Desde que asumió el nuevo gobierno, el Boletín Oficial 12 (Diario Página 12), se ha dedicado sistemáticamente a publicar notas sobre un reclamo de incumplimiento de promesas que habría hecho la dupla presidencial en busca de impunidad para los que ellos llaman “represores” o “genocidas”, que en realidad son imputados o condenados en juicios llamados de lesa humanidad; por parte de abogados defensores y personas vinculadas a la familia militar.
Ya sabemos la clara posición ideológica de quienes escriben en ese y otros medios. Mientras reclaman “juicio y castigo para militares, policías, fuerzas de seguridad y civiles”, suplican la libertad e indulto de Milagros Sala”, o “llaman lawfare a los casos de corrupción más graves de la historia política argentina” o siguen insistiendo con la “mentira” del caso “Maldonado”. Está claro que para estos “muchaches” al amigo todo, al enemigo ni Justicia.
Desde esta humilde columna que tan gentilmente publica esta página Prisionero en Argentina, no se reclama impunidad sino legalidad. Quien escribe lo viene haciendo desde hace tiempo, no de ahora. Este año se cumplirán veinte (20) años en el ejercicio del magisterio de la defensa de militares, policías, gendarmes y civiles en estos juicios de lesa. Siempre fui coherente con mis pensamientos y expresiones.
En absoluto me ha importado que gobierno esté de turno, son absolutamente pasajeros. Si, me importa el pleno respeto del estado de derecho en nuestro país. Así lo vengo reclamando por casi dos décadas, sea a través de un artículo o de los alegatos efectuados en los juicios orales en los me que ha tocado intervenir.
Jamás tuve ni tengo contacto con político alguno. Jamás pedí ni mendigare audiencia o ser recibido por alguno de ellos. Nunca, ninguno -por lo menos a quien escribe- le prometió algo, que dicho sea paso si lo hubiesen hecho no les hubiese creído. Mis expresiones son claras, no me quejo, expongo los hechos. Ellas solo buscan que algún gobierno, independientemente de su color político, tenga la valentía de poner punto final a esta ignominia.
Con gusto les puedo demostrar las aberraciones jurídicas -las cuales son tantas que me llevaría muchos artículos exponerlas- que se cometen en esos juicios, con video y documentación incluida. Pero, indudablemente no aceptan ni quieren escuchar la verdad.
Así, no desvirtúen las cosas ni mal informen. EL ÚNICO FIN QUE SE BUSCA, REITERO UNA VEZ MÁS (A VER SI LA ENTIENDEN), ES QUE SE RESPETEN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DE CUALQUIER CIUDADANO, INCLUIDOS LOS QUE LLAMAN MALINTENCIONADAMENTE GENOCIDAS O REPRESORES. Tal como lo expresó nuestra Suprema Corte, en el antecedente “Alespeiti”, que expone las espurias mentiras que vierten los organismos de derechos humanos al respecto: “Que, finalmente, en línea con lo expresado, cabe poner de manifiesto que la existencia de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino para garantizar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones perpetradas a los derechos humanos, cuya rigurosa observancia no se pone en tela de juicio, debe ser cumplida por los tribunales argentinos sin vulnerar los principios constitucionales de legalidad y debido proceso invocados precedentemente, cuyo incumplimiento también puede acarrear responsabilidad internacional. Los derechos y garantías constitucionales y legales han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes”.
Este es justamente el espíritu que guía las expresiones de quien escribe estas líneas.
Contrariamente a ello, estos periodistas militantes, cegados por su clara ideología, han inventado una categoría de imputados o condenados por las cuales, totalmente fuera de la ley, no tienen derechos ni garantías. Para esta categoría (los de lesa) solo conciben la condena, la cual debe ser perpetua y su fin el castigo, sin ningún otro beneficio (que la ley les acuerda claramente) más que la cárcel común. Para el resto de la sociedad la pena es resocializadora, hay detenciones domiciliarias, excarcelaciones, límites a la duración de la prisión preventiva, libertades condicionales por cumplimiento de 2/3 de la condena y hasta la aplicación irretroactiva de la ley penal.
Bajo estruendosos motes de “genocidas” o “represores” arrasan con la Constitución Nacional y los Códigos de Procedimientos. Anteponen su sectaria doctrina a la razón. Todo avalado por la cobarde complicidad de jueces y políticos, que desean seguir cobrando sus jugosos sueldos en la tranquilidad de NO tener que “aguantar” a los “cuatro que marchan ruidosamente siempre”.
Por supuesto que se debe “terminar con estos infames juicios de lesa”, el pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales y legales así lo imponen. Mal que les pese, el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que “todos los habitantes de este país son iguales ante la ley”, por lo que la Ley les es aplicable indefectiblemente sea militar, policía, ex funcionario K, dirigente social o mapuche. El espurio mote “de lesa” para justificar las arbitrariedades, es tan solo un invento de los derechos humanos para justificar sus atropellos legales.
Por ello escribo. No protesto, no me quejo, ni reclamo nada. No hay otro motivo más que de tratar humildemente de llevar algo de luz ante tanta oscuridad, para conocimiento de la sociedad.
Sera que ello es lo que tanto les molesta y por ellos sus continuas insidiosas difusiones al respecto. Sobre el particular no puedo dejar de mencionar que exigen respeto, pero consienten los agravios, insultos y hasta intimaciones que escriben sus lectores, incluido un amenazante: “Hasta que algún grupo de organización popular decida ponerles bozal, ese que es para toda la eternidad”. Seguramente tienen todos mis datos, sino los pueden obtener de sus fiscales militantes o sus amigos querellantes. Aquí los espero. Como dijo el gran Sarmiento “traigo los puños llenos de verdades”.
Seguiré aunque les irrite, así lo tenga que hacer parado en el banco de una plaza. Preparen más notas, se cansarán de escribir, aún tengo nafta para rato.
El suspendido Juez de Ejecución Penal ONILDO STEMPHELET, quien en Bahía Blanca saltara a la fama luego de fornicar con la paraguaya GATÚBELA, nos sorprende nuevamente. Recordemos que el 15 de mayo pasado, había denunciado verbalmente tras llamar a la policía que aparte de los correspondientes honorarios, esta haciendo honor a su apodo, le había sustraído la suma de 3.000 pesos (70 dólares) y su tarjeta de crédito. Hoy finalmente compareció ante el fiscal MARCELO ROMERO JARDÍN, declarando que más allá de descargar su estrés en el inmueble de la calle Rivadavia 2280, que pensó se trataba de una casa de familia y no un prostíbulo, no cree haber sido víctima de hurto alguno. Con sus dichos se tendría que cerrar la causa por la sustracción y entonces, sí de pleno, se pasaría a investigar exhaustivamente el accionar del personal policial, que concurriera ese día al llamado del togado. Se sospecha que estos solícitos funcionarios habían actuado ilegalmente, al no requerir testigos ni efectivos femeninos, para requisar a la dama de negro y cometer errores burocráticos judiciales. Mientras tanto CATWOMAN desapareció del lugar y de los sitios que solía frecuentar. Así una vez más todo está en manos de otra dama, la implacable Justicia bahiense y los honorables miembros que la componen y representan.
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Julio 01, 2019
“La peor forma de injusticia es la justicia simulada.”
Platón (387 aC-347 aC)
El fiscal Marcelo Romero Jardín sostiene que: “No se dio intervención a la fiscalía en turno, se trataba de un presunto hurto y tenía que intervenir la fiscalía a mi cargo o bien la fiscalía de flagrancia si el delito era flagrante” y agregó: “Desde el inicio el procedimiento fue extraño”. “El domicilio es inviolable por el artículo 18 de nuestra Constitución y el Código Procesal Penal es el que reglamenta en qué casos y con qué elementos el juez va a autorizar el ingreso a la morada”. En cuanto a Stemphelet, expresó: “por la condición de magistrado su situación es complicada”. Si bien no hay imputaciones en su contra, existen actuaciones administrativas que tramita la Suprema Corte.
El ex juez del Superior Tribunal de Justicia Tomás Hutchinson, quien percibe un haber de 273.199 pesos mensuales, demandó a la Caja de Previsión Social de la provincia para elevar esa suma a por lo menos 333.225 pesos.
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El caso de Hutchinson es uno de los más emblemáticos del régimen jubilatorio provincial. El abogado y catedrático del derecho administrativo se jubiló en el 2000, a los 59 años, y había aportado a la Caja Previsional durante apenas cinco años y dos meses.
El juez se acogió a una ley de “jubilación anticipada” que según la dirigencia política de la época fue utilizada para reemplazar a la cúpula judicial de aquella época por magistrados afines al exgobernador peronista Carlos Manfredotti.
“En definitiva, Hutchinson aportó durante 62 meses al sistema, y lleva cobrados 222 meses de jubilación, con lo que ya lleva percibidos diez veces sus aportes a la Caja”, resumió una fuente de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Sin embargo, el exmagistrado no está conforme con su situación previsional porque el sistema fue declarado en “emergencia” a partir de la asunción de la gobernadora justicialista Rosana Bertone, en enero de 2016, debido a que los ingresos ni siquiera alcanzaban para hacer frente a las jubilaciones, que se pagaban en cuotas.
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El ex juez de la Sala Penal de la Cámara en 1999 había sido investigado por el Consejo de la Magistratura, por haber demorado la liberación de dos presos sin condena. En aquel momento admitió que el vencimiento del plazo había operado mientras “trabajaba” en la Biblioteca realizando un estudio para plantear la posibilidad de una Ley de Jubilaciones especial para aquellos que hubieran cumplido cinco años trabajando en la provincia. El proyecto de jubilación anticipada era idéntico al aplicado en la provincia cuatro meses y veinte días antes de la asunción del gobernador Carlos Manfredotti. Luego se benefició con la vigencia del régimen.
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La Jubilación de Manfredotti
Confirmaciones
La Directora por los pasivos Margarita Gallardo confirmó lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en concederle el beneficio de la jubilación retroactivo al año 2007 al Ex gobernador Manfredotti, Gallardo dijo que se trataría de una deuda de aproximadamente 10 millones de pesos,pero que aún están aguardando ser notificados oficialmente del fallo.
Manfredotti había solicitado la jubilación en el marco de la Ley 460 pero le fue rechazada, en su momento, bajo esa modalidad les permitió a un grupo reducido de personas jubilarse con ese beneficio en el cual solo aportaban 5 años a la caja y con eso era suficiente para acogerse al beneficio jubilatorio.
El Ex funcionario inició la demanda contra el Instituto hace siete años y por unanimidad el tribunal falló a favor del mismo intimando al organismo a que se haga efectiva la jubilación denegada por el directorio en 2007, teniendo un plazo de 30 días para otorgarle el beneficio y comenzar con los pagos de los haberes correspondientes.
El abogado patrocinante de Manfredotti es el Dr. Felix Santamaria,” Estamos esperando que el abogado nos brinde mas detalles y se nos notifique del fallo” destacó Gallardo.
Fundamentos del juez Javier Muchnik
Carlos Manfredotti contaba al 24 de marzo de 2004 con 50 años, cuatro meses y diez días de edad (nació el 15/11/1953) y reunía, a esa fecha, 21 años, siete meses y un día de servicios de carácter local. “Si bien a la luz de los cálculos efectuados, el actor no alcanzaría los años de aportes al régimen local que se necesitan para cumplimentar los 25 que exige la Ley 561, tal exigencia debe reputarse acreditada considerando los 4 años de ejercicio como senador (período 1995/1999) contemplados en los totales, de las actuaciones administrativas, en virtud de los cuales Manfredotti representó a la Provincia de Tierra del Fuego, designado por el Poder Legislativo Provincial. Extremo este que evidentemente fue merituado en el mismo sentido por el organismo previsional, al momento de considerar cumplido el requisito”.
Paula Alonso inició la petición La corte suprema de justicia de la Nacion
Que los Jueces de la Corte Suprema no demoren el Juicio a Cristina Fernandez de Kirchner por obra pública en Santa Cruz, y que el mismo se inicie en la fecha prevista para el próximo martes 21 de Mayo de 2019.
El bien merecido desprestigio de nuestra justicia (con minúsculas), ha señalado en las encuestas que el 78% de los argentinos desconfían de esta maltrecha dama. Gracias al accionar corrupto, o con ilimitada desidia o incapacidad de gran parte de sus miembros, más se parece a una real prostituta. Esas mismas encuestas, arrojan que el 89% de la población sostiene que no es igualitaria y que solo favorece a los ricos y poderosos (por supuesto que no gratis). En mis casi 4 años en ilegal prisión preventiva, pasé por las manos de algunos “administradores de justicia”, entre los que se destacaron los afectos al buen libar (ULPIANO MARTINEZ Y CANDISANO MERA), un protector de un prostíbulo Vip (JORGE FERRO). También uno acusado de delitos de lesa humanidad igual que yo, pero él siempre libre (NESTOR MONTEZANTI), y uno vinculado con narcotraficantes (ALEJANDRO CANTARO). Ni hablar de los irresponsables, siempre ausentes o militantes.
UN FISCAL AL BORDE DEL PRECIPICIO
También hay uno que transita por el borde del precipicio y me refiero al fiscal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, a quien “afectuosa” y equivocadamente yo apodara “gato de yeso” (1). Digo equivocadamente, porque van surgiendo novedades que demuestran que este hombre en lo que a intereses y política se refiere, también sabe “ver debajo del agua”. En estos días nos hicieron llegar cuatro muy importantes e interesantes fojas, de una denuncia ante la mentada OFICINA ANTICORRUPCIÓN DE LA NACIÓN que están siendo tratadas en el Juzgado Federal número uno de Bahía Blanca, no sabiendo si para bien o para mal.
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FOJA 3220 – “Como puede verse, la maniobra inicial desplegada por ETCHEGARAY PARA CUBRIR A LAS FIRMAS INVESTIGADAS (QUE INCLUYÓ LA DISOLUCIÓN DE LA Dirección Regional Bahía Blanca y el desplazamiento de CARLOS MARIO BLANCO Supervisor de Fiscalización de la AFIP DGI encargado de la fiscalización de las empresas del grupo SURIS, iberoamericana de Servicios S.A, etc), fue apuntalada con la inacción del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO y – desde el gobierno kirchnerista- con el desplazamiento del Juez Federal Subrogante Dr. SANTIAGO MARTÍNEZ QUIEN FUE EL ÚNICO QUE EN EL PLANO JUDICIAL IMPULSÓ LAS INVESTIGACIONES, PAGANDO UN ALTÍSIMO PRECIO POR ELLO”.
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FOJA 3229 – “En esa causa es visible la connivencia del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, que –por ejemplo- teniendo delegada la investigación, firmó varias disposiciones de medidas de prueba, EXCLUYENDO EXPRESAMENTE AL CONTADOR PUBLICO NACIONAL y SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI, CARLOS MARIO BLANCO, a sabiendas de que él era quien se encontraba en mejores condiciones de analizar la documentación disponible, para evitar de nuevo que pudiera incidir en la fiscalización de estas empresas. Se dice que el Fiscal CASTAÑO –miembro directivo del Club de Fútbol OLIMPO de Bahía Blanca- habría negociado con ETCHEGARAY u otro de la AFIP el “perdón” de una deuda cuantiosa del Club, ofreciendo a cambio el no impulso de la causa de facturas truchas de “SURIS” y otras que fueran de interés al gobierno”.
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Es de fecha día 29 de marzo de 2016 y trata de una RED DE CORRUPCIÓN en la cual estarían involucrados algunos oscuros y conocidos personajes como: ECHEGARAY Ricardo (oriundo de Punta Alta distante 27 kilómetros de Bahía Blanca), BERNI Sergio, SURIS Juan Ignacio, BAEZ Lázaro, RAMOS PADILLA Alejo, KIRCHNER Néstor, Cristina y otros. Se destaca la declaración testimonial de CARLOS MARIO BLANCO, CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI. En sí, una “ensalada rusa de ilustres apellidos” en la que se mezclan grandes intereses económicos, lavado de dinero y narcotráfico. Nada nuevo por supuesto, ya que son hechos a los que estamos acostumbrados en el diario vivir de este territorio llamado Argentina. Y aquí como no podría ser de otra manera, está también mencionado el insigne fiscal federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, el mismo que se entretenía a mis espaldas con su celular mientras yo declaraba intentando que alguien me creyera o prestara atención. Recordar esto me subleva y no trascribiré todos mis pensamientos soeces hacia esta maldita y asesina podredumbre judicial, por respeto a los lectores. Transcribimos dos párrafos de lectura rápida. Las actuaciones recibidas se pueden leer en su totalidad (4 fojas) al pie de la presente nota. Ustedes son libres de interpretarlas y asimilarlas.
Claudio Kussman.
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Junio 24, 2018
“Traficamos con inmundicias y podredumbre. ¡Nuestra entera vida social,
tan floreciente, se funda en una mentira!”
Henrik Ibsen (1828-1906)
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CHUSMERIO DE PROSTÍBULO
El fiscal CASTAÑO como digno y soberbio semidios de la “justicia independiente”, el día 22 de abril del 2016, sumó otro desaguisado que muestra de cuerpo entero lo que es. Aclaremos que concordando con lo expresado en la foja 3229 de la causa que se sustancia en el Juzgado Federal uno, efectivamente se desempeña como vicepresidente primero del Club de fútbol Olimpo de Bahía Blanca.
Esa entidad alquila y tiene una controversia por el arrendamiento de 2 salones con un empresario de la noche llamado OSVALDO CATINI. Este en la fecha más arriba indicada concurrió a Sarmiento 52, junto a la escribana María Mónica Bochile, un patrullero policial y un cerrajero, con una orden judicial para ingresar al inmueble. En esas circunstancias llegó CASTAÑO y tras presentarse como fiscal federal sostuvo una discusión con CATINI en la que le habría manifestado “ya te van a caer”, retirándose del lugar.
El empresario lógicamente tomó esto como una amenaza denunciándolo judicialmente. En definitiva, podríamos decir que el hecho se trató de un “chusmerío de prostíbulo”, nada digno para lo que tendría que ser un alto miembro del poder judicial federal.
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ANTONIO CASTAÑO (GATO DE YESO) Y UNA ESCUCHA TELEFÓNICA
En el año 2014 fue detenido JUAN IGNACIO SURIS el novio de la vedete MÓNICA FARRO acusado por narcotráfico, quien al estar vinculado también a LEONARDO FARIÑA presunto valijero del empresario kirchnerista y LÁZARO BÁEZ, tuvo sus quince minutos de fama.
En octubre de ese año “La Brújula 24”, medio periodístico de Bahía Blanca difundió una grabación de una conversación telefónica entre SURIS y un narco desconocido quien le expresaba: “Fíjate en el 2 si esta CASTAÑO que es amigo personal mío. Si está De la Cruz. Fíjate con quién declaras, acordate el nombre. Fíjate si está Ramón Luaisa, ¿te acordás el gordo Luaisa? El de bigotes”, le dice el anónimo a Suris. Y continúa: “Yo con los federales tengo amistad con todos ahora, estuve esposado pero después todos me ubican por la calle, todos me dieron abrazo y todos me dijeron ‘fue un honor tenerte con nosotros’, así que la onda es la mejor.
Con Castaño estuve laburando hasta el 2010 y te hablo de Antonio Castaño, fiscal federal. No lo tenés vos de casualidad, pero en cualquier momento te puede agarrar el subrogante, por eso te digo que es bueno”. La “justicia” ¡Oh casualidad! con una orden del por entonces juez subrogante ULPIANO MARTINEZ en octubre de 2014, allanó la redacción de La Brújula 24, para impedir la divulgación de esas escuchas a pesar de lo cual luego se difundieron en otros medios del país. Hoy figuran en sitios como: https://www.infobae.com/2014/10/28/1604900-el-audio-que-habria-motivado-el-allanamiento-un-medio-bahia-blanca/ y otros, pero la grabación no funciona.
NO SE BUSCA IMPUNDAD SINO LEGALIDAD
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Desde que asumió el nuevo gobierno, el Boletín Oficial 12 (Diario Página 12), se ha dedicado sistemáticamente a publicar notas sobre un reclamo de incumplimiento de promesas que habría hecho la dupla presidencial en busca de impunidad para los que ellos llaman “represores” o “genocidas”, que en realidad son imputados o condenados en juicios llamados de lesa humanidad; por parte de abogados defensores y personas vinculadas a la familia militar.
Ya sabemos la clara posición ideológica de quienes escriben en ese y otros medios. Mientras reclaman “juicio y castigo para militares, policías, fuerzas de seguridad y civiles”, suplican la libertad e indulto de Milagros Sala”, o “llaman lawfare a los casos de corrupción más graves de la historia política argentina” o siguen insistiendo con la “mentira” del caso “Maldonado”. Está claro que para estos “muchaches” al amigo todo, al enemigo ni Justicia.
Desde esta humilde columna que tan gentilmente publica esta página Prisionero en Argentina, no se reclama impunidad sino legalidad. Quien escribe lo viene haciendo desde hace tiempo, no de ahora. Este año se cumplirán veinte (20) años en el ejercicio del magisterio de la defensa de militares, policías, gendarmes y civiles en estos juicios de lesa. Siempre fui coherente con mis pensamientos y expresiones.
En absoluto me ha importado que gobierno esté de turno, son absolutamente pasajeros. Si, me importa el pleno respeto del estado de derecho en nuestro país. Así lo vengo reclamando por casi dos décadas, sea a través de un artículo o de los alegatos efectuados en los juicios orales en los me que ha tocado intervenir.
Jamás tuve ni tengo contacto con político alguno. Jamás pedí ni mendigare audiencia o ser recibido por alguno de ellos. Nunca, ninguno -por lo menos a quien escribe- le prometió algo, que dicho sea paso si lo hubiesen hecho no les hubiese creído. Mis expresiones son claras, no me quejo, expongo los hechos. Ellas solo buscan que algún gobierno, independientemente de su color político, tenga la valentía de poner punto final a esta ignominia.
Así, no desvirtúen las cosas ni mal informen. EL ÚNICO FIN QUE SE BUSCA, REITERO UNA VEZ MÁS (A VER SI LA ENTIENDEN), ES QUE SE RESPETEN LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y PROCESALES DE CUALQUIER CIUDADANO, INCLUIDOS LOS QUE LLAMAN MALINTENCIONADAMENTE GENOCIDAS O REPRESORES. Tal como lo expresó nuestra Suprema Corte, en el antecedente “Alespeiti”, que expone las espurias mentiras que vierten los organismos de derechos humanos al respecto: “Que, finalmente, en línea con lo expresado, cabe poner de manifiesto que la existencia de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino para garantizar la investigación, el juzgamiento y la sanción de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones perpetradas a los derechos humanos, cuya rigurosa observancia no se pone en tela de juicio, debe ser cumplida por los tribunales argentinos sin vulnerar los principios constitucionales de legalidad y debido proceso invocados precedentemente, cuyo incumplimiento también puede acarrear responsabilidad internacional. Los derechos y garantías constitucionales y legales han sido establecidos para todos, aun para aquellos imputados o condenados por delitos aberrantes. La humanidad contra la cual fueron cometidos estos crímenes exige del Estado de Derecho la necesaria imparcialidad en la aplicación de las leyes”.
Este es justamente el espíritu que guía las expresiones de quien escribe estas líneas.
Contrariamente a ello, estos periodistas militantes, cegados por su clara ideología, han inventado una categoría de imputados o condenados por las cuales, totalmente fuera de la ley, no tienen derechos ni garantías. Para esta categoría (los de lesa) solo conciben la condena, la cual debe ser perpetua y su fin el castigo, sin ningún otro beneficio (que la ley les acuerda claramente) más que la cárcel común. Para el resto de la sociedad la pena es resocializadora, hay detenciones domiciliarias, excarcelaciones, límites a la duración de la prisión preventiva, libertades condicionales por cumplimiento de 2/3 de la condena y hasta la aplicación irretroactiva de la ley penal.
Bajo estruendosos motes de “genocidas” o “represores” arrasan con la Constitución Nacional y los Códigos de Procedimientos. Anteponen su sectaria doctrina a la razón. Todo avalado por la cobarde complicidad de jueces y políticos, que desean seguir cobrando sus jugosos sueldos en la tranquilidad de NO tener que “aguantar” a los “cuatro que
marchan ruidosamente siempre”.
Por supuesto que se debe “terminar con estos infames juicios de lesa”, el pleno respeto a los derechos y garantías constitucionales y legales así lo imponen. Mal que les pese, el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece que “todos los habitantes de este país son iguales ante la ley”, por lo que la Ley les es aplicable indefectiblemente sea militar, policía, ex funcionario K, dirigente social o mapuche. El espurio mote “de lesa” para justificar las arbitrariedades, es tan solo un invento de los derechos humanos para justificar sus atropellos legales.
Por ello escribo. No protesto, no me quejo, ni reclamo nada. No hay otro motivo más que de tratar humildemente de llevar algo de luz ante tanta oscuridad, para conocimiento de la sociedad.
Sera que ello es lo que tanto les molesta y por ellos sus continuas insidiosas difusiones al respecto. Sobre el particular no puedo dejar de mencionar que exigen respeto, pero consienten los agravios, insultos y hasta intimaciones que escriben sus lectores, incluido un amenazante: “Hasta que algún grupo de organización popular decida ponerles bozal, ese que es para toda la eternidad”. Seguramente tienen todos mis datos, sino los pueden obtener de sus fiscales militantes o sus amigos querellantes. Aquí los espero. Como dijo el gran Sarmiento “traigo los puños llenos de verdades”.
Seguiré aunque les irrite, así lo tenga que hacer parado en el banco de una plaza. Preparen más notas, se cansarán de escribir, aún tengo nafta para rato.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 14, 2024
EL JUEZ ONILDO STEMPHELET FAVORECE A “GATUBELA”
LA DAMA DE NEGRO DIJO ADIOS
Por CLAUDIO KUSSMAN
[ezcol_1half]El suspendido Juez de Ejecución Penal ONILDO STEMPHELET, quien en Bahía Blanca saltara a la fama luego de fornicar con la paraguaya GATÚBELA, nos sorprende nuevamente. Recordemos que el 15 de mayo pasado, había denunciado verbalmente tras llamar a la policía que aparte de los correspondientes honorarios, esta haciendo honor a su apodo, le había sustraído la suma de 3.000 pesos (70 dólares) y su tarjeta de crédito. Hoy finalmente compareció ante el fiscal MARCELO ROMERO JARDÍN, declarando que más allá de descargar su estrés en el inmueble de la calle Rivadavia 2280, que pensó se trataba de una casa de familia y no un prostíbulo, no cree haber sido víctima de hurto alguno. Con sus dichos se tendría que cerrar la causa por la sustracción y entonces, sí de pleno, se pasaría a investigar exhaustivamente el accionar del personal policial, que concurriera ese día al llamado del togado. Se sospecha que estos solícitos funcionarios habían actuado ilegalmente, al no requerir testigos ni efectivos femeninos, para requisar a la dama de negro y cometer errores burocráticos judiciales. Mientras tanto CATWOMAN desapareció del lugar y de los sitios que solía frecuentar. Así una vez más todo está en manos de otra dama, la implacable Justicia bahiense y los honorables miembros que la componen y representan.
Claudio Kussman
Interno L.P.U. 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Julio 01, 2019
Platón (387 aC-347 aC)
El fiscal Marcelo Romero Jardín sostiene que: “No se dio intervención a la fiscalía en turno, se trataba de un presunto hurto y tenía que intervenir la fiscalía a mi cargo o bien la fiscalía de flagrancia si el delito era flagrante” y agregó: “Desde el inicio el procedimiento fue extraño”. “El domicilio es inviolable por el artículo 18 de nuestra Constitución y el Código Procesal Penal es el que reglamenta en qué casos y con qué elementos el juez va a autorizar el ingreso a la morada”. En cuanto a Stemphelet, expresó: “por la condición de magistrado su situación es complicada”. Si bien no hay imputaciones en su contra, existen actuaciones administrativas que tramita la Suprema Corte.
Juez suspendido, Onildo Stemphelet
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 1, 2019
Llamado a la solidaridad: Se aceptan donaciones para el pobre juez Hutchinson
El ex juez del Superior Tribunal de Justicia Tomás Hutchinson, quien percibe un haber de 273.199 pesos mensuales, demandó a la Caja de Previsión Social de la provincia para elevar esa suma a por lo menos 333.225 pesos.
[ezcol_3fifth]El caso de Hutchinson es uno de los más emblemáticos del régimen jubilatorio provincial. El abogado y catedrático del derecho administrativo se jubiló en el 2000, a los 59 años, y había aportado a la Caja Previsional durante apenas cinco años y dos meses.
El juez se acogió a una ley de “jubilación anticipada” que según la dirigencia política de la época fue utilizada para reemplazar a la cúpula judicial de aquella época por magistrados afines al exgobernador peronista Carlos Manfredotti.
“En definitiva, Hutchinson aportó durante 62 meses al sistema, y lleva cobrados 222 meses de jubilación, con lo que ya lleva percibidos diez veces sus aportes a la Caja”, resumió una fuente de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Sin embargo, el exmagistrado no está conforme con su situación previsional porque el sistema fue declarado en “emergencia” a partir de la asunción de la gobernadora justicialista Rosana Bertone, en enero de 2016, debido a que los ingresos ni siquiera alcanzaban para hacer frente a las jubilaciones, que se pagaban en cuotas.
El ex juez de la Sala Penal de la Cámara en 1999 había sido investigado por el Consejo de la Magistratura, por haber demorado la liberación de dos presos sin condena. En aquel momento admitió que el vencimiento del plazo había operado mientras “trabajaba” en la Biblioteca realizando un estudio para plantear la posibilidad de una Ley de Jubilaciones especial para aquellos que hubieran cumplido cinco años trabajando en la provincia. El proyecto de jubilación anticipada era idéntico al aplicado en la provincia cuatro meses y veinte días antes de la asunción del gobernador Carlos Manfredotti. Luego se benefició con la vigencia del régimen.
[/ezcol_2fifth_end]La Jubilación de Manfredotti
Confirmaciones
La Directora por los pasivos Margarita Gallardo confirmó lo dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia en concederle el beneficio de la jubilación retroactivo al año 2007 al Ex gobernador Manfredotti, Gallardo dijo que se trataría de una deuda de
aproximadamente 10 millones de pesos,pero que aún están aguardando ser notificados oficialmente del fallo.
Manfredotti había solicitado la jubilación en el marco de la Ley 460 pero le fue rechazada, en su momento, bajo esa modalidad les permitió a un grupo reducido de personas jubilarse con ese beneficio en el cual solo aportaban 5 años a la caja y con eso era suficiente para acogerse al beneficio jubilatorio.
El Ex funcionario inició la demanda contra el Instituto hace siete años y por unanimidad el tribunal falló a favor del mismo intimando al organismo a que se haga efectiva la jubilación denegada por el directorio en 2007, teniendo un plazo de 30 días para otorgarle el beneficio y comenzar con los pagos de los haberes correspondientes.
El abogado patrocinante de Manfredotti es el Dr. Felix Santamaria,” Estamos esperando que el abogado nos brinde mas detalles y se nos notifique del fallo” destacó Gallardo.
Fundamentos del juez Javier Muchnik
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Que la Justicia no evite el juicio oral y publico del 21 de mayo a Cristina Kirchner
Paula Alonso inició la petición La corte suprema de justicia de la Nacion
Que los Jueces de la Corte Suprema no demoren el Juicio a Cristina Fernandez de Kirchner por obra pública en Santa Cruz, y que el mismo se inicie en la fecha prevista para el próximo martes 21 de Mayo de 2019.
No queremos mas impunidad.
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Mayo 15, 2019
LA PODREDUMBRE POLÍTICA Y JUDICIAL FEDERAL EN ARGENTINA
¡AY! CASTAÑO, CASTAÑO
UN FISCAL AL BORDE DEL PRECIPICIO
También hay uno que transita por el borde del precipicio y me refiero al fiscal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, a quien “afectuosa” y equivocadamente yo apodara “gato de yeso” (1). Digo equivocadamente, porque van surgiendo novedades que demuestran que este hombre en lo que a intereses y política se refiere, también sabe “ver debajo del agua”. En estos días nos hicieron llegar cuatro muy importantes e interesantes fojas, de una denuncia ante la mentada OFICINA ANTICORRUPCIÓN DE LA NACIÓN que están siendo tratadas en el Juzgado Federal número uno de Bahía Blanca, no sabiendo si para bien o para mal.
[ezcol_1half]FOJA 3220 – “Como puede verse, la maniobra inicial desplegada por ETCHEGARAY PARA CUBRIR A LAS FIRMAS INVESTIGADAS (QUE INCLUYÓ LA DISOLUCIÓN DE LA Dirección Regional Bahía Blanca y el desplazamiento de CARLOS MARIO BLANCO Supervisor de Fiscalización de la AFIP DGI encargado de la fiscalización de las empresas del grupo SURIS, iberoamericana de Servicios S.A, etc), fue apuntalada con la inacción del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO y – desde el gobierno kirchnerista- con el desplazamiento del Juez Federal Subrogante Dr. SANTIAGO MARTÍNEZ QUIEN FUE EL ÚNICO QUE EN EL PLANO JUDICIAL IMPULSÓ LAS INVESTIGACIONES, PAGANDO UN ALTÍSIMO PRECIO POR ELLO”.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]FOJA 3229 – “En esa causa es visible la connivencia del Fiscal Federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, que –por ejemplo- teniendo delegada la investigación, firmó varias disposiciones de medidas de prueba, EXCLUYENDO EXPRESAMENTE AL CONTADOR PUBLICO NACIONAL y SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI, CARLOS MARIO BLANCO, a sabiendas de que él era quien se encontraba en mejores condiciones de analizar la documentación disponible, para evitar de nuevo que pudiera incidir en la fiscalización de estas empresas. Se dice que el Fiscal CASTAÑO –miembro directivo del Club de Fútbol OLIMPO de Bahía Blanca- habría negociado con ETCHEGARAY u otro de la AFIP el “perdón” de una deuda cuantiosa del Club, ofreciendo a cambio el no impulso de la causa de facturas truchas de “SURIS” y otras que fueran de interés al gobierno”.
[/ezcol_1half_end]Es de fecha día 29 de marzo de 2016 y trata de una RED DE CORRUPCIÓN en la cual estarían involucrados algunos oscuros y conocidos personajes como: ECHEGARAY Ricardo (oriundo de Punta Alta distante 27 kilómetros de Bahía Blanca), BERNI Sergio, SURIS Juan Ignacio, BAEZ Lázaro, RAMOS PADILLA Alejo, KIRCHNER Néstor, Cristina y otros. Se destaca la declaración testimonial de CARLOS MARIO BLANCO, CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN DE LA AFIP DGI. En sí, una “ensalada rusa de ilustres apellidos” en la que se mezclan grandes intereses económicos, lavado de dinero y narcotráfico. Nada nuevo por supuesto, ya que son hechos a los que estamos acostumbrados en el diario vivir de este territorio llamado Argentina. Y aquí como no podría ser de otra manera, está también mencionado el insigne fiscal federal ANTONIO HORACIO CASTAÑO, el mismo que se entretenía a mis espaldas con su celular mientras yo declaraba intentando que alguien me creyera o prestara atención. Recordar esto me subleva y no trascribiré todos mis pensamientos soeces hacia esta maldita y asesina podredumbre judicial, por respeto a los lectores. Transcribimos dos párrafos de lectura rápida. Las actuaciones recibidas se pueden leer en su totalidad (4 fojas) al pie de la presente nota. Ustedes son libres de interpretarlas y asimilarlas.
Claudio Kussman.
Interno L.U.P 345.349
Servicio Penitenciario Federal
Junio 24, 2018
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CHUSMERIO DE PROSTÍBULO
El fiscal CASTAÑO como digno y soberbio semidios de la “justicia independiente”, el día 22 de abril del 2016, sumó otro desaguisado que muestra de cuerpo entero lo que es. Aclaremos que concordando con lo expresado en la foja 3229 de la causa que se sustancia en el Juzgado Federal uno, efectivamente se desempeña como vicepresidente primero del Club de fútbol Olimpo de Bahía Blanca.
Esa entidad alquila y tiene una controversia por el arrendamiento de 2 salones con un empresario de la noche llamado OSVALDO CATINI. Este en la fecha más arriba indicada concurrió a Sarmiento 52, junto a la escribana María Mónica Bochile, un patrullero policial y un cerrajero, con una orden judicial para ingresar al inmueble. En esas circunstancias llegó CASTAÑO y tras presentarse como fiscal federal sostuvo una discusión con CATINI en la que le habría manifestado “ya te van a caer”, retirándose del lugar.
El empresario lógicamente tomó esto como una amenaza denunciándolo judicialmente. En definitiva, podríamos decir que el hecho se trató de un “chusmerío de prostíbulo”, nada digno para lo que tendría que ser un alto miembro del poder judicial federal.
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]ANTONIO CASTAÑO (GATO DE YESO) Y UNA ESCUCHA TELEFÓNICA
En el año 2014 fue detenido JUAN IGNACIO SURIS el novio de la vedete MÓNICA FARRO acusado por narcotráfico, quien al estar vinculado también a LEONARDO FARIÑA presunto valijero del empresario kirchnerista y LÁZARO BÁEZ, tuvo sus quince minutos de fama.
En octubre de ese año “La Brújula 24”, medio periodístico de Bahía Blanca difundió una grabación de una conversación telefónica entre SURIS y un narco desconocido quien le expresaba: “Fíjate en el 2 si esta CASTAÑO que es amigo personal mío. Si está De la Cruz. Fíjate con quién declaras, acordate el nombre. Fíjate si está Ramón Luaisa, ¿te acordás el gordo Luaisa? El de bigotes”, le dice el anónimo a Suris. Y continúa: “Yo con los federales tengo amistad con todos ahora, estuve esposado pero después todos me ubican por la calle, todos me dieron abrazo y todos me dijeron ‘fue un honor tenerte con nosotros’, así que la onda es la mejor.
Con Castaño estuve laburando hasta el 2010 y te hablo de Antonio Castaño, fiscal federal. No lo tenés vos de casualidad, pero en cualquier momento te puede agarrar el subrogante, por eso te digo que es bueno”. La “justicia” ¡Oh casualidad! con una orden del por entonces juez subrogante ULPIANO MARTINEZ en octubre de 2014, allanó la redacción de La Brújula 24, para impedir la divulgación de esas escuchas a pesar de lo cual luego se difundieron en otros medios del país. Hoy figuran en sitios como: https://www.infobae.com/2014/10/28/1604900-el-audio-que-habria-motivado-el-allanamiento-un-medio-bahia-blanca/ y otros, pero la grabación no funciona.
[/ezcol_1half_end]DENUNCIA CONTRA EL FISCAL ANTONIO CASTAÑO
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PrisioneroEnArgentina.com
Junio 24, 2018