“La democracia de amañada foto cuatrienal y trapicheo constante por debajo de la mesa”.
Lorenzo Silva
La caída, por falta de quórum, de la sesión de Diputados del jueves, que debía discutir los proyectos de ley de “ficha limpia”, además del voto de los argentinos en el exterior, de repitencia delictual y de juicio en ausencia, sin duda justifica el nombre de H° Aguantadero con el que me refiero al Congreso. Pero peor aún fue que confirmó la existencia de un cada vez más oscuro pacto entre el Gobierno y Cristina Fernández, que ensucia los postulados morales que Javier Milei propuso a la sociedad en campaña, que precisamente por ellos lo llevó a la Casa Rosada. Los ocho legisladores libertarios que se ausentaron, sumándose así a los de Unión por la Patria, resultaron cruciales para abortar el progreso de una norma que hubiera impedido a ésta (y a muchos) ser candidata a algún cargo el año próximo.
Ese acuerdo, aunque no se haya firmado, prueba el interés de La Libertad Avanza en mantener como sparring electoral a la aún impune condenada, incurriendo en el mismo error que Mauricio Macri, que causó el regreso del kirchnerismo al poder por cuarta vez cuando, con Alberto Fernández como mascarón de proa y Sergio Massa como Ministro de Economía, nos llevaron al borde del precipicio. Reconozco que, tratándose de alguien tan desprestigiado y devaluado como ella, esa tentación es fuerte, pero subestimarla es, siempre, una equivocación grave ya que ha demostrado, hasta el cansancio, su ductilidad y su hipocresía.
Festejaron los filibusteros del Estado, los terroristas iraníes y los delincuentes comunes habituales, protegidos por una Justicia que, siempre atenta a los vientos que mueven las veletas de la terraza del edificio de Comodoro Py, sede de los tribunales penales federales, sigue exhibiendo su repugnante lenidad – ¡teléfono para Ariel Lijo! – cuando le toca juzgar al poder, permitiendo así a los ladrones la permanencia en sus cargos; sólo el 2% de las causas por corrupción tuvieron sentencia firme en tiempo hábil.
Los enormes latrocinios del kirchnerismo, que ahora La Libertad Avanza pretende olvidar y perdonar por bastarda especulación, han llevado al agraviante 56% de pobreza, a la desmadrada inflación, a la destrucción de la educación, a la proliferación del narcotráfico y del delito y a la inexistencia de redes de agua y gas, de cloacas, de escuelas y hospitales, de rutas seguras, de buenos caminos rurales, de control real de fronteras, de fuerzas armadas y de seguridad eficientes y equipadas y a miles de etcéteras que cualquiera de nosotros puede recordar con horror.
Pero nada de eso impidió que el partido de gobierno cayera en la misma degradación moral que afecta a casi toda la casta política, que concita un enorme repudio en la ciudadanía, haciendo suya aquella frase de Napoleón Bonaparte (“el fin justifica los medios”) en una nota a “El Príncipe”, de Nicolás Maquiavelo, pero eso debiera reconocer límites y todos se superaron para, quizás, lograr objetivos económicos o políticos loables a través de una negociación bajo la mesa. Porque también debo reconocer, como lo he hecho en tantas notas recientes, que Milei ha tenido un fabuloso éxito, resaltado por su velocidad, en la imposición de sus políticas de déficit cero y no emisión monetaria, principios que la sociedad en su conjunto ha internalizado a pesar de los enormes sacrificios que ha debido hacer durante este duro año, tal como prueban todas las encuestas serias.
En otro orden de cosas, me place informar que doce organizaciones, que unificaron su personería jurídica en la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, de la cual soy miembro, ante la manifiesta inacción del Gobierno al respecto, presentaron un habeas corpus correctivo y colectivo, al cual aún se puede adherir a título personal, en nombre de todos los presos políticos (militares, policías, sacerdotes y civiles) detenidos por la Justicia Federal y alojados en cárceles de todo el país que no tienen las condiciones mínimas necesarias para garantizar su salud y su vida, ya que se trata de ancianos con un promedio de edad que supera los 79 años.
La presentación se basó en la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que suscribió la Argentina y tiene aquí rango constitucional. El Juez al que le tocó por sorteo la causa, Martín Yadarola, rechazó de inmediato el pedido, pero la Cámara Penal (Magdalena Laiño y Rodolfo Pociello Argerich), con fecha 23 de noviembre, revocó esa decisión y le ordenó darle trámite y solicitar a los magistrados a cuya disposición se encuentran esos detenidos la información necesaria, con intervención de la Dirección de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
En el marco de la impunidad que se otorga a los delincuentes kirchneristas, sin siquiera imponerles la prisión preventiva que correspondería dado que pueden alterar las pruebas del proceso y tienen claramente riesgo de fuga, resulta repugnante comprobar que durante veinte años los argentinos observamos, en silencio y sin escandalizarnos, cómo se violaban todos los derechos constitucionales de aquéllos sobre los cuales los terroristas más desalmados ejercieron su venganza con la necesaria complicidad de jueces prevaricadores, verdaderos asesinos togados, y fiscales militantes, en juicios amañados, con testigos falsos y confesamente instruidos ad hoc, en los cuales no se respetaron ninguna de las reglas sobre las que se apoya todo el derecho penal de Occidente.
Estamos en 2024, y desde el 10 de diciembre de 2023 nos gobierna JAVIER MILEI como Presidente, y VICTORIA VILLARRUEL, como Vicepresidente con una orientación política totalmente diferente a sus antecesores, que tanto daño han causado a todos los argentinos de bien.
Esto motivó a que el Sub Oficial Principal de la Armada Argentina, licenciado ORLANDO GONZALEZ, con nuevas esperanzas de un mañana mejor, renovara sus esfuerzos a través de su libro ”ATRAPADOS EN LA TELARAÑA JUDICIAL DE COMODORO PY”.
Siendo uno de los tantos imputados por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad, en el mismo a través de sus 842 páginas cuenta y nombra TODO, haciendo que su lectura sea imperdible.
Me parece que el Gobierno padece de dos déficits gemelos: la falta de cuadros experimentados para cubrir los puestos importantes de la administración central (en este campo, la eyección de Osvaldo Giordano de la ANSES fue un gruesísimo error imputable sólo a un irracional rencor) y la demora en activar los procesos por corrupción y la paralela propuesta de modificar el Código de Procedimientos para hacer más veloces los trámites de las causas.
Tenemos que recordar que, como tantas otras cosas que suceden en nuestro excepcional país, aquí se exageran los beneficios a los imputados. Me refiero a que, en el resto del mundo occidental, basta con el “doble conforme” de instancias judiciales para transformar un fallo en “firme” y, así, en inmediatamente aplicable.
Nosotros, sin basamento procesal, también hemos conseguido distorsionar esa norma al convertir a la Corte Suprema en una tercera instancia real, por mucho que los ministros hayan logrado, en tiempos recientes, evitar pronunciarse cuando no se trata de sentencias definitivas que pongan fin al proceso.
Para que quienes no son abogados basta una simple explicación. Cuando de un hecho puede presumirse que se trató de un delito contra la administración pública central, la denuncia correspondiente -sea formulada por un particular o un funcionario, sea por un fiscal- es sorteada y se asigna su investigación a uno de los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, se encuentren en Comodoro Py o en las provincias, y el interés público es representado por un fiscal, a quien muchas veces se delega la investigación.
El proceso comienza, y las resoluciones de ese Juez individual son revisadas por una sala de la Cámara Federal de Apelaciones, compuesta por tres jueces, y allí la representación del Estado es ejercida por otro fiscal.
Al concluir la investigación, el Juez de Primera Instancia resuelve entre sobreseer al acusado, mantenerlo en un limbo jurídico (falta de mérito) o elevar la causa a juicio oral. Quien se sienta perjudicado, se trate del procesado o del fiscal, esa resolución será apelada a la misma Cámara.
En el último caso, se realiza otro sorteo, del cual surgirá el Tribunal Oral Federal (otros tres jueces y otro fiscal) que realizará el juicio propiamente dicho. Las resoluciones que adopte serán revisadas por una Sala de la Cámara Federal de Casación Penal (otros tres jueces y otro fiscal) y, nuevamente, la sentencia que recaiga será apelada a la misma Sala, que dictará la sentencia final.
O sea, para entonces habrán intervenido en el proceso nada menos que diez jueces y cuatro fiscales distintos y, si las dos instancias (Tribunal Oral y Casación) han sido igualmente condenatorias, se contaría con el “doble conforme” que exigen los tratados internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor, y que debiera habilitar el inmediato cumplimiento de la pena impuesta.
Todos esos trámites procesales tienen sus plazos establecidos en el Código de Procedimientos, aunque en general los tribunales son laxos al respeto.
Sin embargo, y como dije antes, los abogados defensores recurren permanentemente y durante todas las instancias previas, a la Corte Suprema, aduciendo que se violan las garantías constitucionales de sus clientes, y el máximo Tribunal no tiene plazos fijados para resolver cada cuestión.
La imprescindible reforma debiera prohibir el acceso a la Corte de todo incidente previo a la sentencia de Casación, y sólo autorizarlo cuando ésta se hubiera apartado de la ley.
Para sintetizar lo expresado, basta con decir que la Suprema Corte de los Estados Unidos sólo trata unos treinta o cuarenta expedientes por año, en cuestiones sumamente trascendentales y de fondo, mientras que su homóloga argentina está abarrotada de procesos, sobre todo de infinidad de causas previsionales, que lógicamente impide que esta resuelva en tiempo razonable.
Este tema es sumamente urgente, puesto que si las más reputadas causas por corrupción que afectan a los jerarcas kirchneristas, sus testaferros, sus cómplices privados, etc., no avanzan con celeridad a la vista de la sociedad, ésta estará menos dispuesta a soportar, con confianza y esperanza, la tan extremadamente difícil situación socio-económica por la que atravesamos y el apoyo que hoy registra Javier Milei, aunque no tenga responsabilidad alguna en el tema, se verá afectado.
Por ahora, y pese a que no lo voté en la primera vuelta electoral, me saco el sombrero ante él, porque ha conseguido expresar tan bien los deseos y las ansias de la mayoría ciudadana de invertir el rumbo de infinita degradación y decadencia que emprendimos, por acción u omisión, hace ya casi ocho décadas.
Espero haber sido claro en este comentario. Hasta el sábado.
¡QUÉ DESILUSIÓN!
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La caída, por falta de quórum, de la sesión de Diputados del jueves, que debía discutir los proyectos de ley de “ficha limpia”, además del voto de los argentinos en el exterior, de repitencia delictual y de juicio en ausencia, sin duda justifica el nombre de H° Aguantadero con el que me refiero al Congreso. Pero peor aún fue que confirmó la existencia de un cada vez más oscuro pacto entre el Gobierno y Cristina Fernández, que ensucia los postulados morales que Javier Milei propuso a la sociedad en campaña, que precisamente por ellos lo llevó a la Casa Rosada. Los ocho legisladores libertarios que se ausentaron, sumándose así a los de Unión por la Patria, resultaron cruciales para abortar el progreso de una norma que hubiera impedido a ésta (y a muchos) ser candidata a algún cargo el año próximo.
Festejaron los filibusteros del Estado, los terroristas iraníes y los delincuentes comunes habituales, protegidos por una Justicia que, siempre atenta a los vientos que mueven las veletas de la terraza del edificio de Comodoro Py, sede de los tribunales penales federales, sigue exhibiendo su repugnante lenidad – ¡teléfono para Ariel Lijo! – cuando le toca juzgar al poder, permitiendo así a los ladrones la permanencia en sus cargos; sólo el 2% de las causas por corrupción tuvieron sentencia firme en tiempo hábil.
Los enormes latrocinios del kirchnerismo, que ahora La Libertad Avanza pretende olvidar y perdonar por bastarda especulación, han llevado al agraviante 56% de pobreza, a la desmadrada inflación, a la destrucción de la educación, a la proliferación del narcotráfico y del delito y a la inexistencia de redes de agua y gas, de cloacas, de escuelas y hospitales, de rutas
seguras, de buenos caminos rurales, de control real de fronteras, de fuerzas armadas y de seguridad eficientes y equipadas y a miles de etcéteras que cualquiera de nosotros puede recordar con horror.
Pero nada de eso impidió que el partido de gobierno cayera en la misma degradación moral que afecta a casi toda la casta política, que concita un enorme repudio en la ciudadanía, haciendo suya aquella frase de Napoleón Bonaparte (“el fin justifica los medios”) en una nota a “El Príncipe”, de Nicolás Maquiavelo, pero eso debiera reconocer límites y todos se superaron para, quizás, lograr objetivos económicos o políticos loables a través de una negociación bajo la mesa. Porque también debo reconocer, como lo he hecho en tantas notas recientes, que Milei ha tenido un fabuloso éxito, resaltado por su velocidad, en la imposición de sus políticas de déficit cero y no emisión monetaria, principios que la sociedad en su conjunto ha internalizado a pesar de los enormes sacrificios que ha debido hacer durante este duro año, tal como prueban todas las encuestas serias.
En otro orden de cosas, me place informar que doce organizaciones, que unificaron su personería jurídica en la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, de la cual soy miembro, ante la manifiesta inacción del Gobierno al respecto, presentaron un habeas corpus correctivo y colectivo, al cual aún se puede adherir a título personal, en nombre de todos los presos políticos (militares, policías, sacerdotes y civiles) detenidos por la Justicia Federal y alojados en cárceles de todo el país que no tienen las condiciones mínimas necesarias para garantizar su salud y su vida, ya que se trata de ancianos con un promedio de edad que supera los 79 años.
En el marco de la impunidad que se otorga a los delincuentes kirchneristas, sin siquiera imponerles la prisión preventiva que correspondería dado que pueden alterar las pruebas del proceso y tienen claramente riesgo de fuga, resulta repugnante comprobar que durante veinte años los argentinos observamos, en silencio y sin escandalizarnos, cómo se violaban todos los derechos constitucionales de aquéllos sobre los cuales los terroristas más desalmados ejercieron su venganza con la necesaria complicidad de jueces prevaricadores, verdaderos asesinos togados, y fiscales militantes, en juicios amañados, con testigos falsos y confesamente instruidos ad hoc, en los cuales no se respetaron ninguna de las reglas sobre las que se apoya todo el derecho penal de Occidente.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401/02
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
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Noviembre 29, 2024
HOY LA TELARAÑA JUDICIAL SIGUE VIGENTE (Con video de 1 minuto)
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Estamos en 2024, y desde el 10 de diciembre de 2023 nos gobierna JAVIER MILEI como Presidente, y VICTORIA VILLARRUEL, como Vicepresidente con una orientación política totalmente diferente a sus antecesores, que tanto daño han causado a todos los argentinos de bien.
Esto motivó a que el Sub Oficial Principal de la Armada Argentina, licenciado ORLANDO GONZALEZ, con nuevas esperanzas de un mañana mejor, renovara sus esfuerzos a través de su libro ”ATRAPADOS EN LA TELARAÑA JUDICIAL DE COMODORO PY”.
Siendo uno de los tantos imputados por los bien o mal llamados delitos de lesa humanidad, en el mismo a través de sus 842 páginas cuenta y nombra TODO, haciendo que su lectura sea imperdible.
PrisioneroEnArgentina.com
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 25, 2024
POST DATA DE… “PERDIDOS EN MARTE”
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Me parece que el Gobierno padece de dos déficits gemelos: la falta de cuadros experimentados para cubrir los puestos importantes de la administración central (en este campo, la eyección de Osvaldo Giordano de la ANSES fue un gruesísimo error imputable sólo a un irracional rencor) y la demora en activar los procesos por corrupción y la paralela propuesta de modificar el Código de Procedimientos para hacer más veloces los trámites de las causas.
Tenemos que recordar que, como tantas otras cosas que suceden en nuestro excepcional país, aquí se exageran los beneficios a los imputados. Me refiero a que, en el resto del mundo occidental, basta con el “doble conforme” de instancias judiciales para transformar un fallo en “firme” y, así, en inmediatamente aplicable.
Nosotros, sin basamento procesal, también hemos conseguido distorsionar esa norma al convertir a la Corte Suprema en una tercera instancia real, por mucho que los ministros hayan logrado, en tiempos recientes, evitar pronunciarse cuando no se trata de sentencias definitivas que pongan fin al proceso.
Para que quienes no son abogados basta una simple explicación. Cuando de un hecho puede presumirse que se trató de un delito contra la administración pública central, la denuncia correspondiente -sea formulada por un particular o un funcionario, sea por un fiscal- es sorteada y se asigna su investigación a uno de los Juzgados de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal, se encuentren en Comodoro Py o en las provincias, y el interés público es representado por un fiscal, a quien muchas veces se delega la investigación.
El proceso comienza, y las resoluciones de ese Juez individual son revisadas por una sala de la Cámara Federal de Apelaciones, compuesta por tres jueces, y allí la representación del Estado es ejercida por otro fiscal.
Al concluir la investigación, el Juez de Primera Instancia resuelve entre sobreseer al acusado, mantenerlo en un limbo jurídico (falta de mérito) o elevar la causa a juicio oral. Quien se sienta perjudicado, se trate del procesado o del fiscal, esa resolución
será apelada a la misma Cámara.
En el último caso, se realiza otro sorteo, del cual surgirá el Tribunal Oral Federal (otros tres jueces y otro fiscal) que realizará el juicio propiamente dicho. Las resoluciones que adopte serán revisadas por una Sala de la Cámara Federal de Casación Penal (otros tres jueces y otro fiscal) y, nuevamente, la sentencia que recaiga será apelada a la misma Sala, que dictará la sentencia final.
O sea, para entonces habrán intervenido en el proceso nada menos que diez jueces y cuatro fiscales distintos y, si las dos instancias (Tribunal Oral y Casación) han sido igualmente condenatorias, se contaría con el “doble conforme” que exigen los tratados internacionales de los cuales nuestro país es suscriptor, y que debiera habilitar el inmediato cumplimiento de la pena impuesta.
Todos esos trámites procesales tienen sus plazos establecidos en el Código de Procedimientos, aunque en general los tribunales son laxos al respeto.
Sin embargo, y como dije antes, los abogados defensores recurren permanentemente y durante todas las instancias previas, a la Corte Suprema, aduciendo que se violan las garantías constitucionales de sus clientes, y el máximo Tribunal no tiene plazos fijados para resolver cada cuestión.
La imprescindible reforma debiera prohibir el acceso a la Corte de todo incidente previo a la sentencia de Casación, y sólo autorizarlo cuando ésta se hubiera apartado de la ley.
Para sintetizar lo expresado, basta con decir que la Suprema Corte de los Estados Unidos sólo trata unos treinta o cuarenta expedientes por año, en cuestiones sumamente trascendentales y de fondo, mientras que su homóloga argentina está abarrotada de procesos, sobre todo de infinidad de causas previsionales, que lógicamente impide que esta resuelva en tiempo razonable.
Este tema es sumamente urgente, puesto que si las más reputadas causas por corrupción que afectan a los jerarcas kirchneristas, sus testaferros, sus cómplices privados, etc., no avanzan con celeridad a la vista de la sociedad, ésta estará menos dispuesta a soportar, con confianza y esperanza, la tan extremadamente difícil situación socio-económica por la que atravesamos y el apoyo que hoy registra Javier Milei, aunque no tenga responsabilidad alguna en el tema, se verá afectado.
Por ahora, y pese a que no lo voté en la primera vuelta electoral, me saco el sombrero ante él, porque ha conseguido expresar tan bien los deseos y las ansias de la mayoría ciudadana de invertir el rumbo de infinita degradación y decadencia que emprendimos, por acción u omisión, hace ya casi ocho décadas.
Espero haber sido claro en este comentario. Hasta el sábado.
Un gran abrazo.
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
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Marzo 13, 2024