“CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO AFEITAR, PON LA TUYA A REMOJAR”
Por CLAUDIO KUSSMAN
El 2 de mayo pasado publicamos “SOLO UN SUEÑO” nota de genero realista que me llevaba nuevamente a la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza, teniendo como ocupante de la celda vecina nada menos que a GERMÁN GARAVANO, el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para algunos). Pasaron solo tres meses y ese sueño, luego de las arrasadoras elecciones primarias llevadas a cabo el domingo pasado, se transformó en una gran posibilidad. Hoy la formula Fernández-Fernández como el resto de los políticos hipócritas, hablan de unidad y gobierno para todos, pero en esta Argentina semisalvaje sabemos perfectamente que eso se declama, pero no se cumple.
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Germán Garavano y Claudio Avruj por más “méritos” que hayan hecho con Estela de Carlotto y otras y otros, nunca serán parte de lo que pueda venir si se impone la fórmula Fernández-Fernández.
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María Eugenia Vidal y Estela de Carlotto, entregó dependencias policiales, vehículos 0 kilómetros y hasta una ley imponiendo lo de los 30.000 desaparecidos. Hoy a través de las elecciones es rechazada por la mayoría del personal policial, ante promesas incumplidas, falta de sensibilidad con el mismo y su permanente pregonar a casi 4 años de gestión sobre la cantidad de efectivos expulsados. Muchos por un “desliz” de 100 pesos (menos de 2 dólares”) frente a la magnitud de lo que pueda llegar a surgir luego de un cambio de gobierno.
Los adultos mayores imputados a como dé lugar por “delitos de lesa humanidad” muriendo en ilegal prisión somos la prueba viviente de ello, que la gran mayoría no quiere ni le interesa ver. Por eso los Garavanos, Avruj, Vidal y muchos más, como así también todos los miembros del corrupto poder judicial que se ensañaron con nosotros mediten. La lista es interminable pero los Bonadios, los Ulpianos Martinez, los Stornellis, Ercolinis, y otros que estuvieron al servicio del gobierno kirchnerista y luego traicionaron a sus ex patrones para transformarse en macristas, a prepararse. Bien dice un viejo refrán: “Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon la tuya a remojar”. En poco más de 60 días sabremos si esta posibilidad de hoy, muta en una realidad que todos ustedes merecen. De ser así, seguramente nos veremos en el mundo paralelo en el que los adultos mayores estamos encerrados hasta la muerte y desde ya descuento, que para mí será un placer conocerlos personalmente.
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Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Agosto 14, 2019
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“El sueño es el alivio de las miserias para
los que las sufren despiertos”
El nombramiento de Jorge Yoma como Embajador en Perú es inaceptable para mí y para muchísimos argentinos. La Cancillería lo denunció penalmente en la Justicia Federal por malversación de fondos públicos cuando hicieron refacciones en la Embajada en México, no recuerdo bien si hubo incluso problemas con algunas facturas supuestamente “truchas”. El Tribunal de Cuentas de la Nación hablo de perdidas muy importantes para el patrimonio del Estado Nacional.
Por un lado, el Gobierno discute una nueva Ley de Ética Pública y por el otro nombra funcionarios acusados de corrupción e incluso procesados y embargados por cifras millonarias tal es el caso del Sr. Darío Giustozzi nombrado Embajador en Ecuador.
Sería aconsejable que antes de partir a ese destino la ciudadanía que ya no confía en nadie ni en el anterior gobierno y duda mucho también del actual gobierno -yo hablo todo el día con gente en las calles de Buenos Aires así que sé de lo que estoy hablando- se conozca públicamente la decisión del Juez Federal Bonadio declarando la total inocencia de las imputaciones que le ha hecho la Cancillería.
Todo esto me parece y nos parece – he recibido varios emails- increíble e inaceptable, Argentina preside el G-20 estamos muy felices de compartir cosas con los más importantes y desarrollados países del mundo y estamos actuando como un país subdesarrollado. Sin ética, sin principios morales, es lo que ocurre en esta decadente América Latina. Acá no hay culpables externos, no son los “yanquis” como suelen decir algunos energúmenos, somos nosotros los únicos responsables de nuestra decadencia. La que nos llevó de ser la sexta potencia mundial en el pasado, a un presente con un nivel de corrupción que muchas veces ni existe en el Continente Africano donde se han dado casos en los que el pueblo “de color” sale a las calles para pedir la destitución de sus presidentes.
Que dijo Elisa Carrió en declaraciones a la Agencia Telam? “Macri, caiga el que caiga, sean propios o ajenos” Una nueva ley de ética pública y un Presidente que nombra ciudadanos denunciados en la Justicia Federal por actos de corrupción, hace de Argentina un país de locos. Muchos me escriben desde el exterior y me piden que les explique lo que yo tampoco entiendo. Todos los días una mala noticia. Y la ética que tanto se promueve donde esta? Escribo en el nombre propio y en el nombre de muchos que me han escrito sobre este tema esta mañana. “La Argentina llora y esta triste de ver tanta corrupción y tanta falta de ética” Pregunto ¿dónde está el amor a la Patria Argentina?
Las “noticias” en los medios de comunicación liberales dicen que, “como dijiste, el sol sale por el oeste”. Las grandes máscaras de los conglomerados masivos de medios repiten la negación hasta ponerse azules. Citan a “expertos”, sin tener estos una sola credencial para opinar.
Cualquier cosa menos que la creencia absoluta en un mundo imparcial. Todo lo que veo, sin analizar y sin dar opción a una respuesta, estará en la edición del día siguiente.
Pero esa utopía existe solo en sus mentes y es fácilmente refutada por esos molestos clavos conocidos como hechos. The New Tork Times, con su política, brinda el lado seductor de la historia para vender. No para informar.
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By Héctor Timerman
BUENOS AIRES — I write these lines from my home, where I have been confined by the courts for more than a week. I’m a political prisoner. An Argentine judge accused me of treason, and covering up for Iranian officials accused of masterminding the 1994 terrorist attack against the Argentine Israeli Mutual Association, or AMIA, Buenos Aires’ principal Jewish center, in which 85 people died and 300 were wounded. Twenty-three years after the attack, nobody has been convicted and few facts have been established other than that it occurred.
The investigation into the attack was so flawed and corrupt that in 2004 the entire trial was annulled and the judge who led it was put under investigation. Judge Claudio Bonadio — who now accuses me of treason — led the investigation into that cover-up, but was removed from it in 2005, charged with partiality and colluding to protect those who thwarted the initial investigation.
The prosecutor Alberto Nisman took charge of the AMIA investigation and pointed to a group of Iranian officials as the masterminds of the attack. The courts ordered that the suspects be apprehended and brought before a judge, as Argentinian law does not permit trials in absentia. Iran countered that its own laws forbid the extradition of its citizens. Thus, the case remained paralyzed for another decade.
Advancing the case was a key goal of the former president Cristina Fernández de Kirchner’s administration, in which I served as foreign minister from 2010 to 2015. The solution was an agreement between both countries: an Argentine judge would question the suspects in Iran and begin judicial proceedings to bring truth and justice to the victims. It also established a nonbinding truth commission composed of international jurists to observe the case. For Mr. Bonadio, the agreement undermines the criminal investigation in the AMIA case and is the pretext for my indictment.
Treason is an accusation without relevant modern precedent in our country. For an Argentine citizen to commit treason, the country must be in a state of war. Argentina and Iran are not, and never have been, at war. To this day, they maintain diplomatic relations. Nonetheless, Mr. Bonadio justifies this accusation by contending that the terrorist attack represents an act of war. He argues that the country has been at war for 23 years, without any formal acknowledgment, and in contradiction of all jurisprudence.
Iran rejects the accusations against its citizens. Nonetheless, it agreed to cooperate in the case after a multiyear diplomatic campaign led by the successive Kirchner governments. Thus began the official negotiations — announced by Ms. Fernández de Kirchner in the United Nations — and the political attacks by those who said Iran was an unacceptable negotiating partner. Certain groups in Argentina seemed to prefer paralysis, perhaps out of fear that there is insufficient evidence to condemn the Iranian suspects.
The case against the Kirchner administration reiterates the accusations made by Mr. Nisman a few days before his death that were dismissed by Argentinian courts that same year: that the agreement, ratified by Argentina’s congress, secretly aimed to cover up the alleged role of the Iranians. The accusations are cobbled together, in part, from false media reports alleging a secret meeting in Aleppo, Syria, between me and Ali Akbar Salehi, who at that time was Iran’s foreign minister. I did indeed travel to Aleppo, where I met with President Bashar al-Assad of Syria — a meeting that, far from secret, was documented in diplomatic cables and reported in the Argentinian press — but I did not meet with Mr. Salehi while I was there, and no credible evidence has been presented to support this falsehood. The rest of the allegations in the case were built on this lie, which I categorically deny.
A central part of Mr. Nisman’s accusations involve the Interpol red notices, a form of arrest warrant that aims to assist national police forces to locate those wanted internationally in criminal cases. Mr. Nisman, and now Mr. Bonadio, accused me of aiming to remove these red notices. Yet, to this day, they remain unchanged. I was anxious that this be the case, as they served to ensure Iranian compliance. The then-secretary general of Interpol, Ronald Noble, denied that Argentina requested any change in the red notices immediately after Mr. Nisman made his accusation, and Mr. Noble has maintained that position emphatically. Instead of accepting his statements, Mr. Bonadio now accuses Mr. Noble of colluding over the claimed cover-up.
I do not know why the agreement has become the focus of such vindictive anger. I cannot say why Mr. Bonadio seems determined to pursue a case with such flimsy evidence, and why he has announced decisions with suspiciously political timing. But I do know that he is accused of attempting to shield former political allies investigated in the original AMIA investigation.
Mr. Bonadio was a longtime Partido Justicialista (Peronist) activist. When Carlos Corach was appointed minister of the interior by President Carlos Menem — the position included managing relations with all the governors, Parliament, security forces and the judicial branch — he placed Mr. Bonadio in the secretariat of legal affairs.
In 1994 (shortly before the AMIA attack), Mr. Corach promoted him to federal judgeship. He got the position without passing through a competition with other candidates, as is the procedure in Argentina. In 2005, the judicial authorities separated him from the first trial investigating the cover-up the AMIA case, for having kept the case paralyzed for five years. One of the accused was Mr. Corach.
President Néstor Kirchner’s government accused Mr. Bonadio of poor performance and sought to have him removed from the bench. In 2010, Mr. Nisman accused Mr. Bonadio of threatening him to ensure AMIA investigation did not involve the judge’s allies. More broadly, he is the sitting judge with the most complaints in the country — he has collected at least 50 reports of misconduct over the years.
Since Mauricio Macri assumed the presidency at the end of 2015, Mr. Bonadio has managed to head most of the cases against Ms. Fernández de Kirchner and has imprisoned several of her former officials in pretrial detention.
The Centro de Estudios Legales y Sociales, a well-known Argentinian rights organization, has criticized the use of this measure, saying it represents the “use of the penal system to persecute political opponents.”
Mr. Bonadio has rejected a request to release me from detention, which apparently could continue for a long time. And a few days ago, he determined that I must ask for permission to see doctors, a decision criticized by Human Rights Watch.
Sadly, it is not the first time my family ihas been a victim of political persecution. Forty years ago, my father, the journalist Jacobo Timerman, was also a political prisoner. He spent over a year under house arrest, after being kidnapped and tortured in clandestine centers run by the military during my country’s last dictatorship from 1976 to 1983.
Defense of human rights has been vitally important in my personal and professional life. I considered my diplomacy in this case to be part of that ideal. Instead, I find myself enmeshed in a Kafkaesque process that aggravates my cancer and robs me of the time I have left.
For now, the AMIA case languishes, as it has for decades. And we who in good faith sought justice are the targets of the anger of the Jewish community and many families of the victims.
I have asked to be judged as quickly as possible. Preventing me from getting timely medical attention is like condemning me to death. Argentina’s Constitution does not permit the death penalty. But with a judge like this, that is little guarantee.
Héctor Timerman was the foreign affairs minister of Argentina from 2010 to 2015 during the presidency of Cristina Fernández de Kirchner.
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Por Héctor Timerman
Escribo estas líneas desde mi casa, a donde me ha confinado el tribunal durante más de una semana. Soy un preso político. Un juez argentino me acusó de traición y del encubrimiento de funcionarios iraníes acusados de ser los autores intelectuales del ataque terrorista de 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro judío de Buenos Aires, en el que fallecieron 85 personas y 300 resultaron heridas. A veintitrés años del ataque, no hay detenidos y se sabe muy poco de los hechos, excepto que sucedieron.
La investigación sobre el ataque fue tan defectuosa y corrupta que en 2004 se anuló el juicio y se comenzó a investigar al juez que lo presidía. El juez Claudio Bonadio —quien ahora me acusa de traición— dirigió la investigación de aquel encubrimiento, pero lo retiraron del caso en 2005, acusado de ser tendencioso y de haberse coludido para proteger a quienes frustraron la investigación inicial.
El fiscal Alberto Nisman tomó el mando de la investigación de la AMIA y señaló a un grupo de funcionarios iraníes como autores intelectuales del ataque. Los tribunales ordenaron la aprehensión de los sospechosos y exigieron su presencia ante un juez, puesto que la ley argentina no permite los juicios en ausencia. Irán argumentó que sus leyes prohíben la extradición de sus ciudadanos. Por lo tanto, el caso siguió paralizado durante una década más.
Tener avances en el caso era una meta clave para el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que trabajé como canciller de 2010 a 2015. La solución consistió en un acuerdo entre ambos países: un juez argentino interrogaría a los sospechosos en Irán e iniciaría los procedimientos judiciales para llegar a la verdad y darle justicia a las víctimas. Además se establecía la creación de una comisión de la verdad no vinculante compuesta por juristas internacionales que atendieran el caso. Para Bonadio, el acuerdo debilita la investigación criminal del caso de la AMIA y es el pretexto para mi acusación.
La traición es una acusación sin precedentes relevantes en la historia moderna de nuestro país. Para que un ciudadano argentino pudiera cometer traición, el país tendría que estar en guerra. Argentina e Irán no están en guerra y nunca lo han estado. Al día de hoy, conservan sus relaciones diplomáticas. No obstante, Bonadio justificó su acusación al decir que el ataque terrorista representa un acto de guerra. Arguye que el país ha estado en guerra durante veintitrés años, sin que se haya reconocido oficialmente, y contradiciendo toda jurisprudencia.
Irán niega las acusaciones en contra de sus ciudadanos, pero accedió a cooperar en el caso luego de una campaña diplomática que duró años dirigida por los gobiernos sucesivos de Kirchner. Así comenzaron las negociaciones oficiales (anunciadas por Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas) y los ataques políticos perpetrados por quienes afirmaron que Irán era una contraparte inaceptable para la negociación. Ciertos grupos en Argentina parecen preferir la parálisis, quizá por el temor a que no haya suficiente evidencia para condenar a los sospechosos iraníes.
El caso en contra del gobierno de Fernández de Kirchner reitera las acusaciones, rechazadas por las cortes argentinas ese mismo año, que había hecho Nisman unos días antes de su muerte: que el acuerdo, ratificado por el congreso argentino, tenía el propósito secreto de encubrir la supuesta participación de los iraníes. Las acusaciones estaban forzadas, en parte porque aparecieron reportes falsos en los medios de comunicación que hablaban de que me había reunido en secreto en Alepo, Siria, con Ali Akbar Salehi, quien en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores de Irán. En efecto, viajé a Alepo, donde me reuní con el presidente de Siria, Bashar al Asad —una reunión que, lejos de ser secreta, se documentó en comunicados diplomáticos y reportes en la prensa argentina—, pero no me reuní con Salehi durante mi estancia ni se presentaron pruebas fehacientes que sustentaran dicha acusación. El resto de las acusaciones en el caso se construyeron a partir de esta mentira, que niego categóricamente.
Una parte vital de las acusaciones de Nisman está relacionada con las alertas rojas de la Interpol, una especie de orden de aprehensión cuyo objetivo es ayudar a las fuerzas policiales nacionales a localizar a los involucrados en casos criminales de interés internacional. Nisman, y ahora Bonadio, me acusan de eliminar estas alertas rojas pero, hasta hoy, no han sido modificadas. Me preocupó que esto hubiera podido suceder, ya que las alertas contribuyen a garantizar el cumplimiento por parte de Irán. El que entonces era el secretario general de la Interpol, Ronald Noble, negó que Argentina hubiera solicitado algún cambio en las alertas rojas inmediatamente después de que Nisman diera a conocer su fallo y Noble ha mantenido su postura de manera enfática. En lugar de aceptar sus declaraciones, Bonadio acusa a Noble de estar coludido en este supuesto encubrimiento.
No sé por qué el acuerdo se ha convertido en el centro de tal ira vengativa. No puedo entender por qué Bonadio parece determinado a perseguir el caso con evidencias tan endebles, ni por qué ha anunciado decisiones con una sincronía política tan sospechosa. Pero lo que sí sé es que se le acusa de intentar proteger a sus exaliados políticos, quienes estaban en la mira de las indagaciones relacionadas con la primera investigación de la AMIA.
Durante mucho tiempo Bonadio fue activista del Partido Justicialista. Cuando el presidente Carlos Menem nombró a Carlos Corach ministro del Interior —el puesto requiere que gestione la relación con todos los gobernadores, los miembros del parlamento, las fuerzas de seguridad y la rama judicial—, colocó a Bonadio en el secretariado de asuntos jurídicos.
En 1994, poco antes del ataque a la AMIA, Corach lo ascendió a una magistratura federal. Subió al puesto sin presentarse a las oposiciones contra otros candidatos, como lo exigen los procedimientos en Argentina. En 2005, los funcionarios judiciales lo separaron del primer juicio que investigaba el encubrimiento del caso de la AMIA por haber mantenido el caso paralizado durante cinco años. Uno de los acusados era Corach.
El gobierno del presidente Néstor Kirchner acusó a Bonadio de un desempeño mediocre y buscó la manera de eliminarlo de la magistratura. En 2010, Nisman acusó a Bonadio de amenazarlo para que afirmara que la investigación de la AMIA no involucraba a sus aliados. En un sentido más amplio, es el juez en funciones con más quejas en el país: ha acumulado al menos cincuenta reportes de mala praxis a lo largo de los años.
Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia a finales de 2015, Bonadio ha logrado encabezar la mayoría de los casos en contra de Fernández de Kirchner y ha declarado prisión preventiva para muchos de sus exfuncionarios.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, una famosa organización que defiende los derechos de los argentinos, ha criticado esta medida y afirma que se trata de una “instrumentalización del sistema penal para perseguir a opositores políticos”.
Bonadio ha rechazado la solicitud de liberarme del arresto, que al parecer podría durar mucho tiempo. Hace unos días, decidió que debo solicitar permiso para ser atendido por los médicos, una decisión que criticó Human Rights Watch.
Tristemente, no es la primera vez que mi familia es víctima de una persecución política. Hace cuarenta años, mi padre, el periodista Jacobo Timerman, también fue prisionero político. Pasó casi un año en arresto domiciliario, luego de ser secuestrado y torturado en centros clandestinos dirigidos por la milicia durante la última dictadura de mi país, de 1976 a 1983.
La defensa de los derechos humanos ha tenido una importancia crucial en mi vida personal y profesional. Considero que mi cargo diplomático en este caso era parte de ese ideal. En cambio, me encuentro inmerso en un proceso kafkiano que agrava el cáncer que padezco y me roba el tiempo que me queda de vida.
Por ahora, el caso de la AMIA se diluye, tal como ha sucedido durante décadas, y quienes buscamos, de buena fe, justicia somos el blanco de la furia de la comunidad judía y de las numerosas familias de las víctimas.
He solicitado que se me juzgue lo más rápido posible. Evitar que reciba atención médica a tiempo es casi como condenarme a la muerte. La Constitución argentina no contempla la pena de muerte pero, con un juez como este, no tengo garantía de ello.
“Del triunfo al fracaso no hay más que un paso. Lo he visto en los asuntosmás
importantes, un pequeño detalle siempre ha decidido los grandes acontecimientos”.
Napoleón Bonaparte
Como era previsible, al menos para quienes conocemos a los magistrados de Comodoro Py, el Juez Claudio Bonadío se desmarcó de sus pares para desatar una tormenta política cuyas consecuencias aún resultan difíciles de prever, toda vez que puede afectar las expectativas legislativas del Gobierno y, sobre todo, al interior del peronismo.
Mauricio Macri espera (¿esperaba?) contar con un gran paquete de leyes antes de fin de año, incluyendo el presupuesto 2018, la reforma fiscal, la modificación del sistema de cálculo de las actualizaciones previsionales, etc.; y el pedido de desafuero y detención de Cristina Elisabet Fernández, Senadora electa, por traición a la Patria, impactó directamente sobre el diseño parlamentario que había construido, como un verdadero orfebre, el Senador Miguel Piccheto para aislar al kirchnerismo, dejarlo en franca minoría y separarlo del bloque del PJ.
Los colegas de Bonadío, varios de los cuales hubieran podido adoptar idénticas medidas en varias causas por corrupción en las que está imputada, pusieron a trabajar sus narices para descubrir qué prefería la Casa Rosada y, prudentemente, se abstuvieron de ejecutarlas. Hoy, dada la necesidad de contar con el voto de dos tercios de los miembros presentes para lograr el desafuero solicitado, lo cierto es que no se producirá, al menos en el mediano plazo; si la causa adquiriera mayor consistencia cuando, dentro de mucho tiempo, llegue a la etapa oral, la exposición pública de los hechos podría hacer que muchos de los que hoy se amparan en posturas garantistas para proteger la libertad ambulatoria de la viuda se vieran obligados a modificar su postura para evitar pagar un alto costo político.
Pero, como decía Napoleón, el Juez Bonadío, ahora convertido en francotirador, podría producir en breve un pequeño hecho que generaría otro tsunami, éste sí difícil de defender con invocaciones persecutorias. Si las investigaciones hoteleras avanzan, bien podría suceder que en febrero ordenara similares medidas contra Máximo y Florencia Kirchner; el primero está protegido por fueros en su condición de Diputado en ejercicio, pero no sucede lo mismo con su hermana, dueña de incalculables fortunas y de pilas de dólares en efectivo. Herida así en su flanco más doloroso, es complicado imaginar qué hará entonces la leona destronada.
Por televisión, asistí a la conferencia de prensa que brindó la rea en la Cámara de Diputados. Imaginé cuánto hubiera ganado la nación si aparecía un celular de culata para trasladar muy amablemente a prisión a la mayoría de los asistentes; descollaban, por supuesto, Nilda Garré y Agustín Rossi (ex ministros de Defensa ahora investigados por la tragedia del “San Juan”), Martín Sabbatella (un prócer de la libertad de prensa), Daniel Scioli (un corrupto mayor), Fernando Espinosa y Verónica Magario (coautores recientes y sucesivos del verdadero genocidio cometido en La Matanza) y, ¿qué menos?, Andrés Larroque (imputado también por traición a la Patria). Ausentes con aviso: Luis D’Elía, Fernando Esteche, Ricardo Jaime, Julio de Vido, Carlos Zannini, Lázaro Báez, Milagro Salas, Amado Boudou, José López, Roberto Baratta, Omar Caballo Suárez, Pata Medina y César Milani.
Pero lo que más me llamó la atención fue el tenor de los argumentos utilizados para descalificar la resolución de Bonadío y para imputar, como autor intelectual de la misma, a Mauricio Macri. Sus críticas al fallo (desconocimiento de la presunción de inocencia, limitaciones a la prisión preventiva, prevaricato del juez, causas amañadas para condenar sin pruebas, violación de normas constitucionales, invención de tipos penales, obediencia del magistrado a la voluntad del Gobierno, etc.), corresponden con exactitud a los principios jurídicos que, al ser violados impunemente desde 2003 hasta ahora, mantienen en prisión a casi dos mil militares, muchos hace más de una década y sin condena.
En otro orden de cosas, si bien es cierto que el 60% de la ciudadanía muestra en todas las encuestas su optimismo sobre la gestión del Gobierno y la figura de Mauricio Macri, y se siente confortada con el efecto reparador del accionar de los jueces sobre los funcionarios y pseudo empresarios kirchneristas, no lo es menos que espera ansiosa que avancen sobre quienes bailaron tantos tangos con ellos, pagando las coimas que después incluían como sobreprecios en las obras públicas; y se pregunta qué pasará cuando la ola se acerque al círculo de las actuales autoridades.
El escándalo Odebrecht (“Lava Jato”) está arrasando con ese mundo secreto y fétido en toda la región. En la Argentina, hay muchos nombres importantes, y de todos los colores políticos, que deben dar explicaciones a los jueces: Enrique y Sebastián Ezkenazi (YPF y Petersen), Jorge Brito (Banco Macro), Osvaldo Acosta y Gustavo Ferreyra (Electroingeniería), Ángelo Calcaterra (IECSA), Cristiano Ratazzi (Flight Express), Enrique Wagner (Constructora) y muchos más. Hasta tanto ocurra, y de modo transparente, el escepticismo que tanto nos caracteriza seguirá imperando.
Al tope de nuestras preocupaciones están la seguridad y la administración de justicia. Recuerdo que ya en 1130, el Rey Enrique I concedió a los londinenses el derecho a escoger como su propio sheriff y juez a quienes ellos quisieran. Y esa anécdota viene a cuento porque una de las causas de esas preocupaciones es la enorme desconfianza que tenemos sobre la conducta de nuestras policías, funcionarios, fiscales y jueces, muchas veces involucrados en el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero o la exhibición de fortunas inexplicables; pero aún si adoptáramos ese sistema, no debemos olvidar la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo el deber constitucional de ejercer el control del Poder Judicial, y de nombrar y remover a los jueces.
Como sucede con la defensa nacional, tristemente vuelta a poner sobre el tapete a raíz de la inevitable tragedia del submarino “San Juan”, en el terreno de la Justicia también debemos darnos políticas de Estado, con una clara, consistente y, sobre todo, permanente planificación del objetivo al cual queremos llegar. Si no lo hacemos, no tendremos derecho a quejarnos, aunque sigan depredándose nuestros recursos naturales, continúen los movimientos subversivos secesionistas, imperen las más violentas bandas de narcotraficantes y toleremos la inmigración descontrolada.
Cambiando absolutamente de escenario, recuerdo que Karl Marx, citando a Hegel (“los grandes hechos y personajes de la historia se repiten”), agregó que la primera vez lo hacen como tragedia y, la segunda, como comedia. Nicolás Maduro que, imitando a los gerontes cubanos, sumió a su pueblo en el hambre, la miseria y la desesperanza, ahora obliga a los ciudadanos a obtener un “carnet de la Patria”; el nuevo documento resulta indispensable para realizar cualquier tipo de trámite, contar con libretas de racionamiento de comida, acceder a centros médicos y remedios, estudiar en todos los niveles y votar, en un siniestro sistema de control de la ciudadanía. Nada importó, para dictar tamaño disparate, que sus númenes hayan visto fracasar en la isla, uno tras otro, todos los programas económicos que inventaron a contramano del mundo. Así como nos duele en el alma el régimen de terror asesino que se implantó en Cuba a partir de 1956, hoy nos conmueve hasta la médula lo que sucede en Venezuela, que se acerca a una situación igual y muere cada día.
Hace bastantes años llegué a la conclusión que una de nuestras características en este territorio llamado Argentina, es la de poseer, en general, mentes laberínticas para razonar, llevar adelante proyectos o solucionar conflictos. En consecuencia se debe recurrir frecuentemente a las falacias y así se nos complica la vida y el desenvolvimiento como sociedad. Con ello, periódicamente el fracaso está asegurado y lo paga siempre el ciudadano que está en el llano. Al tratar de solucionar un problema, se crea otro u otros y así entre otras salidas, se termina mintiendo o diciendo que “no se supo comunicar debidamente” tal o cual cosa. Digno ejemplo reciente, fueron l disputas surgidas entre LA ARMADA, los políticos y los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Dolorosa tragedia que parece ya lejana ante la sucesión de nuevos problemas.
Pero hay muchos otros, como un RICARDO LORENZETTI apartándose de las leyes y hablando de “Política de Estado”. Una ELISA CARRIÓ manifestando a través de los años, que sabe de las injusticias cometidas en causas por los mal llamados delitos de lesa humanidad y que se está ocupando. Una EUGENIA VIDAL luchando contra la corrupción, pero solo policial, mientras encubre la de los intendentes. Un PAPA FRANCISCO que despojándose de su investidura espiritual, se codea y regodea, con gobernantes y funcionarios corruptos en extremo y hasta asesinos. Un DANIEL SCIOLI que pintando todo color naranja “está todo bien”, menos la provincia de Buenos Aires que quebrantó y su matrimonio, existente solo para la “tribuna”. Una CRISTINA KIRCHNER que luego de servirse del poder judicial como nadie en la historia, hoy acusa a un Macri de hacerlo para perjudicarla a ella. A mismo tiempo jura como legisladora por Dios y la Patria a la que depredó. Un juez como CLAUDIO BONADIO que denunciado en el 2010 por Nisman y teniendo 18 causas en su contra, desde el gobierno de Menem para acá imparte “justicia” a diestra y siniestra. Un CÉSAR MILANI, quien llegó a Jefe del Ejército mientras “franeleaba” con Hebe de Bonafini, al tiempo que sus camaradas sufrían y morían en la cárcel. MIGUEL PICHETTO, quien aísla y acorrala a Cristina Kirchner, pero la apoya para que no la detengan a pesar de sus delitos, lo que lo hace junto a otros legisladores, meros delincuentes. Ni hablar de un RAUL ZAFFARONI, quien como hombre de leyes fue y es un abolicionista de las mismas, llegando a incursionar nada menos que en el proxenetismo.
AUTITOS CHOCADORES
La lista de deplorables ejemplos es infinita, como también su aceptación y en ella se impone el pensar una cosa y hacer otra, lo que nos lleva a ser una sociedad que se moviliza como “autitos chocadores”. Los adultos mayores, imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad, también somos parte de ella y tenemos lo nuestro. Como prisioneros considerados subhumanos, una mayoría acepta silenciosa y mansamente la ilegalidad, el martirio y la muerte. Inclusive en general vota a quienes son fervientes continuadores de la “política de estado” para con nosotros. Acaso ante estas contradicciones, no serán simples masoquistas?
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 09, 2017
“La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa,
lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía.”
“La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos
de apoyar una causa que creemos que es justa”.
Abraham Lincoln
El miércoles por la noche, ese maloliente aguantadero en que se ha convertido el Congreso por obra y gracia de los representantes que hemos elegido durante años, confirmó la validez de esa descalificación y dio una nueva prueba de cuánta impunidad se garantiza en la Argentina a los corruptos; en especial, a aquéllos que conservan muchas “carpetas” y pueden transformarse en delatores, comprometiendo tanto a sus mandantes ex presidentes cuanto a sus cómplices de toda laya, sean gobernadores, intendentes o empresarios. Con la difusión de la lista de quienes votaron en contra de la exclusión de la Cámara del máximo operador de los Kirchner, la última esperanza de condena social se cifra en los votantes, ya que muchos de los “protectores” de ese impar delincuente se presentarán ahora buscando la reelección.
Por el contrario, la exposición en que se encontraba obligó a la Sala de feria de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal, integrada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (un tipo auténtico: es un ladrón y parece un ladrón), a abstenerse de liberar a Víctor Manzanares, el eterno contador de los Kirchner y, sobre todo, de desplazar al Juez Claudio Bonadío de la causa “Los Sauces”; en la medida en que el segundo no tiene prurito alguno en demostrar su fidelidad a Cristina Fernández y sus personeros, seguramente esa inacción se debió al prudente disenso del primero, preocupado por la negativa repercusión que hubiera tenido cualquier otra resolución. Ahora, la decisión sobre ambos temas deberán adoptarla, ya como Sala I y con el concurso de Leopoldo Bruglia, al regreso de sus vacaciones; es probable que entonces los fallos resulten contrarios a los intereses de la mafia que nos gobernó durante una década.
Para que eso suceda debe tener éxito la concentración del 3 de agosto; ésta es la última llamada, ya que faltan sólo cinco días y le ruego extreme la difusión. El lugar elegido hace tiempo está aún en obra, y deberemos manifestarnos con banderas y velas sobre las calles Talcahuano, Lavalle, Tucumán, Libertad y, también, sobre la Diagonal Norte, ya que las plazas propiamente dichas se encuentran valladas.
Allí exigiremos al Poder Judicial, en las figuras de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, que asuma de una buena vez el papel que la Constitución Nacional le asigna, y deje de ser el gran encubridor; su conducta durante las últimas décadas ha convertido a la República, cuya existencia misma se convierte en imposible sin Justicia, en el hazmerreir del mundo entero, en especial cuando se la compara con nuestros más cercanos vecinos.
Para morirnos de vergüenza es suficiente recordar el trámite impreso a causas como el crimen de Once, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, la muerte de Alberto Nisman y el memorándum con Irán, el contrabando de armas a Ecuador y a los Balcanes (aún condenado, Carlos Menem irá por la reelección), la importación de chatarra ferroviaria, la privatización y la re-estatización de YPF y Aerolíneas Argentinas, el “dólar futuro”, Skanska y los gasoductos, IBM y el Banco de la Nación, los desaparecidos fondos de Santa Cruz, los bolsos del convento, la caja de seguridad de Florencia, la pesca en el sur y el contrabando de drogas, las rutas pagadas e inexistentes, los imperios hoteleros, las importaciones de gas, los medicamentos “truchos”, la intervención del INDEC y la falsificación de las estadísticas, Southern Winds y LAFSA, los diamantes de Angola, las varias valijas de Antonini Wilson, los negociados con Hugo Chávez y tantos otros casos emblemáticos.
Me resisto a flagelarlo, querido lector, y por eso no voy a inventariar otra vez qué sucede en toda la región, salvo en la trágica Venezuela. Mañana mismo, el régimen que encabeza Nicolás Maduro rezará el responso final por la democracia en su país, que será enterrada con la “elección” de una convención constituyente que le permitirá perpetuarse en el poder, sobre el asesinato de más de cien compatriotas, de miles de presos políticos, de la hambruna generalizada y de la quiebra de la economía.
La situación interna ya reviste carácter de genocidio -¿nuestros organismos de derechos humanos continuarán con su silencio cómplice?- por la falta de alimentos y medicinas, y además está produciendo una crisis humanitaria en los países fronterizos, como Colombia y Brasil, por el éxodo de miles de venezolanos que sólo pretenden sobrevivir.
Pero todo ello no ha influido sobre el ánimo de la sociedad civil que, con inmenso coraje, sigue enfrentando pacíficamente, todos los días, la violenta represión del Ejército y de paramilitares armados por el mismo Gobierno, potenciados por decenas de miles de “asesores” cubanos. Además, se ha incluido en los documentos personales de los ciudadanos un código QR, que permitirá al régimen saber con exactitud cómo votarán, por lo cual todos los empleados públicos y los beneficiarios de planes sociales estarán sometidos a una coerción extrema.
La salida final de la crisis venezolana, que tanto expone la ineficacia de las organizaciones internacionales -en especial del Mercosur, cuya declaración condenatoria fue bloqueada por Uruguay y contó con la abstención de Bolivia- es de muy difícil predicción, y es harto probable que termine en una guerra civil. Las fuerzas armadas venezolanas, vinculadas al contrabando y el narcotráfico, están equipadas con los medios de combate más modernos, suministrados y operados por cubanos, y no tendrán empacho alguno en masacrar a la población puesto que, si el chavismo perdiera el poder, se cortaría la última posibilidad del comunismo isleño de sobrevivir.
Describir ese escenario obliga a pensar en qué hubiera podido pasar en la Argentina si Daniel Scioli (seguramente ya habría sido desplazado) y Carlos Zannini hubieran vencido en 2015, acompañados nada menos que por Anímal Fernández y Martín Sabbatella desde la Provincia de Buenos Aires. Hoy, con seguridad, nuestro país se hubiera convertido en una réplica de lo que sucede en Venezuela y en México. Si hoy el kirchnerismo estuviera en el poder, la crisis terminal que legó a su sucesor -y que éste erróneamente se abstuvo de explicitar- ya habría estallado y los violentos carteles, como sucede en Rosario y en el Conurbano, estarían luchando por territorios y monopolios, llenando de cadáveres las calles de todo el país.
Para comprobarlo basta con observar la situación en provincias como Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y, en especial, Santa Cruz, gobernadas por verdaderos señores feudales desde siempre. En todas ellas, campea la más abyecta inmoralidad, se roba sin tasa ni medida y los narcotraficantes encuentran verdaderos paraísos. Nefastos personajes como Ricardo Jaime, José López, Julio de Vido y Cristina Fernández estarían gobernando, mientras “empresarios” como Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), los Eskenazy, o Sergio Spolsky seguirían haciendo de las suyas a costa de todos los demás.
Por todo eso, para recuperar la Justicia, hago esta última llamada para el vuelo que saldrá el #3A hacia una Argentina mejor. No lo pierda porque, si lo hace, deberá preguntarse si no es usted también cómplice.
Bs.As., 29 Jul 17
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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“Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.
Voltaire
Más allá de insistir en mi ruego de difusión de la convocatoria del #3A en Tribunales, las novedades ameritan algunas especulaciones, sobre todo en la Argentina. Me refiero, concretamente, a la detención del histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, al llamado a indagatoria de Carlos Sancho, socio y testaferro del máximo hijo de la dinastía, al pedido de similar medida para Alejandra ¡Giles! Carbó, nuestra egregia Procuradora General, y a la batalla por el retiro del paraguas de los fueros parlamentarios a Julio de Vido, el mayor operador de la corrupción desde los lejanos días del primer período de Néstor como Gobernador de la Provincia de Santa Cruz.
En los dos primeros casos, y como ya sucediera con Lázaro Báez, el gran prestanombre que cometió la incalificable torpeza de involucrar a sus hijos en el delito, las esperanzas de la sociedad están puestas en las confesiones que la privación de la libertad podría inspirar en estos insignes dibujantes de números brumosos. Porque es claro que, si se deciden a hablar y reconocer que actuaron por instrucciones directas de la organizadora y jefa de la asociación ilícita, la autocalificada perseguida política pasará a integrar la lista de importantes presos de la región.
La ex Presidente debería ya estar en prisión preventiva ya que está suficientemente probado que sus dependientes han adulterado las pruebas (hasta los libros sociales de las empresas que le pertenecen) y entorpecido la investigación. Hasta hoy, el Gobierno no la quería entre rejas, ya que la prefería comosparring en las elecciones, en una elucubración que califiqué oportunamente como bastarda; pero es probable que el Juez Claudio Bonadío altere el panorama ordenando su detención antes de octubre.
El caso del ex Ministro de Planificación del saqueo servirá para quitar el disfraz a todos aquellos que decidan desoír el clamor social y ratificarlos como convertirlos en cómplices de la corrupción que asoló el país durante la extendida década robada. Si fracasara la expulsión de este delincuente de la Cámara de Diputados, que se discutirá el miércoles, las redes sociales serán el lugar en que sus encubridores encontrarán sus nombres y sus fotografías de frente y perfil. Me parece que esto debería servir como un llamado a la reflexión para los kirchneristas y sus compañeros de ruta, muchos de los cuales deberán someterse pronto al voto popular.
Esta semana, la última de la feria judicial, estará de turno la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal, integrada al efecto por el cuestionado Eduardo Freiler, a quien pronto veremos destituido y -tengo la esperanza- preso por ladrón, y Jorge Ballestero, protector de los pingüinos durante muchísimo tiempo pero que, recientemente, ha virado en sus posiciones por los vientos de cambio que percibe. Las recientes decisiones de Bonadío que afectan a Cristina y su círculo íntimo serán revisadas por ambos y, si decidieran modificarlas, deberían ser conscientes de estar acercando peligrosamente mechas encendidas a la santabárbara que podría estallar en Comodoro Py.
La semana pasada, cuando los enumeré los grandes reos regionales, cometí el error de omitir a algunos de ellos; en Perú, por ejemplo, mencioné sólo a los ex presidentes a Alan García (prófugo) y a Ollanta Humala, y olvidé a Alberto Fujimori, que comparte la cárcel con el anterior. En América Central, varios países han visto a sus mandatarios presos y, en algunos casos, ante la inminencia de su detención, algunos optaron por huir al exterior. ¿Será también el caso de Rafael Correa y su autoexilio en Bélgica?
Lo notable fue que el viernes, en Mendoza, en una suerte de “contra-cumbre” frente al infructuoso encuentro de los presidentes del Mercosur, que no lograron consensuar la expulsión de Venezuela, los maléficos vientos populistas volvieron a amontonar a los apologistas de los desalojados del poder y de quienes están en vías de serlo. Así, en la misma bolsa reinvindicatoria metieron a Luis Inácio Lula da Silva, a Cristina Elizabet Fernández, a Fernando Lugo, a Milagro Salas y, el colmo, al tirano “más burro”, presuntas víctimas de conspiraciones imperiales; sólo les faltó agregar a Raúl Castro y a Jorge “Saladito” Castillo para condimentar el nauseabundo resultado.
El pegamento para tanto dislate, presumo, debió ser la ideologizada visión que tienen sus adherentes sobre la situación que viven la ensangrentada nación venezolana, que está protagonizando una de las mayores emigraciones de la historia continental por imperio de la violencia, la salvaje represión y la hambruna, y la Provincia de Santa Cruz, el feudo de los Kirchner desde hace más de un cuarto de siglo, hoy en manos de la fotocopia de pelo largo, que se incendia diariamente pese al frío austral reinante. Volví a preguntarme, como lo hice tantas veces durante los 70’s, por qué todos estos fanáticos, que consideran a la democracia como una maldita enfermedad burguesa, no se mudan a esos idealizados paraísos.
El criminal régimen de Maduro, amén de la condena casi universal, está provocando una discusión a nivel mundial, ya que su precaria subsistencia depende, en gran medida, de las compras norteamericanas de petróleo. El quid de la cuestión es que, si se interrumpieran, no sólo producirían la inmediata victimización de los terroristas y narcotraficantes que gobiernan desde Caracas, buscando la solidaridad latinoamericana, sino que profundizarían la crisis humanitaria en la que se ve inmersa la población, que carece ya de alimentos y remedios.
No puedo cerrar esta nota sin hacer referencia a la detención, por orden del Tribunal Federal que lleva la causa llamada “Bahía Blanca”, del señor Capitán de Corbeta Ricardo Molina, que ya tiene 87 años de edad. Si a ello le sumamos la actitud del canalla Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fanático kirchnerista, frente a la detención domiciliaria del Dr. Jaime Smart dispuesta por la Cámara de Casación, inventándole nuevos procesos para mantenerlo en la cárcel a 82, tendremos nuevos motivos para concurrir a la concentración del #3A en Plaza Lavalle. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando que estos verdaderos asesinos togados -han muerto más de cuatrocientos ancianos en cautiverio- sigan haciendo de las suyas?
Me pareció adecuado “robar” el título del libro de Beatriz Guido para encabezarla, porque tal vez estemos en las vísperas de un fuego purificador que nos permita recuperar una Justicia seria, independiente y veloz, esencial para volver a ser una República.
“Un hombre común se maravilla ante las cosas poco corrientes;
un hombre sabio se maravilla ante las cosas corrientes”.
Confucio
Si el pensador chino, que murió quinientos años antes de la era cristiana, hubiera llegado a conocer la Argentina, habría estado permanentemente maravillado porque aquí compartimos, desde siempre, una realidad virtual, en la cual nada de lo que vemos o hacemos es cierto, mientras ignoramos las normas elementales que permiten a los hombres vivir en comunidad. No me refiero a las leyes, de por sí bastante extrañas y contradictorias, sino al modo en que las aplicamos, según nuestro personal punto de vista, en general reñido con el de la sociedad en su conjunto; y, en la duda, optamos siempre por el que más conviene a nuestro relato, individual o colectivo.
Para ejemplificar a qué me refiero, basta con pensar que las normas establecen que quienes son procesados por delitos pueden permanecer en libertad mientas se sustancia el juicio y se llega a una sentencia firme, pero se niega dicho privilegio a aquéllos que, estando libres, pueden poner en riesgo la investigación, adulterar las pruebas o, simplemente, fugarse. Y los mismos criterios se aplican a los mayores de setenta años, aún con condena firme, respecto a la prisión domiciliaria; esto último se justifica especialmente porque ninguna sociedad civilizada combate a los supuestos caníbales comiéndoselos.
En estos días, los argentinos observamos con enorme perplejidad que dos jueces federales, los Dres. Ercolini y Bonadío, con el consentimiento de los respectivos fiscales que actúan ante sus juzgados, han concedido a Cristina E. Fernández y a su hija, Florencia Kirchner, autorización para realizar un paseo pseudo cultural por la vieja Europa, con el obvio propósito de exponer su inventada persecución política ante audiencias amenas y receptivas, como son los famosos izquierdistas “revolucionarios de escritorio”; si bien el segundo la otorgó bajo una caución real, el monto fijado resulta una nimiedad al comparárselo con las incalculables fortunas que la familia ha robado de las arcas públicas.
Creo que el asombro llega a Brasil, donde el proceso de limpieza contra la corrupción ha alcanzado cotas impensables en América Latina hasta hace muy poco, ya que muchísimos dirigentes políticos, gobernadores, senadores, diputados, empresarios, etc., se encuentran en la cárcel y a nadie se le ocurriría siquiera pedir algo así.
La viuda patagónica, recordemos, se encuentra procesada, entre otras cosas, por organizar y encabezar una asociación ilícita (un delito no excarcelable), fundada con el propósito de cometer una enorme multiplicidad de estropicios, de los cuales hemos sido víctimas todos y cada uno de los habitantes de este país, expoliado hasta la extenuación durante las sucesivas gestiones que compartió desde hace veinticinco años con su marido muerto; si como muestra basta un botón, allí tenemos a la Provincia de Santa Cruz, aunque ésta tenga una superficie comparable a la de varios países sumados y tenga bajo su suelo una riqueza saudí.
El choque entre este suceso y la realidad de las prisiones superpobladas de individuos detenidos sin sentencia firme por la comisión de delitos menores, como hurtos o arrebatos, ha producido una generalizada indignación, reflejada en las redes sociales y en las plataformas de peticiones públicas; y es razonable que así sea, toda vez que Cristina Kirchner y su entorno han demostrado hasta el hartazgo que están dispuestos a alterar las pruebas –como hicieron con los libros de las sociedades hoteleras involucradas- y entorpecer así cualquier investigación.
Esos hechos, ya probados, bastarían con enviar a la cárcel a cualquier pequeño comerciante, pero nuestros particulares jueces, que cuentan con narices más caras que las de los mejores perfumistas, son inmensamente tolerantes y permisivos ante quienes han ejercido, durante tantos años y con enorme fiereza, un poder omnímodo; no vaya a ser que, en una súbita recaída social, vuelvan al poder y quieran cobrarse las penas ahora aplicadas.
En otro orden de cosas, lo mismo parece suceder con aquellas personas que, como Hebe de Bonafini, son aún capaces de generar conflictos en la calle; aún tenemos fresco el recuerdo de cuando se negó a comparecer en Comodoro Py y el Juez aceptó interrogarla en la cocina de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Dr. Eduardo San Emeterio y quien esto escribe la denunciamos –y, con ella, a la locutora del acto y a los organismos de pseudo derechos humanos firmantes del documento allí leído- por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo pasado; a más de un mes de haberlas radicado, no hemos sido llamados todavía a ratificar las denuncias, primer paso de la causa penal.
En el otro extremo de ese espectro se encuentran los casi dos mil presos militares, ancianos (el promedio de edad es 76 años), la mayoría sin condena firme y cumpliendo prisiones preventivas que exceden en lustros el máximo legal permitido (dos años, más uno debidamente justificado), que se siguen muriendo en las mazmorras estatales por falta de atención médica adecuada. Acusados por testigos que, cuarenta años después, dicen haber construido colectivamente la memoria y reconocerlos por la voz o por el olor, privados de todo derecho a un juicio justo y víctimas de procesos judiciales amañados, cuatrocientos ya fallecieron (cincuenta lo han hecho desde el 15 de diciembre de 2015) y, naturalmente, el ritmo se incrementará con el mero transcurso del tiempo.
Cuando, muy esporádicamente por cierto, algún tribunal federal les concede el beneficio de la prisión domiciliaria –ayer fue el caso de un preso de 87 años, gravemente enfermo- la mayor parte de las veces no se hace efectivo porque otro tribunal la niega, y la saga continúa. Es que, rápidamente, se alzan los infames pasquines y las radios y canales de televisión que multiplican la vocinglera gritería de esos mismos organismos de pseudo derechos humanos que rechazan la democracia como sistema de vida y piden, a voz en cuello, el derrocamiento del Gobierno.
Nadie se pregunta, tratándose de los “genocidas”, por qué se los mantiene en la cárcel, cuando no pueden alterar las pruebas del proceso ni corren riesgo de fuga. Es que a éstos, la sociedad los ha elegido como únicos receptores de la culpa general de haber llamado a las puertas de los cuarteles para parar el desmadre en que se había convertido el régimen peronista en 1974 y 1975, que amenazaba con despedazar el país.
Ya nadie recuerda –ni quiere hacerlo- cuántos civiles, en especial radicales, actuaron como funcionarios, ministros e intendentes del proceso militar, ni cuántos empresarios, obreros, comerciantes y estudiantes aplaudieron a rabiar a los generales golpistas. Es más cómodo transferir esa responsabilidad a unos pocos y lavar así los pecados colectivos, por más que, cuando la tragedia se produjo, esos pocos fueran extremadamente jóvenes y estuvieran en los grados más bajos del escalafón jerárquico; hasta el lamentable Gral. Milani entra en esta categoría, aunque deba permanecer en la cárcel hasta que sea condenado por ladrón.
Hace un año y medio, Mauricio Macri prometió terminar con lo que él mismo llamó el “curro” de los derechos humanos. Los argentinos, tan golpeados por la gigantesca crisis económica que nos dejó el kirchnerismo, necesitamos saber quién se llevó los más de US$ 2.500 millones en extrañísimas indemnizaciones, cuyos destinatarios el Gobierno aún se niega a revelar.
Argentina se está reinsertando en el mundo, y una prueba de ello será su próxima integración a las grandes mesas de discusión del comercio mundial, en especial en el área del Pacífico, así como la importancia que nuestro país está recuperando en la región, reconocida a través de los viajes presidenciales a China y la visita de grandes personalidades mundiales, como Angela Merkel. Evidentemente, mucho ha cambiado ya y, después de octubre, ese cambio se acelerará, cuando la esperable victoria electoral del Gobierno derrumbe la falsa prudencia de los inversores, sobre todo de nosotros mismos.
Pero debemos recordar que, para que esas esperanzas se transformen en realidades concretas, debemos tener una Justicia independiente, seria, confiable y rápida; con ella, todo será posible pero, sin ella, nada lo será.
La ex presidente Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner podrá salir del país. El juez Claudio Bonadio autorizó este miércoles a la ex primera dama y ex mandataria a realizar un viaje a Europa, previsto para los próximas días. El magistrado le otorgó la autorización pese a que antes le había díctado la prohibición para salir del país en el marco de la causa Los Sauces, en la cual se investiga maniobras de lavado de dinero.
El cambio de rumbo enardeció a los titulares de cuentas de Twitter anti-k, quienes expresaron su disgusto contra el juez federal y aprovecharon la oportunidad para darle más fuerza a una convocatoria en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py.
El evento (De aquí en más “El Argentinazo”) será llevado a cabo el próximo 25 de mayo y el motivo será una protesta contra la justicia federal. Los convocantes manifiestan que esta “justicia” no es demasiado clara en los casos de corrupción de la era K que se tramitan en ese fuero.
Los Tweets desbordan las redes haciendo hincapié a partir de la decisión de Bonadio, aunque el hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela García también despertó iras. Su asesino es un hombre con antecedentes que, contra otras recomendaciones, fue liberado por un juez de la escuela Zaffaroniana.
Los principales gritos de la llamada a la protesta son “Argentinazo a la Justicia” y “Sin Justicia no hay República”. Las redes sociales son el principal motor de la convocatoria, como lo fue en la del primer día de abril, cuando miles de ciudadanos acudieron a la Plaza de Mayo para mostrar su apoyo al gobierno de Mauricio Macri ante lo que entendían una “maniobra de desestabilización” por parte del kirchnerismo.
Se maneja la hipótesis que una contramarcha para celebrar los 14 años desde la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia, podría efectuarse el mismo día.
“El más terrible de los sentimientos es el de la esperanza perdida”.
Federico García Lorca
Hoy, el mundo está mejor, ya que un canalla, Fidel Castro, finalmente, se fue al infierno anoche. Fue el responsable, con elChe Guevara, de la ola de sangre y fuego que arrasó nuestro continente, y hundió a su país en la miseria durante casi seis décadas. Que Lucifer lo acoja en su seno.
A un año de la asunción de Mauricio Macri, estamos en un momento muy complicado de la economía, a pesar de la merma en la inflación y a conservar el Gobierno elevados índices de aprobación de su gestión, ya que el gasto público continúa en alza, la actividad no arranca, el consumo cae, crece el endeudamiento en pesos y en dólares, el plan de obra pública no avanza y hay una perceptible parálisis en la gestión de la administración pública, producto de la inexperiencia burocrática de los nuevos funcionarios. La presión impositiva bate records históricos y mundiales, y el voraz Estado recaudador y pseudo benefactor frustra la posibilidad de recibir inversiones (en realidad, las ahuyenta) y asfixia las iniciativas, sin ofrecer los servicios y beneficios a los que la población accede en otros países, lo cual la obliga a contratarlos privadamente, duplicando sus costos.
Claro que todos esos males tienen su raíz en décadas de prácticas populistas, que hacen que hoy la Argentina, uno de los territorios del globo más favorecidos -no dije ricos- con recursos naturales, haya construido un núcleo duro de pobreza, por cierto difícilmente erradicable en el corto plazo. Pero no veo aún un plan para terminar con esa situación estableciendo metas más lejanas mediante políticas de estado que incluyan la aplicación de correctivos inmediatos, acompañados por la planificación del futuro a diez, veinte y treinta años.
Una porción importante del gasto público hoy está destinado, como es natural, a atender a las necesidades más urgentes y a paliar la conflictividad social, derivadas de la crisis heredada a la cual no se le encuentra una solución, mediante la masiva distribución de planes sociales; esta misma semana, fue incrementado en $ 30.000 millones. Entre esos planes hay muchas variantes, como la asignación universal por hijo, el trabajo en cooperativas, etc., pero todos tienen defectos remarcables, amén de permitir, por la falta de controles eficientes y por la tercerización de la distribución, la persistencia de nichos de corrupción.
Esos verdaderos subsidios tienen, en verdad, enormes falencias e inconvenientes, ya que no sólo tienden a consolidar la pobreza, manteniendo bajo esa línea a generaciones enteras (los montos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas) sino que, además y ante el riesgo de perder esos “derechos”, aún quienes tienen vocación de trabajar lo hacen “en negro”, incrementando la informalidad de nuestra economía, que ya alcanza al 40%, que no paga impuestos ni cargas sociales. Por otra parte, pensemos en cuántos de esos subsidios -“Argentina Trabaja”, por ejemplo- impiden a quienes acceden a ellos perfeccionarse, en un momento caracterizado, mundialmente, como “el siglo del conocimiento”.
Dado el crítico escenario actual, no resulta lógico pretender que esa asignación de recursos públicos se detenga, ya que quedarían en la más absoluta intemperie los sectores más vulnerables, que generarían comprensibles dificultades a toda la sociedad. Pero sí podemos realizar algunos cambios beneficiosos, ya que algunos de los planes sociales funcionan como verdaderos empleos públicos encubiertos y, en general, resultan innecesarias e inútiles las tareas que se encomiendan: pintadas, cortes de pasto, reparaciones de construcciones, etc..
El progreso tecnológico y la globalización está haciendo que las personas que realizan funciones repetitivas sean reemplazadas por robots, y el mercado laboral impone cada vez mayor perfeccionamiento y especialización a los trabajadores. En la Argentina, hemos visto recientemente insensatas reacciones frente a un futuro que ya está aquí y, nos guste o no, es imparable: el rechazo de los camioneros de Moyano a la distribución electrónica de documentación bancaria, o el de los taxistas de Viviani a aplicaciones como Uber, Easy o Cabify, son algunos ejemplos.
Entonces, al revés de tantos políticos y economistas, propongo al Gobierno que cambiemos algunas figuritas. Sin disminuir en lo inmediato la cantidad de pesos destinados a paliar esta recurrente emergencia, reemplacemos para siempre, en lo social, gasto por inversión. Es decir, sigamos pagando planes, pero que éstos sirvan para transformar no sólo a quienes los reciben sino a la sociedad toda. Me refiero a que el pago de las asignaciones mensuales tenga su correlato en educación pero, en especial, en escuelas técnicas, cualquiera sea el nivel al que cada beneficiario acceda, y se verifique su cumplimiento mediante la permanente evaluación de su rendimiento y su evolución. A pesar de que son obvios los beneficios que este cambio -¿Cambiemos?- traería aparejados, en especial para los llamados “ni-ni”, es decir, para aquéllos que no trabajan ni estudian y que en el Conurbano son legión, tal vez convenga recordarlos.
Facilitaría a los beneficiarios, a través del esfuerzo personal, acceder a trabajos formales y más calificados, con mejores salarios y con protección en materia de salud y de seguros y, sobre todo, recuperar las esperanzas al lograr salir de los asentamientos y villas en los cuales transcurren sus tristísimas vidas. La extensión de un programa como el que propongo servirá, sin duda, también para combatir el flagelo de la drogadicción, que se ha constituido en un trágico refugio para quienes carecen de expectativas, y en ampliar la base de los contribuyentes, lo cual permitiría disminuir la presión impositiva sobre el sector económico registrado.
Para concluir, una breve reflexión ante la desobediencia de la viuda de Kirchner a la citación del Juez Claudio Bonadío para cumplir un trámite obligatorio para todos los procesados. Aquí también me pregunto si no ha llegado la hora de cambiar figuritas porque algo similar ocurrió con Lula quien, intimado a presentarse ante un magistrado, se negó a hacerlo; el Juez Moro ordenó a la Policía su inmediata presentación. Pese a que, sin lugar a dudas, el ex Presidente tiene una popularidad mucho mayor que la viuda de Kirchner, el hecho no produjo incidente alguno en Brasil.
Aquí, jueces y funcionarios se aterran ante la posibilidad de incidentes que, ante una detención de Cristina,podrían generar sus seguidores. En el fondo, ocurre lo mismo con la famosa represión de la “protesta social”, nombre que hemos dado a las constantes interrupciones del tránsito, a los más desaforados agravios a la investidura presidencial y, en general, hasta a las huelgas salvajes de los servicios públicos. Parecen no comprender que esas minorías revoltosas están minando, todos los días, la imagen de un Presidente y de un Poder Judicial que se muestran débiles y temerosos y que, si la impunidad continúa, desaparecerán la gobernabilidad y la paz; en cambio, si ambos cumplen y aplican la ley a rajatabla, sus prestigios subirán como la espuma, impidiendo toda ensoñación golpista.
GERMÁN GARAVANO, EL SUEÑO SE TRANSFORMÓ EN POSIBILIDAD
“CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO AFEITAR, PON LA TUYA A REMOJAR”
El 2 de mayo pasado publicamos “SOLO UN SUEÑO” nota de genero realista que me llevaba nuevamente a la Unidad Penitenciaria 31 de Ezeiza, teniendo como ocupante de la celda vecina nada menos que a GERMÁN GARAVANO, el actual Ministro de Justicia y Derechos Humanos (para algunos). Pasaron solo tres meses y ese sueño, luego de las arrasadoras elecciones primarias llevadas a cabo el domingo pasado, se transformó en una gran posibilidad. Hoy la formula Fernández-Fernández como el resto de los políticos hipócritas, hablan de unidad y gobierno para todos, pero en esta Argentina semisalvaje sabemos perfectamente que eso se declama, pero no se cumple.
[ezcol_1half]Germán Garavano y Claudio Avruj por más “méritos” que hayan hecho con Estela de Carlotto y otras y otros, nunca serán parte de lo que pueda venir si se impone la fórmula Fernández-Fernández.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]María Eugenia Vidal y Estela de Carlotto, entregó dependencias policiales, vehículos 0 kilómetros y hasta una ley imponiendo lo de los 30.000 desaparecidos. Hoy a través de las elecciones es rechazada por la mayoría del personal policial, ante promesas incumplidas, falta de sensibilidad con el mismo y su permanente pregonar a casi 4 años de gestión sobre la cantidad de efectivos expulsados. Muchos por un “desliz” de 100 pesos (menos de 2 dólares”) frente a la magnitud de lo que pueda llegar a surgir luego de un cambio de gobierno.
[/ezcol_1half_end]Los adultos mayores imputados a como dé lugar por “delitos de lesa humanidad” muriendo en ilegal prisión somos la prueba viviente de ello, que la gran mayoría no quiere ni le interesa ver. Por eso los Garavanos, Avruj, Vidal y muchos más, como así también todos los miembros del corrupto poder judicial que se ensañaron con nosotros mediten. La lista es interminable pero los Bonadios, los Ulpianos Martinez, los Stornellis, Ercolinis, y otros que estuvieron al servicio del gobierno kirchnerista y luego traicionaron a sus ex patrones para transformarse en macristas, a prepararse. Bien dice un viejo refrán: “Cuando veas las barbas de tu vecino afeitar, pon la tuya a remojar”. En poco más de 60 días sabremos si esta posibilidad de hoy, muta en una realidad que todos ustedes merecen. De ser así, seguramente nos veremos en el mundo paralelo en el que los adultos mayores estamos encerrados hasta la muerte y desde ya descuento, que para mí será un placer conocerlos personalmente.
[ezcol_1half]
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Agosto 14, 2019
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]los que las sufren despiertos”
Miguel de Cervantes (1547-1616)
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 14, 2019
ARGENTINA PAÍS DE LOCOS
NUESTROS DIGNOS EMBAJADORES
El nombramiento de Jorge Yoma como Embajador en Perú es inaceptable para mí y para muchísimos argentinos. La Cancillería lo denunció penalmente en la Justicia Federal por malversación de fondos públicos cuando hicieron refacciones en la Embajada en México, no recuerdo bien si hubo incluso problemas con algunas facturas supuestamente “truchas”. El Tribunal de Cuentas de la Nación hablo de perdidas muy importantes
para el patrimonio del Estado Nacional.
Por un lado, el Gobierno discute una nueva Ley de Ética Pública y por el otro nombra funcionarios acusados de corrupción e incluso procesados y embargados por cifras millonarias tal es el caso del Sr. Darío Giustozzi nombrado Embajador en Ecuador.
Sería aconsejable que antes de partir a ese destino la ciudadanía que ya no confía en nadie ni en el anterior gobierno y duda mucho también del actual gobierno -yo hablo todo el día con gente en las calles de Buenos Aires así que sé de lo que estoy hablando- se conozca públicamente la decisión del Juez Federal Bonadio declarando la total inocencia de las imputaciones que le ha hecho la Cancillería.
Todo esto me parece y nos parece – he recibido varios emails- increíble e inaceptable, Argentina preside el G-20 estamos muy felices de compartir cosas con los más importantes y desarrollados países del mundo y estamos actuando como un país subdesarrollado. Sin ética, sin principios morales, es lo que ocurre en esta decadente América Latina. Acá no hay culpables externos, no son los “yanquis” como suelen decir algunos energúmenos, somos nosotros los únicos responsables de nuestra decadencia. La que nos llevó de ser la sexta potencia mundial en el pasado, a un presente con un nivel de corrupción que muchas veces ni existe en el Continente Africano donde se han dado casos en los que el pueblo “de color” sale a las calles para pedir la destitución de sus presidentes.
Que dijo Elisa Carrió en declaraciones a la Agencia Telam? “Macri, caiga el que caiga, sean propios o ajenos” Una nueva ley de ética pública y un Presidente que nombra ciudadanos denunciados en la Justicia Federal por actos de corrupción, hace de Argentina un país de locos. Muchos me escriben desde el exterior y me piden que les explique lo que yo tampoco entiendo. Todos los días una mala noticia. Y la ética que tanto se promueve donde esta? Escribo en el nombre propio y en el nombre de muchos que me han escrito sobre este tema esta mañana. “La Argentina llora y esta triste de ver tanta corrupción y tanta falta de ética” Pregunto ¿dónde está el amor a la Patria Argentina?
Dr.Francisco Benard
Abogado y Periodista
New York Times. Timerman si tiene espacio internacional: “SOY UN PRISIONERO POLÍTICO EN ARGENTINA”
Las “noticias” en los medios de comunicación liberales dicen que, “como dijiste, el sol sale por el oeste”. Las grandes máscaras de los conglomerados masivos de medios repiten la negación hasta ponerse azules. Citan a “expertos”, sin tener estos una sola credencial para opinar.
Cualquier cosa menos que la creencia absoluta en un mundo imparcial. Todo lo que veo, sin analizar y sin dar opción a una respuesta, estará en la edición del día siguiente.
Pero esa utopía existe solo en sus mentes y es fácilmente refutada por esos molestos clavos conocidos como hechos. The New Tork Times, con su política, brinda el lado seductor de la historia para vender. No para informar.
[ezcol_1half]By Héctor Timerman
BUENOS AIRES — I write these lines from my home, where I have been confined by the courts for more than a week. I’m a political prisoner. An Argentine judge accused me of treason, and covering up for Iranian officials accused of masterminding the 1994 terrorist attack against the Argentine Israeli Mutual Association, or AMIA, Buenos Aires’ principal Jewish center, in which 85 people died and 300 were wounded. Twenty-three years after the attack, nobody has been convicted and few facts have been established other than that it occurred.
The investigation into the attack was so flawed and corrupt that in 2004 the entire trial was annulled and the judge who led it was put under investigation. Judge Claudio Bonadio — who now accuses me of treason — led the investigation into that cover-up, but was removed from it in 2005, charged with partiality and colluding to protect those who thwarted the initial investigation.
The prosecutor Alberto Nisman took charge of the AMIA investigation and pointed to a group of Iranian officials as the masterminds of the attack. The courts ordered that the suspects be apprehended and brought before a judge, as Argentinian law does not permit trials in absentia. Iran countered that its own laws forbid the extradition of its citizens. Thus, the case remained paralyzed for another decade.
Advancing the case was a key goal of the former president Cristina Fernández de Kirchner’s administration, in which I served as foreign minister from 2010 to 2015. The solution was an agreement between both countries: an Argentine judge would question the suspects in Iran and begin judicial proceedings to bring truth and justice to the victims. It also established a nonbinding truth commission composed of international jurists to observe the case. For Mr. Bonadio, the agreement undermines the criminal investigation in the AMIA case and is the pretext for my indictment.
Treason is an accusation without relevant modern precedent in our country. For an Argentine citizen to commit treason, the country must be in a state of war. Argentina and Iran are not, and never have been, at war. To this day, they maintain diplomatic relations. Nonetheless, Mr. Bonadio justifies this accusation by contending that the terrorist attack represents an act of war. He argues that the country has been at war for 23 years, without any formal acknowledgment, and in contradiction of all jurisprudence.
Iran rejects the accusations against its citizens. Nonetheless, it agreed to cooperate in the case after a multiyear diplomatic campaign led by the successive Kirchner governments. Thus began the official negotiations — announced by Ms. Fernández de Kirchner in the United Nations — and the political attacks by those who said Iran was an unacceptable negotiating partner. Certain groups in Argentina seemed to prefer paralysis, perhaps out of fear that there is insufficient evidence to condemn the Iranian suspects.
The case against the Kirchner administration reiterates the accusations made by Mr. Nisman a few days before his death that were dismissed by Argentinian courts that same year: that the agreement, ratified by Argentina’s congress, secretly aimed to cover up the alleged role of the Iranians. The accusations are cobbled together, in part, from false media reports alleging a secret meeting in Aleppo, Syria, between me and Ali Akbar Salehi, who at that time was Iran’s foreign minister. I did indeed travel to Aleppo, where I met with President Bashar al-Assad of Syria — a meeting that, far from secret, was documented in diplomatic cables and reported in the Argentinian press — but I did not meet with Mr. Salehi while I was there, and no credible evidence has been presented to support this falsehood. The rest of the allegations in the case were built on this lie, which I categorically deny.
A central part of Mr. Nisman’s accusations involve the Interpol red notices, a form of arrest warrant that aims to assist national police forces to locate those wanted internationally in criminal cases. Mr. Nisman, and now Mr. Bonadio, accused me of aiming to remove these red notices. Yet, to this day, they remain unchanged. I was anxious that this be the case, as they served to ensure Iranian compliance. The then-secretary general of Interpol, Ronald Noble, denied that Argentina requested any change in the red notices immediately after Mr. Nisman made his accusation, and Mr. Noble has maintained that position emphatically. Instead of accepting his statements, Mr. Bonadio now accuses Mr. Noble of colluding over the claimed cover-up.
I do not know why the agreement has become the focus of such vindictive anger. I cannot say why Mr. Bonadio seems determined to pursue a case with such flimsy evidence, and why he has announced decisions with suspiciously political timing. But I do know that he is accused of attempting to shield former political allies investigated in the original AMIA investigation.
Mr. Bonadio was a longtime Partido Justicialista (Peronist) activist. When Carlos Corach was appointed minister of the interior by President Carlos Menem — the position included managing relations with all the governors, Parliament, security forces and the judicial branch — he placed Mr. Bonadio in the secretariat of legal affairs.
In 1994 (shortly before the AMIA attack), Mr. Corach promoted him to federal judgeship. He got the position without passing through a competition with other candidates, as is the procedure in Argentina. In 2005, the judicial authorities separated him from the first trial investigating the cover-up the AMIA case, for having kept the case paralyzed for five years. One of the accused was Mr. Corach.
President Néstor Kirchner’s government accused Mr. Bonadio of poor performance and sought to have him removed from the bench. In 2010, Mr. Nisman accused Mr. Bonadio of threatening him to ensure AMIA investigation did not involve the judge’s allies. More broadly, he is the sitting judge with the most complaints in the country — he has collected at least 50 reports of misconduct over the years.
Since Mauricio Macri assumed the presidency at the end of 2015, Mr. Bonadio has managed to head most of the cases against Ms. Fernández de Kirchner and has imprisoned several of her former officials in pretrial detention.
The Centro de Estudios Legales y Sociales, a well-known Argentinian rights organization, has criticized the use of this measure, saying it represents the “use of the penal system to persecute political opponents.”
Mr. Bonadio has rejected a request to release me from detention, which apparently could continue for a long time. And a few days ago, he determined that I must ask for permission to see doctors, a decision criticized by Human Rights Watch.
Sadly, it is not the first time my family ihas been a victim of political persecution. Forty years ago, my father, the journalist Jacobo Timerman, was also a political prisoner. He spent over a year under house arrest, after being kidnapped and tortured in clandestine centers run by the military during my country’s last dictatorship from 1976 to 1983.
Defense of human rights has been vitally important in my personal and professional life. I considered my diplomacy in this case to be part of that ideal. Instead, I find myself enmeshed in a Kafkaesque process that aggravates my cancer and robs me of the time I have left.
For now, the AMIA case languishes, as it has for decades. And we who in good faith sought justice are the targets of the anger of the Jewish community and many families of the victims.
I have asked to be judged as quickly as possible. Preventing me from getting timely medical attention is like condemning me to death. Argentina’s Constitution does not permit the death penalty. But with a judge like this, that is little guarantee.
Héctor Timerman was the foreign affairs minister of Argentina from 2010 to 2015 during the presidency of Cristina Fernández de Kirchner.
Por Héctor Timerman
Escribo estas líneas desde mi casa, a donde me ha confinado el tribunal durante más de una semana. Soy un preso político. Un juez argentino me acusó de traición y del encubrimiento de funcionarios iraníes acusados de ser los autores intelectuales del ataque terrorista de 1994 en contra de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el principal centro judío de Buenos Aires, en el que fallecieron 85 personas y 300 resultaron heridas. A veintitrés años del ataque, no hay detenidos y se sabe muy poco de los hechos, excepto que sucedieron.
La investigación sobre el ataque fue tan defectuosa y corrupta que en 2004 se anuló el juicio y se comenzó a investigar al juez que lo presidía. El juez Claudio Bonadio —quien ahora me acusa de traición— dirigió la investigación de aquel encubrimiento, pero lo retiraron del caso en 2005, acusado de ser tendencioso y de haberse coludido para proteger a quienes frustraron la investigación inicial.
El fiscal Alberto Nisman tomó el mando de la investigación de la AMIA y señaló a un grupo de funcionarios iraníes como autores intelectuales del ataque. Los tribunales ordenaron la aprehensión de los sospechosos y exigieron su presencia ante un juez, puesto que la ley argentina no permite los juicios en ausencia. Irán argumentó que sus leyes prohíben la extradición de sus ciudadanos. Por lo tanto, el caso siguió paralizado durante una década más.
Tener avances en el caso era una meta clave para el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el que trabajé como canciller de 2010 a 2015. La solución consistió en un acuerdo entre ambos países: un juez argentino interrogaría a los sospechosos en Irán e iniciaría los procedimientos judiciales para llegar a la verdad y darle justicia a las víctimas. Además se establecía la creación de una comisión de la verdad no vinculante compuesta por juristas internacionales que atendieran el caso. Para Bonadio, el acuerdo debilita la investigación criminal del caso de la AMIA y es el pretexto para mi acusación.
La traición es una acusación sin precedentes relevantes en la historia moderna de nuestro país. Para que un ciudadano argentino pudiera cometer traición, el país tendría que estar en guerra. Argentina e Irán no están en guerra y nunca lo han estado. Al día de hoy, conservan sus relaciones diplomáticas. No obstante, Bonadio justificó su acusación al decir que el ataque terrorista representa un acto de guerra. Arguye que el país ha estado en guerra durante veintitrés años, sin que se haya reconocido oficialmente, y contradiciendo toda jurisprudencia.
Irán niega las acusaciones en contra de sus ciudadanos, pero accedió a cooperar en el caso luego de una campaña diplomática que duró años dirigida por los gobiernos sucesivos de Kirchner. Así comenzaron las negociaciones oficiales (anunciadas por Fernández de Kirchner en las Naciones Unidas) y los ataques políticos perpetrados por quienes afirmaron que Irán era una contraparte inaceptable para la negociación. Ciertos grupos en Argentina parecen preferir la parálisis, quizá por el temor a que no haya suficiente evidencia para condenar a los sospechosos iraníes.
El caso en contra del gobierno de Fernández de Kirchner reitera las acusaciones, rechazadas por las cortes argentinas ese mismo año, que había hecho Nisman unos días antes de su muerte: que el acuerdo, ratificado por el congreso argentino, tenía el propósito secreto de encubrir la supuesta participación de los iraníes. Las acusaciones estaban forzadas, en parte porque aparecieron reportes falsos en los medios de comunicación que hablaban de que me había reunido en secreto en Alepo, Siria, con Ali Akbar Salehi, quien en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores de Irán. En efecto, viajé a Alepo, donde me reuní con el presidente de Siria, Bashar al Asad —una reunión que, lejos de ser secreta, se documentó en comunicados diplomáticos y reportes en la prensa argentina—, pero no me reuní con Salehi durante mi estancia ni se presentaron pruebas fehacientes que sustentaran dicha acusación. El resto de las acusaciones en el caso se construyeron a partir de esta mentira, que niego categóricamente.
Una parte vital de las acusaciones de Nisman está relacionada con las alertas rojas de la Interpol, una especie de orden de aprehensión cuyo objetivo es ayudar a las fuerzas policiales nacionales a localizar a los involucrados en casos criminales de interés internacional. Nisman, y ahora Bonadio, me acusan de eliminar estas alertas rojas pero, hasta hoy, no han sido modificadas. Me preocupó que esto hubiera podido suceder, ya que las alertas contribuyen a garantizar el cumplimiento por parte de Irán. El que entonces era el secretario general de la Interpol, Ronald Noble, negó que Argentina hubiera solicitado algún cambio en las alertas rojas inmediatamente después de que Nisman diera a conocer su fallo y Noble ha mantenido su postura de manera enfática. En lugar de aceptar sus declaraciones, Bonadio acusa a Noble de estar coludido en este supuesto encubrimiento.
No sé por qué el acuerdo se ha convertido en el centro de tal ira vengativa. No puedo entender por qué Bonadio parece determinado a perseguir el caso con evidencias tan endebles, ni por qué ha anunciado decisiones con una sincronía política tan sospechosa. Pero lo que sí sé es que se le acusa de intentar proteger a sus exaliados políticos, quienes estaban en la mira de las indagaciones relacionadas con la primera investigación de la AMIA.
Durante mucho tiempo Bonadio fue activista del Partido Justicialista. Cuando el presidente Carlos Menem nombró a Carlos Corach ministro del Interior —el puesto requiere que gestione la relación con todos los gobernadores, los miembros del parlamento, las fuerzas de seguridad y la rama judicial—, colocó a Bonadio en el secretariado de asuntos jurídicos.
En 1994, poco antes del ataque a la AMIA, Corach lo ascendió a una magistratura federal. Subió al puesto sin presentarse a las oposiciones contra otros candidatos, como lo exigen los procedimientos en Argentina. En 2005, los funcionarios judiciales lo separaron del primer juicio que investigaba el encubrimiento del caso de la AMIA por haber mantenido el caso paralizado durante cinco años. Uno de los acusados era Corach.
El gobierno del presidente Néstor Kirchner acusó a Bonadio de un desempeño mediocre y buscó la manera de eliminarlo de la magistratura. En 2010, Nisman acusó a Bonadio de amenazarlo para que afirmara que la investigación de la AMIA no involucraba a sus aliados. En un sentido más amplio, es el juez en funciones con más quejas en el país: ha acumulado al menos cincuenta reportes de mala praxis a lo largo de los años.
Desde que Mauricio Macri asumió la presidencia a finales de 2015, Bonadio ha logrado encabezar la mayoría de los casos en contra de Fernández de Kirchner y ha declarado prisión preventiva para muchos de sus exfuncionarios.
El Centro de Estudios Legales y Sociales, una famosa organización que defiende los derechos de los argentinos, ha criticado esta medida y afirma que se trata de una “instrumentalización del sistema penal para perseguir a opositores políticos”.
Bonadio ha rechazado la solicitud de liberarme del arresto, que al parecer podría durar mucho tiempo. Hace unos días, decidió que debo solicitar permiso para ser atendido por los médicos, una decisión que criticó Human Rights Watch.
Tristemente, no es la primera vez que mi familia es víctima de una persecución política. Hace cuarenta años, mi padre, el periodista Jacobo Timerman, también fue prisionero político. Pasó casi un año en arresto domiciliario, luego de ser secuestrado y torturado en centros clandestinos dirigidos por la milicia durante la última dictadura de mi país, de 1976 a 1983.
La defensa de los derechos humanos ha tenido una importancia crucial en mi vida personal y profesional. Considero que mi cargo diplomático en este caso era parte de ese ideal. En cambio, me encuentro inmerso en un proceso kafkiano que agrava el cáncer que padezco y me roba el tiempo que me queda de vida.
Por ahora, el caso de la AMIA se diluye, tal como ha sucedido durante décadas, y quienes buscamos, de buena fe, justicia somos el blanco de la furia de la comunidad judía y de las numerosas familias de las víctimas.
He solicitado que se me juzgue lo más rápido posible. Evitar que reciba atención médica a tiempo es casi como condenarme a la muerte. La Constitución argentina no contempla la pena de muerte pero, con un juez como este, no tengo garantía de ello.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 20, 2018
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Futuros Tsunamis
importantes, un pequeño detalle siempre ha decidido los grandes acontecimientos”.
Napoleón Bonaparte
Como era previsible, al menos para quienes conocemos a los magistrados de Comodoro Py, el Juez Claudio Bonadío se desmarcó de sus pares para desatar una tormenta política cuyas consecuencias aún resultan difíciles de prever, toda vez que puede afectar las expectativas legislativas del Gobierno y, sobre todo, al interior del peronismo.
Mauricio Macri espera (¿esperaba?) contar con un gran paquete de leyes antes de fin de año, incluyendo el presupuesto 2018, la reforma fiscal, la modificación del sistema de cálculo de las actualizaciones previsionales, etc.; y el pedido de desafuero y detención de Cristina Elisabet Fernández, Senadora electa, por traición a la Patria, impactó directamente sobre el diseño parlamentario que había construido, como un verdadero orfebre, el Senador Miguel Piccheto para aislar al kirchnerismo, dejarlo en franca minoría y separarlo del bloque del PJ.
Los colegas de Bonadío, varios de los cuales hubieran podido adoptar idénticas medidas en varias causas por corrupción en las que está imputada, pusieron a trabajar sus narices para descubrir qué prefería la Casa Rosada y, prudentemente, se abstuvieron de ejecutarlas. Hoy, dada la necesidad de contar con el voto de dos tercios de los miembros presentes para lograr el desafuero solicitado, lo cierto es que no se producirá, al menos en el mediano plazo; si la causa adquiriera mayor consistencia cuando, dentro de mucho tiempo, llegue a la etapa oral, la exposición pública de los hechos podría hacer que muchos de los que hoy se amparan en posturas garantistas para proteger la libertad ambulatoria de la viuda se vieran obligados a modificar su postura para evitar pagar un alto costo político.
Pero, como decía Napoleón, el Juez Bonadío, ahora convertido en francotirador, podría producir en breve un pequeño hecho que generaría otro tsunami, éste sí difícil de defender con invocaciones persecutorias. Si las investigaciones hoteleras avanzan, bien podría suceder que en febrero ordenara similares medidas contra Máximo y Florencia Kirchner; el primero está protegido por fueros en su condición de Diputado en ejercicio, pero no sucede lo mismo con su hermana, dueña de incalculables fortunas y de pilas de dólares en efectivo. Herida así en su flanco más doloroso, es complicado imaginar qué hará entonces la leona destronada.
Por televisión, asistí a la conferencia de prensa que brindó la rea en la Cámara de Diputados. Imaginé cuánto hubiera ganado la nación si aparecía un celular de culata para trasladar muy amablemente a prisión a la mayoría de los asistentes; descollaban, por supuesto, Nilda Garré y Agustín Rossi (ex ministros de Defensa ahora investigados por la tragedia del “San Juan”), Martín Sabbatella (un prócer de la libertad de prensa), Daniel Scioli (un corrupto mayor), Fernando Espinosa y Verónica Magario (coautores recientes y sucesivos del verdadero genocidio cometido en La Matanza) y, ¿qué menos?, Andrés Larroque (imputado también por traición a la Patria). Ausentes con aviso: Luis D’Elía, Fernando Esteche, Ricardo Jaime, Julio de Vido, Carlos Zannini, Lázaro Báez, Milagro Salas, Amado Boudou, José López, Roberto Baratta, Omar Caballo Suárez, Pata Medina y César Milani.
Pero lo que más me llamó la atención fue el tenor de los argumentos utilizados para descalificar la resolución de Bonadío y para imputar, como autor intelectual de la misma, a Mauricio Macri. Sus críticas al fallo (desconocimiento de la presunción de inocencia, limitaciones a la prisión preventiva, prevaricato del juez, causas amañadas para condenar sin pruebas, violación de normas constitucionales, invención de tipos penales, obediencia del magistrado a la voluntad del Gobierno, etc.), corresponden con exactitud a los principios jurídicos que, al ser violados impunemente desde 2003 hasta ahora, mantienen en prisión a casi dos mil militares, muchos hace más de una década y sin condena.
En otro orden de cosas, si bien es cierto que el 60% de la ciudadanía muestra en todas las encuestas su optimismo sobre la gestión del Gobierno y la figura de Mauricio Macri, y se siente confortada con el efecto reparador del accionar de los jueces sobre los funcionarios y pseudo empresarios kirchneristas, no lo es menos que espera ansiosa que avancen sobre quienes bailaron tantos tangos con ellos, pagando las coimas que después incluían como sobreprecios en las obras públicas; y se pregunta qué pasará cuando la ola se acerque al círculo de las actuales autoridades.
El escándalo Odebrecht (“Lava Jato”) está arrasando con ese mundo secreto y fétido en toda la región. En la Argentina, hay muchos nombres importantes, y de todos los colores políticos, que deben dar explicaciones a los jueces: Enrique y Sebastián Ezkenazi (YPF y Petersen), Jorge Brito (Banco Macro), Osvaldo Acosta y Gustavo Ferreyra (Electroingeniería), Ángelo Calcaterra (IECSA), Cristiano Ratazzi (Flight Express), Enrique Wagner (Constructora) y muchos más. Hasta tanto ocurra, y de modo transparente, el escepticismo que tanto nos caracteriza seguirá imperando.
Al tope de nuestras preocupaciones están la seguridad y la administración de justicia. Recuerdo que ya en 1130, el Rey Enrique I concedió a los londinenses el derecho a escoger como su propio sheriff y juez a quienes ellos quisieran. Y esa anécdota viene a cuento porque una de las causas de esas preocupaciones es la enorme desconfianza que tenemos sobre la conducta de nuestras policías, funcionarios, fiscales y jueces, muchas veces involucrados en el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero o la exhibición de fortunas inexplicables; pero aún si adoptáramos ese sistema, no debemos olvidar la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que tiene a su cargo el deber constitucional de ejercer el control del Poder Judicial, y de nombrar y remover a los jueces.
Como sucede con la defensa nacional, tristemente vuelta a poner sobre el tapete a raíz de la inevitable tragedia del submarino “San Juan”, en el terreno de la Justicia también debemos darnos políticas de Estado, con una clara, consistente y, sobre todo, permanente planificación del objetivo al cual queremos llegar. Si no lo hacemos, no tendremos derecho a quejarnos, aunque sigan depredándose nuestros recursos naturales, continúen los movimientos subversivos secesionistas, imperen las más violentas bandas de narcotraficantes y toleremos la inmigración descontrolada.
Cambiando absolutamente de escenario, recuerdo que Karl Marx, citando a Hegel (“los grandes hechos y personajes de la historia se repiten”), agregó que la primera vez lo hacen como tragedia y, la segunda, como comedia. Nicolás Maduro que, imitando a los gerontes cubanos, sumió a su pueblo en el hambre, la miseria y la desesperanza, ahora obliga a los ciudadanos a obtener un “carnet de la Patria”; el nuevo documento resulta indispensable para realizar cualquier tipo de trámite, contar con libretas de racionamiento de comida, acceder a centros médicos y remedios, estudiar en todos los niveles y votar, en un siniestro sistema de control de la ciudadanía. Nada importó, para dictar tamaño disparate, que sus númenes hayan visto fracasar en la isla, uno tras otro, todos los programas económicos que inventaron a contramano del mundo. Así como nos duele en el alma el régimen de terror asesino que se implantó en Cuba a partir de 1956, hoy nos conmueve hasta la médula lo que sucede en Venezuela, que se acerca a una situación igual y muere cada día.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 9, 2017
MENTES LABERÍNTICAS…Y FALACES
Hace bastantes años llegué a la conclusión que una de nuestras características en este territorio llamado Argentina, es la de poseer, en general, mentes laberínticas para razonar, llevar adelante proyectos o solucionar conflictos. En consecuencia se debe recurrir frecuentemente a las falacias y así se nos complica la vida y el desenvolvimiento como sociedad. Con ello, periódicamente el fracaso está asegurado y lo paga siempre el ciudadano que está en el llano. Al tratar de solucionar un problema, se crea otro u otros y así entre otras salidas, se termina mintiendo o diciendo que “no se supo comunicar debidamente” tal o cual cosa. Digno ejemplo reciente, fueron l disputas surgidas entre LA ARMADA, los políticos y los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Dolorosa tragedia que parece ya lejana ante la sucesión de nuevos problemas.
DEPLORABLES EJEMPLOS
[ezcol_1half]Pero hay muchos otros, como un RICARDO LORENZETTI apartándose de las leyes y hablando de “Política de Estado”. Una ELISA CARRIÓ manifestando a través de los años, que sabe de las injusticias cometidas en causas por los mal llamados delitos de lesa humanidad y que se está ocupando. Una EUGENIA VIDAL luchando contra la corrupción, pero solo policial, mientras encubre la de los intendentes. Un PAPA FRANCISCO que despojándose de su investidura espiritual, se codea y regodea, con gobernantes y funcionarios corruptos en extremo y hasta asesinos. Un DANIEL SCIOLI que pintando todo color naranja “está todo bien”, menos la provincia de Buenos Aires que quebrantó y su matrimonio, existente solo para la “tribuna”. Una CRISTINA KIRCHNER que luego de servirse del poder judicial como nadie en la historia, hoy acusa a un Macri de hacerlo para perjudicarla a ella. A mismo tiempo jura como legisladora por Dios y la Patria a la que depredó. Un juez como CLAUDIO BONADIO que denunciado en el 2010 por Nisman y teniendo 18 causas en su contra, desde el gobierno de Menem para acá imparte “justicia” a diestra y siniestra. Un CÉSAR MILANI, quien llegó a Jefe del Ejército mientras “franeleaba” con Hebe de Bonafini, al tiempo que sus camaradas sufrían y morían en la cárcel. MIGUEL PICHETTO, quien aísla y acorrala a Cristina Kirchner, pero la apoya para que no la detengan a pesar de sus delitos, lo que lo hace junto a otros legisladores, meros delincuentes. Ni hablar de un RAUL ZAFFARONI, quien como hombre de leyes fue y es un abolicionista de las mismas, llegando a incursionar nada menos que en el proxenetismo.
AUTITOS CHOCADORES
La lista de deplorables ejemplos es infinita, como también su aceptación y en ella se impone el pensar una cosa y hacer otra, lo que nos lleva a ser una sociedad que se moviliza como “autitos chocadores”. Los adultos mayores, imputados por los mal llamados delitos de lesa humanidad, también somos parte de ella y tenemos lo nuestro. Como prisioneros considerados subhumanos, una mayoría acepta silenciosa y mansamente la ilegalidad, el martirio y la muerte. Inclusive en general vota a quienes son fervientes continuadores de la “política de estado” para con nosotros. Acaso ante estas contradicciones, no serán simples masoquistas?
Claudio Kussman
Claudio@PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Diciembre 09, 2017
LA RESOLUCIÓN DE BONADÍO. Para lectura y análisis de profesionales del derecho e interesados en el tema
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Colaboración: Dra. Andrea Palomas Alarcón
Última LLamada
El miércoles por la noche, ese maloliente aguantadero en que se ha convertido el Congreso por obra y gracia de los representantes que hemos elegido durante años, confirmó la validez de esa descalificación y dio una nueva prueba de cuánta impunidad se garantiza en la Argentina a los corruptos; en especial, a aquéllos que conservan muchas “carpetas” y pueden transformarse en delatores, comprometiendo tanto a sus mandantes ex presidentes cuanto a sus cómplices de toda laya, sean gobernadores, intendentes o empresarios. Con la difusión de la lista de quienes votaron en contra de la exclusión de la Cámara del máximo operador de los Kirchner, la última esperanza de condena social se cifra en los votantes, ya que muchos de los “protectores” de ese impar delincuente se presentarán ahora buscando la reelección.
Por el contrario, la exposición en que se encontraba obligó a la Sala de feria de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal, integrada por Jorge Ballestero y Eduardo Freiler (un tipo auténtico: es un ladrón y parece un ladrón), a abstenerse de liberar a Víctor Manzanares, el eterno contador de los Kirchner y, sobre todo, de desplazar al Juez Claudio Bonadío de la causa “Los Sauces”; en la medida en que el segundo no tiene prurito alguno en demostrar su fidelidad a Cristina Fernández y sus personeros, seguramente esa inacción se debió al prudente disenso del primero, preocupado por la negativa repercusión que hubiera tenido cualquier otra resolución. Ahora, la decisión sobre ambos temas deberán adoptarla, ya como Sala I y con el concurso de Leopoldo Bruglia, al regreso de sus vacaciones; es probable que entonces los fallos resulten contrarios a los intereses de la mafia que nos gobernó durante una década.
Para que eso suceda debe tener éxito la concentración del 3 de agosto; ésta es la última llamada, ya que faltan sólo cinco días y le ruego extreme la difusión. El lugar elegido hace tiempo está aún en obra, y deberemos manifestarnos con banderas y velas sobre las calles Talcahuano, Lavalle, Tucumán, Libertad y, también, sobre la Diagonal Norte, ya que las plazas propiamente dichas se encuentran valladas.
Allí exigiremos al Poder Judicial, en las figuras de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, que asuma de una buena vez el papel que la Constitución Nacional le asigna, y deje de ser el gran encubridor; su conducta durante las últimas décadas ha convertido a la República, cuya existencia misma se convierte en imposible sin Justicia, en el hazmerreir del mundo entero, en especial cuando se la compara con nuestros más cercanos vecinos.
Para morirnos de vergüenza es suficiente recordar el trámite impreso a causas como el crimen de Once, los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, la muerte de Alberto Nisman y el memorándum con Irán, el contrabando de armas a Ecuador y a los Balcanes (aún condenado, Carlos Menem irá por la reelección), la importación de chatarra ferroviaria, la privatización y la re-estatización de YPF y Aerolíneas Argentinas, el “dólar futuro”, Skanska y los gasoductos, IBM y el Banco de la Nación, los desaparecidos fondos de Santa Cruz, los bolsos del convento, la caja de seguridad de Florencia, la pesca en el sur y el contrabando de drogas, las rutas pagadas e inexistentes, los imperios hoteleros, las importaciones de gas, los medicamentos “truchos”, la intervención del INDEC y la falsificación de las estadísticas, Southern Winds y LAFSA, los diamantes de Angola, las varias valijas de Antonini Wilson, los negociados con Hugo Chávez y tantos otros casos emblemáticos.
Me resisto a flagelarlo, querido lector, y por eso no voy a inventariar otra vez qué sucede en toda la región, salvo en la trágica Venezuela. Mañana mismo, el régimen que encabeza Nicolás Maduro rezará el responso final por la democracia en su país, que será enterrada con la “elección” de una convención constituyente que le permitirá perpetuarse en el poder, sobre el asesinato de más de cien compatriotas, de miles de presos políticos, de la hambruna generalizada y de la quiebra de la economía.
La situación interna ya reviste carácter de genocidio -¿nuestros organismos de derechos humanos continuarán con su silencio cómplice?- por la falta de alimentos y medicinas, y además está produciendo una crisis humanitaria en los países fronterizos, como Colombia y Brasil, por el éxodo de miles de venezolanos que sólo pretenden sobrevivir.
Pero todo ello no ha influido sobre el ánimo de la sociedad civil que, con inmenso coraje, sigue enfrentando pacíficamente, todos los días, la violenta represión del Ejército y de paramilitares armados por el mismo Gobierno, potenciados por decenas de miles de “asesores” cubanos. Además, se ha incluido en los documentos personales de los ciudadanos un código QR, que permitirá al régimen saber con exactitud cómo votarán, por lo cual todos los empleados públicos y los beneficiarios de planes sociales estarán sometidos a una coerción extrema.
La salida final de la crisis venezolana, que tanto expone la ineficacia de las organizaciones internacionales -en especial del Mercosur, cuya declaración condenatoria fue bloqueada por Uruguay y contó con la abstención de Bolivia- es de muy difícil predicción, y es harto probable que termine en una guerra civil. Las fuerzas armadas venezolanas, vinculadas al contrabando y el narcotráfico, están equipadas con los medios de combate más modernos, suministrados y operados por cubanos, y no tendrán empacho alguno en masacrar a la población puesto que, si el chavismo perdiera el poder, se cortaría la última posibilidad del comunismo isleño de sobrevivir.
Describir ese escenario obliga a pensar en qué hubiera podido pasar en la Argentina si Daniel Scioli (seguramente ya habría sido desplazado) y Carlos Zannini hubieran vencido en 2015, acompañados nada menos que por Anímal Fernández y Martín Sabbatella desde la Provincia de Buenos Aires. Hoy, con seguridad, nuestro país se hubiera convertido en una réplica de lo que sucede en Venezuela y en México. Si hoy el kirchnerismo estuviera en el poder, la crisis terminal que legó a su sucesor -y que éste erróneamente se abstuvo de explicitar- ya habría estallado y los violentos carteles, como sucede en Rosario y en el Conurbano, estarían luchando por territorios y monopolios, llenando de cadáveres las calles de todo el país.
Para comprobarlo basta con observar la situación en provincias como Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y, en especial, Santa Cruz, gobernadas por verdaderos señores feudales desde siempre. En todas ellas, campea la más abyecta inmoralidad, se roba sin tasa ni medida y los narcotraficantes encuentran verdaderos paraísos. Nefastos personajes como Ricardo Jaime, José López, Julio de Vido y Cristina Fernández estarían gobernando, mientras “empresarios” como Lázaro Báez, Cristóbal López, Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), los Eskenazy, o Sergio Spolsky seguirían haciendo de las suyas a costa de todos los demás.
Por todo eso, para recuperar la Justicia, hago esta última llamada para el vuelo que saldrá el #3A hacia una Argentina mejor. No lo pierda porque, si lo hace, deberá preguntarse si no es usted también cómplice.
Bs.As., 29 Jul 17
Enrique Guillermo Avogadro
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Julio 29, 2017
El incendio y las vísperas
Por Enrique Guillermo Avogadro.
“Los pueblos a quienes no se hace justicia, se la toman por sí mismos más tarde o más pronto”.
Voltaire
Más allá de insistir en mi ruego de difusión de la convocatoria del #3A en Tribunales, las novedades ameritan algunas especulaciones, sobre todo en la Argentina. Me refiero, concretamente, a la detención del histórico contador de los Kirchner, Víctor Manzanares, al llamado a indagatoria de Carlos Sancho, socio y testaferro del máximo hijo de la dinastía, al pedido de similar medida para Alejandra ¡Giles! Carbó, nuestra egregia Procuradora General, y a la batalla por el retiro del paraguas de los fueros parlamentarios a Julio de Vido, el mayor operador de la corrupción desde los lejanos días del primer período de Néstor como Gobernador de la Provincia de Santa Cruz.
En los dos primeros casos, y como ya sucediera con Lázaro Báez, el gran prestanombre que cometió la incalificable torpeza de involucrar a sus hijos en el delito, las esperanzas de la sociedad están puestas en las confesiones que la privación de la libertad podría inspirar en estos insignes dibujantes de números brumosos. Porque es claro que, si se deciden a hablar y reconocer que actuaron por instrucciones directas de la organizadora y jefa de la asociación ilícita, la autocalificada perseguida política pasará a integrar la lista de importantes presos de la región.
La ex Presidente debería ya estar en prisión preventiva ya que está suficientemente probado que sus dependientes han adulterado las pruebas (hasta los libros sociales de las empresas que le pertenecen) y entorpecido la investigación. Hasta hoy, el Gobierno no la quería entre rejas, ya que la prefería comosparring en las elecciones, en una elucubración que califiqué oportunamente como bastarda; pero es probable que el Juez Claudio Bonadío altere el panorama ordenando su detención antes de octubre.
El caso del ex Ministro de Planificación del saqueo servirá para quitar el disfraz a todos aquellos que decidan desoír el clamor social y ratificarlos como convertirlos en cómplices de la corrupción que asoló el país durante la extendida década robada. Si fracasara la expulsión de este delincuente de la Cámara de Diputados, que se discutirá el miércoles, las redes sociales serán el lugar en que sus encubridores encontrarán sus nombres y sus fotografías de frente y perfil. Me parece que esto debería servir como un llamado a la reflexión para los kirchneristas y sus compañeros de ruta, muchos de los cuales deberán someterse pronto al voto popular.
Esta semana, la última de la feria judicial, estará de turno la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal, integrada al efecto por el cuestionado Eduardo Freiler, a quien pronto veremos destituido y -tengo la esperanza- preso por ladrón, y Jorge Ballestero, protector de los pingüinos durante muchísimo tiempo pero que, recientemente, ha virado en sus posiciones por los vientos de cambio que percibe. Las recientes decisiones de Bonadío que afectan a Cristina y su círculo íntimo serán revisadas por ambos y, si decidieran modificarlas, deberían ser conscientes de estar acercando peligrosamente mechas encendidas a la santabárbara que podría estallar en Comodoro Py.
La semana pasada, cuando los enumeré los grandes reos regionales, cometí el error de omitir a algunos de ellos; en Perú, por ejemplo, mencioné sólo a los ex presidentes a Alan García (prófugo) y a Ollanta Humala, y olvidé a Alberto Fujimori, que comparte la cárcel con el anterior. En América Central, varios países han visto a sus mandatarios presos y, en algunos casos, ante la inminencia de su detención, algunos optaron por huir al exterior. ¿Será también el caso de Rafael Correa y su autoexilio en Bélgica?
Lo notable fue que el viernes, en Mendoza, en una suerte de “contra-cumbre” frente al infructuoso encuentro de los presidentes del Mercosur, que no lograron consensuar la expulsión de Venezuela, los maléficos vientos populistas volvieron a amontonar a los apologistas de los desalojados del poder y de quienes están en vías de serlo. Así, en la misma bolsa reinvindicatoria metieron a Luis Inácio Lula da Silva, a Cristina Elizabet Fernández, a Fernando Lugo, a Milagro Salas y, el colmo, al tirano “más burro”, presuntas víctimas de conspiraciones imperiales; sólo les faltó agregar a Raúl Castro y a Jorge “Saladito” Castillo para condimentar el nauseabundo resultado.
El pegamento para tanto dislate, presumo, debió ser la ideologizada visión que tienen sus adherentes sobre la situación que viven la ensangrentada nación venezolana, que está protagonizando una de las mayores emigraciones de la historia continental por imperio de la violencia, la salvaje represión y la hambruna, y la Provincia de Santa Cruz, el feudo de los Kirchner desde hace más de un cuarto de siglo, hoy en manos de la fotocopia de pelo largo, que se incendia diariamente pese al frío austral reinante. Volví a preguntarme, como lo hice tantas veces durante los 70’s, por qué todos estos fanáticos, que consideran a la democracia como una maldita enfermedad burguesa, no se mudan a esos idealizados paraísos.
El criminal régimen de Maduro, amén de la condena casi universal, está provocando una discusión a nivel mundial, ya que su precaria subsistencia depende, en gran medida, de las compras norteamericanas de petróleo. El quid de la cuestión es que, si se interrumpieran, no sólo producirían la inmediata victimización de los terroristas y narcotraficantes que gobiernan desde Caracas, buscando la solidaridad latinoamericana, sino que profundizarían la crisis humanitaria en la que se ve inmersa la población, que carece ya de alimentos y remedios.
No puedo cerrar esta nota sin hacer referencia a la detención, por orden del Tribunal Federal que lleva la causa llamada “Bahía Blanca”, del señor Capitán de Corbeta Ricardo Molina, que ya tiene 87 años de edad. Si a ello le sumamos la actitud del canalla Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak, fanático kirchnerista, frente a la detención domiciliaria del Dr. Jaime Smart dispuesta por la Cámara de Casación, inventándole nuevos procesos para mantenerlo en la cárcel a 82, tendremos nuevos motivos para concurrir a la concentración del #3A en Plaza Lavalle. ¿Hasta cuándo seguiremos soportando que estos verdaderos asesinos togados -han muerto más de cuatrocientos ancianos en cautiverio- sigan haciendo de las suyas?
Me pareció adecuado “robar” el título del libro de Beatriz Guido para encabezarla, porque tal vez estemos en las vísperas de un fuego purificador que nos permita recuperar una Justicia seria, independiente y veloz, esencial para volver a ser una República.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 22, 2017
DD.HH + SS.CC
Escribe Luis Bardín.
DD.HH + SS.CC
A nadie le cave duda que es corrupta y embustera.
Que a los derechos humanos mucho jugo le ha sacado
y con sueños compartidos sus alforjas se colmaron.
Su boca es una letrina que maldice y que putea
si alguien se atreve a dudar de su moral y enteresa.
Siempre recurre a sus muertos. Los usa de arma de guerra
que a su vez le proporcionan necrológica defensa.
Ella explotó el gran prestigio que muchas madres ostentan.
Se abrió de las fundadoras y ha enmugrado sus emblemas.
Ensució tanto el pañuelo que al acto del dos por uno,
temiendo que la abuchearan las otras madres y abuelas,
ni se subió al escenario y ni estuvo en la platea.
Hoy justicia aletargada parece que se despierta.
Los expedientes rebalsan de testimonios y pruebas.
Vamos a ver si De Giorgi las tiene ahora bien puestas
y no sea otro Bonadío que autorizó a la Cristina,
que invitada por zurdacas, se fue a “relatar” conferencias.
Luis Bardín.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 16, 2017
Bifocalidad y Justicia
Si el pensador chino, que murió quinientos años antes de la era cristiana, hubiera llegado a conocer la Argentina, habría estado permanentemente maravillado porque aquí compartimos, desde siempre, una realidad virtual, en la cual nada de lo que vemos o hacemos es cierto, mientras ignoramos las normas elementales que permiten a los hombres vivir en comunidad. No me refiero a las leyes, de por sí bastante extrañas y contradictorias, sino al modo en que las aplicamos, según nuestro personal punto de vista, en general reñido con el de la sociedad en su conjunto; y, en la duda, optamos siempre por el que más conviene a nuestro relato, individual o colectivo.
Para ejemplificar a qué me refiero, basta con pensar que las normas establecen que quienes son procesados por delitos pueden permanecer en libertad mientas se sustancia el juicio y se llega a una sentencia firme, pero se niega dicho privilegio a aquéllos que, estando libres, pueden poner en riesgo la investigación, adulterar las pruebas o, simplemente, fugarse. Y los mismos criterios se aplican a los mayores de setenta años, aún con condena firme, respecto a la prisión domiciliaria; esto último se justifica especialmente porque ninguna sociedad civilizada combate a los supuestos caníbales comiéndoselos.
Creo que el asombro llega a Brasil, donde el proceso de limpieza contra la corrupción ha alcanzado cotas impensables en América Latina hasta hace muy poco, ya que muchísimos dirigentes políticos, gobernadores, senadores, diputados, empresarios, etc., se encuentran en la cárcel y a nadie se le ocurriría siquiera pedir algo así.
La viuda patagónica, recordemos, se encuentra procesada, entre otras cosas, por organizar y encabezar una asociación ilícita (un delito no
excarcelable), fundada con el propósito de cometer una enorme multiplicidad de estropicios, de los cuales hemos sido víctimas todos y cada uno de los habitantes de este país, expoliado hasta la extenuación durante las sucesivas gestiones que compartió desde hace veinticinco años con su marido muerto; si como muestra basta un botón, allí tenemos a la Provincia de Santa Cruz, aunque ésta tenga una superficie comparable a la de varios países sumados y tenga bajo su suelo una riqueza saudí.
El choque entre este suceso y la realidad de las prisiones superpobladas de individuos detenidos sin sentencia firme por la comisión de delitos menores, como hurtos o arrebatos, ha producido una generalizada indignación, reflejada en las redes sociales y en las plataformas de peticiones públicas; y es razonable que así sea, toda vez que Cristina Kirchner y su entorno han demostrado hasta el hartazgo que están dispuestos a alterar las pruebas –como hicieron con los libros de las sociedades hoteleras involucradas- y entorpecer así cualquier investigación.
Esos hechos, ya probados, bastarían con enviar a la cárcel a cualquier pequeño comerciante, pero nuestros particulares jueces, que cuentan con narices más caras que las de los mejores perfumistas, son inmensamente tolerantes y permisivos ante quienes han ejercido, durante tantos años y con enorme fiereza, un poder omnímodo; no vaya a ser que, en una súbita recaída social, vuelvan al poder y quieran cobrarse las penas ahora aplicadas.
En otro orden de cosas, lo mismo parece suceder con aquellas personas que, como Hebe de Bonafini, son aún capaces de generar conflictos en la calle; aún tenemos fresco el recuerdo de cuando se negó a comparecer en Comodoro Py y el Juez aceptó interrogarla en la cocina de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El Dr. Eduardo San Emeterio y quien esto escribe la denunciamos –y, con ella, a la locutora del acto y a los organismos de pseudo derechos humanos firmantes del documento allí leído- por sus dichos en la Plaza de Mayo el 24 de marzo pasado; a más de un mes de haberlas radicado, no hemos sido llamados todavía a ratificar las denuncias, primer paso de la causa penal.
En el otro extremo de ese espectro se encuentran los casi dos mil presos militares, ancianos (el promedio de edad es 76 años), la mayoría sin condena firme y cumpliendo prisiones preventivas que exceden en lustros el máximo legal permitido (dos años, más uno debidamente justificado), que se siguen muriendo en las mazmorras estatales por falta de atención médica adecuada. Acusados por testigos que, cuarenta años después, dicen haber construido colectivamente la memoria y reconocerlos por la voz o por el olor, privados de todo derecho a un juicio justo y víctimas de procesos judiciales amañados, cuatrocientos ya fallecieron (cincuenta lo han hecho desde el 15 de diciembre de 2015) y, naturalmente, el ritmo se incrementará con el mero transcurso del tiempo.
Cuando, muy esporádicamente por cierto, algún tribunal federal les concede el beneficio de la prisión domiciliaria –ayer fue el caso de un preso de 87 años, gravemente enfermo- la mayor parte de las veces no se hace efectivo porque otro tribunal la niega, y la saga continúa. Es que, rápidamente, se alzan los infames pasquines y las radios y canales de televisión que multiplican la vocinglera gritería de esos mismos organismos de pseudo derechos humanos que rechazan la democracia como sistema de vida y piden, a voz en cuello, el derrocamiento del Gobierno.
Nadie se pregunta, tratándose de los “genocidas”, por qué se los mantiene en la cárcel, cuando no pueden alterar las pruebas del proceso ni corren riesgo de fuga. Es que a éstos, la sociedad los ha elegido como únicos receptores de la culpa general de haber llamado a las puertas de los cuarteles para parar el desmadre en que se había convertido el régimen peronista en 1974 y 1975, que amenazaba con despedazar el país.
Ya nadie recuerda –ni quiere hacerlo- cuántos civiles, en especial radicales, actuaron como funcionarios, ministros e intendentes del proceso militar, ni cuántos empresarios, obreros, comerciantes y estudiantes aplaudieron a rabiar a los generales golpistas. Es más cómodo transferir esa responsabilidad a unos pocos y lavar así los pecados colectivos, por más que, cuando la tragedia se produjo, esos pocos fueran extremadamente jóvenes y estuvieran en los grados más bajos del escalafón jerárquico; hasta el lamentable Gral. Milani entra en esta categoría, aunque deba permanecer en la cárcel hasta que sea condenado por ladrón.
Hace un año y medio, Mauricio Macri prometió terminar con lo que él mismo llamó el “curro” de los derechos humanos. Los argentinos, tan golpeados por la gigantesca crisis económica que nos dejó el kirchnerismo, necesitamos saber quién se llevó los más de US$ 2.500 millones en extrañísimas indemnizaciones, cuyos destinatarios el Gobierno aún se niega a revelar.
Argentina se está reinsertando en el mundo, y una prueba de ello será su próxima integración a las grandes mesas de discusión del comercio mundial, en especial en el área del Pacífico, así como la importancia que nuestro país está recuperando en la región, reconocida a través de los viajes presidenciales a China y la visita de grandes personalidades mundiales, como Angela Merkel. Evidentemente, mucho ha cambiado ya y, después de octubre, ese cambio se acelerará, cuando la esperable victoria electoral del Gobierno derrumbe la falsa prudencia de los inversores, sobre todo de nosotros mismos.
Pero debemos recordar que, para que esas esperanzas se transformen en realidades concretas, debemos tener una Justicia independiente, seria, confiable y rápida; con ella, todo será posible pero, sin ella, nada lo será.
Enrique Guillermo Avogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 28, 2017
La contradicción del juez Bonadío alienta al “Argentinazo”
El cambio de rumbo enardeció a los titulares de cuentas de Twitter anti-k, quienes expresaron su disgusto contra el juez federal y aprovecharon la oportunidad para darle más fuerza a una convocatoria en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py.
Los Tweets desbordan las redes haciendo hincapié a partir de la decisión de Bonadio, aunque el hallazgo del cuerpo sin vida de Micaela García también despertó iras. Su asesino es un hombre con antecedentes que, contra otras recomendaciones, fue liberado por un juez de la escuela Zaffaroniana.
Se maneja la hipótesis que una contramarcha para celebrar los 14 años desde la asunción de Néstor Kirchner a la Presidencia, podría efectuarse el mismo día.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 27, 2017
Te cambio figuritas, Cambiemos
“El más terrible de los sentimientos es el de la esperanza perdida”.
Federico García Lorca
Hoy, el mundo está mejor, ya que un canalla, Fidel Castro, finalmente, se fue al infierno anoche. Fue el responsable, con el Che Guevara, de la ola de sangre y fuego que arrasó nuestro continente, y hundió a su país en la miseria durante casi seis décadas. Que Lucifer lo acoja en su seno.
A un año de la asunción de Mauricio Macri, estamos en un momento muy complicado de la economía, a pesar de la merma en la inflación y a conservar el Gobierno elevados índices de aprobación de su gestión, ya que el gasto público continúa en alza, la actividad no arranca, el consumo cae, crece el endeudamiento en pesos y en dólares, el plan de obra pública no avanza y hay una perceptible parálisis en la gestión de la administración pública, producto de la inexperiencia burocrática de los nuevos funcionarios. La presión impositiva bate records históricos y mundiales, y el voraz Estado recaudador y pseudo benefactor frustra la posibilidad de recibir inversiones (en realidad, las ahuyenta) y asfixia las iniciativas, sin ofrecer los servicios y beneficios a los que la población accede en otros países, lo cual la obliga a contratarlos privadamente, duplicando sus costos.
Claro que todos esos males tienen su raíz en décadas de prácticas populistas, que hacen que hoy la Argentina, uno de los territorios del globo más favorecidos -no dije ricos- con recursos naturales, haya construido un núcleo duro de pobreza, por cierto difícilmente erradicable en el corto plazo. Pero no veo aún un plan para terminar con esa situación estableciendo metas más lejanas mediante políticas de estado que incluyan la aplicación de correctivos inmediatos, acompañados por la planificación del futuro a diez, veinte y treinta años.
Una porción importante del gasto público hoy está destinado, como es natural, a atender a las necesidades más urgentes y a paliar la conflictividad social, derivadas de la crisis heredada a la cual no se le encuentra una solución, mediante la masiva distribución de planes sociales; esta misma semana, fue incrementado en $ 30.000 millones. Entre esos planes hay muchas variantes, como la asignación universal por hijo, el trabajo en cooperativas, etc., pero todos tienen defectos remarcables, amén de permitir, por la falta de controles eficientes y por la tercerización de la distribución, la persistencia de nichos de corrupción.
Esos verdaderos subsidios tienen, en verdad, enormes falencias e inconvenientes, ya que no sólo tienden a consolidar la pobreza, manteniendo bajo esa línea a generaciones enteras (los montos no alcanzan para cubrir las necesidades mínimas) sino que, además y ante el riesgo de perder esos “derechos”, aún quienes tienen vocación de trabajar lo hacen “en negro”, incrementando la informalidad de nuestra economía, que ya alcanza al 40%, que no paga impuestos ni cargas sociales. Por otra parte, pensemos en cuántos de esos subsidios -“Argentina Trabaja”, por ejemplo- impiden a quienes acceden a ellos perfeccionarse, en un momento caracterizado, mundialmente, como “el siglo del conocimiento”.
Dado el crítico escenario actual, no resulta lógico pretender que esa asignación de recursos públicos se detenga, ya que quedarían en la más absoluta intemperie los sectores más vulnerables, que generarían comprensibles dificultades a toda la sociedad. Pero sí podemos realizar algunos cambios beneficiosos, ya que algunos de los planes sociales funcionan como verdaderos empleos públicos encubiertos y, en general, resultan innecesarias e inútiles las tareas que se encomiendan: pintadas, cortes de pasto, reparaciones de construcciones, etc..
El progreso tecnológico y la globalización está haciendo que las personas que realizan funciones repetitivas sean reemplazadas por robots, y el mercado laboral impone cada vez mayor perfeccionamiento y especialización a los trabajadores. En la Argentina, hemos visto recientemente insensatas reacciones frente a un futuro que ya está aquí y, nos guste o no, es imparable: el rechazo de los camioneros de Moyano a la distribución electrónica de documentación bancaria, o el de los taxistas de Viviani a aplicaciones como Uber, Easy o Cabify, son algunos ejemplos.
Entonces, al revés de tantos políticos y economistas, propongo al Gobierno que cambiemos algunas figuritas. Sin disminuir en lo inmediato la cantidad de pesos destinados a paliar esta recurrente emergencia, reemplacemos para siempre, en lo social, gasto por inversión. Es decir, sigamos pagando planes, pero que éstos sirvan para transformar no sólo a quienes los reciben sino a la sociedad toda. Me refiero a que el pago de las asignaciones mensuales tenga su correlato en educación pero, en especial, en escuelas técnicas, cualquiera sea el nivel al que cada beneficiario acceda, y se verifique su cumplimiento mediante la permanente evaluación de su rendimiento y su evolución. A pesar de que son obvios los beneficios que este cambio -¿Cambiemos?- traería aparejados, en especial para los llamados “ni-ni”, es decir, para aquéllos que no trabajan ni estudian y que en el Conurbano son legión, tal vez convenga recordarlos.
Facilitaría a los beneficiarios, a través del esfuerzo personal, acceder a trabajos formales y más calificados, con mejores salarios y con protección en materia de salud y de seguros y, sobre todo, recuperar las esperanzas al lograr salir de los asentamientos y villas en los cuales transcurren sus tristísimas vidas. La extensión de un programa como el que propongo servirá, sin duda, también para combatir el flagelo de la drogadicción, que se ha constituido en un trágico refugio para quienes carecen de expectativas, y en ampliar la base de los contribuyentes, lo cual permitiría disminuir la presión impositiva sobre el sector económico registrado.
Para concluir, una breve reflexión ante la desobediencia de la viuda de Kirchner a la citación del Juez Claudio Bonadío para cumplir un trámite obligatorio para todos los procesados. Aquí también me pregunto si no ha llegado la hora de cambiar figuritas porque algo similar ocurrió con Lula quien, intimado a presentarse ante un magistrado, se negó a hacerlo; el Juez Moro ordenó a la Policía su inmediata presentación. Pese a que, sin lugar a dudas, el ex Presidente tiene una popularidad mucho mayor que la viuda de Kirchner, el hecho no produjo incidente alguno en Brasil.
Aquí, jueces y funcionarios se aterran ante la posibilidad de incidentes que, ante una detención de Cristina, podrían generar sus seguidores. En el fondo, ocurre lo mismo con la famosa represión de la “protesta social”, nombre que hemos dado a las constantes interrupciones del tránsito, a los más desaforados agravios a la investidura presidencial y, en general, hasta a las huelgas salvajes de los servicios públicos. Parecen no comprender que esas minorías revoltosas están minando, todos los días, la imagen de un Presidente y de un Poder Judicial que se muestran débiles y temerosos y que, si la impunidad continúa, desaparecerán la gobernabilidad y la paz; en cambio, si ambos cumplen y aplican la ley a rajatabla, sus prestigios subirán como la espuma, impidiendo toda ensoñación golpista.
¡Ojalá Cambiemos acepte cambiar figuritas!
Bs.As., 26 Nov 16
Enrique Guillermo Avogadro