¿Cómo se explica la Argentina a sí misma que sea un país que contrae deudas sabiendo que no las va a pagar a su vencimiento porque no adopta cuando contrae el préstamo las medidas necesarias para pagarlo? ¿Cómo se puede perdonar a sí misma, sabiendo que la naturaleza le brindó riquezas inagotables, ser una deudora morosa serial en lugar de explotar aquellas? ¿Cómo puede ignorar que hay países pequeños que tienen deudas mucho mayores que las nuestras, que las pagan puntualmente y por ello gozan de crédito y no tienen que pagar intereses confiscatorios como nosotros lo hacemos, que elevan los precios internos y esparcen enfermedad y pobreza? Estos decisivos interrogantes no se los hace la clase política del lado que fuere, que al parecer tampoco se ha enterado que nuestro despótico gobierno dio un golpe brutal a las libertades argentinas, cuando el 20 de marzo de 2020 clausuró al Poder Judicial, dejando al pueblo sin Justicia. Los magistrados judiciales no pueden aceptar tamaño agravio a su investidura, a la República y al pueblo de la Nación y deben recuperar por sí mismos el ejercicio de sus cargos, su propio decoro y la economía argentina.
El tremendo ataque al Poder Judicial de la Nación no es casual:
Forma parte de un plan para debilitar nuestras instituciones, impedir que se sancionen las corrupciones pasadas y se devuelvan al pueblo argentino los cuantiosos fondos que le pertenecen y que han enriquecido ilícitamente a quienes las perpetraron.
El ataque comenzó cuando con la excusa del “Coronavirus” se clausuró sustancialmente al Poder Judicial mediante un decreto de necesidad y urgencia y se invitó a las Provincias a hacer lo propio. Cualquiera sabe que a ninguno de los tres Poderes establecidos en la Constitución le puede ser impedido su funcionamiento por ninguno de los otros dos porque deben gobernar los tres y tienen la obligación de controlarse entre sí. El Poder Ejecutivo mediante un decreto se sacó de encima el áureo lazo que lo constreñía a obedecer a la Constitución y servir al pueblo. Un año más mas tarde todo sigue igual con el agravante que ningún país civilizado quitó a su pueblo el derecho a tener Justicia. Somos únicos en recibir este oprobio, que no puede continuar: Los Señores Magistrados deben presentarse a sus despachos a cumplir con su deber y darle al Pueblo Argentino la Justicia que merece y que paga con sus impuestos.
Nadie puede impedir que un Magistrado judicial cumpla con su obligación de administrar justicia, concurrir a su juzgado y presencialmente desde allí dirigir los procesos judiciales. Un Juez es un gobernante que no obedece a otra norma que a la Carta Magna. Ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, pueden quitarle ni suspender las atribuciones propias de su investidura. Así lo entendió la Sra. Juez Dra. Rosalía Romero titular del Juzgado Nacional del Trabajo 45, quién sigue trabajando como si tal cosa en los dos juzgados que tiene a cargo aunque haciendo un gran esfuerzo por la carencia de personal suficiente. Este ejemplo de contracción al trabajo, cumplimiento del deber y apego a la Constitución Nacional debería seguirse por todos los Magistrados. Nadie que trabaje en un Juzgado corre riesgos superiores a los que afronta la cajera de un supermercado con sus ocho horas de trabajo quién atiende más personas desconocidas que las que ingresa a un Tribunal en una jornada de seis horas. Mejor no hablemos de los peligros que afronta un agente de policía.
Los Magistrados judiciales integran el gobierno de la Nación:
Cada sentencia es un acto de política -en el más alto significado de esta palabra- que informa a las partes en el juicio y a toda la sociedad que es lo que está bien y lo que está mal. Cuando un Magistrado emite una decisión está gobernando tanto como lo hace un Ministro, un Diputado o un Senador. Ni en la paz ni en la guerra puede negarse a alguien la justicia que requiere ni bloquearse a un Magistrado Judicial el ejercicio de sus augustas funciones
MarburyMadison
La división de los tres poderes del gobierno en Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tuvo origen en Charles de Secondat, barón de Montesquieu” en 1748, fue llevada en 1803 a su notable cima en lo que concierne al Poder Judicial cuando en el fallo “Marbury vs. Madison” la Corte Suprema norteamericana decidió que los Jueces podían negar la aplicación, en una causa, de leyes del Poder Legislativo o Decretos del Poder Ejecutivo o normas emanadas de los estados cuando violaran la Constitución Nacional, de la cual eran los últimos y finales intérpretes. Ese principio que integra la Constitución Argentina desde 1853, nadie puede derogarlo porque exhibe la importancia como gobernante de nuestro Poder Judicial y lo que puede hacer un Magistrado para defender la libertad de su patria como el honor, la fortuna y la existencia de los integrantes de su pueblo. Parte de este fue confinado en sus hogares, debilitándolo física y sicológicamente en una suerte de prisión, sin aconsejarle tomar sol, origen de la hormona que se llama vitamina d, cuya deficiencia es muy común en los afectados por el ”Coronavirus”. Tampoco se aconsejó a nadie realizar ejercicios físicos pese a que el sol como el ejercicio aumentan las reservas humanas fundamentales para ganarle al Covid 19.
Los Jueces argentinos deben dar por no escrito el decreto del 20 de Marzo de 2020 con el cual se los humilló como también las convalidaciones posteriores. Los Magistrados judiciales no son subordinados del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Son, en cambio, gobernantes de un país libre, que debe tener una justicia independiente decidida a hacer respetar su investidura, su hombría de bien y su sentido del deber.
Quitarles a los Jueces la facultad de hacer justicia, es el comienzo de un camino que termina en su destitución. Se está intentando convencer a la población que los Jueces no hacen falta y que cobran sueldos inmerecidos, para transformarlos en blanco de las iras de mucha gente y justificar su remoción. Los escondidos autores de esta maniobra presumen que si un decreto es válido para que abandonen los Magistrados su encumbrado sitial, con otro decreto pueden prescindir de ellos. No lo van a conseguir. Nuestros Jueces van a volver a los Tribunales a defender a su Patria, la dignidad del Pueblo y su propia razón de existir.
EL PODER JUDICIAL DEBE LIDERAR LA RECUPERACIÓN INSTITUCIONAL Y ECONÓMICA ARGENTINA
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¿Cómo se explica la Argentina a sí misma que sea un país que contrae deudas sabiendo que no las va a pagar a su vencimiento porque no adopta cuando contrae el préstamo las medidas necesarias para pagarlo? ¿Cómo se puede perdonar a sí misma, sabiendo que la naturaleza le brindó riquezas inagotables, ser una deudora morosa serial en lugar de explotar aquellas? ¿Cómo puede ignorar que hay países pequeños que tienen deudas mucho mayores que las nuestras, que las pagan puntualmente y por ello gozan de crédito y no tienen que pagar intereses confiscatorios como nosotros lo hacemos, que elevan los precios internos y esparcen enfermedad y pobreza? Estos decisivos interrogantes no se los hace la clase política del lado que fuere, que al parecer tampoco se ha enterado que nuestro despótico gobierno dio un golpe brutal a las libertades argentinas, cuando el 20 de marzo de 2020 clausuró al Poder Judicial, dejando al pueblo sin Justicia. Los magistrados judiciales no pueden aceptar tamaño agravio a su investidura, a la República y al pueblo de la Nación y deben recuperar por sí mismos el ejercicio de sus cargos, su propio decoro y la economía argentina.
El tremendo ataque al Poder Judicial de la Nación no es casual:
Forma parte de un plan para debilitar nuestras instituciones, impedir que se sancionen las corrupciones pasadas y se devuelvan al pueblo argentino los cuantiosos fondos que le pertenecen y que han enriquecido ilícitamente a quienes las perpetraron.
Nadie puede impedir que un Magistrado judicial cumpla con su obligación de administrar justicia, concurrir a su juzgado y presencialmente desde allí dirigir los procesos judiciales. Un Juez es un gobernante que no obedece a otra norma que a la Carta Magna. Ni el Poder Legislativo ni el Ejecutivo, pueden quitarle ni suspender las atribuciones propias de su investidura. Así lo entendió la Sra. Juez Dra. Rosalía Romero titular del Juzgado Nacional del Trabajo 45, quién sigue trabajando como si tal cosa en los dos juzgados que tiene a cargo aunque haciendo un gran esfuerzo por la carencia de personal suficiente. Este ejemplo de contracción al trabajo, cumplimiento del deber y apego a la Constitución Nacional debería seguirse por todos los Magistrados. Nadie que trabaje en un Juzgado corre riesgos superiores a los que afronta la cajera de un supermercado con sus ocho horas de trabajo quién atiende más personas desconocidas que las que ingresa a un Tribunal en una jornada de seis horas. Mejor no hablemos de los peligros que afronta un agente de policía.
Los Magistrados judiciales integran el gobierno de la Nación:
Cada sentencia es un acto de política -en el más alto significado de esta palabra- que informa a las partes en el juicio y a toda la sociedad que es lo que está bien y lo que está mal. Cuando un Magistrado emite una decisión está gobernando tanto como lo hace un Ministro, un Diputado o un Senador. Ni en la paz ni en la guerra puede negarse a alguien la justicia que requiere ni bloquearse a un Magistrado Judicial el ejercicio de sus augustas funciones
La división de los tres poderes del gobierno en Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tuvo origen en Charles de Secondat, barón de Montesquieu” en 1748, fue llevada en 1803 a su notable cima en lo que concierne al Poder Judicial cuando en el fallo “Marbury vs. Madison” la Corte Suprema norteamericana decidió que los Jueces podían negar la aplicación, en una causa, de leyes del Poder Legislativo o Decretos del Poder Ejecutivo o normas emanadas de los estados cuando violaran la Constitución Nacional, de la cual eran los últimos y finales intérpretes. Ese principio que integra la Constitución Argentina desde 1853, nadie puede derogarlo porque exhibe la importancia como gobernante de nuestro Poder Judicial y lo que puede hacer un Magistrado para defender la libertad de su patria como el honor, la fortuna y la existencia de los integrantes de su pueblo. Parte de este fue confinado en sus hogares, debilitándolo física y sicológicamente en una suerte de prisión, sin aconsejarle tomar sol, origen de la hormona que se llama vitamina d, cuya deficiencia es muy común en los afectados por el ”Coronavirus”. Tampoco se aconsejó a nadie realizar ejercicios físicos pese a que el sol como el ejercicio aumentan las reservas humanas fundamentales para ganarle al Covid 19.
Los Jueces argentinos deben dar por no escrito el decreto del 20 de Marzo de 2020 con el cual se los humilló como también las convalidaciones posteriores. Los Magistrados judiciales no son subordinados del Poder Ejecutivo ni del Poder Legislativo. Son, en cambio, gobernantes de un país libre, que debe tener una justicia independiente decidida a hacer respetar su investidura, su hombría de bien y su sentido del deber.
Quitarles a los Jueces la facultad de hacer justicia, es el comienzo de un camino que termina en su destitución. Se está intentando convencer a la población que los Jueces no hacen falta y que cobran sueldos inmerecidos, para transformarlos en blanco de las iras de mucha gente y justificar su remoción. Los escondidos autores de esta maniobra presumen que si un decreto es válido para que abandonen los Magistrados su encumbrado sitial, con otro decreto pueden prescindir de ellos. No lo van a conseguir. Nuestros Jueces van a volver a los Tribunales a defender a su Patria, la dignidad del Pueblo y su propia razón de existir.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 19, 2021