Los Servidores Públicos secuestran el derecho a la palabra o como castrarla.
[five_sixth padding=”0 20px 0 20px”]
El problema de la libertad de expresión suele estar mal proferido. No hay solo un derecho de la persona a hablar, sino un derecho de los demás a escuchar. Esto debe ser interpretado con cuidado. No soy comunista, pero no por ello me privé de la satisfacción de leer El Capital de Marx, El Manifiesto Comunista del mismo autor y Engels o biografías tendenciosas u objetivas de Castro o Mao. Mi libertad sin prejuicios de escuchar Yo tengo un sueño, pronunciado por el reverendo King o El Primer Discurso de Hitler como Canciller, chaplinescamente interpretado en febrero de 1933. Luego si, discutiremos admiración o monstruosidades.
Cuando comienzan las prohibiciones el resultado es importante. Cambia la historia privada de los ciudadanos. De hecho, tomemos el ejemplo de cuándo los gobiernos censuran los medios de comunicación. Es un temor de los políticos. No es lo que los periodistas escriben sino lo que los lectores leen. En Camboya, por ejemplo, los periódicos de habla inglesa tienen carta blanca y pueden escribir prácticamente lo que quieren sobre el gobierno y la política porque, según las estimaciones de los mandatarios, pocos camboyanos leen estas publicaciones. La prensa de lengua khmer no goza de tal libertad. Esa libertad que deberíamos -equivocados o no- tener todos. La libertad para dudar la existencia del Rey David sin ser acusado de blasfemo, la rebeldía de descreer que Mohamed ascendió a los cielos en un caballo alado sin que un musulmán ponga precio a mi cabeza, la autonomía para pensar que Lee Harvey Oswald actuó solo, el albedrío de exponer que no hubo treinta mil desaparecidos en Argentina.
Salman Rushdie tiene dos frases maravillosas. Una señala que Uno de los problemas con defender la libertad de expresión es que a menudo tienes que defender personas que opinas son indignantes, desagradables y repugnantes. Es decir, sin estar de acuerdo, debemos respetar los pensamientos de Cecilia Moreau o Nilda Garré, impulsoras de cortar -precisamente- la libertad de expresión. Sin ser un contrasentido, es desfilar en un laberinto falto de oxígeno. El segundo de sus enunciados nos da más aire: “La libertad de expresión es un bien escaso. Sería terrible dejar a los fanáticos marcar los límites”. Es decir, la autorización para atacar malas ideas.
Cuando Garré o Moreau prohíben un pensamiento distinto a sus conveniencias, afectan a la sociedad toda. Allí comienzan los problemas y se divisan sus consecuencias. El ciudadano está siendo castigado por tener una mente propia. John Stuart Mills en su excelente trabajo Sobre la Libertad, subrayaba la imperiosa urgencia de que la sociedad respetara la libertad de expresión ya que ello permite tomar conciencia y un concomitante comportamiento de sus integrantes con el fin de entender la verdad, la opinión sobre la verdad y el sano debate.
Los ciudadanos de Corea del Norte viven en el territorio más censurado del planeta. No hay periodismo independiente, internet ha sido bloqueada y las repetidoras de televisión extranjeras no tienen espacio allí. El gobierno de Kim Jong-un tiene el control de la información y su propaganda tiene ejemplos tales como documentales que muestran la existencia en Occidente setenta años atrás como si fuera actual, para pregonar un retraso u ocaso de su sistema de vida. Burma, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial y Libia respiran el mismo clima de opresión. Eritrea, Cuba, Uzbekistán, Venezuela, Siria y Bielorrusia -como observará, todos países súper desarrollados– sufren estos sistemas asfixiantes. Todo comenzó con una prohibición como las que proponen las legisladoras Moreau y Garré, apoyadas por algunos jueces federales, quienes deberían ser los primeros en defendernos de estas imposiciones totalitarias. La gente en estos países mencionados está prácticamente aislada del resto del mundo por gobernantes autoritarios que acosan a quienes consideran sus súbditos y mantienen un control sobre ellos a través del miedo, la intimidación y claro, leyes restrictivas.
Ahora, si esto es lo que la sociedad quiere, podemos mirar a esa amada Cuba. La Constitución cubana otorga al Partido Comunista el derecho de controlar la prensa; Reconoce “la libertad de expresión y la prensa de acuerdo con los objetivos de la sociedad socialista”. El gobierno posee y controla todos los medios de comunicación y restringe el acceso a Internet. Se transmiten cuatro canales de televisión, dos agencias de noticias, decenas de estaciones de radio, al menos cuatro sitios web de noticias y tres periódicos principales que representan las opiniones del Partido Comunista y otras organizaciones de masas controladas por el gobierno. Los medios de comunicación operan bajo el ojo celoso del Departamento de Orientación Revolucionaria del Partido Comunista, que desarrolla y coordina estrategias de propaganda. Cuba sigue siendo uno de los principales carceleros mundiales de periodistas, después de China, con reporteros independientes tras las rejas. Aquellos que tratan de trabajar como periodistas independientes son acosados, detenidos, amenazados con procesamiento o encarcelamiento, o se les prohíbe viajar. Un pequeño número de corresponsales extranjeros informan desde y sobre La Habana, pero los cubanos no ven sus informes. Informes que no vemos nosotros, ya que el gobierno, a través del extraño agente Claudio Avruj -quién se adjudica saber qué es lo mejor para el pueblo- esconde importantes datos sobre las personas beneficiadas por retribuciones económicas a familiares de desaparecidos durante el último gobierno de facto. ¿Por qué no se puede hablar de esto? Y aquí retomamos la discrepancia sobre el número de víctimas. Usted dirá que treinta mil es un símbolo. Yo diré que es una herramienta para seguir arrestando y enjuiciando gente gracias a esos veintidós mil o más amigos imaginarios cuyos nombres sin familiares, ni amistades, son desconocidos. ¿Por qué Garré y Moreau quieren imponer estas restricciones? Porque el miedo domina a los pueblos, estos -que en China o Cuba- deben profesar su pasión por el comunismo, mientras sus dirigentes -como Garré o Moreau- viven rodeados de toda clase de privilegios.
Debido a la escasa comunicación -usted comprenderá, los medios no son los deseados- con Campo de Mayo, debemos reproducir los comunicados a manera que nos van llegando. En esto, no podemos respetar el orden, ya que muchas veces son audios, lo que lo intermediadores puedan conseguir. Gracias el esfuerzo de estos, exponemos aqui otro de los mencionados mensajes.
PEA
Mensaje de los Presos Políticos de Campo de Mayo:
Mientras la Secretaría de Derechos Humanos continúe como querellante en los juicios denominados de <<Lesa Humanidad>> , la familia militar no votará a Cambiemos, por sus incumplimientos de promesa de campaña.
COMISIÓN de ENLACE INTERPENALES de PRESOS POLÍTICOS de la REPÚBLICA ARGENTINA. (CEIPPRA)
Por Juan Manuel Otero en Cartas de Lectores del Diario La Nación.
Información sensible
Felicito a Mariano de Vedia por su nota del jueves pasado. Desde el histórico grito “el pueblo quiere saber de qué se trata” se presume que la publicidad de los actos oficiales es una garantía republicana que no admite discusiones y lleva implícita la seguridad de que el Gobierno no tiene nada que ocultar a la ciudadanía. Por eso me sorprende la actitud del señor Claudio Avruj, quien se negó a responder varias peticiones de Jovina Luna, aduciendo que se trataba de “información sensible”. La peticionante, hermana del soldado conscripto Hermindo Luna, acribillado a balazos por terroristas montoneros ante su heroica decisión de no rendirse cuando el ataque al Regimiento de Infantería del Monte 29, pretendía saber si el Estado les pagó indemnizaciones a los terroristas. La absurda negativa, basada en que se trata de información sensible, resulta insostenible, especialmente por provenir del secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Señor Avruj, por lo menos tenga la valentía de expresar por qué y para quién resulta sensible tal información.
Claudio Bernardo Avruj fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La notificación, que quedó en el Juzgado Federal de… Daniel Rafecas, señaló que el dirigente no apeló los sobreseimientos dictados en la causa por el traspaso de Papel Prensa.
Un decreto de 2010 establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe actuar como querellante en ese expediente, donde se investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en esa venta de la compañía del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
“Claudio Avruj, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, resolvió que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que él dirige y que es querellante en la causa 7111 conocida como Papel Prensa, no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010. Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre”, indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Pablo Llonto. Llonto, entre otras cosas, es parte del equipo para el que fue elaborado Impunidad Gerontológica, un informe de Adriana Taboada -Dirigente de Derechos Humanos- en el cual se sostiene que los imputados en causas de lesa humanidad fingen enfermedades fingen enfermedades para evitar juicios. 400 de ellos han fingido tan convincentemente que han muerto.
En esa causa, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO de esa empresa Héctor Magnetto y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros.
En la presentación, Llonto señaló que el Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actúe como querellante en la causa que se originó a partir del informe Papel Prensa SA La Verdad. A partir de ese mandato, el organismo promovió la querella e impulsó la causa. Esa tarea fue tomada por los distintos secretarios del área: primero por Eduardo Luis Duhalde, luego por Martín Fresneda y por el subsecretario Luis Alén.
Pero la situación cambió y -según la versión de Llonto- desde el 10 de diciembre de 2015 cuando asumió Avruj: la actividad de la renombrada Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural fue “nula” en esa causa.
“Desde su asunción en el cargo, se preocupó por reunirse con conocidos defensores o apologistas del terrorismo de Estado como los integrantes de la agrupación denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) o María Cecilia Pando“, indicó Llonto. “Tampoco hubo pronunciamiento cuando el Servicio Penitenciario Federal, que depende del mismo ministro (de Justicia Germán) Garavano, sin consultar a jueces o tribunales dispuso el traslado de los genocidas a la ‘prisión’ de Campo de Mayo”, agregó.
Aquí adivinamos que el doctor Llonto no es un simpatizante de la verdad, ya que las víctimas del terrorismo aún deambulan buscando ser reconocidas como tal. Pero, en las palabras de Alexander Pope… El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera.
El traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad está en línea con las reuniones que mantuvo el ministro Garavano con los defensores de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. En esos encuentros, mantenidos en junio pasado, los abogados le pidieron a Garavano que sus condenados fueran beneficiados con prisión domiciliaria. El ministro les dijo que esa situación se iba “a solucionar”, según relató el abogado Alberto Solanet, titular de la organización y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura.
El sobreseimiento dictado por Julián Ercolini -que consideró que no existió delito de lesa humanidad en el traspaso de Papel Prensa- fue apelado ante la Cámara Federal porteña por la querella de la familia Graiver, encabezada por la viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo y del fiscal del caso Franco Picardi. “Avruj fue la única parte acusadora que no cuestionó la resolución de Ercolini”, indicó Llonto y precisó que “incumplió los deberes de funcionario público” establecidos en el decreto de agosto de 2010 porque no existe otro decreto modificando esa decisión.
“Al no apelar, el licenciado Avruj, incumplió con sus deberes y causó al Estado un daño, ya que al menos por la vía de la imposición de costas el Ejecutivo deberá afrontar, en caso de quedar firme la resolución, el pago de las costas procesales que, como es sabido, incluyen los honorarios de los abogados de los imputados”, concluyó Llonto y solicitó una serie de medidas de prueba.
El 16 de agosto de 2016 presentamos, ante la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una solicitud de información pública requiriendo los siguientes datos:
1) Según los datos obrantes en dicha dependencia, la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983;
2) Respecto del terrorismo de estado ejercido durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón -según los registros obrantes en dicha dependencia- la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 12 de octubre de 1973 al 23 de marzo de 1976.
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Dilación, denuncia y respuesta contradictoria
Luego de una dilación importante (si tenemos en cuenta que el informe debió ser brindado a los 10 días hábiles) y previa intervención de la Ofician Anticorrupción (ente ante el cual se denunció la demora) la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural presentó un informe que se contradice, al intentar defender -sin sustento técnico alguno- la cifra de 30.000 desaparecidos.
En efecto, la respuesta se compone de dos informes. Uno, de carácter meramente político, emitido por el Archivo Nacional de la Memoria, a cargo de Gustavo Peters Castro, y que refiere al otro informe, diciendo que: “El listado de víctimas que se adjunta comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas por ante la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS y PLURALISMO CULTURAL a la fecha y por lo tanto no debe entenderse como la totalidad de las víctimas ya que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones y organismos, no refrendados ante la Secretaría”. Sin embargo, el informe aludido, emitido por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) sostiene que dicho registro “está constituido por aquellos casos considerados válidos denunciados ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), por aquellos que cuentan con denuncia debidamente formalizada ante la hoy Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (SDHN) y, a partir de relevamientos recientes, por aquellos casos sobre los que se ha considerado probado que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en causas judiciales con sentencia a la fecha.”
Está claro: un sector de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural pretende hacernos creer que los números que comentaremos más adelante tienen poca relevancia porque sólo surgen de las denuncias efectuadas en dicha dependencia (sustentando de ese modo la tesis de los 30.000 desaparecidos), mientras que otro sector dice que, esos mismos números, corresponden, no sólo a las denuncias radicadas en la Secretaría, sino que también corresponden a los datos de la Conadep y a los casos resueltos por Poder Judicial.
Increíblemente, ante esta contradicción, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, nos envía una nota acompañando ambos informes,en la que sostiene que “ambos instrumentos … son compartidos por el suscripto”. ¿?
Los números
Según el informe del Registro Únificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) durante ámbos períodos solicitados (peronista y militar) se produjeron 7010 desapariciones forzadas y 1561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total, para ambos períodos, de 8571 víctimas de terrorismo de estado.
De las víctimas totales, el 14,83% (1271 casos) corresponden al tercer mandato de Juan Domingo Perón, que fuera continuado, tras su deceso, por su viuda, la Sra. María Estela Martínez de Perón (alias Isabel o Isabelita). El 85,17% restante de las víctimas (7300 casos), corresponde a la etapa del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Asimismo, de las 7010 desapariciones forzadas, el 9,44% (662 casos) corresponde al período peronista, mientras que el 90,46% (6348 casos) corresponden a la etapa militar.
Finalmente, en relación a los asesinatos efectuados sin mediar desaparición forzada previa, el 39% (609 casos) corresponde al período peronista y el 61% (952 casos) corresponde al “Proceso”.
Bárbaros en Nuestras Puertas
Escribe Fabian Kussman.
Los Servidores Públicos secuestran el derecho a la palabra o como castrarla.
[five_sixth padding=”0 20px 0 20px”]Cuando comienzan las prohibiciones el resultado es importante. Cambia la historia privada de los ciudadanos. De hecho, tomemos el ejemplo de cuándo los gobiernos censuran los medios de comunicación. Es un temor de los políticos. No es lo que los periodistas escriben sino lo que los lectores leen. En Camboya, por ejemplo, los periódicos de habla inglesa tienen carta blanca y pueden escribir prácticamente lo que quieren sobre el gobierno y la política porque, según las estimaciones de los mandatarios, pocos camboyanos leen estas publicaciones. La prensa de lengua khmer no goza de tal libertad. Esa libertad que deberíamos -equivocados o no- tener todos. La libertad para dudar la existencia del Rey David sin ser acusado de blasfemo, la rebeldía de descreer que Mohamed ascendió a los cielos en un caballo alado sin que un musulmán ponga precio a mi cabeza, la autonomía para pensar que Lee Harvey Oswald actuó solo, el albedrío de exponer que no hubo treinta mil desaparecidos en Argentina.
Salman Rushdie tiene dos frases maravillosas. Una señala que Uno de los problemas con defender la libertad de expresión es que a menudo tienes que defender personas que opinas son indignantes, desagradables y repugnantes. Es decir, sin estar de acuerdo, debemos respetar los pensamientos de Cecilia Moreau o Nilda Garré, impulsoras de cortar -precisamente- la libertad de expresión. Sin ser un contrasentido, es desfilar en un laberinto falto de oxígeno. El segundo de sus enunciados nos da más aire: “La libertad de expresión es un bien escaso. Sería terrible dejar a los fanáticos marcar los límites”. Es decir, la autorización para atacar malas ideas.
Cuando Garré o Moreau prohíben un pensamiento distinto a sus conveniencias, afectan a la sociedad toda. Allí comienzan los problemas y se divisan sus consecuencias. El ciudadano está siendo castigado por tener una mente propia. John Stuart Mills en su excelente trabajo Sobre la Libertad, subrayaba la imperiosa urgencia de que la sociedad respetara la libertad de expresión ya que ello permite tomar conciencia y un concomitante comportamiento de sus integrantes con el fin de entender la verdad, la opinión sobre la verdad y el sano debate.
Los ciudadanos de Corea del Norte viven en el territorio más censurado del planeta. No hay periodismo independiente, internet ha sido bloqueada y las repetidoras de televisión extranjeras no tienen espacio allí. El gobierno de Kim Jong-un tiene el control de la información y su propaganda tiene ejemplos tales como documentales que muestran la existencia en Occidente setenta años atrás como si fuera actual, para pregonar un retraso u ocaso de su sistema de vida. Burma, Turkmenistán, Guinea Ecuatorial y Libia respiran el mismo clima de opresión. Eritrea, Cuba, Uzbekistán, Venezuela, Siria y Bielorrusia -como observará, todos países súper desarrollados– sufren estos sistemas asfixiantes. Todo comenzó con una prohibición como las que proponen las legisladoras Moreau y Garré, apoyadas por algunos jueces federales, quienes deberían ser los primeros en defendernos de estas imposiciones totalitarias. La gente en estos países mencionados está prácticamente aislada del resto del mundo por gobernantes autoritarios que acosan a quienes consideran sus súbditos y mantienen un control sobre ellos a través del miedo, la intimidación y claro, leyes restrictivas.
Ahora, si esto es lo que la sociedad quiere, podemos mirar a esa amada Cuba. La Constitución cubana otorga al Partido Comunista el derecho de controlar la prensa; Reconoce “la libertad de expresión y la prensa de acuerdo con los objetivos de la sociedad socialista”. El gobierno posee y controla todos los medios de comunicación y restringe el acceso a Internet. Se transmiten cuatro canales de televisión, dos agencias de noticias, decenas de estaciones de radio, al menos cuatro sitios web de noticias y tres periódicos principales que representan las opiniones del Partido Comunista y otras organizaciones de masas controladas por el gobierno. Los medios de comunicación operan bajo el ojo celoso del Departamento de Orientación Revolucionaria del Partido Comunista, que desarrolla y coordina estrategias de propaganda. Cuba sigue siendo uno de los principales carceleros mundiales de periodistas, después de China, con reporteros independientes tras las rejas. Aquellos que tratan de trabajar como periodistas independientes son acosados, detenidos, amenazados con procesamiento o encarcelamiento, o se les prohíbe viajar. Un pequeño número de corresponsales extranjeros informan desde y sobre La Habana, pero los cubanos no ven sus informes. Informes que no vemos nosotros, ya que el gobierno, a través del extraño agente Claudio Avruj -quién se adjudica saber qué es lo mejor para el pueblo- esconde importantes datos sobre las personas beneficiadas por retribuciones económicas a familiares de desaparecidos durante el último gobierno de facto. ¿Por qué no se puede hablar de esto? Y aquí retomamos la discrepancia sobre el número de víctimas. Usted dirá que treinta mil es un símbolo. Yo diré que es una herramienta para seguir arrestando y enjuiciando gente gracias a esos veintidós mil o más amigos imaginarios cuyos nombres sin familiares, ni amistades, son desconocidos. ¿Por qué Garré y Moreau quieren imponer estas restricciones? Porque el miedo domina a los pueblos, estos -que en China o Cuba- deben profesar su pasión por el comunismo, mientras sus dirigentes -como Garré o Moreau- viven rodeados de toda clase de privilegios.
[/five_sixth]Nilda Garré y la libertad de castración.
Fabian Kussman
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 14, 2017
Nuevo comunicado de los Presos Políticos de Campo de Mayo
Debido a la escasa comunicación -usted comprenderá, los medios no son los deseados- con Campo de Mayo, debemos reproducir los comunicados a manera que nos van llegando. En esto, no podemos respetar el orden, ya que muchas veces son audios, lo que lo intermediadores puedan conseguir. Gracias el esfuerzo de estos, exponemos aqui otro de los mencionados mensajes.
PEA
Mensaje de los Presos Políticos de Campo de Mayo:
COMISIÓN de ENLACE INTERPENALES de PRESOS POLÍTICOS de la REPÚBLICA ARGENTINA. (CEIPPRA)
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 13, 2017
Información sensible
Por Juan Manuel Otero en Cartas de Lectores del Diario La Nación.
Información sensible
Felicito a Mariano de Vedia por su nota del jueves pasado. Desde el histórico grito “el pueblo quiere saber de qué se trata” se presume que la publicidad de los actos oficiales es una garantía republicana que no admite discusiones y lleva implícita la
seguridad de que el Gobierno no tiene nada que ocultar a la ciudadanía. Por eso me sorprende la actitud del señor Claudio Avruj, quien se negó a responder varias peticiones de Jovina Luna, aduciendo que se trataba de “información sensible”. La peticionante, hermana del soldado conscripto Hermindo Luna, acribillado a balazos por terroristas montoneros ante su heroica decisión de no rendirse cuando el ataque al Regimiento de Infantería del Monte 29, pretendía saber si el Estado les pagó indemnizaciones a los terroristas. La absurda negativa, basada en que se trata de información sensible, resulta insostenible, especialmente por provenir del secretario de Derechos Humanos de la Nación.
Señor Avruj, por lo menos tenga la valentía de expresar por qué y para quién resulta sensible tal información.
Juan Manuel Otero
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 31, 2016
Denunciaron a Avruj por incumplimiento de los deberes de funcionario público
Claudio Bernardo Avruj fue denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La notificación, que quedó en el Juzgado Federal de… Daniel Rafecas, señaló que el dirigente no apeló los sobreseimientos dictados en la causa por el traspaso de Papel Prensa.
Un decreto de 2010 establece que la Secretaría de Derechos Humanos debe actuar como querellante en ese expediente, donde se investiga si se cometieron delitos de lesa humanidad en esa venta de la compañía del Grupo Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.
“Claudio Avruj, como secretario de Derechos Humanos de la Nación, resolvió que el Estado nacional, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que él dirige y que es querellante en la causa 7111 conocida como Papel Prensa, no presente recurso de apelación ante la resolución de sobreseimiento de aquellos imputados a quienes la misma Secretaría de Derechos Humanos denunció, formuló denuncia y querelló en 2010. Esta decisión, tomada a voluntad y conciencia, y con dolo del secretario Avruj, se resolvió y ejecutó entre el 16 y el 26 de diciembre”, indicó en el primer párrafo de su denuncia el abogado Pablo Llonto. Llonto, entre otras cosas, es parte del equipo para el que fue elaborado Impunidad Gerontológica, un informe de Adriana Taboada -Dirigente de Derechos Humanos- en el cual se sostiene que los imputados en causas de lesa humanidad fingen enfermedades fingen enfermedades para evitar juicios. 400 de ellos han fingido tan convincentemente que han muerto.
En esa causa, el juez federal Julián Ercolini dictó el sobreseimiento de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble; el CEO de esa empresa Héctor Magnetto y el directivo de La Nación, Bartolomé Mitre, entre otros.
En la presentación, Llonto señaló que el Decreto 1210, del 30 de agosto de 2010, instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos para que actúe como querellante en la causa que se originó a partir del informe Papel Prensa SA La Verdad. A partir de ese mandato, el organismo promovió la querella e impulsó la causa. Esa tarea fue tomada por los distintos secretarios del área: primero por Eduardo Luis Duhalde, luego por Martín Fresneda y por el subsecretario Luis Alén.
Pero la situación cambió y -según la versión de Llonto- desde el 10 de diciembre de 2015 cuando asumió Avruj: la actividad de la renombrada Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural fue “nula” en esa causa.
“Desde su asunción en el cargo, se preocupó por reunirse con conocidos defensores o apologistas del terrorismo de Estado como los integrantes de la agrupación denominada Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV) o María Cecilia Pando“, indicó Llonto. “Tampoco hubo pronunciamiento cuando el Servicio Penitenciario Federal, que depende del mismo ministro (de Justicia Germán) Garavano, sin consultar a jueces o tribunales dispuso el traslado de los genocidas a la ‘prisión’ de Campo de Mayo”, agregó.
Aquí adivinamos que el doctor Llonto no es un simpatizante de la verdad, ya que las víctimas del terrorismo aún deambulan buscando ser reconocidas como tal. Pero, en las palabras de Alexander Pope… El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar veinte más para sostener la certeza de esta primera.
El traslado de los condenados por delitos de lesa humanidad está en línea con las reuniones que mantuvo el ministro Garavano con los defensores de represores nucleados en la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia. En esos encuentros, mantenidos en junio pasado, los abogados le pidieron a Garavano que sus condenados fueran beneficiados con prisión domiciliaria. El ministro les dijo que esa situación se iba “a solucionar”, según relató el abogado Alberto Solanet, titular de la organización y hermano del secretario de Hacienda de la dictadura.
El sobreseimiento dictado por Julián Ercolini -que consideró que no existió delito de lesa humanidad en el traspaso de Papel Prensa- fue apelado ante la Cámara Federal porteña por la querella de la familia Graiver, encabezada por la viuda del banquero David Graiver, Lidia Papaleo y del fiscal del caso Franco Picardi. “Avruj fue la única parte acusadora que no cuestionó la resolución de Ercolini”, indicó Llonto y precisó que “incumplió los deberes de funcionario público” establecidos en el decreto de agosto de 2010 porque no existe otro decreto modificando esa decisión.
“Al no apelar, el licenciado Avruj, incumplió con sus deberes y causó al Estado un daño, ya que al menos por la vía de la imposición de costas el Ejecutivo deberá afrontar, en caso de quedar firme la resolución, el pago de las costas procesales que, como es sabido, incluyen los honorarios de los abogados de los imputados”, concluyó Llonto y solicitó una serie de medidas de prueba.
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 30, 2016
DESAPARECIDOS DEL PERONISMO Y DEL PROCESO: INFORME DEL GOBIERNO SOLICITADO POR CIUDADANOS LIBRES
El pedido
El 16 de agosto de 2016 presentamos, ante la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, una solicitud de información pública requiriendo los siguientes datos:
1) Según los datos obrantes en dicha dependencia, la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983;
2) Respecto del terrorismo de estado ejercido durante las presidencias de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón -según los registros obrantes en dicha dependencia- la cantidad de personas que se encuentren en situación de desaparición forzada o que habiéndose encontrado en dicha situación, hayan sido luego halladas sin vida, siempre y cuando la desaparición forzada se haya producido durante el período 12 de octubre de 1973 al 23 de marzo de 1976.
Dilación, denuncia y respuesta contradictoria
Luego de una dilación importante (si tenemos en cuenta que el informe debió ser brindado a los 10 días hábiles) y previa intervención de la Ofician Anticorrupción (ente ante el cual se denunció la demora) la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural presentó un informe que se contradice, al intentar defender -sin sustento técnico alguno- la cifra de 30.000 desaparecidos.
En efecto, la respuesta se compone de dos informes. Uno, de carácter meramente político, emitido por el Archivo Nacional de la Memoria, a cargo de Gustavo Peters Castro, y que refiere al otro informe, diciendo que: “El listado de víctimas que se adjunta comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas por ante la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS y PLURALISMO CULTURAL a la fecha y por lo tanto no debe entenderse como la totalidad de las víctimas ya que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones y organismos, no refrendados ante la Secretaría”. Sin embargo, el informe aludido, emitido por el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) sostiene que dicho registro “está constituido por aquellos casos considerados válidos denunciados ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), por aquellos que cuentan con denuncia debidamente formalizada ante la hoy Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (SDHN) y, a partir de relevamientos recientes, por aquellos casos sobre los que se ha considerado probado que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad en causas judiciales con sentencia a la fecha.”
Está claro: un sector de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural pretende hacernos creer que los números que comentaremos más adelante tienen poca relevancia porque sólo surgen de las denuncias efectuadas en dicha dependencia (sustentando de ese modo la tesis de los 30.000 desaparecidos), mientras que otro sector dice que, esos mismos números, corresponden, no sólo a las denuncias radicadas en la Secretaría, sino que también corresponden a los datos de la Conadep y a los casos resueltos por Poder Judicial.
Increíblemente, ante esta contradicción, el Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, nos envía una nota acompañando ambos informes,en la que sostiene que “ambos instrumentos … son compartidos por el suscripto”. ¿?
Los números
Según el informe del Registro Únificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (Ruvte) durante ámbos períodos solicitados (peronista y militar) se produjeron 7010 desapariciones forzadas y 1561 asesinatos sin mediar desaparición forzada, lo que hace un total, para ambos períodos, de 8571 víctimas de terrorismo de estado.
De las víctimas totales, el 14,83% (1271 casos) corresponden al tercer mandato de Juan Domingo Perón, que fuera continuado, tras su deceso, por su viuda, la Sra. María Estela Martínez de Perón (alias Isabel o Isabelita). El 85,17% restante de las víctimas (7300 casos), corresponde a la etapa del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Asimismo, de las 7010 desapariciones forzadas, el 9,44% (662 casos) corresponde al período peronista, mientras que el 90,46% (6348 casos) corresponden a la etapa militar.
Finalmente, en relación a los asesinatos efectuados sin mediar desaparición forzada previa, el 39% (609 casos) corresponde al período peronista y el 61% (952 casos) corresponde al “Proceso”.
La respuesta del Gobierno – Documentos:
Dr. JOSE LUCAS MAGIONCALDA