El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
Es tragicómica la reacción de políticos (diputados y senadores) que pecan de ignorancia del derecho al objetar sin fundamento el fallo, inobjetable para constitucionalistas, que por la mayoría de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco, reconocieron a un “preso político”, la ley del 2×1, es decir la ley penal más benigna; y han llegado al extremo, como el caso de senador Federico Pinedo, que no es abogado, a decir que se tratarán cuatro proyectos de limitación de ese fallo, desconociendo que las leyes deben ser generales, y no para casos particulares, violando la igualdad ante la ley; el ignoto abogado Marcelo Parrilli, defensor de terroristas, para buscar notariedad, presentó una denuncia penal contra los miembros de la Corte aludidos, en su supina ignorancia del derecho. Debería pensar Pinedo, como también el coro de adláteres macristas María Eugenia Vidal, Horacio Rodrigúez Larreta y Jorge Macri, que cualquier persona puede pedir la inconstitucionalidad del engendro de ley que proponen, y teniendo en cuenta que juraron respetar la Constitución Nacional, que no deben violar, so pena de ser sometidos a juicio político (y llama la atención que esos hipócritas no hagan alusión alguna a las víctimas del terrorismo).
Asimismo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh), Amerigo Incalterra, se considera con derecho a interferir en nuestros asuntos internos, señalando que “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, le recuerdo que “LaConstitución Nacional es la ley suprema de la Nación” (art. 31 CN), por lo cual le mando ocuparse de las situaciones de Venezuela, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte …, que no respetan los derechos humanos, puntualizando que lamentablemente la ONU ha devenido en una entelequia por los vetos de las potencias en Consejo de Seguridad; y el pseudo Derecho Internacional es otra impostura de las potencias por el uso de la fuerza, que no da derechos, de modo que no aceptamos interferencias externas.
Con respecto a la penosa actitud en la cuestión de Derechos Humanos, le recuerdo a Pinedo, y demás opinantes, que el presidente Mauricio Macri prometió terminar con el “curro” de los derechos humanos, pero parece que se han constituido en cómplices de las pseudo madres y abuelas (de terroristas) de Plaza de Mayo, recordándoles que Hebe de Bonafini que con su lengua viperina insulta hasta al más santo, ha utilizado el Altar Mayo de la Catedral de Buenos Aires como baño público (no me acuerdo que el Cardenal Bergoglio haya condenado ese sacrilegio), y enviaba los recursos provistos por el kirchnerismo a sus dos hijos (¿desapararecidos?) terroristas que viven en París. En cuanto, a Estela Barnes de Carlotto es otra farsante, pseudo abuela pues su hija montonera Laura era estéril, ha recibido unos 600 mil dólares, amén de otros subsidios, acumulando una fortuna con el “curro” de los nietos “apropiados”, que fueron hijos de subversivos, nacidos en cautiverio, que eran entregados a sus parientes o a personas que los criaban cristianamente, según documentación entregada por el general Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército, al juez Ballestero, actual camarista de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
Con relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, no está demás reiterar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y por tanto no aplicable a los hechos de la década del ’70; como, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, y que las leyes penales no se imputan con retroactividad, por lo cual todas las condenas de prisión perpetua de militares, a miembros de las fuerzas de seguridad y policiales son inconstitucionales, por conculcar la legalidad (como bien sabe el presidente (por ahora) de la Corte, Ricardo Lorenzetti) y el artículo 18 CN; y, por ende, todos los presos políticos deben ser liberados. En la actualidad hay unos 2.400 presos políticos sometidos a persecución judicial, con prisiones preventivas que superan los dos años, sin sentencias definitivas desde hace años, y condenados a cadena perpetua sufriendo malos tratos, sin alimentación adecuada y atención médica, con una edad promedio de 76 años, ancianos mayores de 90 años muriéndose en presidio por negarles prisión domiciliaria, siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos, pervertidos y violadores les otorgan prisión domiciliaria a los 70 años. Y han muerto, tras los malos tratos indicados, unos 400 presos políticos; que el representante de ACNUDH, Amerigo Incalterra, no debe ignorar, dado que a ellos les nieguen sus derechos humanos endógena y exógenamente. La persistencia de la política de derechos humanos que sigue el macrismo es de una hipocresía y cinismo inaceptables, que no lleva a buen puerto para quienes la padecen (¿con muerte legalizada?).
Qué no venga ACNUDH a darnos lecciones de ética y moral, y le sugiero que la ONU se ocupe de lo que debe ocuparse, y no interferir en nuestros asuntos internos, que la Argentina es una nación soberana desde 1810.
MACRI, GOLPE DE ESTADO A LA CORTE Y DURAN BARBA
El último y principal destinatario de la brutal embestida fascista que han sufrido los tres magistrados de la Corte que fallaron a favor de extender (absolutamente ajustados a derecho) la ampliación del 2 x 1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad es el gobierno de Mauricio Macri. En la Argentina, que un Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya alquilado media docena de sus departamentos para prostíbulos, negado recursos de hábeas corpus a personas desaparecidas durante un gobierno de facto, publicado libros justificando la represión de dicho gobierno y falseando su declaración jurada de bienes para evadir impuestos no ameritan el escándalo de proporciones homéricas y las acciones desestabilizadoras que ha despertado esta decisión mayoritaria de la Corte. Se trata, lisa y llanamente, de un golpe de Estado al Poder Judicial de la Nación por emitir una sentencia contraria a los intereses de una parte. Pero es también una estocada a fondo al Poder Ejecutivo; pues a él es a quien se le endilga la autoría intelectual del “infame” fallo (Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco serían meros testaferros). Corrido con la vaina, el gobierno de Cambiemos reacciona con espanto de amateur sumándose a la condena del fallo y, por ende, a la criminalización de sus autores. Al respecto, las opiniones sustancialmente pusilánimes de Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Daniel Lipovetzky son más que elocuentes. Párrafo aparte merece la patética agachada de Federico Pinedo y su iniciativa para limitar el alcance de aquella ley. Con el repudio oficial del gobierno, el vacío de poder a la Corte deviene en tormenta perfecta. No es la primera vez que la oposición debilita al presidente arrancándole jirones de gobernabilidad. Su propensión a hocicar ante la mínima presión quedó exteriorizada cuando entregó a Darío Lopérfido por contrariar a la Carlotto y en la pasividad ante el acompañamiento ¿de? María Eugenia Vidal, y los diputados provinciales de PRO, a la ley mamarracho kirchnerista que oficializó la mentira de los 30.000 desaparecidos.
La defección aparatosa del macrismo con el deber republicano es una señal inequívoca a los carroñeros de siempre. Quienes, inmisericordes, se lanzan contra Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco. Como jugando de memoria, Marcelo Parrilli lanza la denuncia por prevaricato y, todavía en el aire, el fiscal Marijuan la toma de volea madrugando al resto. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco se lo merecen. Es que ¡se puede ser tan pavo para fallar de esa manera! ¿No aprendieron en los últimos diez años que a cualquier militar, policía o agente penitenciario (da igual, pinche o jefe) al que se le cuelga el sambenito de “genocida” pierde, automáticamente, su condición de sujeto de derechos humanos? ¿No saben, acaso, que a estos después de cuarenta años, sin pruebas y con el sólo testimonio de ex guerrilleros se los condena a pudrirse en la cárcel?
¿En qué país creen que viven? Les convenía por mucho emular a dos de las escasas vacas sagradas del derecho argentino: Ricardo Gil Lavedra y Eugenio Zaffaroni. Altos funcionarios de la justicia durante el gobierno militar que, en el momento oportuno de que ésta ¿éste? finalizara, tuvieron el tino de calificarla de genocida y abominable. Esto es la Argentina, che. Aquí, tanto Maqueda y Lorenzetti, la abrumadora mayoría de los políticos, periodistas, curas y no pocos ciudadanos comunes consideran y dan el trato de ratas apestosas a los que vencieron a los terroristas bancados por Cuba. Ser héroe de Malvinas no cambia un ápice. Otra cosa, obviamente, es la consideración a tener ante aquellos “jóvenes idealistas” que haciendo estallar una bomba asesinaron a 23 policías mientras estos almorzaban. Tipos así merecen que la democracia les haga el honor de que una estación de subte lleve su nombre o la presidencia de una ONG de derechos humanos.
A título de qué, entonces y por más jueces de la Corte que sean, ¿habría de tolerarse que ese fallo reconociera a los “genocidas” ese derecho, por ínfimo que fuere, del 2 x 1? Si fue la lógica política de confiar que Macri, Vidal, Pinedo, Michetti, Peña, en función de su propio interés se jugarían por un fallo ajustado a derecho, le erraron torpemente. El macrismo tiene más apego a su imagen de partido políticamente correcto que al poder que despilfarra enviando jueces probos a los leones.
En fin, el daño es irreparable y ya está hecho. Rosatti, Rosenkratz y Highton de Nolasco, en manos de Rafecas, pueden ir haciendo las valijas. Queda claro a los jueces de todo el país que sus fallos deberán atenerse a la última instancia de la justicia argentina de Bonafini y Carlotto. Vayan poniendo las barbas en remojo los que procesan a Milagro Sala y respiren tranquilos los prevaricadores que condenaron con la “política de Estado” en derechos humanos en la mano. Sopesando las alternativas (Massa y Cristina) estamos en el horno. Sólo queda rezar y pedir para que Durán Barba adivine el rumbo.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 10, 2017
NACIÓN SOBERANA DESDE 1810
Escribe Alfredo Nobre Leite.
Asimismo, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh), Amerigo Incalterra, se considera con derecho a interferir en nuestros asuntos internos, señalando que “La aplicación de la ley más benigna debe ser interpretada a la luz de los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”, le recuerdo que “La Constitución Nacional es la ley suprema de la Nación” (art. 31 CN), por lo cual le mando ocuparse de las situaciones de Venezuela, Cuba, Rusia, China, Corea del Norte …, que no respetan los derechos humanos, puntualizando que lamentablemente la ONU ha devenido en una entelequia por los vetos de las potencias en Consejo de Seguridad; y el pseudo Derecho Internacional es otra impostura de las potencias por el uso de la fuerza, que no da derechos, de modo que no aceptamos interferencias externas.
Con respecto a la penosa actitud en la cuestión de Derechos Humanos, le recuerdo a Pinedo, y demás opinantes, que el presidente Mauricio Macri prometió terminar con el “curro” de los derechos humanos, pero parece que se han constituido en cómplices de las pseudo madres y abuelas (de terroristas) de Plaza de Mayo, recordándoles que Hebe de Bonafini que con su lengua viperina insulta hasta al más santo, ha utilizado el Altar Mayo de la Catedral de Buenos Aires como baño público (no me acuerdo que el Cardenal Bergoglio haya condenado ese sacrilegio), y enviaba los recursos provistos por el kirchnerismo a sus dos hijos (¿desapararecidos?) terroristas que viven en París. En cuanto, a Estela Barnes de Carlotto es otra farsante, pseudo abuela pues su hija montonera Laura era estéril, ha recibido unos 600 mil dólares, amén de otros subsidios, acumulando una fortuna con el “curro” de los nietos “apropiados”, que fueron hijos de subversivos, nacidos en cautiverio, que eran entregados a sus parientes o a personas que los criaban cristianamente, según documentación entregada por el general Suárez Mason, a la sazón comandante del Primer Cuerpo de Ejército, al juez Ballestero, actual camarista de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones.
Con relación a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, no está demás reiterar que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Penas de Delitos de Lesa Humanidad fue ratificada por el Congreso en 2003, mediante la ley 25.778, y por tanto no aplicable a los hechos de la década del ’70; como, asimismo, el Estatuto de Roma, ratificada por la Argentina en 2003, estipula su aplicación a posteriori de su ratificación y no a priori, y que las leyes penales no se imputan con retroactividad, por lo cual todas las condenas de prisión perpetua de militares, a miembros de las fuerzas de seguridad y policiales son inconstitucionales, por conculcar la legalidad (como bien sabe el presidente (por ahora) de la Corte, Ricardo Lorenzetti) y el artículo 18 CN; y, por ende, todos los presos políticos deben ser liberados. En la actualidad hay unos 2.400 presos políticos sometidos a persecución judicial, con prisiones preventivas que superan los dos años, sin sentencias definitivas desde hace años, y condenados a cadena perpetua sufriendo malos tratos, sin alimentación adecuada y atención médica, con una edad promedio de 76 años, ancianos mayores de 90 años muriéndose en presidio por negarles prisión domiciliaria, siendo que a peligrosos delincuentes, asesinos, pervertidos y violadores les otorgan prisión domiciliaria a los 70 años. Y han muerto, tras los malos tratos indicados, unos 400 presos políticos; que el representante de ACNUDH, Amerigo Incalterra, no debe ignorar, dado que a ellos les nieguen sus derechos humanos endógena y exógenamente. La persistencia de la política de derechos humanos que sigue el macrismo es de una hipocresía y cinismo inaceptables, que no lleva a buen puerto para quienes la padecen (¿con muerte legalizada?).
Qué no venga ACNUDH a darnos lecciones de ética y moral, y le sugiero que la ONU se ocupe de lo que debe ocuparse, y no interferir en nuestros asuntos internos, que la Argentina es una nación soberana desde 1810.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 9, 2017