: la Constitución Nacional, el Código Penal, el Tratado de Roma, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.
Estoy hablando, claro, de la ley que prohibió la aplicación del famoso “2×1” que había utilizado la Corte Suprema de Justicia para declarar cumplida la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad, un fallo que motivó la inmediata reacción de la izquierda, de los pseudo organismos de derechos humanos y del kirchnerismo (probando todos una vez más lo selectivo de su memoria), de los partidos políticos y hasta del Gobierno.
El Tribunal supremo, por una mayoría constituida por sus verdaderos juristas, falló conforme a derecho y, aún en contra de la posición personal y moral de cada uno, lo único que hizo fue aplicar el principio vigente en todas las legislaciones, que impone utilizar siempre la ley más benigna en el juzgamiento y la graduación de la pena de todo y cualquier delito.
Ese principio está consagrado en todas las normas, locales e internacionales, que he mencionado y hasta el ex Juez Eugenio Zaffaroni (de allí la desmemoria, ya que sus votos fueron calcados a lo ahora resuelto por la mayoría de la Corte) lo había respetado en sus fallos. Pero ello no fue óbice para que todos salieran corriendo a criticar a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, y hasta llegaron al extremo disparate de denunciarlos penalmente por prevaricato, es decir, por resolver teóricamente en contra de las pruebas de la causa.
Con la sanción de este espantajo, se viola nuevamente otro principio básico de toda la estructura jurídico-penal de Occidente: la irretroactividad de la ley. Porque, cuando otro caso de lesa humanidad llegue a la Corte, los legisladores pretenden que el “2×1” no sea aplicado siquiera a las causas en trámite, es decir, que esta delirante norma recién promulgada impida la concesión de ese beneficio a quienes ya lo tenían.
Pero no debe asombrarnos, porque también se lo hizo cuando, en nombre de una “política de Estado” ¡convenida! entre los tres poderes (el Presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, lo reafirmó así en su voto) se aplicó –y muy tuertamente, por cierto- el concepto de “genocidio”, descripto por el Tratado de Roma, al cual adhirió la Argentina en 1994, a delitos así calificados y presuntamente cometidos veinte años antes.
Como dijo nuestra “abogada exitosa” esta semana en Bruselas, “todo tiene que ver con todo” y, precisamente para imponer el concepto de “genocidio”, fue que el terrorismo inventó el dogma de los 30.000 desaparecidos, amén de lucrar innoblemente con las indemnizaciones.
Debemos recordar que, cuando nuestros insanos legisladores sancionaron esta absurda ley, dijeron haberlo hecho ante la presión del clamor popular; o sea, invocando a la teórica opinión de la sociedad, nunca verificada, se modificó retroactivamente nuestra Constitución Nacional. Eso fue, claramente, lo que hicieron Hitler, Mussolini y Stalin para cambiar el mundo, ¡y así le fue a la humanidad!.
Y no se trata de una mera exageración literaria. Basta preguntarse qué diferencia, en los hechos, a nuestro Congreso del tirano Nicolás Maduro; ambos dicen representar a mayorías, a las cuales no se atreven siquiera consultar, para cambiar las reglas de juego de la democracia. La permanente violación a la ley, que los argentinos y venezolanos sufrimos diariamente, nos acerca cada vez más a las horas más oscuras de la historia, devolviéndonos a la selva en la que impera el más fuerte.
Este tristísimo episodio volverá a costar a la Argentina mucho más que los transitorios beneficios de venganza que obtendrán sus aplaudidores porque, como es notorio, convierte en innegable la enorme inseguridad jurídica que campea por estas latitudes, en todos los terrenos, de la mano de una justicia venal, rastrera y corrupta. Con esos elementos en la imagen que ofrecemos al mundo, ¿cómo van a venir las inversiones que necesitamos tanto como el oxígeno?
Sólo el coraje cívico de los tres miembros de la Corte Suprema, si mantienen -como fue la eterna conducta del Dr. Carlos Fayt- su postura de apego irrestricto a la ley cuando lleguen a su conocimiento otros casos similares, podrá salvar a nuestro país de un nuevo abismo.
Tampoco será menor el costo que pagará Cambiemos por lo sucedido. Con excepción de Lilita Carrió, con su actitud imaginada como “políticamente correcta”, que lo llevó a ponerse de sombrero la división de poderes y a descalificar a la Corte, pretende evitar el ataque permanente del kirchnerismo y de la izquierda irracional y, en el camino, recoger algunos imposibles votos de esas procedencias; pero olvida que, desde el lado sensato de la sociedad, que se manifestó en las calles el 1° de abril, se mira con asco este irracional proceder y muchos ciudadanos pensarán seriamente antes de repetir su elección de 2015.
Pese a todo, no tengo dudas que el Gobierno se alzará con el triunfo en octubre de este año, pero el crédito deberá ser otorgado a la falta de opciones, ya que el peronismo no ha conseguido evolucionar y desprenderse de su factor más centrífugo, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras ésta siga pesando en la escena partidaria, no podrán surgir hombres y mujeres que representen una nueva forma de hacer política y ejercerla con probidad y honestidad. La “noble viuda” obliga a los cobardes dirigentes del PJ a arrastrarse en su estela; y aún los pocos honestos de éstos que todavía existen se van así sumergiendo en la fétida atmósfera de corrupción que la rodea y que no se atreven a denunciar por miedo a su venganza.
Es desolador el panorama que podemos ver a nuestro alrededor, pero está en nosotros mismos, con nuestro esfuerzo individual, revertirlo. Tenemos esa obligación, aún los mayores, frente a nuestros hijos y nietos, porque recibimos un país y lo hemos destruido, incumpliendo así nuestra principal obligación como administradores de algo que no era nuestro.
El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
Es tragicómica la reacción de políticos (diputados y senadores) que pecan de ignorancia del derecho al objetar sin fundamento el fallo, inobjetable para constitucionalistas, que por la mayoría de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, reconocieron a un “preso político”, la ley del 2×1, es decir la ley penal más benigna; y han llegado al extremo, como el caso de senador Federico Pinedo, que no es abogado, a decir que se tratarán cuatro proyectos de limitación de ese fallo, desconociendo que las leyes deben ser generales, y no para casos particulares, violando la igualdad ante la ley; el ignoto abogado Marcelo Parrilli, defensor de terroristas, para buscar notariedad, presentó una denuncia penal contra los miembros de la Corte aludidos, en su supina ignorancia del derecho. Debería pensar Pinedo, como también el coro de adláteres macristas María Eugenia Vidal, Horacio Rodrigúez Larreta y Jorge Macri, que cualquier persona puede pedir la inconstitucionalidad del engendro de ley que proponen, y teniendo en cuenta que juraron respetar la Constitución Nacional, que no deben violar, so pena de ser sometidos a juicio político (y llama la atención que esos hipócritas no hagan alusión alguna a las víctimas del terrorismo).
Asimismo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh), Amerigo Incalterra, se considera con derecho a interferir en nuestros asuntos internos, señalando que “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, le recuerdo que “LaConstitución Nacional es la ley suprema de la Nación” (art. 31 CN), por lo cual le mando ocuparse de las situaciones de Venezuela, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte …, que no respetan los derechos humanos, puntualizando que lamentablemente la ONU ha devenido en una entelequia por los vetos de las potencias en Consejo de Seguridad; y el pseudo Derecho Internacional es otra impostura de las potencias por el uso de la fuerza, que no da derechos, de modo que no aceptamos interferencias externas.
Con respecto a la penosa actitud en la cuestión de Derechos Humanos, le recuerdo a Pinedo, y demás opinantes, que el presidente Mauricio Macri prometió terminar con el “curro” de los derechos humanos, pero parece que se han constituido en cómplices de las pseudo madres y abuelas (de terroristas) de Plaza de Mayo, recordándoles que Hebe de Bonafini que con su lengua viperina insulta hasta al más santo, ha utilizado el Altar Mayo de la Catedral de Buenos Aires como baño público (no me acuerdo que el Cardenal Bergoglio haya condenado ese sacrilegio), y enviaba los recursos provistos por el kirchnerismo a sus dos hijos (¿desapararecidos?) terroristas que viven en París. En cuanto, a Estela Barnes de Carlotto es otra farsante, pseudo abuela pues su hija montonera Laura era estéril, ha recibido unos 600 mil dólares, amén de otros subsidios, acumulando una fortuna con el “curro” de los nietos “apropiados”, que fueron hijos de subversivos, nacidos en cautiverio, que eran entregados a sus parientes o a personas que los criaban cristianamente, según documentación entregada por el general Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército, al juez Ballestero, actual camarista de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
Con relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, no está demás reiterar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y por tanto no aplicable a los hechos de la década del ’70; como, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, y que las leyes penales no se imputan con retroactividad, por lo cual todas las condenas de prisión perpetua de militares, a miembros de las fuerzas de seguridad y policiales son inconstitucionales, por conculcar la legalidad (como bien sabe el presidente (por ahora) de la Corte, Ricardo Lorenzetti) y el artículo 18 CN; y, por ende, todos los presos políticos deben ser liberados. En la actualidad hay unos 2.400 presos políticos sometidos a persecución judicial, con prisiones preventivas que superan los dos años, sin sentencias definitivas desde hace años, y condenados a cadena perpetua sufriendo malos tratos, sin alimentación adecuada y atención médica, con una edad promedio de 76 años, ancianos mayores de 90 años muriéndose en presidio por negarles prisión domiciliaria, siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos, pervertidos y violadores les otorgan prisión domiciliaria a los 70 años. Y han muerto, tras los malos tratos indicados, unos 400 presos políticos; que el representante de ACNUDH, Amerigo Incalterra, no debe ignorar, dado que a ellos les nieguen sus derechos humanos endógena y exógenamente. La persistencia de la política de derechos humanos que sigue el macrismo es de una hipocresía y cinismo inaceptables, que no lleva a buen puerto para quienes la padecen (¿con muerte legalizada?).
Qué no venga ACNUDH a darnos lecciones de ética y moral, y le sugiero que la ONU se ocupe de lo que debe ocuparse, y no interferir en nuestros asuntos internos, que la Argentina es una nación soberana desde 1810.
Carta Abierta a Joaquín Morales Solá
Del Dicho de periodistas, al “Hecho” de los funcionarios…
[ezcol_3fifth]Una oportunidad perdida para el Gobierno
El péndulo de la revisión del pasado osciló entre extremos en los últimos 33 años de democracia. Sólo Raúl Alfonsín intentó en los primeros cuatro años de su mandato, cuando era un presidente fuerte, juzgar a los militares que violaron los derechos humanos y a los guerrilleros que también lo hicieron. Carlos Menem decidió mediante un indulto personalísimo liberar a todos de culpa y cargo. La era kirchnerista colocó el péndulo en el otro extremo. Juzgamiento a todos los militares acusados de delitos de lesa humanidad, aun desconociendo en muchos casos las garantías procesales. Al mismo tiempo, convirtió a los jefes guerrilleros de los años 70 en héroes cargados de crímenes. El gobierno de Macri aspiraba a colocar el péndulo en el medio: ni impunidad ni venganza. La prisión domiciliaria de los militares ancianos y enfermos no significaría una disminución de la condena, sino otra manera de cumplir la prisión. Colocaría el derecho humanitario en armonía con el Código Penal, que prevé la prisión domiciliaria para los presos enfermos o con más de 70 años.
La decisión de la mayoría de la Corte es legal. El artículo 2 del Código Penal es muy claro: siempre se aplicará la ley más benigna en el momento del fallo, aun cuando hayan estado vigentes otras leyes. La más benigna es, sin duda, la que beneficia a los condenados con el “dos por uno” mientras estuvieron en prisión preventiva. Es una ley que responde a los preceptos del garantismo zaffaroniano. La hipocresía del kirchnerismo radica, sobre todo, en su inacción. En doce años de poder, no le agregó al artículo 2 del Código Penal una excepción para los delitos de lesa humanidad ni cubrió el vacío legal que dejó la ley del “dos por uno”, que el Congreso acaba de resolver.
Los dos jueces que votaron en contra de ese beneficio, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, también se respaldaron en argumentos legales. Los tratados internacionales de derechos humanos, incorporados a la Constitución en 1994, declaran la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y prohíben la reducción de las penas. De hecho, Maqueda había firmado hace poco una resolución de la Corte que otorgó la prisión domiciliaria a un militar de 85 años, muy enfermo. No pasó nada entonces.
En medio del fárrago, la primera pregunta que surge es qué pasó para que la interpretación estricta del derecho derrumbara la oportunidad. El ministro de Justicia, Germán Garavano, visitó semanas atrás a todos los miembros de la Corte. Ninguno le anticipó nada sobre aquella resolución del “dos por uno”. Sólo al anochecer del día anterior a la firma de la resolución, Lorenzetti lo llamó por teléfono al ministro para advertirle vagamente de que algo pasaría al día siguiente sobre un asunto vinculado con delitos de lesa humanidad. Por eso, Garavano fue el primero en salir, tal vez enojado y decepcionado, a manifestarse en contra de la ley del “dos por uno”. Es una opinión sincera. “Yo soy más conservador para la interpretación de la ley; no me gusta el excesivo garantismo”, suele decir en privado.
Pero ¿qué pasó dentro de la Corte? Primero los hechos, después las interpretaciones. El grupo de tres jueces liderado por Carlos Rosenkrantz, e integrado por Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, sorprendió a Lorenzetti y Maqueda con un voto redactado sobre el beneficio a Muiña con la ley del “dos por uno”. Acordaron a duras penas un plazo no mayor de 15 días para que los otros dos elaboraran sus votos. Muiña es sólo un caso entre 20 más que tiene la Corte. Así empezó todo.
Una interpretación, que circula por el oficialismo, señala que Lorenzetti, que maneja la agenda de la Corte, dejó que el caso prosperara porque imaginó el desgaste de Rosatti, su eterno rival. En efecto, Rosatti les comentó a varios interlocutores (incluidos algunos funcionarios del Gobierno) que después del juicio político planteado por Elisa Carrió, la gestión de Lorenzetti como presidente del tribunal debía concluir en diciembre próximo, aunque le quedara un año más de mandato. “La situación no da para más”, les dijo. Rosatti supone que él podría ser el sucesor de Lorenzetti al frente del tribunal. Lorenzetti los habría dejado avanzar sabiendo que Rosatti se quemaría en el camino.
Otras versiones indican que fueron los tres firmantes de la resolución los que presionaron a Lorenzetti para que se tratara el tema. En tal caso, sería Rosenkrantz, y no Rosatti, quien tomó el liderazgo de una parte importante de la Corte. Luego del estrépito político y social por la resolución, Rosatti y Highton de Nolasco se mostraron dubitativos. Rosatti debió cancelar dos disertaciones por el temor a escraches. Rosenkrantz, que es un jurista sin experiencia política, se mantuvo en sus trece. “No cambiaría ni una coma por la presión política y mediática”, confirmó.
Carrió salió otra vez en auxilio del Gobierno. Será ella la que presentará en Diputados un proyecto para que los militares condenados por delitos de lesa humanidad puedan cumplir prisión domiciliaria a partir de los 75 años. “El derecho humanitario debe ser respetado por la democracia”, señaló. Carrió tiene autoridad moral para hacerlo. Ella escribió como constituyente la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución y fue la voz que defendió en la Cámara de Diputados la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final. Se entusiasmó cuando escuchó a Carlos Kunkel, que participó del grupo guerrillero Montoneros, exclamar en el recinto de los Diputados: “Enfrentar a la fuerza con la fuerza fue un error”. Fueron las primeras palabras de tibia autocrítica.
Para que el país deje de habitar en el pasado son necesarios la verdad y el pedido de perdón. Ni militares ni guerrilleros mostraron nunca gestos de remordimiento. Aunque la responsabilidad del Estado es siempre mayor cuando se violan derechos humanos, la culpa de los grupos insurgentes en aquella ordalía de sangre no puede seguir sumergida bajo un relato de supuesta heroicidad. Definitivamente, no fueron héroes ni mártires. Es cierto, por otro lado, que lo que Norma Morandini llama el “insoportable patrullaje ideológico” impide el debate para llegar a la verdad. Ese “patrullaje” llegó a descalificar a Graciela Fernández Meijide, madre de un desaparecido y luchadora infatigable por los derechos humanos. Fernández Meijide había dicho sólo una frase con sentido común: “Nos guste o no, es un fallo de la Corte Suprema y hay que respetarlo”. En efecto, la Corte no tiene la culpa. Es el pasado irresuelto el que interpela a la dirigencia argentina y a los viejos protagonistas de la entera tragedia.
http://www.lanacion.com.ar/2023590-una-oportunidad-perdida-para-el-gobierno
[/ezcol_3fifth] [ezcol_2fifth_end]CARTA A JOAQUÍN MORALES SOLÁ
LOS CÓMPLICES
Lo que nunca podré exponer ni mínimamente, es la repulsión que siento ante tanta ilegalidad e hipocresía generalizada de tanto cobarde que circula en inmerecida libertad, por el territorio que se llama Argentina.
Cordialmente
Claudio Kussman
Mayo 14, 2017
*”engarronar” – hacer comer un garrón, culpar un inocente – jerga policial
Claudio Kussman
claudio@PrisioneroEnArgentina.com
www.PrisioneroEnArgentina.com
@PrisioneroA
Mayo 14, 2017
[/ezcol_2fifth_end]Receta Caníbal
La Argentina política decidió esta semana castigar a los presuntos caníbales comiéndoselos. Confirmó así su siniestra selección de un grupo de dos mil ancianos para que asuman la culpa general de toda sociedad por haber apoyado la revolución militar de 1976 y así lograr el perdón.
Estoy hablando, claro, de la ley que prohibió la aplicación del famoso “2×1” que había utilizado la Corte Suprema de Justicia para declarar cumplida la pena de un condenado por crímenes de lesa humanidad, un fallo que motivó la inmediata reacción de la izquierda, de los pseudo organismos de derechos humanos y del kirchnerismo (probando todos una vez más lo selectivo de su memoria), de los partidos políticos y hasta del Gobierno.
El Tribunal supremo, por una mayoría constituida por sus verdaderos juristas, falló conforme a derecho y, aún en contra de la posición personal y moral de cada uno, lo único que hizo fue aplicar el principio vigente en todas las legislaciones, que impone utilizar siempre la ley más benigna en el juzgamiento y la graduación de la pena de todo y cualquier delito.
Con la sanción de este espantajo, se viola nuevamente otro principio básico de toda la estructura jurídico-penal de Occidente: la irretroactividad de la ley. Porque, cuando otro caso de lesa humanidad llegue a la Corte, los legisladores pretenden que el “2×1” no sea aplicado siquiera a las causas en trámite, es decir, que esta delirante norma recién promulgada impida la concesión de ese beneficio a quienes ya lo tenían.
Pero no debe asombrarnos, porque también se lo hizo cuando, en nombre de una “política de Estado” ¡convenida! entre los tres poderes (el Presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, lo reafirmó así en su voto) se aplicó –y muy tuertamente, por cierto- el concepto de “genocidio”, descripto por el Tratado de Roma, al cual adhirió la Argentina en 1994, a delitos así calificados y presuntamente cometidos veinte años antes.
Como dijo nuestra “abogada exitosa” esta semana en Bruselas, “todo tiene que ver con todo” y, precisamente para imponer el concepto de “genocidio”, fue que el terrorismo inventó el dogma de los 30.000 desaparecidos, amén de lucrar innoblemente con las indemnizaciones.
Debemos recordar que, cuando nuestros insanos legisladores sancionaron esta absurda ley, dijeron haberlo hecho ante la presión del clamor popular; o sea, invocando a la
teórica opinión de la sociedad, nunca verificada, se modificó retroactivamente nuestra Constitución Nacional. Eso fue, claramente, lo que hicieron Hitler, Mussolini y Stalin para cambiar el mundo, ¡y así le fue a la humanidad!.
Y no se trata de una mera exageración literaria. Basta preguntarse qué diferencia, en los hechos, a nuestro Congreso del tirano Nicolás Maduro; ambos dicen representar a mayorías, a las cuales no se atreven siquiera consultar, para cambiar las reglas de juego de la democracia. La permanente violación a la ley, que los argentinos y venezolanos sufrimos diariamente, nos acerca cada vez más a las horas más oscuras de la historia, devolviéndonos a la selva en la que impera el más fuerte.
Este tristísimo episodio volverá a costar a la Argentina mucho más que los transitorios beneficios de venganza que obtendrán sus aplaudidores porque, como es notorio, convierte en innegable la enorme inseguridad jurídica que campea por estas latitudes, en todos los terrenos, de la mano de una justicia venal, rastrera y corrupta. Con esos elementos en la imagen que ofrecemos al mundo, ¿cómo van a venir las inversiones que necesitamos tanto como el oxígeno?
Sólo el coraje cívico de los tres miembros de la Corte Suprema, si mantienen -como fue la eterna conducta del Dr. Carlos Fayt- su postura de apego irrestricto a la ley cuando lleguen a su conocimiento otros casos similares, podrá salvar a nuestro país de un nuevo abismo.
Pese a todo, no tengo dudas que el Gobierno se alzará con el triunfo en octubre de este año, pero el crédito deberá ser otorgado a la falta de opciones, ya que el peronismo no ha conseguido evolucionar y desprenderse de su factor más centrífugo, Cristina Fernández de Kirchner. Mientras ésta siga pesando en la escena partidaria, no podrán surgir hombres y mujeres que representen una nueva forma de hacer política y ejercerla con probidad y honestidad. La “noble viuda” obliga a los cobardes dirigentes del PJ a arrastrarse en su estela; y aún los pocos honestos de éstos que todavía existen se van así sumergiendo en la fétida atmósfera de corrupción que la rodea y que no se atreven a denunciar por miedo a su venganza.
Es desolador el panorama que podemos ver a nuestro alrededor, pero está en nosotros mismos, con nuestro esfuerzo individual, revertirlo. Tenemos esa obligación, aún los mayores, frente a nuestros hijos y nietos, porque recibimos un país y lo hemos destruido, incumpliendo así nuestra principal obligación como administradores de algo que no era nuestro.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 13, 2017
MACRI, GOLPE DE ESTADO A LA CORTE Y DURAN BARBA
El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 10, 2017
NACIÓN SOBERANA DESDE 1810
Escribe Alfredo Nobre Leite.
Asimismo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh), Amerigo Incalterra, se considera con derecho a interferir en nuestros asuntos internos, señalando que “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, le recuerdo que “La Constitución Nacional es la ley suprema de la Nación” (art. 31 CN), por lo cual le mando ocuparse de las situaciones de Venezuela, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte …, que no respetan los derechos humanos, puntualizando que lamentablemente la ONU ha devenido en una entelequia por los vetos de las potencias en Consejo de Seguridad; y el pseudo Derecho Internacional es otra impostura de las potencias por el uso de la fuerza, que no da derechos, de modo que no aceptamos interferencias externas.
Con respecto a la penosa actitud en la cuestión de Derechos Humanos, le recuerdo a Pinedo, y demás opinantes, que el presidente Mauricio Macri prometió terminar con el “curro” de los derechos humanos, pero parece que se han constituido en cómplices de las pseudo madres y abuelas (de terroristas) de Plaza de Mayo, recordándoles que Hebe de Bonafini que con su lengua viperina insulta hasta al más santo, ha utilizado el Altar Mayo de la Catedral de Buenos Aires como baño público (no me acuerdo que el Cardenal Bergoglio haya condenado ese sacrilegio), y enviaba los recursos provistos por el kirchnerismo a sus dos hijos (¿desapararecidos?) terroristas que viven en París. En cuanto, a Estela Barnes de Carlotto es otra farsante, pseudo abuela pues su hija montonera Laura era estéril, ha recibido unos 600 mil dólares, amén de otros subsidios, acumulando una fortuna con el “curro” de los nietos “apropiados”, que fueron hijos de subversivos, nacidos en cautiverio, que eran entregados a sus parientes o a personas que los criaban cristianamente, según documentación entregada por el general Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército, al juez Ballestero, actual camarista de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
Con relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, no está demás reiterar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y por tanto no aplicable a los hechos de la década del ’70; como, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, y que las leyes penales no se imputan con retroactividad, por lo cual todas las condenas de prisión perpetua de militares, a miembros de las fuerzas de seguridad y policiales son inconstitucionales, por conculcar la legalidad (como bien sabe el presidente (por ahora) de la Corte, Ricardo Lorenzetti) y el artículo 18 CN; y, por ende, todos los presos políticos deben ser liberados. En la actualidad hay unos 2.400 presos políticos sometidos a persecución judicial, con prisiones preventivas que superan los dos años, sin sentencias definitivas desde hace años, y condenados a cadena perpetua sufriendo malos tratos, sin alimentación adecuada y atención médica, con una edad promedio de 76 años, ancianos mayores de 90 años muriéndose en presidio por negarles prisión domiciliaria, siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos, pervertidos y violadores les otorgan prisión domiciliaria a los 70 años. Y han muerto, tras los malos tratos indicados, unos 400 presos políticos; que el representante de ACNUDH, Amerigo Incalterra, no debe ignorar, dado que a ellos les nieguen sus derechos humanos endógena y exógenamente. La persistencia de la política de derechos humanos que sigue el macrismo es de una hipocresía y cinismo inaceptables, que no lleva a buen puerto para quienes la padecen (¿con muerte legalizada?).
Qué no venga ACNUDH a darnos lecciones de ética y moral, y le sugiero que la ONU se ocupe de lo que debe ocuparse, y no interferir en nuestros asuntos internos, que la Argentina es una nación soberana desde 1810.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 9, 2017