En mayo del año 2021, el entonces presidente de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), Sergio Murillo, informaba que ese sector tenía la meta de exportar mil millones de dólares en 2023. Ese objetivo se cumplió en algún momento de noviembre de 2023, según lo confirman las estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua, (BCN), que muestran exportaciones acumuladas por USD 1030.6 millones, al cierre del undécimo mes. Con ese resultado, el oro se convirtió en el primer rubro de exportación nicaragüense que franquea la barrera de los mil millones de dólares en un solo año en el que, de hecho, es muy probable que haya sobrepasado los 1100 millones, lo que se sabrá cuando el BCN confirme las estadísticas del año completo, a mediados de febrero de 2024. Aunque haber sobrepasado esa cifra representa un hito que otros rubros tardarán varios años en alcanzar —el segundo rubro es la carne de res, con USD 626.9 millones, y el tercero el café, con USD 598.3 millones, en un contexto de disminución de los montos exportados—, el alto desempeño del sector genera dudas acerca de cómo pudo crecer tanto la exportación aurífera y, en todo caso, quién se beneficia con que el país obtenga tan altos ingresos.
El economista Enrique Sáenz opina que hay tres grandes ganadores: un grupo de “mafiosos” que estaría aprovechando esa actividad lícita para lavar dinero, a los que supone necesariamente coludido con las altas esferas del régimen. En segundo lugar, a “los que viven de las coimas y de la participación soterrada en el negocio”. En tercero, a las empresas internacionales que integran esa industria. Sáenz señala como “perdedores”, a los trabajadores del sector minero, así como al medio ambiente. Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, añade a los indígenas, cuyos territorios han sido invadidos por mineros artesanales (güiriseros), cuya presencia ha significado la muerte de decenas de integrantes de los pueblos originarios.
2011 fue el primer año en que el país exportó más de trescientos millones de dólares (USD 352.3 millones) y aunque en 2012 y 2013, los ingresos por exportaciones del dorado metal superaron los cuatrocientos millones, la cifra se moderó entre 2014 y 2018, cuando regresó al rango de los 300 millones, hasta que algo pasó en 2019, —quedó al borde de los 500 millones—, llegando a 665, 867 y 927 millones en los tres años siguientes, hasta romper —y superar con creces— la barrera de los mil millones en 2023. Según el economista, la explicación no hay que buscarla en un aumento febril de la actividad de exploración y explotación minera, sino que todo se reduce a que “la mafia en el poder” está exportando más onzas de oro, que las que las minas extraen de la tierra, y reportan al Banco Central. Su tesis —presentada en 2021 por el investigador Douglas Farah— es que ese oro que no se produce en Nicaragua, en realidad llegó al país de forma ilegal, y se exporta como oro nicaragüense, con lo que se estarían cometiendo —al menos— dos delitos a la vez: contrabando y lavado de activos, operación que solo en 2022 habría generado ganancias ilícitas que rondan los 300 millones de dólares. Sáenz destaca que, pese a que las estadísticas oficiales reflejan esa millonaria discrepancia entre la cantidad de onzas troy de oro producido y el número de onzas troy exportadas, ni la Unidad de Análisis Financiero, ni el BCN, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría General de la República se han dado por enteradas, pese a que “ya deberían haber actuado”. Recalca que la comisión de este tipo de ilícitos repercute de manera directa en la reputación y la imagen del país, y se traduce en menor inversión, menor generación de empleos y pago de salarios, y por consiguiente, más pobreza.
Mil cien millones de dólares son más de tres millones de dólares por día. Llueve, truene, o relampaguee; y a pesar de la ingente cantidad de dinero que eso significa, tanto Sáenz como Ruiz destacan que eso no se refleja en una alta generación de empleo. A noviembre de 2023, las empresas del sector minero tenían afiliados a 5855 trabajadores al Seguro Social —dato que se usa como indicativo del empleo formal que genera cada sector—, superando en apenas 229 personas (3.9%), el dato a noviembre de 2022.
El también economista Juan Sebastián Chamorro lo explica recordando que “la minería es una industria con poca intensidad en mano de obra, y mucha intensidad en capital. Esto significa que no desparrama en muchos trabajadores, ni en muchas familias, los beneficios de estas exportaciones récord”. Una fuente de la industria dijo citando un estudio elaborado en 2017 por el economista Néstor Avendaño, que “de cada dólar generado por la industria minera, 66 centavos se quedan en Nicaragua a través de salarios, inversión social, compras locales e impuestos”. “Extraer oro es carísimo, montar plantas para procesarlo como se debe, también. La industria minera formal implementa métodos de trabajo que son caros y complicados. Las empresas responsables dotan a sus mineros con botas de seguridad que pueden costar, mínimo, 50 dólares, —y todo eso es inversión que suma—, mientras que no es raro encontrar a un güirisero trabajando en chinelas”, alegó. Chamorro reconoce las buenas condiciones de seguridad de las empresas mineras formales, porque “sus respectivas sedes cotizan en bolsa, y están sujetas a regulaciones ambientales y laborales bastante estrictas. Hacerlo de otra forma conlleva un castigo en términos del valor de sus acciones en el mercado bursátil”.
A la par, señala que los salarios de algunos operarios es significativamente mayor que el salario promedio que paga la economía. “El problema es que es una industria tan intensiva en capital, que la cantidad de empleo que genera es relativamente poca”, destacando que los beneficios podrían ser mayores, “sobre todo si se tomaran las medidas ambientales apropiadas”. Amaru Ruiz considera que pese a que entre 2010 y noviembre de 2023 se han reportado ingresos por 7162.9 millones de dólares en concepto de exportación de oro, “en el país no hay ningún territorio que podamos decir que… salió de la pobreza o que su desarrollo o sus indicadores de calidad de vida, han subido gracias a la minería”. Al señalar que “no hay una retribución por la ganancia obtenida, ni hay correspondencia entre esa ganancia con el desarrollo de las comunidades y territorios de donde se extrae”, Ruiz destaca cómo se descartan los impactos ambientales y sociales que conlleva la actividad minera, y cómo las mayoría de las empresas no asume su responsabilidad frente a los impactos que generan, ni el Estado se los reclama.
Como ejemplo, cita que luego del derrame de cianuro en Hemco, “no hubo un proceso administrativo para que pagara los daños ambientales… y ni siquiera se conoció el último informe de Hemco sobre su proceso técnico de revisión alrededor de lo sucedido y el impacto generado; ni el Estado ni la Comisión Interinstitucional que se formó, estableció ningún procedimiento administrativo que de oficio, según la legislación, debió establecerse para que la empresa pague los daños y perjuicios, y los pasivos ambientales que generó”. Otros efectos asociados al aumento de la minería son el tráfico de mercurio; los impactos ambientales y sociales en áreas protegidas y en territorio indígena, incluyendo su desplazamiento forzado; el aumento de la conflictividad en zonas de territorio indígena para que mineros artesanales invadan esos territorios y luego los comercialicen a cooperativa o a planteles industriales para que procesen y comercialicen el mineral. “Es una serie de impactos en la dinámica económica que también perjudica a la población, sobre todo la más vulnerable que se encuentra en esos territorios. Por ejemplo: el territorio Tuahka, un territorio miskitu en el Caribe Norte, está 100% concesionado para la minería, sin que todas las comunidades se den cuenta que todo su territorio está concesionado. Eso te demuestra que hay un avance agresivo de la minería”, recalca el ambientalista.
El 19 de septiembre de 2018, la Fiscalía acusó a Amaya Eva Coppens de varios cargos, entre ellos el secuestro, la posesión ilegal de armas de fuego y el terrorismo. Después de nueve días de detención en régimen de incomunicación, a la mujer defensora de los derechos humanos se le permitió recibir una visita de sus padres en la prisión de mujeres “La Esperanza”.
Amaya Eva Coppens es una mujer defensora de los derechos humanos de Nicaragua y Bélgica que desempeñó un papel importante durante las recientes protestas de democratización en Nicaragua. Como líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, defiende el derecho de protesta y, en general, los derechos civiles y políticos de Nicaragua. La estudiante de medicina también es miembro de la asociación de estudiantes “Coordinadora Universitaria Democracia y la Justicia”.
Ese día, el Tribunal Penal del Distrito Capital de Managua celebró la primera audiencia en el caso de Amaya Eva Coppens. Durante la audiencia, la Fiscalía acusó a Amaya Eva Coppens y a otro manifestante, Sergio Midence, de diferentes cargos, entre ellos secuestro, terrorismo, posesión ilegal de armas de fuego, daño psicológico y bloqueo de los servicios públicos. La Fiscalía argumentó que Amaya Eva Coppens y otros miembros del Movimiento Estudiantil del 19 de abril organizaron y llevaron a cabo ataques y actos violentos en las calles de León para intimidar a los ciudadanos nicaragüenses y perturbar el orden constitucional en el país. El juez a cargo del caso ordenó que Amaya Eva Coppens permaneciera en detención preventiva. La próxima audiencia sobre el caso del defensor de los derechos humanos está programada para el 3 de octubre de 2018.
El día de su audiencia, a los padres de Amaya Eva Coppens se les permitió visitarla en la prisión de “La Esperanza”, donde permanece detenida. Había estado recluida en régimen de incomunicación durante nueve días, antes de ser presentada en el tribunal.
Existe en Nicaragua mucha preocupación por el patrón de criminalización contra los defensores de derechos humanos, como Amaya Eva Coppens y otros líderes estudiantiles en Nicaragua, ya que la organización cree que esto está motivado únicamente por el trabajo legítimo y pacífico de los defensores. Front Line Defenders exhorta a las autoridades de Nicaragua a liberar de inmediato y sin condiciones a Amaya Eva Coppens, a otros defensores de los derechos humanos y líderes estudiantiles que permanecen detenidos, y retirar todos los cargos en su contra.
El gobierno de Bélgica expresó por medio de su canciller, Didier Reynders, que “sigue muy de cerca” el caso de la estudiante Amaya Eva Coppens , la joven belga-nicaragüense que es una de las líderes del movimiento universitario que mantiene sus protestas contra el régimen de Daniel Ortega y que fue detenida este lunes en León.
Coppens, de padre belga y madre nicaragüense, fue presentada este miércoles por la Policía Nacional. Le acusan de varios delitos entre ellos de “terrorismo”.
Reportes que recogen las declaraciones brindadas por el canciller Reynders a la televisión pública francesa, asegura el gobierno de Bélgica se pondría en contacto con Managua para abordar este caso. “Si no lo logramos (…) en los próximos días, contactaré evidentemente con mi homólogo nicaragüense durante la Asamblea General de Naciones Unidas”, prevista en Nueva York a finales de mes.
El presidente designado Daniel Ortega tiene previsto asistir a la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas prevista a realizarse en Nueva York el próximo 26 de septiembre, en un regreso a este evento luego de once años de ausencia, en un momento en el que el líder centroamericano sufre acusaciones de pedofilia, corrupción y asesinatos.
Coppens, estudiante de quinto año de Medicina, fue capturada ilegalmente por manifestarse contra el gobierno de Daniel Ortega y exigir la autonomía universitaria. Según testigos, unos 20 hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda donde se encontraba Coppens y la detuvieron junto a otro joven identificado como Sergio Midence Delgadillo.
Hasta la fecha, no hay canciones urgentes para Nicaragua… ni declaraciones de Silvio Rodríguez…
300 personas han muerto en el contexto de la crisis en Nicaragua, que tiene 105 días, según datos compartidos por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
De acuerdo con el informe, unas 2,921 personas han resultado heridas en las protestas y en los actos violentos posteriores.
De ese total, un 90% falleció por heridas de bala en el pecho, cabeza, abdomen o espalda, indicó Denis Darce, funcionario de la CPDH, durante una conferencia de prensa en la cual se presentó el informe preliminar de datos entre el 18 de abril y el 30 de julio.
El día más mortal en los últimos tres meses fue el 8 de julio, cuando se reportaron los ataques en Carazo y Masaya en contra de los manifestantes que estaban en los tranques y resultaron fallecidas 19 personas.
En muchos de los 1,250 casos de personas que han sido detenidas ilegalmente se han denunciado torturas, violaciones y amenazas, agregó el funcionario.
La población de Masaya realizó hoy una nueva manifestación contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien exigen su renuncia por actos de represión que han resultado en la muerte de al menos 310 personas en el país.
Cientos de pobladores se reunieron hoy en las calles del barrio indígena de Monimbó para mostrar su rechazo al Gobierno de Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
“Tenemos que estar unidos más que nunca, aunque nos maten, aunque nos quemen nuestras casas, hoy más que nunca el pueblo grita justicia”, dijo el líder de los manifestantes de Masaya, Yubrank Suazo, a periodistas.
Los manifestantes, en su mayoría pobladores de Monimbó, dedicaron a las autoridades gubernamentales consignas como “¡Asesinos!”, “¡De que se van, se van!”, o “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, y gritaron los nombres de cada vecino fallecido a manos de las “fuerzas combinadas” del Gobierno.
El ambiente en Monimbó es especialmente tenso, debido a que su población impidió esta semana que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) celebrara el aniversario número 39 del “repliegue”, una de las fiestas más importantes del sandinismo, que cada año presidía Ortega en el barrio indígena, sin interrupción.
“El pueblo decretó que Ortega no entraba a Masaya y se cumplió”, afirmó Suazo.
Mientras la marcha se desarrollaba, vecinos de Masaya reportaron el despliegue de grupos policiales y parapoliciales alrededor de la ciudad, ubicada 29 kilómetros al sureste de Managua.
“Dicen que dan paz, pero lo que nos dan son balas”, se quejó el líder de los manifestantes de Masaya.
Los organizadores de la marcha no registraron incidentes durante la misma.
Nicaragua lleva más de dos meses envuelta en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.
Después de Managua, que cuenta al menos 153 víctimas mortales a causa de la crisis, Masaya es la más afectada, con 35 decesos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
La violencia política de la policía y los matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular los estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable. El secretario Mike Pompeo decidió hoy imponer restricciones a la visa de Estados Unidos a las personas responsables de abusos contra los derechos humanos o de socavar la democracia en Nicaragua.
Las personas afectadas incluyen oficiales de la Policía Nacional, funcionarios del gobierno municipal y un funcionario del Ministerio de Salud, específicamente aquellos que dirigen o supervisan la violencia contra otros que ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, socavando así la democracia nicaragüense. Estos funcionarios han operado con impunidad en todo el país, incluso en Managua, León, Estelí y Matagalpa. En ciertas circunstancias, los miembros de la familia de esas personas también estarán sujetos a restricciones de visa.
No identificaremos públicamente a estas personas debido a las leyes de confidencialidad de visas de EE. UU., Pero estamos enviando un mensaje claro de que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos.
Enfatizamos que la acción que estamos anunciando hoy es específica para ciertos funcionarios y no dirigida al pueblo nicaragüense. Continuaremos monitoreando la situación y tomaremos medidas adicionales según sea necesario. Estados Unidos sigue pidiendo el fin de la violencia y apoya las negociaciones pacíficas para poner fin a esta crisis.
Unas treinta personas, según información de medios locales, han fallecido en los cuatro días de violentas protestas continuas que vive el país desde el miércoles pasado. Armados con bombas molotov y rudimentarios morteros, miles de manifestantes se enfrentaron otra vez el fin de semana contra efectivos de la policía antidisturbios en una nueva y sangrienta jornada de rechazo a la reforma del sistema de seguridad social patrocinada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Entre las víctimas se encuentra Ángel Gahona, un periodista nicaragüense que falleció de un disparo mientras transmitía en vivo los disturbios. Gahona narraba los destrozos ocurridos en comercios tras varios días de protestas, cuando se oye un disparo, el reportero enmudeció y se desplomó contra el suelo.
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Los manifestantes son ciudadanos de todo tipo. Jóvenes, mayores, hombres y mujeres que están en contra del plan presentado el pasado 16 de abril para reformar el sistema de seguridad social. La norma busca obtener más contribuciones de trabajadores y empresarios y, a su vez, reduce las pensiones que cobran los jubilados. Concretamente, el gobierno quiere que los trabajadores pasen a aportar de un 6,25% a un 7% de su salario a la seguridad social. Por otro lado, los empresarios deberán pagar de un 19% a un 22,5% por el salario de sus empleados, mientras que los jubilados verían una reducción del 5% en su pensión. Estas medidas cuentan con el apoyo del Fondo Monetario Internacional para evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
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Sin embargo, la reforma ha puesto en contra de Ortega, de 72 años, a dos sectores sociales entre los que el presidente era especialmente popular: estudiantes de universidades públicas y empresarios. De hecho, las primeras manifestaciones lograron recabar un fuerte apoyo de los estudiantes de universidad pública y, a su vez, los empleadores han respondido a la propuesta de Ortega con la convocatoria de una protesta pacífica para el lunes a través del Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal organización de empresarios de Nicaragua.
Varias marchas se han realizado de manera pacífica y en ellas han participado mujeres y personas mayores. Sin embargo, muchas han evolucionado en violentas protestas en las que sobre todo participan hombres jóvenes y de mediana edad. Con la cara cubierta con pañuelos, para reducir los efectos del gas lacrimógeno que lanza la policía, y con cascos de moto para proteger la cabeza, los manifestantes se han enfrentado con los antidisturbios no sólo en Managua, la capital, sino también en la mayoría de las principales ciudades del país centroamericano, un combate que ha provocado además cientos de saqueos y actos de vandalismo en comercios y edificios públicos.
La situación es de tal gravedad que incluso el Papa Francisco ha pedido a ambas partes que cesen las hostilidades y que busquen una resolución pacífica al conflicto. En ese aspecto, Ortega realizó un comunicado el sábado para pedir a los manifestantes que cesaran en sus protestas y tendió la mano a abrir unas negociaciones sobre la reforma de las pensiones, una oferta que los empresarios han rechazado hasta que no se frene la represión. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado al presidente a que frene los ataques contra los manifestantes como medida para reprimir las protestas.
Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Aproximadamente el 45% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 8% está en extrema pobreza. Se trata de un estado asolado por la violencia de las «maras», las pandillas, y el narcotráfico en el que más del 70% de los trabajos se realizan con pagos “bajo escritorio”, lo que merma significativamente la capacidad de recaudación de impuestos para poder financiar el presupuesto del gobierno.
La situación política se ha deteriorado de manera notable desde que en 2016 Ortega fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, algo inusual en América Latina donde en pocos países existe la posibilidad para ser elegido por un segundo término. De hecho, ganó sus primeras elecciones en 1984 y, posteriormente, volvió a ganar los comicios en 2007 y es presidente del país desde ese año. Sin embargo, las elecciones fueron especialmente polémicas en 2016 porque a pesar de que recabó un 72,1% de los votos, el principal líder de la oposición fue descalificado por el organismo electoral, lo que dejó los comicios huérfanos de un candidato que pudiera arrebatar a Ortega la presidencia y generó diversas acusaciones de fraude.
¿Dónde está el dinero? Nicaragua exportó más de USD 1000 millones en oro
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El economista Enrique Sáenz opina que hay tres grandes ganadores: un grupo de “mafiosos” que estaría aprovechando esa actividad lícita para lavar dinero, a los que supone necesariamente coludido con las altas esferas del régimen. En segundo lugar, a “los que viven de las coimas y de la participación soterrada en el negocio”. En tercero, a las empresas internacionales que integran esa industria. Sáenz señala como “perdedores”, a los trabajadores del sector minero, así como al medio ambiente. Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, añade a los indígenas, cuyos territorios han sido invadidos por mineros artesanales (güiriseros), cuya presencia ha significado la muerte de decenas de integrantes de los pueblos originarios.
2011 fue el primer año en que el país exportó más de trescientos millones de dólares (USD 352.3 millones) y aunque en 2012 y 2013, los ingresos por exportaciones del dorado metal superaron los cuatrocientos millones, la cifra se moderó entre 2014 y 2018, cuando regresó al rango de los 300 millones, hasta que algo pasó en 2019, —quedó al borde de los 500 millones—, llegando a 665, 867 y 927 millones en los tres años siguientes, hasta romper —y superar con creces— la barrera de los mil millones en 2023. Según el economista, la explicación no hay que buscarla en un aumento febril de la actividad de exploración y explotación minera, sino que todo se reduce a que “la mafia en el poder” está exportando más onzas de oro, que las que las minas extraen de la tierra, y reportan al Banco Central. Su tesis —presentada en 2021 por el investigador Douglas Farah— es que ese oro que no se produce en Nicaragua, en realidad llegó al país de forma ilegal, y se exporta como oro nicaragüense, con lo que se estarían cometiendo —al menos— dos delitos a la vez: contrabando y lavado de activos, operación que solo en 2022 habría generado ganancias ilícitas que rondan los 300 millones de dólares. Sáenz destaca que, pese a que las estadísticas oficiales reflejan esa millonaria discrepancia entre la cantidad de onzas troy de oro producido y el número de onzas troy exportadas, ni la Unidad de Análisis Financiero, ni el BCN, ni el Ministerio Público, ni la Contraloría General de la República se han dado por enteradas, pese a que “ya deberían haber actuado”. Recalca que la comisión de este tipo de ilícitos repercute de manera directa en la reputación y la imagen del país, y se traduce en menor inversión, menor generación de empleos y pago de salarios, y por consiguiente, más pobreza.
Mil cien millones de dólares son más de tres millones de dólares por día. Llueve, truene, o relampaguee; y a pesar de la ingente cantidad de dinero que eso significa, tanto Sáenz como Ruiz destacan que eso no se refleja en una alta generación de empleo. A noviembre de 2023, las empresas del sector minero tenían afiliados a 5855 trabajadores al Seguro Social —dato que se usa como indicativo del empleo formal que genera cada sector—, superando en apenas 229 personas (3.9%), el dato a noviembre de 2022.
El también economista Juan Sebastián Chamorro lo explica recordando que “la minería es una industria con poca intensidad en mano de obra, y mucha intensidad en capital. Esto significa que no desparrama en muchos trabajadores, ni en muchas familias, los beneficios de estas exportaciones récord”. Una fuente de la industria dijo citando un estudio elaborado en 2017 por el economista Néstor Avendaño, que “de cada dólar generado por la industria minera, 66 centavos se quedan en Nicaragua a través de salarios, inversión social, compras locales e impuestos”. “Extraer oro es carísimo, montar plantas para procesarlo como se debe, también. La industria minera formal implementa métodos de trabajo que son caros y complicados. Las empresas responsables dotan a sus mineros con botas de seguridad que pueden costar, mínimo, 50 dólares, —y todo eso es inversión que suma—, mientras que no es raro encontrar a un güirisero trabajando en chinelas”, alegó. Chamorro reconoce las buenas condiciones de seguridad de las empresas mineras formales, porque “sus respectivas sedes cotizan en bolsa, y están sujetas a regulaciones ambientales y laborales bastante estrictas. Hacerlo de otra forma conlleva un castigo en términos del valor de sus acciones en el mercado bursátil”.
A la par, señala que los salarios de algunos operarios es significativamente mayor que el salario promedio que paga la economía. “El problema es que es una industria tan intensiva en capital, que la cantidad de empleo que genera es relativamente poca”, destacando que los beneficios podrían ser mayores, “sobre todo si se tomaran las medidas ambientales apropiadas”. Amaru Ruiz considera que pese a que entre 2010 y noviembre de 2023 se han reportado ingresos por 7162.9 millones de dólares en concepto de exportación de oro, “en el país no hay ningún territorio que podamos decir que… salió de la pobreza o que su desarrollo o sus indicadores de calidad de vida, han subido gracias a la minería”. Al señalar que “no hay una retribución por la ganancia obtenida, ni hay correspondencia entre esa ganancia con el desarrollo de las comunidades y territorios de donde se extrae”, Ruiz destaca cómo se descartan los impactos ambientales y sociales que conlleva la actividad minera, y cómo las mayoría de las empresas no asume su responsabilidad frente a los impactos que generan, ni el Estado se los reclama.
Como ejemplo, cita que luego del derrame de cianuro en Hemco, “no hubo un proceso administrativo para que pagara los daños ambientales… y ni siquiera se conoció el último informe de Hemco sobre su proceso técnico de revisión alrededor de lo sucedido y el impacto generado; ni el Estado ni la Comisión Interinstitucional que se formó, estableció ningún procedimiento administrativo que de oficio, según la legislación, debió establecerse para que la empresa pague los daños y perjuicios, y los pasivos ambientales que generó”. Otros efectos asociados al aumento de la minería son el tráfico de mercurio; los impactos ambientales y sociales en áreas protegidas y en territorio indígena, incluyendo su desplazamiento forzado; el aumento de la conflictividad en zonas de territorio indígena para que mineros artesanales invadan esos territorios y luego los comercialicen a cooperativa o a planteles industriales para que procesen y comercialicen el mineral. “Es una serie de impactos en la dinámica económica que también perjudica a la población, sobre todo la más vulnerable que se encuentra en esos territorios. Por ejemplo: el territorio Tuahka, un territorio miskitu en el Caribe Norte, está 100% concesionado para la minería, sin que todas las comunidades se den cuenta que todo su territorio está concesionado. Eso te demuestra que hay un avance agresivo de la minería”, recalca el ambientalista.
PrisioneroEnArgentina.com
Enero 23, 2024
AMAYA, Nicaragua Herida
El 19 de septiembre de 2018, la Fiscalía acusó a Amaya Eva Coppens de varios cargos, entre ellos el secuestro, la posesión ilegal de armas de fuego y el terrorismo. Después de nueve días de detención en régimen de incomunicación, a la mujer defensora de los derechos humanos se le permitió recibir una visita de sus padres en la prisión de mujeres “La Esperanza”.
Amaya Eva Coppens es una mujer defensora de los derechos humanos de Nicaragua y Bélgica que desempeñó un papel importante durante las recientes protestas de democratización en Nicaragua. Como líder del Movimiento Estudiantil 19 de Abril, defiende el derecho de protesta y, en general, los derechos civiles y políticos de Nicaragua. La estudiante de medicina también es miembro de la asociación de estudiantes “Coordinadora Universitaria Democracia y la Justicia”.
El día de su audiencia, a los padres de Amaya Eva Coppens se les permitió visitarla en la prisión de “La Esperanza”, donde permanece detenida. Había estado recluida en régimen de incomunicación durante nueve días, antes de ser presentada en el tribunal.
Existe en Nicaragua mucha preocupación por el patrón de criminalización contra los defensores de derechos humanos, como Amaya Eva Coppens y otros líderes estudiantiles en Nicaragua, ya que la organización cree que esto está motivado únicamente por el trabajo legítimo y pacífico de los defensores. Front Line Defenders exhorta a las autoridades de Nicaragua a liberar de inmediato y sin condiciones a Amaya Eva Coppens, a otros defensores de los derechos humanos y líderes estudiantiles que permanecen detenidos, y retirar todos los cargos en su contra.
El gobierno de Bélgica expresó por medio de su canciller, Didier Reynders, que “sigue muy de cerca” el caso de la estudiante Amaya Eva Coppens , la joven belga-nicaragüense que es una de las líderes del movimiento universitario que mantiene sus protestas contra el régimen de Daniel Ortega y que fue detenida este lunes en León.
Coppens, de padre belga y madre nicaragüense, fue presentada este miércoles por la Policía Nacional. Le acusan de varios delitos entre ellos de “terrorismo”.
Reportes que recogen las declaraciones brindadas por el canciller Reynders a la televisión pública francesa, asegura el gobierno de Bélgica se pondría en contacto con Managua para abordar este caso. “Si no lo logramos (…) en los próximos días, contactaré evidentemente con mi homólogo nicaragüense durante la Asamblea General de Naciones Unidas”, prevista en Nueva York a finales de mes.
El presidente designado Daniel Ortega tiene previsto asistir a la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas prevista a realizarse en Nueva York el próximo 26 de septiembre, en un regreso a este evento luego de once años de ausencia, en un momento en el que el líder centroamericano sufre acusaciones de pedofilia, corrupción y asesinatos.
Coppens, estudiante de quinto año de Medicina, fue capturada ilegalmente por manifestarse contra el gobierno de Daniel Ortega y exigir la autonomía universitaria. Según testigos, unos 20 hombres encapuchados irrumpieron en la vivienda donde se encontraba Coppens y la detuvieron junto a otro joven identificado como Sergio Midence Delgadillo.
Hasta la fecha, no hay canciones urgentes para Nicaragua… ni declaraciones de Silvio Rodríguez…
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 2, 2018
Nicaragua: 300 muertes en 100 días
300 personas han muerto en el contexto de la crisis en Nicaragua, que tiene 105 días, según datos compartidos por la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
De acuerdo con el informe, unas 2,921 personas han resultado heridas en las protestas y en los actos violentos posteriores.
De ese total, un 90% falleció por heridas de bala en el pecho, cabeza, abdomen o espalda, indicó Denis Darce, funcionario de la CPDH, durante una conferencia de prensa en la cual se presentó el informe preliminar de datos entre el 18 de abril y el 30 de julio.
El día más mortal en los últimos tres meses fue el 8 de julio, cuando se reportaron los ataques en Carazo y Masaya en contra de los manifestantes que estaban en los tranques y resultaron fallecidas 19 personas.
En muchos de los 1,250 casos de personas que han sido detenidas ilegalmente se han denunciado torturas, violaciones y amenazas, agregó el funcionario.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 31, 2018
Más protestas en Nicaragua contra Daniel Ortega
La población de Masaya realizó hoy una nueva manifestación contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien exigen su renuncia por actos de represión que han resultado en la muerte de al menos 310 personas en el país.
Cientos de pobladores se reunieron hoy en las calles del barrio indígena de Monimbó para mostrar su rechazo al Gobierno de Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
“Tenemos que estar unidos más que nunca, aunque nos maten, aunque nos quemen nuestras casas, hoy más que nunca el pueblo grita justicia”, dijo el líder de los manifestantes de Masaya, Yubrank Suazo, a periodistas.
El ambiente en Monimbó es especialmente tenso, debido a que su población impidió esta semana que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) celebrara el aniversario número 39 del “repliegue”, una de las fiestas más importantes del sandinismo, que cada año presidía Ortega en el barrio indígena, sin interrupción.
“El pueblo decretó que Ortega no entraba a Masaya y se cumplió”, afirmó Suazo.
Mientras la marcha se desarrollaba, vecinos de Masaya reportaron el despliegue de grupos policiales y parapoliciales alrededor de la ciudad, ubicada 29 kilómetros al sureste de Managua.
“Dicen que dan paz, pero lo que nos dan son balas”, se quejó el líder de los manifestantes de Masaya.
Los organizadores de la marcha no registraron incidentes durante la misma.
Nicaragua lleva más de dos meses envuelta en la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Ortega como presidente.
Después de Managua, que cuenta al menos 153 víctimas mortales a causa de la crisis, Masaya es la más afectada, con 35 decesos.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 7, 2018
COMUNICADO DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Restricciones de visas contra personas involucradas en abusos contra los derechos humanos o socavando la democracia en Nicaragua
Las personas afectadas incluyen oficiales de la Policía Nacional, funcionarios del gobierno municipal y un funcionario del Ministerio de Salud, específicamente aquellos que dirigen o supervisan la violencia contra otros que ejercen sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, socavando así la democracia nicaragüense. Estos funcionarios han operado con impunidad en todo el país, incluso en Managua, León, Estelí y Matagalpa. En ciertas circunstancias, los miembros de la familia de esas personas también estarán sujetos a restricciones de visa.
No identificaremos públicamente a estas personas debido a las leyes de confidencialidad de visas de EE. UU., Pero estamos enviando un mensaje claro de que los abusadores de los derechos humanos y aquellos que socavan la democracia no son bienvenidos en los Estados Unidos.
Enfatizamos que la acción que estamos anunciando hoy es específica para ciertos funcionarios y no dirigida al pueblo nicaragüense. Continuaremos monitoreando la situación y tomaremos medidas adicionales según sea necesario. Estados Unidos sigue pidiendo el fin de la violencia y apoya las negociaciones pacíficas para poner fin a esta crisis.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 7, 2018
Crece la tensión entre los protestantes y el gobierno de Nicaragua.
Unas treinta personas, según información de medios locales, han fallecido en los cuatro días de violentas protestas continuas que vive el país
desde el miércoles pasado. Armados con bombas molotov y rudimentarios morteros, miles de manifestantes se enfrentaron otra vez el fin de semana contra efectivos de la policía antidisturbios en una nueva y sangrienta jornada de rechazo a la reforma del sistema de seguridad social patrocinada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.
Entre las víctimas se encuentra Ángel Gahona, un periodista nicaragüense que falleció de un disparo mientras transmitía en vivo los disturbios. Gahona narraba los destrozos ocurridos en comercios tras varios días de protestas, cuando se oye un disparo, el reportero enmudeció y se desplomó contra el suelo.
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Los manifestantes son ciudadanos de todo tipo. Jóvenes, mayores, hombres y mujeres que están en contra del plan presentado el pasado 16 de abril para reformar el sistema de seguridad social. La norma busca obtener más contribuciones de trabajadores y empresarios y, a su vez, reduce las pensiones que cobran los jubilados. Concretamente, el gobierno quiere que los trabajadores pasen a aportar de un 6,25% a un 7% de su salario a la seguridad social. Por otro lado, los empresarios deberán pagar de un 19% a un 22,5% por el salario de sus empleados, mientras que los jubilados verían una reducción del 5% en su pensión. Estas medidas cuentan con el apoyo del Fondo Monetario Internacional para evitar la quiebra del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)
[/ezcol_1half_end]Sin embargo, la reforma ha puesto en contra de Ortega, de 72 años, a dos sectores sociales entre los que el presidente era especialmente popular: estudiantes de universidades públicas y empresarios. De hecho, las primeras manifestaciones lograron recabar un fuerte apoyo de los
estudiantes de universidad pública y, a su vez, los empleadores han respondido a la propuesta de Ortega con la convocatoria de una protesta pacífica para el lunes a través del Consejo Superior de la Empresa Privada, la principal organización de empresarios de Nicaragua.
Varias marchas se han realizado de manera pacífica y en ellas han participado mujeres y personas mayores. Sin embargo, muchas han evolucionado en violentas protestas en las que sobre todo participan hombres jóvenes y de mediana edad. Con la cara cubierta con pañuelos, para reducir los efectos del gas lacrimógeno que lanza la policía, y con cascos de moto para proteger la cabeza, los manifestantes se han enfrentado con los antidisturbios no sólo en Managua, la capital, sino también en la mayoría de las principales ciudades del país centroamericano, un combate que ha provocado además cientos de saqueos y actos de vandalismo en comercios y edificios públicos.
La situación es de tal gravedad que incluso el Papa Francisco ha pedido a ambas partes que cesen las hostilidades y que busquen una resolución pacífica al conflicto. En ese aspecto, Ortega realizó un comunicado el sábado para pedir a los manifestantes que cesaran en sus protestas y tendió
la mano a abrir unas negociaciones sobre la reforma de las pensiones, una oferta que los empresarios han rechazado hasta que no se frene la represión. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha instado al presidente a que frene los ataques contra los manifestantes como medida para reprimir las protestas.
Nicaragua es el segundo país más pobre de América Latina después de Haití. Aproximadamente el 45% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 8% está en extrema pobreza. Se trata de un estado asolado por la violencia de las «maras», las pandillas, y el narcotráfico en el que más del 70% de los trabajos se realizan con pagos “bajo escritorio”, lo que merma significativamente la capacidad de recaudación de impuestos para poder financiar el presupuesto del gobierno.
La situación política se ha deteriorado de manera notable desde que en 2016 Ortega fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, algo inusual en América Latina donde en pocos países existe la posibilidad para ser elegido por un segundo término. De hecho, ganó sus primeras elecciones en 1984 y, posteriormente, volvió a ganar los comicios en 2007 y es presidente del país desde ese año. Sin embargo, las elecciones fueron especialmente polémicas en 2016 porque a pesar de que recabó un 72,1% de los votos, el principal líder de la oposición fue descalificado por el organismo electoral, lo que dejó los comicios huérfanos de un candidato que pudiera arrebatar a Ortega la presidencia y generó diversas acusaciones de fraude.
PrisioneroEnArgentina.com
Abril 22, 2018