Llegamos a otro 24 de marzo. Como siempre la situación no ha cambiado en nada, salvo que este año llegamos con un “enrarecido” clima como nunca antes se había visto.
No solo atronaron ciertos medios de comunicación en forma “ladina”, como se dice en el campo, con una supuesta amnistía que daría el Presidente de la Nación el mismo 24 de Marzo, sino que hasta deslizaron que el Primer Mandatario dictaría un decreto enviando a los detenidos “de lesa” en cárceles a sus domicilios. Tan “perfecta” era la versión hecha noticia, que hasta daban cuenta de supuestas reuniones de gabinete donde se habría elaborado esa decisión.
No había dudas que era una grosera “fake news”, como se dice ahora, aunque algún desprevenido lo haya creído, lo cual es entendible, debido a la injusta situación que atraviesan muchos militares y policías presos que llevan ya, muchísimos años en esa condición y sin que se visualice una solución en el horizonte.
Sobre el particular debe decirse que si bien la Ley 27.156, sancionada el 1 de Julio de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de Julio de 2015 dice que: “No podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”; no es menos cierto que por el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, las normas nunca tienen efectos hacia atrás en el tiempo, rigen siempre hacia adelante desde el momento de su entrada en vigor, por una estricta cuestión de seguridad jurídica.
En otras palabras, como esta ley fue sancionada en el año 2015 no puede tener efectos sobre situaciones ocurridas en los años 70, sobre hechos ocurridos 39 años antes de su entrada en vigencia. Además, el Estatuto de Roma no prohíbe el dictado de una amnistía, no contiene ningún precepto que la prohíba. Justamente, el silencio del Estatuto de Roma al respecto es un prístino reconocimiento implícito a favor de estas medidas, tal como se desprende de sus arts. 16, 17 y 53.
Altos funcionarios del actual gobierno se expresaron en contra del dictado de una amnistía, aduciendo que es la propia justicia quien debe recomponer las barbaridades jurídicas que hizo. Muchos militares y policías piensan igual. No quieren perdón, quieren justicia.
Quien escribe también quiere lo mismo, pero el problema insuperable es que con esta “justicia militante y derechohumanista”, que mantiene intacta el actual gobierno y convalidada por el actual Ministro de Justicia de la Nación, tal solución o cualquier solución es “Misión Imposible-sentencia mortal-parte 2”.
Tampoco el gobierno hace nada con los ancianos presos en una cárcel, cuando por lo menos podría admitir que el Servicio Penitenciario Federal no está en condiciones de hacerlo y carecer de adecuada atención médica para ellos; al contrario, desde las cárceles se sigue diciendo que son una mezcla de Fundación Favaloro e Instituto Fleni,
Frente a ello, Casación puso fin al pretendido fallo plenario sobre la detención domiciliaria para los detenidos de 70 años o más, con el argumento de que no hay contradicciones entre las Salas del tribunal porque quienes solían votar a favor del arresto domiciliario ya no están en la Cámara. De hecho, invocan recientes fallos de la Suprema Corte que no se cansa de revocar prisiones domiciliarias. No queremos ni pensar lo que se viene. A lo que se suma al fallo de la Sala II de Casación que reiteró que para estos delitos “la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas”.
No hay duda que ni el auto denominado “león” ni los adalides de la libertad tienen el coraje suficiente para “poner las cosas jurídicamente en su lugar”. Son muy guapos en el terreno económico pero demasiados timoratos en el campo político. La Justicia “les marca la cancha” y solo responden con un video, valorable por cierto y totalmente veraz, pero si el mismo no va acompañado con una acción política concreta para terminar con las más graves violaciones a las más elementales garantías constitucionales y procesales que se vienen sucediendo desde el año 2003 a la fecha., es hacerse el guapo con el “tuje” ajeno. Ello, como sacarse fotos con familiares y amigos de detenidos “de lesa” o hacer estruendosas declaraciones como las recientes o las hechas en la campaña electoral; solo provocan la ira de los militantes de los derechos humanos -jueces incluidos- que reaccionan con más crudeza y saña con los pobres detenidos; acelerando nuevas causas, multiplicando los juicios y revocando todo aquello que les puedan reportar algún tipo de beneficio legal. Los presos terminan siendo el jamón del sándwich.
Como si todo ello fuera poco, apareció en los últimos días una denuncia sobre un grave ataque a una militante de la agrupación HIJOS. Desde esta columna bregamos por el rápido y pronto esclarecimiento del hecho. No puede ni debe quedar tan solo una noticia periodística y perdido en la nebulosa de los estados judiciales, utilizada solamente para invocar pedidos de revocación de prisiones domiciliarias. Decimos esto porque en el año 2018, en Rosario, se denunció estruendosamente amenazas vía Whastapp a militantes de los derechos humanos, concejales, fiscales y hasta jueces; hasta al día de la fecha nunca se supo que pasó realmente.
Por último, no dejamos de valorar los actos y homenajes que se hacen para recordar las víctimas del terrorismo. Fueron olvidadas por muchos años y merecen este justo reconocimiento. Pero también debe recordarse, actos mediante, los que se “pudren” en una cárcel o en su domicilio por procesos disparatados y arbitrarias condenas por el solo hecho de haber defendido a la Nación del demencial ataque terrorista que sufrió en la década del 70. No hay acto ni manifestación pública que los recuerde. Parece que es “políticamente correcto” equiparar a las acciones del terrorismo con las de los militares y policías para así elípticamente “buscar” una salida “elegante” para esos presos. ¿Por qué no decir las cosas como son? No es tiempo de medias tintas.
No solo hay que acordarse de los muertos, también de los vivos.
Ya no se puede dudar que, aunque cambiaron los vientos políticos desde diciembre del año, en el mundo lesa todo sigue igual o quizás peor.
El viernes pasado se publicó una nota titulada “El Ejército recordará a los militares muertos por ataques guerrilleros en democracia”. Para quienes venimos trabajando para que la memoria parcial sea reemplazada por la historia completa, y se recuerde a las víctimas del terrorismo en la Argentina, la decisión del Ejército constituye un hito importante. Poco a poco se hace evidente que las nuevas autoridades constituidas han iniciado un camino de reencuentro con las verdades históricas que el kirchnerismo intentó hacer desaparecer. No obstante, en la excelente nota no se menciona otro atentado terrorista perpetuado en nuestro país el 23 de enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en el cual el terrorista Enrique Gorriarán Merlo, histórico jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lideró un grupo armado de integrantes del MTP, que atacó y ocupó parcialmente el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 con asiento en La Tablada. Murieron nueve militares y dos policías, uno de ellos fue el teniente coronel Fernández Cuttielos, que se iba a hacer cargo, como segundo jefe, de dicho regimiento.
En momentos en que la violencia política parece recrudecer en nuestra patria, la medida del titular del Ejército contribuye decididamente a abrir los ojos de las nuevas generaciones, demostrando que las organizaciones guerrilleras de los 70 no solo no creían en la democracia, sino que se levantaron en armas contra ella. Y que fueron las Fuerzas Armadas, con sus luces y sus sombras, las que tuvieron la responsabilidad de traer la paz a los argentinos.
No todo es un minuto de silencio, las mujeres valientes estuvieron presente en un acto llevado a cabo en el año 2011, en el que vergonzosamente la ex montonera Nilda Garré, entonces -en el acto- Ministro de Seguridad del gobierno de Cristina Fernández viuda de Kirchner, se presentó el segundo día de julio, fecha en el que se recuerda al caído de la Policía Federal.
Algunos policías retirados invitaron a la doctora Andrea Palomas Alarcón, a recordar el 2 de julio, sabiendo que su padre perteneció a la Policía Federal. Las sospechas de que algún miembro del Kirchnerismo se dejaría ver en ese evento recordatorio eran nulas. Más aún, siendo que se eligió ese día por la bomba que puso la organización terrorista Montoneros en el comedor de Coordinación Federal.
Pues se apareció Nilda Garré, por entonces, y -relata la doctora Alarcón- “No pude con mi indignación. Comencé a silbarla y a gritarle cosas, nos rodearon una línea de ‘federicos’ (Sobrenombre cariñoso endilgado a los policías federales), ordenado por algún jefecito obsecuente. Las Señoras que me acompañaron, entre ellas Cecilia Pando, me pidieron que espere al final del acto, porque también se entregaban las medallas a los familiares de los nuevos caídos. Me llamé a silencio por respeto a ellos pero cuando terminó el acto pasó todo lo que sigue…”
María Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa), sostuvo que el fallo de la Corte Suprema en la aplicación del 2×1 en beneficio de un represor, “se ajusta a derecho”, al tiempo que remarcó que “hay más de 1500 militares detenidos ilegalmente”.
Tras aclarar que “no apoya al terrorismo de Estado y a la dictadura”, Pando denunció que ya “murieron más de 400 militares en las peores condiciones”. Tambiénaseveró que “no” comparte “la posición de Cambiemos en materia de derechos humanos”, y que coincidirá en ese sentido cuando en “el monumento de los desaparecidos también se ponga a las víctimas del terrorismo”.
La activista destacó que “Quiero que la ley se ajuste a derecho, que se cumpla con la Constitución y con la ley como corresponde, como sucedió con el fallo de la Corte, que es un fallo que se ajusta a derecho y parece que los políticos quieren manejar a la justicia y por eso se manifiestan”.
El último martes, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto de ley que aclara y limita la aplicación del cómputo de pena de dos años por uno para los autores de delitos de lesa humanidad, tras la controversia generada por la Corte.
“Es vergonzoso, entonces saquemos a la Corte y que empiecen a decidir los organismos de derechos humanos y los políticos digan me gusta o no un fallo, y bueno así es el país bananero que tenemos”, consideró Pando.
“Los militares no violaron un semáforo en rojo y se los está acusando de delitos de lesa humanidad inexistentes en los momentos de los hechos, o sea que la Corte aplicó la retroactividad de la ley penal, que es un horror. Si violaron la ley que los pongan también a los terroristas, por qué tengo que ver en la calle a (Horacio) Verbitsky, (Eduardo) Anguita, (Carlos) Kunkel o (Miguel) Bonasso, que asesinaron y mataron hasta a criaturas, y hoy están impunes”.
Pando añadió: “Los políticos son unos hipócritas, le puedo asegurar que, puertas adentro, me entrevisté con muchos de ellos, te dicen una cosa, pero cuando les ponen un micrófono adelante cambian, como me pasó con muchos jueces también”.
Pando enfatizó que “los militares no violaron un semáforo en rojo y se los está acusando de delitos de lesa humanidad inexistentes en los momentos de los hechos, o sea que la Corte aplicó la retroactividad de la ley penal, que es un horror”.
“Si violaron la ley que los pongan también a los terroristas, por qué tengo que ver en la calle a (Horacio) Verbitsky, (Eduardo) Anguita, (Carlos) Kunkel o (Miguel) Bonasso, que asesinaron y mataron hasta a criaturas, y hoy están impunes”.
Pando comentó que “no se cumplen las garantías constitucionales, porque desde hace 12 años hay detenidos con prisión preventiva sin condena, y en condiciones inhumanas en los penales”.
Además, opinó que está “perfecto” que el presidente Mauricio Macri no se haya manifestado por ahora respecto al fallo de la Corte, porque sería “una forma de presionar a la Justicia”, aunque recordó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ya dieron su posición.
Pando es esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado, quien fue pasado a retiro del Ejército en 2005 porque la mujer defendió al entonces obispo castrense Antonio Baseotto en una carta de lectores. Por aquellos años gobernaba el país Néstor Kirchner y había relevado de su cargo a Baseotto, luego de que éste le enviara una carta al ministro de Salud, Ginés González García, en la que decía: “Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordé el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que “el que escandaliza a los pequeños merece que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”.
Lo que van a ver, es el fiel reflejo de que cerrar la grieta o lograr la reconciliación de los Argentinos, solo es una utopía. En la década de los 70 y en el fragor de la guerra que ahora se niega, seguramente hubo falacias y abusos. Pero en la década ganada, se pergeñó un sistema en donde se destacó también la mentira y el abuso. Con ello al no actuarse con la verdad y por otro lado premiarse a quienes de verdad atacaron la democracia en el pasado, convirtiéndolos en “jóvenes idealistas”, se abrió la caja de pandora. De ella surgió la violencia y cuanto sentimiento negativo pueda haber en el ser humano, mientras que el poder judicial se autodestruyó en su credibilidad, como nunca en la historia de este país. De cara al futuro es más que evidente que todo el dolor y sufrimiento del pasado no nos sirvió como lección de vida, y que nuestro legado no es nada positivo ni glorioso para quienes nos sucedan.
Claudio Bernardo Avruj fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La notificación, que quedó en el Juzgado Federal de… Daniel Rafecas, señaló que el dirigente no apeló los sobreseimientos dictados en la causa por el traspaso de Papel Prensa.
Un decreto de 2010 establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe actuar como querellante en ese expediente, donde se investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en esa venta de la compañía del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
“Claudio Avruj, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, resolvió que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que él dirige y que es querellante en la causa 7111 conocida como Papel Prensa, no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010. Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre”, indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Pablo Llonto. Llonto, entre otras cosas, es parte del equipo para el que fue elaborado Impunidad Gerontológica, un informe de Adriana Taboada -Dirigente de Derechos Humanos- en el cual se sostiene que los imputados en causas de lesa humanidad fingen enfermedades fingen enfermedades para evitar juicios. 400 de ellos han fingido tan convincentemente que han muerto.
En esa causa, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO de esa empresa Héctor Magnetto y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros.
En la presentación, Llonto señaló que el Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actúe como querellante en la causa que se originó a partir del informe Papel Prensa SA La Verdad. A partir de ese mandato, el organismo promovió la querella e impulsó la causa. Esa tarea fue tomada por los distintos secretarios del área: primero por Eduardo Luis Duhalde, luego por Martín Fresneda y por el subsecretario Luis Alén.
Pero la situación cambió y -según la versión de Llonto- desde el 10 de diciembre de 2015 cuando asumió Avruj: la actividad de la renombrada Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural fue “nula” en esa causa.
“Desde su asunción en el cargo, se preocupó por reunirse con conocidos defensores o apologistas del terrorismo de Estado como los integrantes de la agrupación denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) o María Cecilia Pando“, indicó Llonto. “Tampoco hubo pronunciamiento cuando el Servicio Penitenciario Federal, que depende del mismo ministro (de Justicia Germán) Garavano, sin consultar a jueces o tribunales dispuso el traslado de los genocidas a la ‘prisión’ de Campo de Mayo”, agregó.
Aquí adivinamos que el doctor Llonto no es un simpatizante de la verdad, ya que las víctimas del terrorismo aún deambulan buscando ser reconocidas como tal. Pero, en las palabras de Alexander Pope… El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera.
El traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad está en línea con las reuniones que mantuvo el ministro Garavano con los defensores de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. En esos encuentros, mantenidos en junio pasado, los abogados le pidieron a Garavano que sus condenados fueran beneficiados con prisión domiciliaria. El ministro les dijo que esa situación se iba “a solucionar”, según relató el abogado Alberto Solanet, titular de la organización y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura.
El sobreseimiento dictado por Julián Ercolini -que consideró que no existió delito de lesa humanidad en el traspaso de Papel Prensa- fue apelado ante la Cámara Federal porteña por la querella de la familia Graiver, encabezada por la viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo y del fiscal del caso Franco Picardi. “Avruj fue la única parte acusadora que no cuestionó la resolución de Ercolini”, indicó Llonto y precisó que “incumplió los deberes de funcionario público” establecidos en el decreto de agosto de 2010 porque no existe otro decreto modificando esa decisión.
“Al no apelar, el licenciado Avruj, incumplió con sus deberes y causó al Estado un daño, ya que al menos por la vía de la imposición de costas el Ejecutivo deberá afrontar, en caso de quedar firme la resolución, el pago de las costas procesales que, como es sabido, incluyen los honorarios de los abogados de los imputados”, concluyó Llonto y solicitó una serie de medidas de prueba.
EL 24, LA PSEUDO AMNISTIA, LAS DOMICILIARIAS Y LOS VIVOS Y LOS MUERTOS
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Llegamos a otro 24 de marzo. Como siempre la situación no ha cambiado en nada, salvo que este año llegamos con un “enrarecido” clima como nunca antes se había visto.
No solo atronaron ciertos medios de comunicación en forma “ladina”, como se dice en el campo, con una supuesta amnistía que
daría el Presidente de la Nación el mismo 24 de Marzo, sino que hasta deslizaron que el Primer Mandatario dictaría un decreto enviando a los detenidos “de lesa” en cárceles a sus domicilios. Tan “perfecta” era la versión hecha noticia, que hasta daban cuenta de supuestas reuniones de gabinete donde se habría elaborado esa decisión.
No había dudas que era una grosera “fake news”, como se dice ahora, aunque algún desprevenido lo haya creído, lo cual es entendible, debido a la injusta situación que atraviesan muchos militares y policías presos que llevan ya, muchísimos años en esa condición y sin que se visualice una solución en el horizonte.
Sobre el particular debe decirse que si bien la Ley 27.156, sancionada el 1 de Julio de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 31 de Julio de 2015 dice que: “No podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra contemplados en los artículos 6°, 7º y 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados
internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”; no es menos cierto que por el principio constitucional de la irretroactividad de la ley penal, las normas nunca tienen efectos hacia atrás en el tiempo, rigen siempre hacia adelante desde el momento de su entrada en vigor, por una estricta cuestión de seguridad jurídica.
En otras palabras, como esta ley fue sancionada en el año 2015 no puede tener efectos sobre situaciones ocurridas en los años 70, sobre hechos ocurridos 39 años antes de su entrada en vigencia. Además, el Estatuto de Roma no prohíbe el dictado de una amnistía, no contiene ningún precepto que la prohíba. Justamente, el silencio del Estatuto de Roma al respecto es un prístino reconocimiento implícito a favor de estas medidas, tal como se desprende de sus arts. 16, 17 y 53.
Altos funcionarios del actual gobierno se expresaron en contra del dictado de una amnistía, aduciendo que es la propia justicia quien debe recomponer las barbaridades jurídicas que hizo. Muchos militares y policías piensan igual. No quieren perdón, quieren justicia.
Quien escribe también quiere lo mismo, pero el problema insuperable es que con esta “justicia militante y derechohumanista”, que mantiene intacta el actual gobierno y convalidada por el actual Ministro de Justicia de la Nación, tal solución o cualquier solución es “Misión Imposible-sentencia mortal-parte 2”.
Tampoco el gobierno hace nada con los ancianos presos en una cárcel, cuando por lo menos podría admitir que el Servicio Penitenciario Federal no está en condiciones de hacerlo y carecer de adecuada atención médica para ellos; al contrario, desde las cárceles se sigue diciendo que son una mezcla de Fundación Favaloro e Instituto Fleni,
Frente a ello, Casación puso fin al pretendido fallo plenario sobre la detención domiciliaria para los detenidos de 70 años o más, con el argumento de que no hay contradicciones entre las Salas del tribunal porque quienes solían votar a favor del arresto domiciliario ya no están en la Cámara. De hecho, invocan recientes fallos de la Suprema Corte que no se cansa de revocar prisiones domiciliarias. No queremos ni pensar lo que se viene. A lo que se suma al fallo de la Sala II de Casación que reiteró que para estos delitos “la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas”.
No hay duda que ni el auto denominado “león” ni los adalides de la libertad tienen el coraje suficiente para “poner las cosas jurídicamente en su lugar”. Son muy guapos en el terreno económico pero demasiados timoratos en el campo político. La Justicia “les marca la cancha” y solo responden con un video, valorable por cierto y totalmente veraz, pero si el mismo no va acompañado con una acción política concreta para terminar con las más graves violaciones a las más elementales garantías constitucionales y procesales que se vienen sucediendo desde el año 2003 a la fecha., es hacerse el guapo con el “tuje” ajeno. Ello, como sacarse fotos con familiares y amigos de detenidos “de lesa” o hacer estruendosas declaraciones como las recientes o las hechas en la campaña electoral; solo provocan la ira de los militantes
de los derechos humanos -jueces incluidos- que reaccionan con más crudeza y saña con los pobres detenidos; acelerando nuevas causas, multiplicando los juicios y revocando todo aquello que les puedan reportar algún tipo de beneficio legal. Los presos terminan siendo el jamón del sándwich.
Como si todo ello fuera poco, apareció en los últimos días una denuncia sobre un grave ataque a una militante de la agrupación HIJOS. Desde esta columna bregamos por el rápido y pronto esclarecimiento del hecho. No puede ni debe quedar tan solo una noticia periodística y perdido en la nebulosa de los estados judiciales, utilizada solamente para invocar pedidos de revocación de prisiones domiciliarias. Decimos esto porque en el año 2018, en Rosario, se denunció estruendosamente amenazas vía Whastapp a militantes de los derechos humanos, concejales, fiscales y hasta jueces; hasta al día de la fecha nunca se supo que pasó realmente.
Por último, no dejamos de valorar los actos y homenajes que se hacen para recordar las víctimas del terrorismo. Fueron olvidadas por muchos años y merecen este justo reconocimiento. Pero también debe recordarse, actos mediante, los que se “pudren” en una cárcel o en su domicilio por procesos disparatados y arbitrarias condenas por el solo hecho de haber defendido a la Nación del demencial ataque terrorista que sufrió en la década del 70. No hay acto ni manifestación pública que los recuerde. Parece que es “políticamente correcto” equiparar a las acciones del terrorismo con las de los militares y policías para así elípticamente “buscar” una salida “elegante” para esos presos. ¿Por qué no decir las cosas como son? No es tiempo de medias tintas.
No solo hay que acordarse de los muertos, también de los vivos.
Ya no se puede dudar que, aunque cambiaron los vientos políticos desde diciembre del año, en el mundo lesa todo sigue igual o quizás peor.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 24, 2024
LA TABLADA
Cecilia Pando en el diario La Nación
La Tablada
El viernes pasado se publicó una nota titulada “El Ejército recordará a los militares muertos por ataques guerrilleros en democracia”. Para quienes venimos trabajando para que la memoria parcial sea reemplazada por la historia completa, y se recuerde a las víctimas del terrorismo en la Argentina, la decisión del Ejército constituye un hito importante. Poco a poco se hace evidente que las nuevas autoridades constituidas han iniciado un camino de reencuentro con las verdades históricas que el kirchnerismo intentó hacer desaparecer. No obstante, en la excelente nota no se menciona otro atentado terrorista perpetuado en nuestro país el 23 de enero de 1989, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, en el cual el terrorista Enrique Gorriarán Merlo, histórico jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), lideró un grupo armado de integrantes del MTP, que atacó y ocupó parcialmente el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 con asiento en La Tablada. Murieron nueve militares y dos policías, uno de ellos fue el teniente coronel Fernández Cuttielos, que se iba a hacer cargo, como segundo jefe, de dicho regimiento.
En momentos en que la violencia política parece recrudecer en nuestra patria, la medida del titular del Ejército contribuye decididamente a abrir los ojos de las nuevas generaciones, demostrando que las organizaciones guerrilleras de los 70 no solo no creían en la democracia, sino que se levantaron en armas contra ella. Y que fueron las Fuerzas Armadas, con sus luces y sus sombras, las que tuvieron la responsabilidad de traer la paz a los argentinos.
María Cecilia Pando
Envío y colaboración: Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 22, 2018
No todo es un minuto de silencio
No todo es un minuto de silencio, las mujeres valientes estuvieron presente en un acto llevado a cabo en el año 2011, en el que vergonzosamente la ex montonera Nilda Garré, entonces -en el acto- Ministro de Seguridad del gobierno de Cristina Fernández viuda de Kirchner, se presentó el segundo día de julio, fecha en el que se recuerda al caído de la Policía Federal.
Algunos policías retirados invitaron a la doctora Andrea Palomas Alarcón, a recordar el 2 de julio, sabiendo que su padre perteneció a la Policía Federal. Las sospechas de que algún miembro del Kirchnerismo se dejaría ver en ese evento recordatorio eran nulas. Más aún, siendo que se eligió ese día por la bomba que puso la organización terrorista Montoneros en el comedor de Coordinación Federal.
Pues se apareció Nilda Garré, por entonces, y -relata la doctora Alarcón- “No pude con mi indignación. Comencé a silbarla y a gritarle cosas, nos rodearon una línea de ‘federicos’ (Sobrenombre cariñoso endilgado a los policías federales), ordenado por algún jefecito obsecuente. Las Señoras que me acompañaron, entre ellas Cecilia Pando, me pidieron que espere al final del acto, porque también se entregaban las medallas a los familiares de los nuevos caídos. Me llamé a silencio por respeto a ellos pero cuando terminó el acto pasó todo lo que sigue…”
Colaboración: Andrea Palomas Alarcón.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 24, 2017
Cecilia Pando y su opinión sobre el 2 x 1. “Hay más de mil quinientos militares detenidos ilegalmente”
María Cecilia Pando, titular de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (Afyappa), sostuvo que el fallo de la Corte Suprema en la aplicación del 2×1 en beneficio de un represor, “se ajusta a derecho”, al tiempo que remarcó que “hay más de 1500 militares detenidos ilegalmente”.
Tras aclarar que “no apoya al terrorismo de Estado y a la dictadura”, Pando denunció que ya “murieron más de 400 militares en las peores condiciones”. También aseveró que “no” comparte “la posición de Cambiemos en materia de derechos humanos”, y que coincidirá en ese sentido cuando en “el monumento de los desaparecidos también se ponga a las víctimas del terrorismo”.
La activista destacó que “Quiero que la ley se ajuste a derecho, que se cumpla con la Constitución y con la ley como corresponde, como sucedió con el fallo de la Corte, que es un fallo que se ajusta a derecho y parece que los políticos quieren manejar a la justicia y por eso se manifiestan”.
“Es vergonzoso, entonces saquemos a la Corte y que empiecen a decidir los organismos de derechos humanos y los políticos digan me gusta o no un fallo, y bueno así es el país bananero que tenemos”, consideró Pando.
Pando añadió: “Los políticos son unos hipócritas, le puedo asegurar que, puertas adentro, me entrevisté con muchos de ellos, te dicen una cosa, pero cuando les ponen un micrófono adelante cambian, como me pasó con muchos jueces también”.
Pando enfatizó que “los militares no violaron un semáforo en rojo y se los está acusando de delitos de lesa humanidad inexistentes en los momentos de los hechos, o sea que la Corte aplicó la retroactividad de la ley penal, que es un horror”.
“Si violaron la ley que los pongan también a los terroristas, por qué tengo que ver en la calle a (Horacio) Verbitsky, (Eduardo) Anguita, (Carlos) Kunkel o (Miguel) Bonasso, que asesinaron y mataron hasta a criaturas, y hoy están impunes”.
Pando comentó que “no se cumplen las garantías constitucionales, porque desde hace 12 años hay detenidos con prisión preventiva sin condena, y en condiciones inhumanas en los penales”.
Además, opinó que está “perfecto” que el presidente Mauricio Macri no se haya manifestado por ahora respecto al fallo de la Corte, porque sería “una forma de presionar a la Justicia”, aunque recordó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ya dieron su posición.
Pando es esposa del mayor retirado Pedro Rafael Mercado, quien fue pasado a retiro del Ejército en 2005 porque la mujer defendió al entonces obispo castrense Antonio Baseotto en una carta de lectores. Por aquellos años gobernaba el país Néstor Kirchner y había relevado de su cargo a Baseotto, luego de que éste le enviara una carta al ministro de Salud, Ginés González García, en la que decía: “Cuando usted repartió públicamente profilácticos a los jóvenes, recordé el texto del Evangelio donde nuestro Señor afirma que “el que escandaliza a los pequeños merece que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar”.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 17, 2017
Cecilia Pando con Mauro Viale: Palpable muestra de Reconcialiación Imposible
Lo que van a ver, es el fiel reflejo de que cerrar la grieta o lograr la reconciliación de los Argentinos, solo es una utopía. En la década de los 70 y en el fragor de la guerra que ahora se niega, seguramente hubo falacias y abusos. Pero en la década ganada, se pergeñó un sistema en donde se destacó también la mentira y el abuso. Con ello al no actuarse con la verdad y por otro lado premiarse a quienes de verdad atacaron la democracia en el pasado, convirtiéndolos en “jóvenes idealistas”, se abrió la caja de pandora. De ella surgió la violencia y cuanto sentimiento negativo pueda haber en el ser humano, mientras que el poder judicial se autodestruyó en su credibilidad, como nunca en la historia de este país. De cara al futuro es más que evidente que todo el dolor y sufrimiento del pasado no nos sirvió como lección de vida, y que nuestro legado no es nada positivo ni glorioso para quienes nos sucedan.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 7, 2017
Denunciaron a Avruj por incumplimiento de los deberes de funcionario público
Claudio Bernardo Avruj fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La notificación, que quedó en el Juzgado Federal de… Daniel Rafecas, señaló que el dirigente no apeló los sobreseimientos dictados en la causa por el traspaso de Papel Prensa.
Un decreto de 2010 establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe actuar como querellante en ese expediente, donde se investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en esa venta de la compañía del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
“Claudio Avruj, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, resolvió que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que él dirige y que es querellante en la causa 7111 conocida como Papel Prensa, no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010. Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre”, indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Pablo Llonto. Llonto, entre otras cosas, es parte del equipo para el que fue elaborado Impunidad Gerontológica, un informe de Adriana Taboada -Dirigente de Derechos Humanos- en el cual se sostiene que los imputados en causas de lesa humanidad fingen enfermedades fingen enfermedades para evitar juicios. 400 de ellos han fingido tan convincentemente que han muerto.
En esa causa, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO de esa empresa Héctor Magnetto y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros.
En la presentación, Llonto señaló que el Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actúe como querellante en la causa que se originó a partir del informe Papel Prensa SA La Verdad. A partir de ese mandato, el organismo promovió la querella e impulsó la causa. Esa tarea fue tomada por los distintos secretarios del área: primero por Eduardo Luis Duhalde, luego por Martín Fresneda y por el subsecretario Luis Alén.
Pero la situación cambió y -según la versión de Llonto- desde el 10 de diciembre de 2015 cuando asumió Avruj: la actividad de la renombrada Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural fue “nula” en esa causa.
“Desde su asunción en el cargo, se preocupó por reunirse con conocidos defensores o apologistas del terrorismo de Estado como los integrantes de la agrupación denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) o María Cecilia Pando“, indicó Llonto. “Tampoco hubo pronunciamiento cuando el Servicio Penitenciario Federal, que depende del mismo ministro (de Justicia Germán) Garavano, sin consultar a jueces o tribunales dispuso el traslado de los genocidas a la ‘prisión’ de Campo de Mayo”, agregó.
Aquí adivinamos que el doctor Llonto no es un simpatizante de la verdad, ya que las víctimas del terrorismo aún deambulan buscando ser reconocidas como tal. Pero, en las palabras de Alexander Pope… El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera.
El traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad está en línea con las reuniones que mantuvo el ministro Garavano con los defensores de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. En esos encuentros, mantenidos en junio pasado, los abogados le pidieron a Garavano que sus condenados fueran beneficiados con prisión domiciliaria. El ministro les dijo que esa situación se iba “a solucionar”, según relató el abogado Alberto Solanet, titular de la organización y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura.
El sobreseimiento dictado por Julián Ercolini -que consideró que no existió delito de lesa humanidad en el traspaso de Papel Prensa- fue apelado ante la Cámara Federal porteña por la querella de la familia Graiver, encabezada por la viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo y del fiscal del caso Franco Picardi. “Avruj fue la única parte acusadora que no cuestionó la resolución de Ercolini”, indicó Llonto y precisó que “incumplió los deberes de funcionario público” establecidos en el decreto de agosto de 2010 porque no existe otro decreto modificando esa decisión.
“Al no apelar, el licenciado Avruj, incumplió con sus deberes y causó al Estado un daño, ya que al menos por la vía de la imposición de costas el Ejecutivo deberá afrontar, en caso de quedar firme la resolución, el pago de las costas procesales que, como es sabido, incluyen los honorarios de los abogados de los imputados”, concluyó Llonto y solicitó una serie de medidas de prueba.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 30, 2016